DICTAMEN SOBRE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL. ANÁLISIS DE LA FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES PARA LA DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

ANALISIS DE LA FADSP DEL DICTAMEN SOBRE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL
Unas conclusiones con algunos aspectos positivos, con claras insuficiencias, y llenas de ambigüedades

Introducción

El día 3 de julio de 2020 se aprobaron las Conclusiones sobre Sanidad y Salud Pública de la Comisión de Reconstrucción Económica y Social formada en el Congreso de los Diputados.

Sobre las mismas, que han incorporado bastantes mejoras respecto al borrador inicial utilizado por la Comisión de Sanidad y Salud Pública, y aunque todavía pueden realizarse modificaciones al texto en el debate que tendrá lugar en el Congreso de los Diputados, previsiblemente la penúltima semana de julio, desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) tenemos que hacer las siguientes consideraciones:

En primer lugar el texto de las Conclusiones es especialmente farragoso, en muchos casos rebuscado, confuso y poco comprensible, con contradicciones entre algunas de las recomendaciones. Esta misma redacción dificulta el análisis, el aquilatar el alcance las mismas, y cuestiona la precisión de las conclusiones y por lo tanto resulta complicado conocer cual será su aplicación práctica a los servicios sanitarios.

Desde la FADSP señalamos en su momento que había cuatro objetivos centrales en esta Comisión, garantizar una financiación suficiente para la Sanidad Pública, lo que incluía controlar el exagerado gasto farmacéutico, reforzar la Sanidad de gestión y titularidad Pública, potenciar la Atención Primaria y la Salud Pública, y tomar medidas urgentes que nos permitan afrontar un probable rebrote o una nueva pandemia en mejores condiciones sanitarias (ver documento Propuestas urgentes para la Sanidad Pública tras la pandemia ), por eso evaluar las conclusiones tiene que ver con las expectativas que se planteaban, y por eso podemos decir que estas Conclusiones presentan algunos aspectos/avances positivos, claras insuficiencias, y muchas ambigüedades, y por lo tanto dejan muchos problemas sin resolver, y desde luego no han estado a la altura del clamor de ciudadanía y profesionales que exigía un reforzamiento y reconstrucción de una Sanidad Pública que durante la pandemia demostró las evidentes debilidades que padecía, en gran parte secuelas de los recortes y las privatizaciones a que había sido sometida por los gobiernos del PP a nivel central y autonómico.

A continuación exponemos nuestra valoración concreta de las Conclusiones aprobadas por la Comisión de Reconstrucción y algunas propuestas para avanzar.

Análisis de las conclusiones

1. Gobernanza

Es un apartado muy inconcreto, de propuestas genéricas, muchas veces realizadas en parecidos términos, que se repiten varias veces, que deben de desarrollarse a posteriori de manera concreta y que pueden tener resultados positivos o negativos dependiendo de cómo se haga este desarrollo.

Dos cuestiones importantes a resaltar, en primer lugar la propuesta 1.2 que responde a la necesidad de garantizar el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que están en el territorio de nuestro país y que se ha desvelado tan importante durante la pandemia, lo que venia siendo reivindicado de manera reiterada por numerosas organizaciones, entre otras la FADSP (y que parece tener más relación con el modelo sanitario que con su gobernanza), la segunda es el emplazamiento a un calendario de reformas legislativas que concrete las medidas a adoptar (aunque aún esta por determinar cuales deberían de ser estas).
Un hecho llamativo es que en la conclusión 2.5 se vuelva a utilizar el término paciente en lugar del de usuario o ciudadanía o población. Evidentemente un retroceso a una época anterior a la Ley General de
Sanidad.

2. Recursos humanos y profesionales

En general promueve un aumento del personal de los centros sanitarios, disminución de la precariedad e incentivos económicos para fomentar las plazas de difícil cobertura, de nuevo sin concretar, en todo caso obvia dos cuestiones claves: la necesidad de aumentar de manera significativa el personal de enfermería en la Sanidad Pública y de garantizar la convocatoria de todas las plazas de formación especializada (MIR, EIR, etc) aunque si señala la necesidad de su incremento con dos formulaciones
distintas (conclusiones 8.3 y 11).

Por otro lado plantea regular y financiar la formación continuada desde las administraciones sanitarias lo que es positivo, pero resulta incomprensible que se le de un papel relevante a universidades y colegios profesionales obviando a otros agentes, mas independientes y en muchos casos mas cualificados.

Finalmente llama la atención que no se haga mención alguna a la dedicación exclusiva que es clave para garantizar una mayor dedicación y el reforzamiento de la Sanidad Pública y la desaparición de la colusión de intereses entre la Sanidad Pública y el sector privado.

3. Atención Primaria de Salud

Es probablemente el tema mejor desarrollado, a destacar la necesidad de potenciar la enfermería comunitaria, de mejorar la coordinación Salud Pública, de incrementar el personal de AP (medicina, enfermería, trabajo social, personal administrativo, etc), y de atención a los centros sociosanitarios desde la AP. Falta el necesario desarrollo de sistemas de participación social y profesional.

4. Salud Pública

Otro tema bien planteado, tanto en la necesidad de reforzar los dispositivos de Salud Pública, creación de un Plan de Emergencias de Salud Pública, una red nacional de depósitos de reserva de material sanitario estratégico, propuesta realizada por primera vez por la FADSP, crear Equipos de Respuesta Rápida, avanzar en Sistemas de Información de Salud Pública, que tanto se han echado de menos en esta crisis, etc. En todo caso pensamos que la creación de una agencia o instituto de Salud Publica seria conveniente precisamente para poder coordinar e integrar todas estas tareas para que pudieran hacerse efectivas.

