La CNMV sanciona a la Caja de Extremadura y Liberbank por incumplimiento de obligaciones de información en la venta de productos financieros complejos

La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y a Liberbank S.A. por incumplimiento de obligaciones de información en la venta de productos financieros complejos

• Les acusa de faltas muy graves vinculadas con la venta de estos productos sin analizar si eran adecuados ni advertir de sus riesgos
• Además, sanciona a The Bank of Nova Scotia por ventas en corto de acciones de Bankia en mayo de 2013

El BOE del pasado 11 de septiembre se publicó una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la que multa a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Liberbank, la entidad que la absorbió en 2011. En total, deberán pagar 600.000 euros.

La entidad les impone faltas muy graves vinculadas a tres puntos: el incumplimiento de las obligaciones de información; no haber obtenido la información necesaria de los clientes a los que vendían determinados productos para saber si se adecuaban a ellos; y, en tercer lugar, la venta de productos complejos a personas que no estaban preparadas para adquirirlos sin advertir de los riesgos que conllevaban.

Caja de Extremadura es responsable de estas actividades desde julio de 2010 hasta agosto de 2011, cuando fue absorbida por Liberbank. En su caso, la multa impuesta asciende a medio millón de euros. El resto, otros 100.000, son para Liberbank, por seguir practicando este tipo de ventas a clientes no adecuados de agosto a octubre de 2011. 

No es la primera vez que una entidad es sancionada por este tipo de prácticas. Por ejemplo, en abril, multó con más de dos millones a las cajas gallegas por el fraude de las preferentes. En 2014 fue el Santander el que recibió una sanción de un millón de euros. Y en 2013, el Banco Popular.

Medio millón por ventas en corto de acciones de Bankia

El mismo BOE del 11 de septiembre se publica otra sanción de la CNMV, en este caso por ventas en corto de acciones de Bankia en mayo de 2013. The Bank of Nova Scotia deberá pagar medio millón de euros de multa.

Las ventas en corto consisten en, a través de un tercero, desprenderse de unos valores que van a bajar de cotización para después volverlos a adquirir a un precio menor y así obtener un beneficio.

Fuente: www.civio.es

Asturias sanciona a los bancos con ‘cláusulas suelo’ en las hipotecas

Las cláusulas suelo (aquellas que no permiten que baje la cuota aunque lo hagan los tipos de interés) afectan a unos 3,5 millones de familias. Después de perder más del 90% de las demandas judiciales, los bancos están pactando con los clientes su anulación. Sin embargo, este proceso judicial es largo en el tiempo y caro por los costes. La Unión de Consumidores de Asturias ha encontrado una vía más rápida y barata. Ha denunciado ante el Principado de Asturias 2.179 hipotecas de bancos por tener cláusulas abusivas, apoyándose en la sentencia de mayo de 2013 del Tribunal Supremo, que las calificó así cuando no estuvieran bien explicadas a los clientes o sus condiciones fueran claramente favorables para la entidad.

El Gobierno autónomo, tras cumplir los trámites administrativos, ha hecho públicas las primeras multas. Además de abusivas, considera el agravante de que el crédito hipotecario es un bien de primera necesidad porque supone la base para poseer la vivienda.

Hasta el momento, el Principado ha impuesto 53 sanciones de 8.000 euros cada una por falta grave a la Caja Rural de Asturias, Banco Popular, Liberbank (controlado por la antigua Caja Asturias), Banco Pastor y Caja España. Quedan 2.126 expedientes, pero seguirán el mismo camino ya que los casos son similares, según Dacio Alonso, presidente de Unión de Consumidores Asturias-UCE. “Si se sancionan todos los contratos denunciados, estas cinco entidades tendrán que pagar 17,43 millones de euros”, calcula.

Sin embargo, la estrategia de la Unión de Consumidores no es buscar la sanción al banco sino retirarla si llega a un acuerdo razonable con el perjudicado. Así se consigue el objetivo principal que es la retirada de la cláusula y el pago de lo cobrado indebidamente, sin pasar por los juzgados, que están atascados por la multitud de casos que les llegan. El Banco Sabadell, con fuerte implantación en la región por haber comprado el Banco Herrero, no tiene ningún caso denunciado porque ha pactado con sus clientes.

