El Gobierno ha anunciado hoy a los responsables de Consumo de las comunidades autónomas la unificación del Instituto Nacional de Consumo (INC) y de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
La ministra Ana Mato ha comunicado esta decisión a los responsables autonómicos durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Consumo, que se ha reunido hoy por primera vez en la legislatura, coincidiendo además con la celebración del cincuenta aniversario del Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
El nuevo organismo, según ha informado el Ministerio tras la Conferencia Sectorial, contribuirá a la racionalización en el uso de los recursos públicos y acercará el modelo español al europeo, ya que la nueva agencia seguirá el ejemplo de la Dirección General Europea de seguridad alimentaria y consumo.
La unificación de estos dos órganos, según esta fuente, permitirá además la participación de las asociaciones de consumidores en el ámbito de los alimentos.
La ministra ha informado además a los responsables autonómicos del próximo proyecto de Ley de Atención al Consumidor, que entre otras cosas regulará el funcionamiento de las oficinas de atención al usuario de las empresas.
Además, se establecerán los criterios de información y transparencia que deben ofrecer las empresas en la fase precontractual y también en las reclamaciones y para la solución de conflictos entre un cliente y una empresa, ha informado el Ministerio.
Una de las novedades será que los procedimientos de reclamación podrán realizarse siempre vía telefónica y, en esta modalidad, se ofrecerá siempre como primera opción la atención personalizada, no mediante dispositivos de voz, para facilitar el acceso de usuarios mayores o de otros colectivos con dificultades para comunicarse a través de estos dispositivos.
En la conferencia sectorial se ha decidido también el desarrollo de un nuevo modelo de factura eléctrica, para hacerla más transparente, de más fácil lectura e interpretación por todos los consumidores.
La ministra ha anunciado que prestará además un especial interés a los consumidores de productos financieros, muchos de los cuales se han visto seriamente afectados por las consecuencias de la crisis, en especial en lo referido a las denominadas "participaciones preferentes".
Mato ha asegurado que el Gobierno revisará los procedimientos de contratación de este tipo de productos financieros, para que exista una obligación clara por parte de las entidades bancarias de facilitar toda la información necesaria a los ciudadanos.
"Queremos eliminar la letra pequeña", ha señalado la ministra; de esta forma, a la hora de tomar una decisión, el consumidor tendrá pleno conocimiento de los compromisos que asume con el banco o con la caja de ahorros", ha señalado la ministra.
Fuente: Diario Público
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