5. Investigación I+D+i, fármacos y vacunas

Se trata de un aspecto clave en el que nuestro sistema sanitario ha evidenciado claras insuficiencias y especialmente penalizado por los recortes de las legislaturas del PP.

Contiene 3 aspectos, dos positivos como son el compromiso de mayores fondos para la investigación y la consolidación de los grupos investigadores en el SNS y otro muy negativo como es propiciar la llamada “colaboración público-privada”, que realizada sin garantías, tal y como esta ahora mismo y en el texto de las conclusiones favorece los intereses y los negocios privados con fondos públicos, con escaso o nulo control y propicia situaciones como la del remdesivir con precios escandalosos y con contratos de acaparamiento por algún país. No tiene sentido poner fondos públicos en investigación si no se garantiza una estricta regulación y la existencia de licencias no exclusivas.
Entendemos que hay que trabajar para garantizar que las vacunas eficaces, si es que se consiguen, sean consideradas como bienes públicos universales, accesibles para toda la población.

6. Transformación digital

En general es positiva la puesta en marcha de una Estrategia Nacional de Transformación Digital del SNS, aunque hay que ser conscientes de sus limitaciones, que no puede sustituir la atención directa, especialmente en las personas que más necesitan al sistema sanitario (ancianos, discapacitados, etc) y que la confidencialidad y el control de los datos por el sistema sanitario público son claves

7. Coordinación de los servicios sanitarios y sociales

Creemos que es muy importante resaltar la necesidad de coordinación entre servicios sanitarios y sociales, de la atención desde la AP a las personas que están en las residencias, y el desarrollo de una red de camas de media y larga estancia, que debería ser de titularidad y gestión pública, así como facilitar la permanencia en el hogar de las personas mayores mediante un sistema público de atención y apoyo domiciliario.
En todo caso falta mayor concreción (número de camas de media y larga estancia previstas, etc)

8. Política farmacéutica, industria biosanitaria y reserva estratégica

Es un aspecto mal desarrollado y que reproduce viejas propuestas sin avances significativos sobre la situación actual. Hay varias cuestiones que resaltar:

• Las líneas de política farmacéutica son una repetición de las ya conocidas que no han dado resultado hasta el momento, vuelve a hablarse de las recomendaciones de la Airef que son mayoritariamente regresivas (ver La valoración de la  FADSP sobre el informe de la AIREF sobre medicamentos ) y que entre otras cosas incluyen un apoyo a los copagos que este dictamen propone retirar de manera reiterativa (46.7 y 51). No se contempla en absoluto como es imprescindible el contener el gasto farmacéutico por debajo del crecimiento del gasto sanitario público
• La retirada de los copagos, que como ya se ha señalado se repite en dos de las conclusiones, en términos distintos (46.7 y 51), y es contradictoria con la conclusión 45.
• Desvincular la formación continuada de profesionales de la industria (47.2) lo que es positivo y ha sido reiteradamente planteado desde la FADSP.
• Extrañamente no se establece la necesaria regulación de los conflictos de interés a todos los niveles del sistema sanitario
• Por otro lado tampoco aparece la necesaria constitución de una empresa farmacéutica pública sino por el contrario el “potenciar… la producción privada nacional” (55) que evidentemente refuerza elpapel de Farmaindustria, política que es una de las causantes de la situación actual
• Se contempla la creación de una Reserva Estratégica de Productos Sanitarios Críticos (58.bis) que ya se señala en el 20.3 con otro nombre “red nacional de depósitos de material sanitario estratégico”(20.3)
• Elaboración de un Plan de Renovación Tecnológica (60.bis) que es necesario pero que no debería ir en este epígrafe sino en el siguiente.

9. Adecuar la financiación sanitaria a las necesidades reales

En principio se hacen propuestas positivas como el aumento de los recursos destinados al SNS, la creación de un Fondo de Reconstrucción Sanitaria plurianual, mejorar la dotación del Fondo de Cohesión Sanitaria, activar el Fondo de Garantía Asistencial, sistema de información, aumento de camas de gestión y titularidad públicas, Fondo de Innovación Sanitaria, etc, así como vincular los fondos a la sanidad pública de gestión directa. No obstante hay cuestiones llamativas que faltan como cuantificar las inversiones necesarias para la Sanidad Pública que entendemos debería ser un incremento de 1000€ per capita en los próximos 2 años, así como su distribución (25% para Atención Primaria, 2,5% para Salud Pública, 2% investigación, etc)

10. Modelo de atención sanitaria

Es un “totum revolutum” donde se incluyen cuestiones diversas con poca relación con el modelo sanitario y que van desde “políticas basadas en contratos de gestión”, reforzar la AP (lo que ya se especifica en el apartado correspondiente), nueva estrategia de salud mental, prevención del suicidio, culminar el proceso de transferencias de la Sanidad Penitenciaria (pendiente desde la aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986), la realización de un pacto de estado (ya recogido en la conclusión 1.3),etc.
Sin embargo y llamativamente no dice una sola palabra sobre la necesaria paralización de las privatizaciones y la recuperación de lo privatizado, ni sobre la necesidad de integrar la asistencia sanitaria de las Mutualidades de Funcionarios en la Sanidad Pública, ni de la necesidad de retirar las desgravaciones fiscales a las empresas por la contratación de seguros privados, ni de la conveniencia de realizar el Plan Integrado de Salud (otra cuestión pendiente desde la Ley General de Sanidad).
Seria mejor cambiarle el titulo por el de cuestiones varias o el de otras propuestas sobre la atención sanitaria que es de lo que verdaderamente trata.