Alguna de las entidades multadas ha manifestado su intención de recurrir la sanción al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Este paso tiene la ventaja de que evita pagar la multa. Sin embargo, si perdieran en primera instancia, la sanción al banco sería firme porque el importe es inferior a 30.000 euros.

Para el banco es más rentable pagar los 8.000 euros que mantener la cláusula porque si no la retira, la siguiente sanción tiene la calificación de muy grave por el agravante de mantener una condición abusiva y puede llegar a los 100.000 euros.

Dacio Alonso considera que el Principado “ha actuado con mucha valentía porque las entidades financieras afectadas son las que le financian y han hecho muchísima presión para evitar las sanciones”. En opinión del presidente de la UCE de Asturias, lo más importante de esta vía “es que puede agilizar los trámites para las 3,5 millones de familias [en toda España con cláusulas suelo en sus hipotecas. Todos los Gobiernos autónomos tienen competencias en sus respectivas direcciones generales de Consumo, pero, a diferencia del Principado, no hacen nada. Se limitan a recomendar al perjudicado que se dirija al Banco de España, a sabiendas que este organismo tampoco hace nada porque dice que no es de su competencia”.

“La Unión de Consumidores denuncia la connivencia y prevaricación de los Gobiernos autónomos que, teniendo plenas competencias para sancionar a los bancos y cajas por el abuso y engaño de las cláusulas suelo siguiendo el ejemplo de Asturias, optaron por proteger sus intereses, antes que el de sus ciudadanos”, afirma en un comunicado. Esta organización pretende que estas cláusulas “le cuesten dinero, reputación y clientes a los bancos”, apunta Alonso.

Según los cálculos de la UCE, esta cláusula supone un sobrecoste por la hipoteca superior en muchos casos a los 200 o 300 euros mensuales. También afirma que la cláusula suelo impide al cliente beneficiarse de las rebajas en el tipo de interés que algunos bancos prometieron a los hipotecados que domiciliaban la nómina, contrataba una tarjeta o varios seguros. “Como dijo la sentencia del Supremo, estas oferta eran engañosas, no hay duda”.

Cláusulas suelo en contratos de prestamos hipotecarios: Asturias incoa expedientes sancionadores a 6 bancos por la inclusión de cláusulas suelo

El Gobierno asturiano ha abierto 17 expedientes por la comercialización de hipotecas con cláusulas suelo a seis entidades. Los bancos Liberbank, Popular, SabadellHerrero, Pastor y las cajas rurales de Gijón y Asturias se enfrentan de este modo a sanciones que oscilan entre los 3.600 y los 18.000 euros. El portavoz del Ejecutivo regional, Guillermo Martínez, quien apeló ayer a la Ley de Consumo de 2002 y al fallo del Supremo que considera estas cláusulas abusivas, defendió que «la actuación del Principado está perfectamente reglada» y especificó que los expedientes sancionadores aún no están concluidos.

A estos podrían sumarse muchos más, ya que la Dirección General de Consumo ha recibido 363 denuncias, 300 de ellas desde la Unión de Consumidores (UCE) de Asturias. Su presidente, Dacio Alonso, recordó ayer que las cláusulas suelo afectan a unas 30.000 familias en la región, que pagan cada mes entre 120 y 200 euros más -de 1.440 a 2.500 euros al año- de lo que les correspondería si pudiesen beneficiarse sin límites de la bajada del Euribor.

La intención de la Unión de Consumidores es que los afectados sepan que pueden reclamar el importe de sus cláusulas suelo sin ir a juicio, llevando a sus oficinas una fotocopia de la escritura de la hipoteca y el último recibo pagado o presentando la denuncia, directamente, en la Dirección General de Consumo. Los objetivos de la campaña están más que claros: que esta práctica «les cueste dinero a los bancos, que les cueste reputación ante la mala fe de su actuación y que les cueste, también, clientes, por el engaño al que les sometió».

