Informe de GETSA (Sindicato de Técnicos de Hacienda) sobre la economía sumergida en España:"La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis"

El paro y la corrupción disparan la economía sumergida en 60.000 millones durante la crisis

La economía sumergida supone más de 253.000 millones de euros ocultos, un  24,6% del PIB 

La economía sumergida suma y sigue. Su tamaño aumentó en 60.000 millones de euros durante la crisis, hasta situarse en el 24,6% del PIB al cierre de 2012, lo que supone más de 253.000 millones de euros ocultos, según recoge el informe La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis*, presentado hoy por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) y dirigido por el profesor Jordi Sardà de la Universitat Rovira i Virgili.

Según se desprende de este estudio, el volumen de la actividad económica en negro aumentó de media unos 15.000 millones de euros anuales desde el inicio de la crisis en 2008, cuando la tasa de economía sumergida se situó en el 17,8% del PIB. Sin embargo, en 2009, considerado como el momento más duro de la recesión, el dinero oculto se disparó en más de 27.000 millones de euros, tanto como los dos ejercicios siguientes juntos.

Este importante incremento se debió en gran medida al efecto “arrastre” provocado por el ‘boom’ inmobiliario, ya que en los años previos logró crear una gran dependencia de la economía española ligada a este sector y que fue imposible de cortar por lo sano en los primeros momentos de la crisis económica y financiera.

Al tsunami del ladrillo le siguieron otras causas que influyeron de modo decisivo en el aumento del fraude, como el espectacular repunte del paro –triplicándose la tasa de desempleo hasta el 26% de la población activa a finales de 2012–, las subidas de impuestos que no fueron acompañadas por un eficiente control tributario y la multiplicación de casos de corrupción política y empresarial.

Además, a estos factores se sumó uno transversal, que es el masivo uso de billetes de 500 euros en nuestro país, que representa el 73,7% del efectivo en circulación y el 14% del valor de todos los billetes de 500 que se manejan en la zona euro. Estos billetes son el instrumento preferido por los defraudadores para saldar operaciones al margen del fisco.

Por otro lado, más allá de los datos puramente económicos, el informe señala que en España existe un grave problema de moralidad con el pago de impuestos, lo que complica aún más la equiparación de nuestro nivel de fraude al de otros países europeos donde la cultura defraudadora no está tan enraizada. De hecho, sólo Italia, Portugal y Grecia presentan valores superiores a los españoles, pero aún nos situamos muy lejos de países como Alemania (13,1%), Francia (10,8%) o Gran Bretaña (10,1%).

En este sentido, el informe incluye como una de sus propuestas la reducción de la economía sumergida en al menos diez puntos porcentuales, un objetivo que considera realista, si bien reconoce que es “muy difícil” bajar de tasas de entre el 6% y el 8% del PIB, dado que hay actividades económicas que no serían rentables si se legalizasen.

 

El efecto capital y la brecha entre provincias

Uno de los puntos fuertes que caracterizan este estudio es que analiza el impacto de la economía sumergida por comunidades autónomas y provincias, permitiendo sacar conclusiones sobre cómo la crisis ha incidido de forma desigual en los diferentes rincones del país. 

Asi, el estudio hace hincapié en el peculiar caso de Madrid, que registra una tasa de economía sumergida “llamativamente baja”, del 17,3% de su PIB, la más moderada del país. Este fenómeno se explica por la elevada concentración de grandes empresas nacionales y extranjeras y grandes fortunas, que concentran los ingresos tributarios de sus actividades en esta comunidad mientras que gran parte de su negocio se genera en otras autonomías.

De hecho, en Madrid tienen su sede el 60% de las 100 mayores corporaciones empresariales del país, muchas de las cuales eluden el pago de impuestos a través de las prácticas fiscales abusivas como las exenciones fiscales.

En un análisis territorial, el mayor aumento del fraude se registró en aquellas autonomías más castigadas por el colapso del ladrillo y el desempleo, como Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias y parte del Levante español, aunque también se dejó sentir con intensidad en zonas tradicionalmente con un menor dinamismo económico, como las zonas rurales y de interior de Galicia y Castilla y León.

Pero sin tener en cuenta los efectos dramáticos de la crisis, este estudio pone de manifiesto que hay zonas geográficas en las que la economía sumergida es un mal endémico, como es el caso de las provincias de Ávila, Albacete, Ourense y Toledo, todas ellas de interior y menos dinámicas. En el lado contrario se sitúan Madrid, Tarragona, Lleida, Barcelona, Zaragoza y La Rioja, con menos fraude que la media en el periodo que va del año 2000 al 2012.