En resumen estamos ante un documento incompleto, lleno de ambigüedades, abierto a múltiples interpretaciones, donde se incluyen propuestas que son positivas pero que como casi todas las que contiene el documento están pendientes de un desarrollo posterior. El compromiso económico que es clave para poder desarrollar la inmensa mayoría de las propuestas esta ausente. Es decir, en el estado actual del texto, parece que se ha perdido la oportunidad para dar una respuesta contundente al clamor popular y de los sanitarios de la necesidad de reforzar la Sanidad Pública.

Propuestas para avanzar
Una vez analizado el documento entendemos que, aparte de mejorar la redacción para hacerla más sencilla y concisa, eliminando además las contradicciones y reiteraciones, deberían de realizarse modificaciones del mismo para desarrollar fundamentalmente cinco aspectos que están insuficientemente contemplados:

• Un compromiso con una financiación suficiente con la Sanidad Pública que se relacione con un aumento de los presupuestos del sistema sanitario público per capita para alcanzar el promedio de los países de la UE, así como garantizar un 25% del gasto sanitario público en Atención Primaria, un 2,5% en Salud Pública y el 2% en investigación
• Cambiar de manera sustancial la política farmacéutica para garantizar el acceso de toda la población a medicamentos de calidad a un precio razonable
• Delimitar claramente la Sanidad Pública de los intereses privados, fomentando el sector sanitario público en recursos, aprovechamiento delos mismos, regular los conflictos de interés, etc, además de garantizar la paralización de nuevas privatizaciones y la recuperación de lo privatizado
• Poner en marcha una agencia/instituto de Salud Pública para coordinar las actuaciones a nivel de todo el país y elaborar el Plan Integrado de Salud
• Incrementar de manera sustancial los recursos humanos de la Sanidad Pública especialmente en enfermería en Atención Primaria En todos ellos, así como en aquellas propuestas que hemos señalado como positivas se precisaría una mayor concreción, de medios y plazos, para garantizar su cumplimiento y utilidad para reforzar la Sanidad Pública.

Entendemos que todavía existe un margen para realizar cambios en su debate en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto creemos que es el momento de intentar progresos en un documento, que como hemos señalado es manifiestamente mejorable, y que de aprobarse con el texto actual supondría una decepción para los trabajadores sanitarios y las millones de personas, que con su contención, su implicación y sus actuaciones, han reclamado un reforzamiento en una Sanidad Pública de calidad para toda la población. Todavía estamos a tiempo para lograrlo.

Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

12 de julio de 2020

VER EL DICTAMEN SOBRE SANIDAD Y SALUD PÚBLICA DE LA COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

OCU. Índice de solvencia familiar en España: 3 de cada 4 familias tienen dificultades para llegar a fin de mes

 

Tres de cada cuatro familias españolas tienen problemas para llegar regularmente a fin de mes

• OCU ha realizado un estudio en el que estima que el índice de solvencia familiar medio en España se sitúa en 46.2, una cifra que resume la capacidad para afrontar los diferentes gastos del hogar
• Según el análisis, las familias baleares (42.4), andaluzas (43.2) y canarias (43.3) son las que más problemas tienen para afrontar los gastos cotidianos, mientras que las navarras (56.6), extremeñas (52.5) y cántabras (52.2) son las que están en una mejor situación económica
• Al 46% de hogares españoles le resulta muy difícil o imposible salir de vacaciones, al 30% afrontar los gastos de salud dental y al 9% le resulta imposible o muy difícil comprar carnes o pescados
• Según el estudio, el 9% de familias españolas vive en una situación de pobreza, pues tienen muy difícil o imposible hacer frente a cualquier tipo de gasto cotidiano
• Solo el 6% de los encuestados reconoce que puede ahorrar sin esfuerzo mientras que al 79% les resulta difícil, muy difícil o imposible

Con motivo del Día Mundial del Consumidor, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) publica el primer índice de solvencia familiar, un valor que resume en una única cifra la capacidad que tienen las familias españolas para afrontar económicamente sus necesidades y actividades cotidianas en el ámbito del hogar, la salud, la educación la movilidad, la alimentación y el ocio.

  

Para calcular este índice, así como los umbrales de confort o de pobreza en los que se sitúan las familias en nuestro país, OCU ha realizado una encuesta a 2.151 personas entre 25 y 79 años, en la que también han valorado la relevancia que cada uno de estos gastos tiene sobre el global de la economía familiar, así como su influencia sobre la calidad de vida.

Según el análisis, el valor medio del índice se sitúa en una puntuación más cercana al confort que a la pobreza (46,2). Sin embargo, uno de cada diez hogares estaría en situación de pobreza (índice menor de 33,6). Es decir, les re­sulta muy difícil afrontar la mayoría de los gastos cotidianos, algo que la Organización considera preocupante.

Según el tipo de hogar, los datos del Índice de solvencia familiar de OCU revelan que las familias con un mayor riesgo de pobreza son aquellas formadas por un adulto con hijos a su cargo (índice 33,7), así como las parejas jóvenes sin hijos en las que uno de los miembros está en situación de desempleo.

Por el contrario, los hogares que viven una situación económica más desahogada son, en general, los formados por mayores de 50 años, especialmente si están jubilados y no tienen hijos viviendo con ellos (índice 55,1). 

Baleares y andaluces, los que más dificultades tienen

Los resultados del índice OCU de solvencia familiar por comunidades autónomas muestran importantes diferencias entre ellas: Baleares (42.4), Andalucía (43.2) y Canarias (43.3) cuentan con el índice más bajo de España, mientras que Navarra (56.6), Extremadura (52.5) y Cantabria (52.2) se sitúan a la cabeza del ranking.

