LA ESTAFA DE LAS PRIVATIZACIONES
Javier Álvarez Villa / Funcionario del Cuerpo Superior de
Administradores del Principado de Asturias y miembro del Conceyu por Otra
Función Pública n´Asturies.
La transferencia masiva de la gestión de servicios
públicos hacia empresas privadas se ha sustentado en un gran engaño argumental.
La clase política institucionalizada dio por supuesto, con el apoyo
incondicional de los altavoces mediáticos del poder económico, que la gestión
privada resultaba más barata que la pública y que era más eficiente, ágil y de
mejor calidad, frente a la supuesta lentitud y desidia de las estructuras
burocratizadas.
Dos premisas rotundamente falsas que, sin embargo,
fueron calando como lluvia fina en la mentalidad de los ciudadanos y ciudadanas
a los que se halagaba con el cortés tratamiento comercial de clientes.
El menor coste de la gestión privada de los servicios
públicos en ningún caso se justificó con informes solventes que sirvieran de
motivación para los procesos de contratación. Pero los estudios “a posteriori”,
realizados después de que se consumara la mercantilización de lo público,
vinieron a desvelar la impostura. Así, por ejemplo, el informe del Tribunal de Cuentas de 28 de noviembre de 2013, sobre la fiscalización del sector público local del ejercicio de 2011, concluye que la gestión privada de la
limpieza viaria, del abastecimiento de agua potable y de la recogida de
residuos sólidos tiene un coste medio superior a la gestión directa realizada
con medios propios de los Ayuntamientos.
El servicio de limpieza viaria de los municipios tiene
un coste medio de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona
directamente el municipio y 27,83 euros –un 71% más– si el servicio lo
presta una empresa a través de una concesión o concierto con la Administración;
el servicio de abastecimiento de agua potable tiene un coste medio de 46,83
euros por habitante, 44,10 cuando la gestión es directa y 53,67 si está
privatizado; y el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos tiene un coste
medio por habitante de 48,76 euros, 42,55 euros en los casos en los que se
presta con personal y medios de titularidad municipal y 53,90 en los municipios
en los que se presta por empresas privadas.
Por lo que se refiere a la deficiente calidad de la
gestión directa de los servicios públicos, utilizada como coartada
privatizadora, casi siempre fue generada adrede por los gestores políticos,
reduciendo las plantillas de personal mediante la congelación de las ofertas de
empleo público y cerrando el grifo de las inversiones. En los últimos cuatro
años asistimos a un caso dramático de degradación intencionada de la sanidad
pública, cuyo presupuesto se redujo en 10.000 millones de euros entre los años 2009 y 2013 (el 16,3 %), mientras crecían exponencialmente las listas de espera en los hospitales. Los datos aparecen en un informe del Ministerio de Hacienda, hecho público a comienzos del presente año 2015, conforme al cual el
gasto sanitario de las Administraciones Públicas fue en 2013 de 63.006 millones
de euros, 9.933 menos que en el año 2009. En términos de PIB, 0,8 puntos
porcentuales menos.
Los procesos de privatización de los servicios
públicos han encarecido el coste para las arcas públicas, empeorando la calidad
de muchas prestaciones y deteriorando las garantías jurídicas de los usuarios.
Además, son un grave foco de corrupción y clientelismo laboral.
La privatización de los servicios municipales de
abastecimiento de agua, por poner un ejemplo muy significativo, ha caído en
poder del duopolio formado por Agbar, controlada por el grupo francés Suez Environnement SA y la constructora FCC, cuyo accionista mayoritario es el
mexicano Carlos Slim, la primera fortuna del mundo. FCC ha diversificado su
oferta de prestaciones de servicios públicos y, así, en el concejo de Oviedo es
concesionaria, además del agua (bajo la marca comercial Aqualia), de la
limpieza, la recogida de basuras y del servicio de la grúa.
Agbar figura como el principal donante de la fundaciónde Convergencia Democrática de Cataluña implicada en un proceso judicial de
corrupción a gran escala por la financiación ilícita del partido a cambio de
adjudicaciones de obras públicas. Y FCC aparece en los papeles de Bárcenas como
donante de generosas sumas ilegalmente trasferidas al Partido Popular.
Una de las filiales del grupo Agbar, Aquagest, protagoniza la llamada “trama del agua”, una tupida red para la obtención de
contratos por medio de sobornos, tráfico de influencias, regalos y viajes a
personas con poder de decisión en numerosos Ayuntamientos de Galicia y de
Asturias, que actualmente investiga la Audiencia Nacional.
Clientelismo laboral
Seguramente, una de las consecuencias más graves de la
privatización masiva de servicios públicos, si no la peor, ha sido la pérdida
del control público de los procesos de selección de los trabajadores vinculados
a dichos servicios.