Por otro lado, a lo que sí ha contribuido la crisis es a ensanchar la brecha de economía sumergida entre provincias, que ha pasado de un máximo de 7,3 puntos entre la que más fraude tenía y la que menos a principios del 2000 hasta los 15,1 puntos de 2012. Esto demuestra, según el informe, que la época de vacas flacas ha golpeado a cada territorio según su estructura económica, más débil cuanto menos industrializada y carente de inversión empresarial. 

Conocer el problema y hacer un frente común de todas las AAPP

Para hacer frente a todos estos desafíos originados por la economía sumergida, Gestha propone, entre otras medidas, conocer la verdadera dimensión del fraude a través de estudios oficiales realizados por entidades independientes, algo que hasta ahora no encargó ningún gobierno. Estos estudios servirían para llevar a cabo una lucha contra el fraude “realista”, poniendo el foco en las actividades que sí pueden aflorar del mercado negro.

Además, exigen una mayor y mejor coordinación entre la Agencia Estatal Tributaria (AEAT) y las Haciendas autonómicas, creando una base de datos fiscales única. Entre los cambios que debe afrontar el fisco también se encuentra una mayor dotación de recursos y personal, ya que según los datos de la OCDE España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo.

Sin embargo, la lucha antifraude tampoco sería efectiva sin dotar de una mayor autonomía a los técnicos en su día a día, una medida que implica la reorganización del Ministerio de Hacienda y que lograría la adaptación de la Administración Tributaria y Financiera española a las de los demás países europeos.

Por último, el presidente de los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, cree que la AEAT “debe tomar nota del tremendo éxito cosechado por la DGT en sus campañas de concienciación sobre seguridad vial a lo largo de las últimas décadas, que han permitido una drástica reducción del número de accidentes. Eso, extrapolado al ámbito fiscal, educaría más a los contribuyentes sobre la necesidad de pagar impuestos y alertar sobre los efectos del fraude”.

* Acerca del informe 

El informe “La economía sumergida pasa factura. El avance del fraude en España durante la crisis” se realizó en 2013 analizando las variables que influyen directa e indirectamente en la economía sumergida, como el paro, la evolución del sector inmobiliario, la renta per cápita, el PIB, el consumo eléctrico, entre otros. Los resultado del estudio se han centrado en el periodo que va de 2008 a 2012, aunque la muestra también hace una retrospectiva que llega hasta el año 2000 para observar el comportamiento del fraude antes de la crisis económica. De todos los métodos empleados tradicionalmente para realizar este tipo de informe, el profesor de la Universitat Rovira i Virgili, Jordi Sardà, ha empleado el MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) y también hace referencia a otros estudios recientes para mostrar un contraste aún más realista de las conclusiones del informe.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) forman el colectivo más representativo dentro del Ministerio y la Agencia Tributaria, al agrupar a 8.000 profesionales. En la actualidad, los Técnicos realizan estudios macroeconómicos de gran calado con el objetivo de conocer la realidad fiscal de nuestro país y conseguir una administración tributaria más eficiente y capaz de reducir el elevado volumen de economía sumergida, que alcanza el 24,6% del PIB. Por ello, Gestha participa activamente en importantes debates abiertos ante la opinión pública, como son las reformas tributarias, la lucha contra el fraude, el control del gasto y otros temas de actualidad. 