El análisis por comunidades revela además datos curiosos: mientras que Andalucía y Extremadura comparten el Producto Interior Bruto por habitante más bajo de España, los encues­tados de esta última región están entre los que menos dificultades tienen (índice 52,50) para afrontar los distintos gastos planteados, especialmente los relacionados con el tiem­po libre, la salud y la vivienda; solo son superados en solvencia por los navarros.

Qué aspectos influyen en la calidad de vida

El gas, la electricidad y el agua son los aspectos a los que los españoles damos más importancia (son las últimas necesidades a las que estamos dispuestos a renunciar) seguidos por los relacionados con la salud o la alimentación.

Los gastos educativos también se encuentran entre los gastos más necesarios, especialmente aquellos que se refieren a la educación superior o universitaria (muy importante para un 59% de hogares). Por su parte, los aspectos relacionados con la movilidad influyen algo menos en la calidad de vida familiar, aunque en el caso del coche y el transporte público siguen siendo importantes para más del 40% de los encuestados.

Los factores vinculados con el tiempo libre tienen un menor peso entre los encuestados: comprar un libro, salir al cine o comer en un restaurante solo son considerados muy importantes por una minoría. 

 

Uno de cada tres hogares no puede pagar el dentista 

OCU pone de manifiesto que muchos de los aspectos que las familias consideran prioritarios para su calidad de vida contrastan con la capacidad económica que tienen para poder afrontarlos.

En este sentido, la Organización alerta de que al 17% de hogares españoles les resulta muy difícil o imposible afrontar las facturas del gas, la luz y el agua, un reflejo de la llamada “pobreza energética” que, según la Organización, podría estar afectando a más hogares de los que se cree. 

Por otro lado, a pesar de que el 67% de hogares otorga especial importancia al dentista, a un 30% de ellos les resulta muy difícil o imposible afrontar los gastos relacionados con la salud dental. Lo mismo ocurre con las gafas y lentillas y con la audiometría (audífonos), servicios igualmente básicos a los que muchos encuestados no pueden hacer frente. 

Por último, OCU destaca las enormes dificultades económi­cas para acceder a la educación superior o para sufragar un curso o un máster entre las familias con menos recursos, así como para poder pagar el alquiler o la hipoteca de la vivienda en la que residen.

Según el estudio de OCU, las familias españolas que tienen problemas para llegar a fin de mes renuncian en primer lugar a los desembolsos que consideran menos vitales, como restaurantes, cines, libros o excursiones... De hecho, a pesar de vivir en un país de turismo, al 46% de familias españolas les resulta muy difícil o imposible salir de vacaciones. 

El ahorro, misión imposible 

El resultado de la encuesta pone de manifiesto que, a pesar de que un 25% de hogares españoles están en una situación de confort económico, apenas el 6% reconoce que puede ahorrar sin esfuerzo. En cambio, a un 79% les resulta difícil, muy difícil o imposible. Además, los encuestados creen que esta situación tenderá incluso a empeorar durante 2019. 

Más información y datos por comunidades en este enlace

El copago obliga a los españoles a gastarse 6.490 millones más en medicamentos

 

El copago obliga a los españoles a gastarse 6.490 millones más en medicamentos 

Un informe de CCOO revela las consecuencias en las economías familiares que ha tenido la entrada en vigor del nuevo sistema de aportación farmacéutica. Desde 2012 el Gobierno obliga a los pensionistas a pagar por sus medicinas 

Fuente: Diario Público

El gasto que los españoles destinan a pagar de su bolsillo medicamentos y otros productos médicos en las farmacias ha crecido en los últimos años, según alerta la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras (FSS-CCOO), que calcula que se han gastado 6.490 millones más desde que en 2012 el Gobierno cambió el sistema de copago.

Así se desprende de las conclusiones del informe Análisis de los presupuestos sanitarios 2017 elaborado por esta organización sindical, cuyo secretario general, Antonio Cabrera, pide al Ministerio de Sanidad "analizar el impacto que ha tenido esta medida y volver al sistema de copago anterior a la reforma sanitaria". El nuevo sistema que puso en marcha la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, establecía un copago en función de la renta para los trabajadores activos y obligó por primera vez a los pensionistas a pagar por sus medicinas (un 10%, con topes mensuales según sus ingresos) cuando hasta entonces las adquirían gratis. En cambio, eximió del pago a los parados de larga duración.

Estos cambios, según CCOO, se han reflejado en el gasto de los hogares españoles en medicamentos y productos médicos perecederos, que en 2011 fue de 5.007 millones de euros pero que ya en 2012 (el nuevo modelo entró en vigor el 1 de julio) la partida se elevó a 5.868 millones. En 2013 se elevó a 6.887 millones y, aunque en 2014 bajó a los 6.547 millones, en 2015 volvió a subir hasta los 7.216 millones de euros.

"Este incremento es consecuencia de que hay un dinero que antes se gastaba la administración y ahora se lo gastan los ciudadanos", ha apuntado Pablo Caballero, secretario de Estudios e INGESA de la FSS-CCOO y uno de los autores del estudio, que cifra en 6.490 millones lo que la medida ha "costado" a la ciudadanía, sumando el aumento de cada año con respecto a "lo que se hubiera gastado de haberse mantenido el gasto de 2011". 

Desigualdad entre gasto e inversión 

El estudio también ha analizado los presupuestos sanitarios de las comunidades autónomas en los últimos años para constatar una "desigualdad entre gasto e inversión en todas las comunidades autónomas".

