Los jueces decanos reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas insolventes y que prescriban más tarde los delitos de corrupción

Los jueces decanos reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas insolventes

Presentan un informe que dice que la legislación actual no funciona y provoca la ‘muerte civil' de los ciudadanos que más han sufrido la crisis. Reclaman un sistema de quitas para que los afectados puedan reanudar sus vidas, a semejanza de otros países

JULIA PÉREZ / GUILLERMO GUZMÁN
Fuente: publico.es 
 

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La Ley de Segunda Oportunidad pretende ofrecer un punto y aparte para los deudores particulares. 

Los 47 jueces decanos de España se han reunido en Valencia y han aprobado un documento en el que reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas que se han visto abocadas a una situación de insolvencia a causa de la crisis por las ejecuciones hipotecarias y los embargos que no han podido hacer frente.

Los jueces decanos (los únicos elegidos directamente por sus compañeros), que recogen el sentir de la carrera judicial y las experiencias adquiridas en miles de causas que se juzgan en estos momentos, han concluido que el sistema de insolvencia que rige en España para las personas particulares no funciona y provoca su "muerte civil" ya que los requisitos son "inalcanzables".

Las medidas que se proponen van en la línea de igualar a España con legislaciones como las de Alemania, Francia o Estados Unidos. Este tipo de legislaciones (denominadas fresh start o de rehabilitación) permiten al deudor cumplir con la deuda hasta donde le sea posible, y extinguir el resto de la deuda para permitir al ciudadano empezar de nuevo. "Eso sí, siempre que se trata de deudores honestos, que cumplan determinadas condiciones y bajo el control judicial", apuntan.

De esta manera, aconsejan que España elabore una Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas insolventes con el fin de que puedan reanudar sus vidas, una vez satisfecha sus deudas hasta donde ha sido posible.

En su XXIV reunión anual, los jueces decanos han recalcado la necesidad de "introducir en nuestro país un adecuado tratamiento de la insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar". Se lamentan de lo costoso de los procesos actuales que, dicen, suponen un agravio comparativo cuando se trata de personas jurídicas y de personas físicas.

Mientras que una persona jurídica, una empresa, acude a un proceso concursal y tiene la oportunidad de empezar de nuevo, una persona física, cualquier ciudadano, "queda siempre condenada al ostracismo civil y mercantil para toda su vida". Esta ley tiene como objetivo, por tanto, proporcionar un "punto y aparte" en la vida del deudor para permitirle incorporarse a la sociedad con plenas capacidades.

Los decanos proponen una reflexión acerca de lo que debe ser un "deudor honesto" o "de buena fe", señalando que hay deudores que lo son por causas externas a ellos (fallecimiento familiar, desempleo, divorcio o la insolvencia de un cliente, por ejemplo), o que directamente son víctimas de "las consecuencias de una crisis económica despiadada". "Tenemos ante nosotros una normativa concursal inadecuada para los pequeños deudores que es necesario mejorar", sentencian.

Con la ley actual se hace prácticamente imposible recurrir a este proceso si se es una persona física. En España se dieron sólo 900 concursos de personas físicas en 2011, mientras que en Francia se dieron 173.000 y en Alemania 105.000, durante el mismo año. 

Los jueces piden que prescriban más tarde los delitos de corrupción

Los jueces decanos aseguran que sería una herramienta para luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en los últimos años

GUILLERMO GUZMÁN / AGENCIAS

Fuente publico.es 

Los jueces decanos han reclamado hoy, para luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en los últimos años, la ampliación del plazo de prescripción de los delitos, así como una agravación de las penas y la introducción de nuevos tipos de delitos relacionados con estas conductas. Se trata de algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado hoy en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.

Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público" y los casos de corrupción, los decanos han planteado una batería de medidas en el ámbito judicial español para luchar contra esta "lacra" y abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga cabida. Además de la ampliación del plazo de prescripción de los delitos de corrupción, los jueces decanos proponen la agravación de las penas de delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Otra de las medidas propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las que destaca la financiación ilegal de partidos políticos y el enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su mandato.

Menos indultos y aforados

El documento presentado por los decanos incluye entre sus medidas para luchar contra la corrupción la cuestión de los indultos y del aforamiento. Sobre los indultos, los jueces proponen que sea obligatorio el informe favorable del tribunal para su concesión. Actualmente no es vinculante, y la decisión reside en el poder político. Además, reclaman que se regule la suspensión de las penas en caso de solicitud de indulto, "de la que se hace un uso excesivo y a veces abusivo", denuncian.

Respecto a los aforamientos, los jueces piden la revisión de todos ellos, especialmente en los casos en los que no es "ninguna garantía sino un mero privilegio procesal hoy carente de justificación". Además, solicitan que el aforamiento sólo tenga efecto sobre delitos cometidos en el ejercicio del cargo que lo proporciona.

Otra medida importante que reclaman es la eliminación del proceso de suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, "que dificultan la instrucción de las causas contra aforados especialmente en el inicio de la fase de investigación y en caso de secreto sumarial". Las siete medidas concretas presentadas para la cuestión de los aforados están encaminadas a evitar que la figura del aforamiento sea un privilegio que entorpezca la justicia y que se extienda más allá de las labores propias del puesto que lo concede.

Preocupante situación de los juzgados de lo social en España

Los decanos, a partir del informe del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), denuncian que casi el 100% de los juzgados de lo social están por encima del 150% de capacidad según los indicadores del propio CGPJ. "Dicha noticia viene a ratificar lo que desde hace años viene advirtiéndose por los magistatrados de lo social, que es la inaceptable situación en la que se encuentra esta jurisdicción", se lamentan.

Los decanos señalan que los jueces se encuentran "absolutamente superados por la situación". Ponen de manifiesto que un problema en los juzgados de lo social se traslada inmediatamente a la ciudadanía. Estos juzgados se encargan de resolver la gran mayoría de los casos derivados de la crisis económica. Los decanos califican de "insostenible" la situación y reclaman al CGPJ que se creen las plazas judiciales necesarias a la vista de los datos que ellos mismos ofrecen en sus informes. 

"Más medios" 

Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción", para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24 horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma evidente y clara la instrucción de los procedimientos".

Esas son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a leyes e instrumentos procesales".

"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo", ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado "un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de justicia que se quiere tener". "Tardaremos, pero vamos a llegar, y la ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha recalcado Páez.

Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad" para "pequeños deudores" abocados a concursos y han abogado por limitar los indultos y, sobre todo, la suspensión de la pena durante la tramitación del proceso, tras el "abuso" registrado, así como por contar con tribunales y juzgados especializados en asuntos de materia económica a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.

 
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