Más información y fuente: www.gestha.es

Nota de Prensa: Informe Economía Sumergida

INFORME: La Economia Sumergida Pasa Factura

Los consumidores denuncian casi 500 cláusulas abusivas de los bancos

La asociación Adicae señala que los abusos más habituales son el cobro irregular de comisiones, los intereses elevados o la compensación injustificada de saldos  La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha detectado cerca de medio millar de cláusulas abusivas (concretamente, 469) en prácticamente todas las entidades financieras de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios financieros, cifra que la asociación considera "mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios". Después de efectuar un análisis pormenorizado de 278 contratos de 52 entidades diferentes, Adicae "ha podido comprobar cómo las entidades bancarias, prevaliéndose de su posición contractual de fuerza frente a los consumidores, han venido incorporando en todo tipo de contratos alrededor de medio millar de cláusulas abusivas". Las más habituales en los contratos analizados son el cobro irregular de comisiones, muchas veces sobrevaloradas e incluso duplicadas, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos (generalmente de demora) y su capitalización, y cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor. "El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", denuncia Adicae   Según el estudio, en algunas de las cláusulas abusivas detectadas se obliga a los clientes a sufragar y mantener costes y gastos muy elevados "que en ocasiones no tienen la obligación de soportar". "El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", añade Adicae en un comunicado en el que indica que se han analizado desde contratos de tarjetas de crédito y débito y cuentas corrientes y de ahorro, hasta contratos de préstamo con garantía hipotecaria y contratos de inversión. Adicae ha analizado las ofertas de 52 marcas bancarias; muchas de ellas integradas en otras entidades mayores debido al proceso de absorción y fusión que se viene desarrollando desde el inicio de la reestructuración bancaria, por lo que todas las grandes corporaciones bancarias resultantes del proceso están afectadas por el fenómeno de las cláusulas abusivas. Entre las 52 entidades analizadas se encuentra Bankia, Liberbank, Banco Sabadell, CaixaBanc, Ibercaja, Banco Santander, Banco Popular o la Kutxabank o NCG Banco. Tras detectar y recopilar todas las denuncias en un informe, la asociación las ha remitido al Instituto Nacional de Consumo (INC), la Agencia Catalana de Consumo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España. De estas comunicaciones, que se añaden a las quejas que los propios consumidores remiten a los servicios de reclamaciones de estos organismos, "se vienen derivando actuaciones de advertencia que, sin embargo, las entidades financieras ignoran permanentemente", señala la asociación, que considera "indispensable dotar de mayor autoridad y capacidad sancionadora a los supervisores bancarios". Foto. Edificio del Banco de España. REUTERS Público.es

¿Cuánto vale un litro de aceite?, por Vidal Maté

Con los precios del aceite por los suelos en origen, entre 1,70 y 1,75 euros kilo para un tipo lampante de calidad media para refinar, los precios de venta en la mayor parte de la gran distribución se situaban en los últimos días en el entorno de los 2,70-2,99 euros litro,(*) una cifra casi igual que hace unos meses cuando los precios en origen llegaban a los 2,70 euros kilo. Y, en las mismas fechas, como suele suceder en la cuesta de enero, con los mismos precios baratos en origen, un gran grupo de distribución había iniciado ya la carrera de las ofertas con uno precio de 1,89 euros litro, línea que como ya casi es habitual, es presumible que sigan otros grandes grupos de la distribución. Un mismo aceite de oliva, en las mismas fechas, con una diferencia de precio de casi un euro al consumidor. ¿Es el mismo aceite?. ¿Tiene la misma calidad?. ¿Por qué si los precios en origen pagados al olivarero y los de cesión de la industria a la distribución han tenido una bajada tan importante, esa reducción no se ha reflejado ya en los precios finales de venta, lo que podría haber provocado el aumento de una demanda que no acaba de despegar en el meco interior?.¿Por qué si un grupo acomete esas bajadas de precios, otros no lo pueden hacer?. ¿Por qué, en un momento determinado, todos se ponen en oferta, en muchos casos con precios más baratos que los precios en origen?.

Es viejo que la gran distribución está utilizando el aceite de oliva como uno de esos productos reclamo donde, casi siempre, hay una marca propia o de fabricante en oferta para atraer a la cesta de la compra, en algunos casos con ventas a pérdidas sin que tanto Defensa de la Competencia como Comunidades Autónomas hayan dado los pasos mínimos para evitar este tipo de prácticas ilegales. Pero, desde hace unos meses, la gran distribución, además de tener al aceite como producto reclamo, habría decidido tener también al aceite como recurso para hacer negocio sin repercutir la bajada registrada en origen y en el precio de venta de las industrias. En el fondo, un juguete manejado según lo requiera la ocasión o los intereses del grupo.

Hace unas fechas entró en vigor la nueva Ley impulsada por Agricultura para la mejora de la Cadena Alimentaria por la que, en teoría, se busca clarificar todos esos procesos para acabar con la posición dominante de la gran distribución. Las dudas sobre su futura eficacia surgen cuando hoy ya hay normas suficientes para atajar este tipo de prácticas y tanto Economía como las Comunidades Autónomas miran para otra parte para perseguir las ventas a pérdidas que no se contemplan específicamente en esta Ley.