Así, han constatado que la sanidad se está infra-presupuestando "de forma consciente" y cuantifica esa diferencia en el periodo 2010-2015 en 25.614 millones de euros, con sólo 6.000 millones de diferencia entre lo presupuesto en 2015 y lo realmente gastado.

"El Tribunal de Cuentas ya ha criticado duramente que el presupuesto de las comunidades autónomas no obedece luego al gasto real, y eso puede poner en riesgo la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). No lo entendemos a no ser que sea una triquiñuela para justificar el gasto que hacen", ha criticado Cabrera.

Por otro lado, al analizar las cifras presupuestarias de las comunidades relativas a 2017 observan que, aunque las partidas destinadas a gastos de personal e inversiones reales vuelven a crecer, aún no ha alcanzado las cifras del año 2010. De hecho, el recorte acumulado desde ese año se cifra en 28.693 millones de euros, de los cuales 8.620 corresponderían a personal y 7.194 a inversiones.

En lo que respecta a la creación de empleo, en 2017 las plantillas de los sistemas sanitarios públicos de las comunidades autónomas han crecido un 1,1% respecto a 2016. En cambio, con respecto a 2012 se han perdido 6.088 efectivos. Desglosando ese dato, se aprecia como nueve comunidades han perdido 11.473 efectivos, mientras que las que han ganado suman 5.485 trabajadores más. De esos 11.473 efectivos perdidos, el 38% corresponden a Andalucía y el 27% a Castilla-La Mancha.

En Atención Especializada el último dato disponible es de 2015, cuando se incrementó el empleo en un 1,44% respecto al año anterior, aunque el número de trabajadores es un 0,61% inferior a la cifra de 2010. Y en Atención Primaria, el empleo creció en 2016 un 1% con respecto al año anterior, pero sigue siendo un 0,64% menos que los trabajadores que había en 2011.

Ante esta situación, Cabrera ha defendido la necesidad de crear una herramienta informática que permita la consulta mes a mes de los datos de empleo en la sanidad pública, ya que las actuales fuentes disponibles se ajustan a los criterios de remisión de información para la cumplimentación de estadísticas en la Unión Europea, pero "son poco operativas a la hora de facilitar datos que permitan ver cómo evoluciona el empleo, qué calidad tiene, cómo se distribuye en las distintas categorías". Además, esta herramienta permitiría también planificar las plantillas para garantizar las necesidades futuras del sistema sanitario.

A Donald Trump no le gusta la regulación financiera

Trump da su primera orden ‘reaganiana’: ¡A desmantelar la regulación financiera!

La historia se empeña en mostrar su tendencia cíclica. Como una vuelta a lo vintage, el nuevo presidente estadounidense quiere restablecer la doctrina neoliberal de Ronald Reagan. Con un giro emblemático: el derribo de la Ley Dodd-Frank, creada por Obama para añadir supervisión bancaria y rigor regulatoria a la banca y la industria financiera, infectada de activos tóxicos por acumulación de fondos de inversión de alto riesgo.

DIEGO HERRANZ

Fuente: Público 

La banca se adapta a los acontecimientos políticos. Siempre ha sido así. Aunque, por norma general, se sienta más cómoda con gobiernos a la derecha del espectro político. O, para ser más precisos. Con aquellos gabinetes que defiendan, si puede ser a ultranza, la doctrina neoliberal. El presidente estadounidense, Donald Trump, parece tener en mente una política económica asentada sobre la vieja teoría del libre mercado sin tapujos de los Chicago boys. Los discípulos de Milton Friedman. Cuyas recomendaciones anti-keynessianas siguió a pies juntillas el también republicano Ronald Reagan, a finales de los noventa.

La devoción de Trump por Reagan está fuera de toda sospecha. De ahí que no sorprenda que una de sus primeras órdenes haya sido encargar a su secretario del Tesoro, Stephen T. Mnuchin -hasta su asunción del cargo de superministro de Economía y Finanzas, gestor de fondos de inversión y ejecutivo de Goldman Sachs- que desmantele la Dodd-Frank Act. Ley que Barack Obama incorporó precipitadamente tras el estallido de la quiebra de Lehman Brothers para devolver la estabilidad al sistema, reforzar sus mecanismos de control desde la Reserva Federal -el organismo de fiscalización de la arquitectura financiera americana- y aplicar reglas claras y transparentes que restablecieran los niveles de liquidez y solvencia necesarios para eludir futuras crisis (en el caso de los bancos) y reforzaran la protección de los consumidores. Que así llama el segundo apellido de la norma legal.

Mnuchin, presto a la petición de Trump, ya ha comentado que “matará” y “enterrará” elementos de la Dodd-Frank. Además de determinados preceptos de la Volcker Rule, su complemento ideal -diseñada por el que fuera presidente de la Fed, de perfil republicano, Paul Volcker, durante los mandatos de Jimmy Carter y Ronald Reagan- porque empezó a restringir la capacidad de autonomía de los bancos para confeccionar productos de inversión especulativos. Unos activos que se tornaron tóxicos durante los años previos a 2008 dentro de los balances bancarios. Hasta alcanzar unos cálculos multibillonarios, según admitieron entonces el FMI y la OCDE. Casi del triple del valor del PIB español. Y cuya toxicidad tuvo mucho que ver con la rebaja fiscal decretada por George W. Bush en 2003 por la que concedió 350.000 millones de dólares (suma equivalente a las economías argentina y chilena) a los bolsillos del 5% de los ciudadanos más pudientes de EEUU. Porque gran parte de esta riqueza extra en manos de multimillonarios se invirtió en instrumentos de alto riesgo financiero; esencialmente, estructurados, derivados y swaps.