Los Estados Democráticos de Derecho han reconocido
como un derecho fundamental de todos los ciudadanos y ciudadanas el acceso a
los puestos del sector público en condiciones de igualdad, siguiendo
procedimientos en los que solo se tenga en cuenta el mérito y la capacidad de
los aspirantes. El reconocimiento de este derecho fundamental distingue a los
Estados modernos, no solo del Antiguo Régimen, donde los puestos públicos se
obtenían por herencia, se compraban o eran un privilegio estamental, sino
también del Estado liberal decimonónico, en el que el partido gobernante elegía
a sus propios empleados públicos, que cesaban en masa cuando entraba a gobernar
el partido alternante (sistema de botín).
Pero, además, el acceso a los puestos públicos
mediante procedimientos libres que respeten los principios de igualdad, mérito
y capacidad constituye la principal garantía de la actuación imparcial de la
Administración Pública y del sometimiento de la misma al interés general. Esta
forma de acceso y la fijeza en el empleo constituyen el baluarte que protege a
los trabajadores públicos de las presiones internas del poder político y de las
externas del poder económico.
La privatización de los servicios públicos, en la
medida en la que convierte en privados también a los puestos de trabajo
asociados al servicio, recorta y restringe el derecho fundamental de acceso en
condiciones de igualdad a los puestos del sector público y compromete
gravemente las condiciones para que se preste de manera imparcial, pues
desprotege a los trabajadores de las principales garantías para ello: deber el
puesto exclusivamente a su propio mérito y la fijeza del empleo.
Junto a las grandes concesiones de servicios públicos,
ha proliferado también la adjudicación de contratos de servicios a empresas
bien relacionadas con consejeros, alcaldes o concejales, para la prestación de
actividades a las Administraciones Públicas, en muchos casos, superfluas,
innecesarias o ficticias. Una de las consecuencias más graves de esta red
clientelar es el acceso de trabajadores de estas empresas a la condición de
empleados públicos mediante el mecanismo fraudulento de la cesión ilegal.
El Ayuntamiento de Oviedo es un buen ejemplo de esta
política clientelista de contratación. En los últimos años al menos 70
trabajadores han accedido a la condición de personal laboral indefinido del
Ayuntamiento siguiendo el mismo proceso fraudulento: adjudicación de un
contrato de servicios a una empresa privada cuyos trabajadores se instalan en
oficinas municipales, quedando bajo el control y la dirección de funcionarios
públicos del Ayuntamiento, demanda ante los Juzgados de lo Social instando el
reconocimiento de la condición de personal laboral indefinido del Ayuntamiento,
comparecencia en el juicio de los concejales y funcionarios que promovieron el
contrato para testificar a favor del trabajador y confirmar la cesión ilegal, y
sentencia favorable a aquél.
El Juzgado de Instrucción nº 3 de Oviedo admitió a trámite
en el mes de diciembre de 2014 una querella presentada por el grupo municipal
de Foro Asturias por cesión ilegal de trabajadores de la empresa Asac Comunicaciones, imputando al jefe de Gabinete del Alcalde, al jefe del Servicio
de Modernización del Ayuntamiento y al consejero delegado de la empresa.
El clientelismo laboral no es solo un privilegio para
el trabajador que entra en la Administración por la puerta falsa. Se trata,
fundamentalmente, de un agravio comparativo para todos los ciudadanos y ciudadanas
que tenían derecho a acceder a ese puesto en igualdad de condiciones.
La regeneración democrática que hoy exige de forma
mayoritaria la ciudadanía pasa inexcusablemente por poner fin a la gran estafa
de las privatizaciones de los servicios públicos esenciales, volviendo a la
gestión directa de los mismos. Los partidos políticos que se han comprometido a
liberar la política del control del poder económico tienen aquí su principal
piedra de toque. El proceso no será fácil porque los capataces políticos del
capital han dejado un terreno minado.
Habrá que elaborar, con paciencia y rigor, un programa
de “remunicipalizaciones” y tomar medidas que pueden resultar incómodas, porque
nadie puede suponer que gobernar para desmontar un régimen clientelar sea una
tarea fácil. Una de ellas, entre las fundamentales, recuperar para el empleo
público los puestos de trabajo ahora privatizados, seleccionando a los
trabajadores (funcionarios y personal laboral) a base de estrictos principios
de igualdad, mérito y capacidad, porque el proceso de recuperación de lo
público, si se quiere que sea legítimo, no puede admitir atajos.
Artículo publicado en http://www.atlanticaxxii.com/ y en http://otrafuncionpublica.blogspot.com.es/