Por otra parte, Alonso incidió en que actuar contra estos abusos es competencia de las comunidades autónomas y no del Banco de España -tal y como informó su jefe de servicio, Fernando Tejada-, por lo que espera que otros gobiernos regionales sigan pronto el ejemplo del asturiano y cumplan con «su obligación legal». Ya hay otras comunidades que han puesto en marcha medidas parecidas, pero casi siempre a través de procesos colectivos y no individuales como en el caso del Principado. «El problema es que los bancos estaban acostumbrados a que las sanciones les saliesen muy rentables. Pero en este caso, al abrirse un expediente sancionador por cada contrato, les va a costar mucho dinero y tendrán que estudiar si quieren pagar 18.000 euros a cada cliente o retirarle la cláusula, devolverle el dinero pagado desde la suscripción del contrato y pagar la sanción mínima de 3.601 euros».

De no atender al expediente abierto por la Dirección General de Consumo, advirtió Alonso, estas entidades incurrirían en una falta de calificación 'muy grave', que contempla multas de hasta 400.000 euros. «Si ayer ya estaban preocupados porque habíamos comenzado a desgranar este abuso, hoy lo están mucho más», aseveró. Aún así, la intención de la UCE no es que todas las entidades con cláusulas suelo lleguen a pagar estas multas, sino que «las eliminen cuanto antes y devuelvan el dinero». En este sentido, informó de que varias entidades ya se habían puesto en contacto con la asociación para alcanzar un acuerdo.

Fue el Tribunal Supremo quien el 9 de mayo abrió la puerta a este tipo de actuaciones con una sentencia que condenaba a BBVA, Cajamar y Novacaixagalicia a eliminar de sus contratos hipotecarios las cláusulas suelo -que afectan a 4 millones de familias en España- por falta de transparencia en su comercialización. Alonso criticó ayer al Ministerio de Economía y al Banco de España por no obligar entonces al resto de entidades a seguir el mismo camino. «Obligaron a los bancos a revisar y evaluar el impacto de estas cláusulas, pero nunca más se supo», lamentó.

Fuente: El Comercio

Consumo sanciona a una cadena de tiendas por ofertar tarjetas regalo con caducidad

La Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud ha abierto expediente sancionador por una cuantía de 20.000 euros a una cadena de establecimientos del sector textil que ofrecía tarjetas regalo con fecha de caducidad.

Según ha informado la Junta, la actuación se ha desarrollado tras una consulta al Instituto Nacional de Consumo (INC) al procesar varias reclamaciones de usuarios que habían perdido el importe de su tarjeta regalo por haber expirado el plazo de un año dado por el establecimiento para su canje. 

Esta práctica, a juicio del Instituto de Consumo, es "abusiva". En las condiciones de la tarjeta se indica que "no puede ser devuelta ni cambiada por dinero" y que las compras efectuadas "no son convertibles en dinero".

El informe, elaborado con la colaboración de las comunidades autónomas, entiende que no abonar el importe pagado por ese servicio supone la rescisión unilateral del contrato por parte de la empresa y el consumidor pierde el dinero sin haber obtenido una contraprestación a cambio. Al tratarse de una cláusula abusiva se considera una infracción grave.

La proliferación de tarjetas regalo en nuevos soportes, por ejemplo, con prepago a través de Internet o de aplicaciones del teléfono móvil, y no sólo ofertadas por comercios sino también por bancos o establecimientos de restauración hace que se multipliquen las opciones y también, por tanto, la necesidad de cautelas por parte de sus usuarios.

Si, en algún caso, se observa que incluyen la cláusula considerada abusiva por el INC respecto a la caducidad de la tarjeta, se recomienda presentar una reclamación para que la administración tenga conocimiento del caso y pueda actuar. No obstante, la imposición de una sanción no supone siempre la devolución del dinero al cliente.

Descargar el informe del INC aquí (en el documento pdf del INC se recopilan diversos informes, correspondiendo el comentado al número 2).

Fuente de la noticia: El Mundo