A juicio de Donald Trump, la “Dodd-Frank es un desastre”

Pero nada de esto parece preocupar a Trump. Porque, a su juicio, la “Dodd-Frank es un desastre”. Aunque, entre otras exigencias, estipule la obligación de que las entidades bancarias de EEUU se sometan a pruebas de resistencia (stress test) y haya logrado, en sus seis años de vida, que las firmas de inversión transformaran sus áreas de negocios, separaran sus divisiones comerciales minoristas de su banca de inversión y mejoraran sus protocolos de información a sus clientes.

A buen seguro, Trump cederá ante las presiones de Wall Street para desfigurar los actuales mecanismos de control. A imagen de lo que hizo en el pasado Reagan. Sin tener en cuenta que su antecesor republicano en la Casa Blanca, Bush hijo, tuvo que reforzar el papel de la SEC (la CNMV estadounidense) para afrontar el escándalo Enron y los movimientos bursátiles especulativos que condujeron al pinchazo de la burbuja de las punto.com; amén de pasar a la historia como el único presidente bajo cuyo doble mandato se registraron dos recesiones. Dará mayor credibilidad a los cientos de miles de dólares que la industria -dicen los responsables de la banca- ha tenido que desembolsar en este último decenio para sufragar la multiplicidad de requerimientos y exigencias que dictamina la ley, y a la necesidad de insuflar crédito al sistema productivo; sobre todo las PYMES.

Tampoco parece importarle al nuevo inquilino del Despacho Oval que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, apoyara públicamente la “seguridad y solidez” de la regulación financiera de EEUU que, en su opinión, “goza de buena salud”. O de que, incluso, enfatizara que “no quería ver el reloj retrasarse de nuevo”; en alusión a una marcha atrás hacia las normativas permisivas que condujeron a la crisis de 2008. 

Ni la respuesta que su invectiva provocó en Europa. Mario Draghi, como su homóloga de la Fed, precisó que “lo último que se necesita en este momento es una relajación regulatoria”. Toda una declaración de intenciones del presidente del BCE que, en este caso, parece convencido del peligro de la iniciativa de Trump, en una fase en la que, en Europa, se ha tejido normas hacia la unión bancaria y la disciplina financiera. “Francamente, no veo razón alguna para devaluar un entramado normativo que ha reconducido la fortaleza de los bancos y de los servicios financieros a cotas mucho más elevadas de las que tenían antes de la crisis”, precisó Draghi.

Todavía quedan importantes asuntos por resolver, como los problemas de solvencia de los bancos de Italia y Francia

Sobre todo, porque en esta reconversión de la banca, todavía quedan importantes asuntos por resolver, como los serios problemas de solvencia que acechan sobre los sistemas bancarios de Italia y Francia o la incógnita que genera el alto riesgo sistémico que transmite el poderoso Deutsche Bank. Sin olvidar la compleja desconexión del Brexit y la batalla por qué ciudad se erigirá en gran centro financiero europeo, o la tensión que supone para el Viejo Continente la combinación de varias citas electorales, con la irrupción del nacionalismo de derecha, y la benevolencia que este desarme regulatorio -que reducirá costes a la banca- creará a bancos americanos y, presumiblemente británicos, que verán elevar su ventaja competitiva en relación a la europea. En pleno tramo final para la entrada en vigor de la MiFID II, en 2018. Tan sólo un par de años después de que el BCE asumiera la supervisión global del modelo bancario de la zona del euro.

Esta directiva está confeccionada para perfeccionar, con guías y normas financieras, las fórmulas de comercialización de los productos bancarios y ahondar en las garantías a clientes e inversores. Y de Basilea IV, la batería regulatoria que prepara el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) del Banco Internacional de Pagos (BIS, según sus siglas en inglés), dirigidas a reforzar la supervisión y el control de las entidades bancarias, la industria financiera y el sector asegurador, y que podrían tener un impacto significativo sobre los requisitos mínimos de capital (es decir, de solvencia) de los bancos. Pero de cuyas reuniones, paradójicamente, se van a ausentar los delegados de EEUU hasta que conozcan los pormenores de la reforma de Trump.

El problema reside en que las economías anglosajonas podrían seguir la estela marcada desde Washington

El problema, según los analistas del mercado, reside en que economías anglosajonas y, en especial, la británica, podrían seguir la estela marcada desde Washington. Sólo la industria financiera de Reino Unido mueve 8,6 billones en gestión de activos. El triple del PIB del país. Y no parece que se vayan a quedar con los brazos cruzados y comprobar cómo los mastodónticos bancos de inversión americanos, con Goldman Sachs (GS) y sus largos tentáculos con el poder político americano a la cabeza, les quitan una parte suculenta del pastel.

Porque GS no sólo ha sido el gran vencedor de esta crisis. Siempre se ha jactado de haber sido el catalizador de los intereses de Wall Street. En EEUU y el resto del mundo desde su nacimiento, a mediados del siglo XIX. Sólo así se explica que tanto altos ejecutivos de este banco de inversión hayan recalado en el Tesoro norteamericano. Desde Henry Fowler, bajo el mandato de Lyndon B. Johnson, hasta Mnuchin, pasando por Robert Rubin, con Clinton, Henry Paulson, con Bush hijo. Sin mencionar una larga decena de jerarcas de GS que han ocupado otros puestos de relevancia en el área económica de los últimos gabinetes presidenciales. Como Jay Clayton, abogado de la firma, al que Trump ha colocado al frente de la SEC. Ni los que fueron llamados a resolver la crisis en Europa. Entre ellos, el propio Draghi o los primeros ministros italiano, Mario Monti, y griego, Lucas Papademos -éste en medio de la guerra con sus socios europeos por el excesivo endeudamiento del país- después de gobernar el Banco de Grecia. Incluso el titular de Economía español, Luis de Guindos, regentó Lehman Brothers en España antes de su quiebra, banco cuyas cenizas fueron a parar a GS. O los que acaban de aterrizar, como el ex presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Barroso. Una puerta giratoria que no ha llevado implícita sanción alguna por las autoridades de la UE.

Esta lectura soterrada de cómo se ejerce la influencia financiera desde la gran banca es, en el fondo, un dolor de cabeza para las autoridades monetarias. Además de una fórmula de presión para que otras economías sigan las pautas previstas por EEUU. No por casualidad, Trump quiso enviar otros mensajes subrepticios a Europa. Entre otros, la depreciación del euro, que achaca al interés alemán por mantener su superávit comercial pero que, en el fondo, trunca su decisión de devolver al dólar la hegemonía perdida en el último decenio. Un billete verde fuerte resulta de sumo interés no sólo para su estrategia de proteccionismo comercial. También para forzar a que la Fed acelere las subidas de tipos de interés que emprendió el pasado año.

El esperado dinamismo inmediato que sus medidas de mayor gasto en infraestructuras y rebajas de impuestos espoleará a medio plazo la inflación favorecen inicialmente su idea de encarecer el precio del dinero. Pero, a medio plazo, si los desequilibrios económicos de mayor déficit y descompensación de la balanza de pagos por el riesgo de recesión en un ciclo que ya supera la media de ocho años de crecimiento -y sobre el que pesan malos augurios como la caída de beneficios empresariales-, se tornan en realidad, el descenso de los tipos hasta un punto de equilibrio bajo será demasiado drástica. De ahí las apelaciones a la prudencia de Yellen, con las que ha saludado la agenda económica de Trump, tienen demasiado sentido. 

Draghi debe dar por finalizada su estrategia de compra de deuda

Igual que en la órbita europea. Draghi es consciente de que debe dar por finalizada su estrategia de compra de deuda de socios del euro. Con presiones cambiarias y unas economías, las europeas, que no acaban de entrar en velocidad de crucero desde la recesión post-crisis. Y que conoce a la perfección los sobreesfuerzos de acomodar con retardo el precio del dinero a los niveles que marca la Reserva Federal.

Sobre todo, porque los estatutos de la Fed, a diferencia de los del BCE, no tienen el mandato exclusivo de combatir la inflación bajo una cota rigurosa, la del 2%. Sino que designa los tipos de interés en función, también, del dinamismo económico y de la creación de empleo. Para más inri, con leyes tributarias y laborales homogéneas. En este sentido, cualquier movimiento precipitado de más carestía del dinero en Europa redundará de manera negativa en el ritmo de crecimiento a medio plazo.

Sumarios:

Mnuchin ya admite que “matará” reglas de la Dodd-Frank, ley de Obama que exigió mayores ratios de solvencia y transparencia a la industria financiera, y de la Volcker Rule, que restringió el uso de productos de inversión especulativos.

La desregulación financiera de Trump cuenta con el visto bueno de Wall Street, que pretende suprimir buena parte de los costes que la banca ha tenido que asumir para cumplir con los requerimientos legales para ganar competitividad.

La intención de la Casa Blanca también lleva implícita la tarea de diluir los actuales controles de supervisión de los bancos y, para ello, dispone de talentos procedentes de Goldman Sachs, como el propio secretario del Tesoro.

Las reticencias a este fervor desregulador proceden de las dos máximas autoridades monetarias; Yellen no quiere que “el reloj vuelva atrás”, a los años previos a la crisis, y Draghi no ve “razón alguna” para desproteger al sector.

FMI y Comisión Europea a la gresca: Una decena de expertos señala que Bruselas se equivoca al imponer sus recetas de austeridad porque provocan un sufrimiento innecesario

La polémica entre austeridad y crecimiento tomó nuevos bríos después de que el economista jefe del FMI, Olivier Blanchard, admitiera el pasado mes de enero en un informe que su institución había infravalorado las repercusiones negativas de la austeridad.

Sin embargo, el comisario europeo de Asuntos Económicos Olli Rehn restó credibilidad a este estudio quedando en entredicho por “su horizonte temporal limitado y por la posibilidad de que haya habido otros factores que impactaran en el crecimiento en comparación con lo previsto en 2010 y 2011”.

Lo cierto es que más que el estudio del FMI, lo que ha quedado en entredicho es el triste papel que hace la Comisión Europea limitándose a exigir cada vez mayores dosis de austeridad a los países miembros repitiendo a modo de mantra sus recetas de recortes en servicios públicos y gastos sociales básicos. 

“El FMI ha hecho un informe profesional liderado por uno de los expertos en macroeconomía más importantes del mundo. La refutación que llega de Bruselas, en cambio, avergonzaría a un estudiante de primer año de posgrado. No es que el informe de Blanchard demuestre que la Comisión y el señor Rehn están equivocados, es que eso ya lo ha hecho la evidencia, tanto teórica como empírica”, escribía hace unos días en su blog Jonathan Portes, director del británico Instituto de Investigación Económica y Social.

Las políticas dictadas por Bruselas y Berlín, y aplicadas por los Gobiernos de cada país han generado un malestar que, tan solo en los últimos días, ha llenado de manifestantes las calles de Grecia y Bélgica en los últimos días. Ya fuera de la zona euro, el descontento popular ha hecho caer esta semana al Gobierno búlgaro en bloque. Pero los países del Sur están obligados a perseverar en las políticas que generan malestar si quieren lograr el visto bueno de la Comisión y del BCE. “Este es un equilibrio inestable y por tanto no puede durar. La austeridad obligada solo asegura tasas de crecimiento negativas y una carga de la deuda cada vez mayor. Si los italianos o los españoles mostraran un rechazo claro a las políticas impuestas, forzarían importantes concesiones por parte de Bruselas y Fráncfort. Pero no soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funcione en una realidad alternativa”, asegura James Galbraith, profesor de la Universidad de Texas.

Dani Rodrik, profesor en Harvard y autor de La paradoja de la globalización, cree que el equipo comandado por Olli Rehn “ha estado engañándose a sí mismo con la ilusión de que las reformas estructurales que defienden pueden impulsar la economía en medio de una caída en picado de la actividad”. Son las mismas reformas que el viernes el comisario europeo volvió a exigir a España y a otros países como Francia a cambio de flexibilizar, una vez más, unos objetivos de déficit que hoy por hoy se muestran incapaces de cumplir.

A continuación, la opinión de varios economistas cuyas declaraciones nos han sorprendido no tanto en cuanto al fondo sino por la forma en la que se exponen y, sobre todo, por su procedencia. 

Por ello, hemos de aclarar que estas personas no son peligrosos activistas revolucionarios sino que proceden del mundo académico, donde ejercen de profesores en prestigiosas universidades.

Paul de Grauwe, profesor de la London School of Economics

“Nada de lo que está pasando me sorprende. Todo se podría haber predicho. Las autoridades comunitarias son los responsables de la recesión, ya que han empujado a todos los países al mismo tiempo a políticas de austeridad que refuerzan sus consecuencias negativas. La política macroeconómica de la Eurozona es un desastre”.

James Galbraith, profesor en la Escuela Lyndon B. Johnson de la Universidad de Texas

“No soy optimista. Parece que el liderazgo de la Comisión funcione en una realidad alternativa, totalmente dependiente de los intereses a corto plazo de los bancos, distante e indiferente de las consecuencias de sus políticas y con unos pronunciamientos públicos propios de análisis de la situación muy torpe”.

Luis Garicano, catedrático en la London School of Economics

“Bruselas es mucho más dogmática que el FMI. Es incomprensible lo poco que ha cambiado su discurso. En parte se explica porque no se fía de algunos países, que solo reforman bajo presión. Y en parte por motivos políticos: al norte no ha llegado la crisis y no es consciente de que hay países que se están ahogando. La Comisión menosprecia la probabilidad de accidentes serios”.

José Manuel González-Páramo, exconsejero del BCE y profesor del IESE

“No hay un único responsable de la recesión, y en cierta manera los somos todos: los fundadores del euro, las instituciones financieras, los Gobiernos, los reguladores, los supervisores, etc. La Comisión ha tratado, no siempre con fortuna, de buscar una visión europea; y desde 2011 busca un papel mucho más activo. Sus propuestas para reconstruir los pilares del euro son avanzadas, y dan una visión de largo plazo”.

Paul Krugman, profesor universitario y premio Nobel de Economía

“¿Cuál es la respuesta de Rehn a las desastrosas noticias que llegan de Europa? ¡Que tenemos que dejar de molestar con estos estudios económicos, porque están minando la confianza en la austeridad! Estos síntomas de desesperación son gratificantes. Por desgracia, esta gente ya ha hecho un daño tremendo y todavía tienen poder para seguir haciéndolo”, escribe en su blog.

Desmond Lachman, profesor de Georgetown

“Los datos de crecimiento confirman que la economía europea se contrae más rápido de lo esperado. El panorama en España e Italia es aún más deprimente. La Comisión es responsable por su insistencia en un ajuste fiscal demasiado rápido. Ha sido muy lenta en extraer la conclusión que sí supo ver el FMI: la austeridad excesiva con el euro como camisa de fuerza es contraproducente”

Jonathan Portes, director del Instituto de Investigación Económica y Social

“Rehn lleva dos años prediciendo que gracias a las excelentes políticas de la Comisión y del BCE la recuperación es inminente. Ahora tiene una nueva táctica: atacar a los economistas que critican a la Comisión. La conclusión optimista es que admite que las justificaciones de la austeridad se están viniendo abajo. Y que los trabajos que demuestran esto quizás puedan impulsar políticas más sensatas. Esperemos que sea así”.

Dani Rodrik, profesor en Harvard de Política Económica Internacional

“La Comisión se ha estado engañando a sí misma con la ilusión de que las reformas estructurales que ha defendido pueden impulsar la economía en medio de una caída en picado de la actividad, que, por supuesto, se ha agravado por las medidas de austeridad que ha forzado. Los últimos datos publicados tan solo confirman esto. Europa necesita urgentemente una estrategia de crecimiento para reactivar la demanda”.

Guntram Wolff, director adjunto de Bruegel

“La Comisión ha estado sujeta a muchas restricciones. En Grecia, ha sido demasiado optimista, pero ha hecho un buen trabajo en Portugal. Se ha enfrentado a una situación económica y política muy difícil. Teniendo en cuenta todas las restricciones a las que está sometida, ha adoptado políticas adecuadas en general, tratando de encontrar un equilibrio entre consolidación fiscal y apoyo a la economía”.

Charles Wyplosz, profesor de Economía Internacional en el Graduate Institute de Ginebra

“No entiendo cómo alguien puede sorprenderse de los datos que estamos viendo. La austeridad crea recesión. La Comisión no reconocerá que esta política impide acabar con la depresión. Por eso elaboran previsiones políticamente correctas, sabiendo perfectamente que luego tendrán que sorprenderse cuando no se cumplan. Y en esas estamos”.

Fuente: El País