En línea con la búsqueda de una mayor transparencia en el sector, Agricultura, organizaciones agrarias, industrias y los grupos de la gran distribución, acaban de firmar además un convenio por el que todas las partes se comprometen a trabajar conjuntamente para mejorar la calidad del aceite de oliva y, sobre todo, para la promoción y la información sobre el mismo a los consumidores como un producto en el segmento alto de calidad. Era necesario ese convenio, un viejo empeño de Arias Cañete para tratar de implicar a la gran distribución en la problemática de la producción, y no será fácil ver resultados inmediatos, dados los vicios existentes. España es, con diferencia, el primer país productor de aceite de oliva del mundo, pero una gran parte de la población no sabe distinguir sus tipos y la riqueza de variedades con sus cualidades específicas, desde los suaves de arbequina catalanes u hojiblancas andaluces, a los fuertes como cornicabra en la zona centro, el picual en Jaén o los amargos extremeños. Se trata de un convenio similar al suscrito hace un año por las mismas partes para apoyar unos precios sostenibles que permitieran una rentabilidad de las explotaciones ganaderas, e ir eliminando la leche como ese producto reclamo barato y banalizado. En el caso del aceite, el convenio no cita textualmente ese objetivo, pero todo el mundo coincide que el reto es el mismo: no banalizar el precio del aceite cómo y cuando le interese a un grupo de distribución en sus guerras de sector y apoyar su demanda desde la información.

Con el permiso de la gran distribución y por la propia imagen de calidad y respeto al esfuerzo de los productores, la leche no puede valer menos que el agua, aunque ésta se venda en un continente de cristal de diseño, ni un aceite se debería vender a menos del precio en origen por su calidad y como alimento saludable. Es una imagen de calidad y producto diferenciado que se trata de ofrecer en el exterior para ganar mercados y a un mayor precio. Pero, en casa de herrero, cuchillo de palo….Y no se puede pedir que chinos, japoneses o norteamericanos lo paguen y lo encumbren en los altares de la gastronomía, cuando aquí lo tiramos por los suelos y ha sido el juguete en las batallas de la gran distribución en medio de la indiferencia oficial, algo que ahora trata de cambiar Agricultura.

Y, al final, ¿cuánto vale un litro de aceite de oliva? Una cifra ligada a sus costes de producción, a los mercados, o lo que fije en cada momento la gran distribución? ¿Nos engañan cuando lo venden muy barato, cuando lo venden caro, o en ambos casos? Sería bueno que funcionara ese convenio aunque, en el caso de la leche, el resultado no ha sido para tirar cohetes y que, por otra parte, con la Ley de la Cadena Alimentaria , ya en vigor, se lograra una mayor transparencia en la formación de los precios.

(*)Para eleborar un litro bastan 0,916 kilos de aceite

Fuente: http://blogs.elpais.com/trigo-limpio

Ley de mutuas: criminaliza al enfermo, concediendo más poder a la patronal para dualizar y privatizar la sanidad, de Jesús Uzkudun

 

Tras la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra el "absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por enfermedad común" - que ha sido apoyada con incentivos económicos por los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más débiles, es decir, los enfermos.

La campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los sindicatos y los comités de empresa (salvo limitadas campañas en Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las Plataformas de defensa de la sanidad publica.

La aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se generaliza el "Presentismo", es decir, la practica de acudir enfermo al trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los complementos salariales recogidos en los convenios.

Ley de mutuas

Con el objetivo de reforzar la lucha contra "el absentismo laboral injustificado" y conseguir "mejorar la competividad de las empresas", el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades profesionales.

A partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de la incapacidad temporal por contingencia común.

Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica, sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.

Asimismo, la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años 90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.

¿Qué son las mutuas?

Con la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas, pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.

Con la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades "sin animo de lucro" colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.

En la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo, Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa, Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal, Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas, disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.

De asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que, independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han venido afirmando, con poca vergüenza que "la gestión privada es más eficaz que la publica".

Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:

1. La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
2. La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.
3. La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.
4. La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
5. La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.

Las Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK (la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la CEOE en diferentes mesas de negociación.

Se continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación, con fondos destinados a ayudar a las victimas.

Resulta ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones, mediante la participación trimestral en las reuniones de forma gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando "escraches" u otras movilizaciones de respuesta.

Consecuencias de la Ley de Mutuas

No cabe duda que, con las nuevas competencias, las Mutuas reducirán el absentismo mediante la presión y el maltrato a los enfermos. Los Inspectores de Sanidad y los médicos de atención de primaria se verán desbordados y mayoritariamente desistirán de realizar contrainformes de respuesta a los criterios de la Mutua. Por esta razón terminarán imponiéndose los criterios economicistas, salvo que se reactive la respuesta y la movilización social. Las Mutuas presionaran al enfermo para forzar el alta, especialmente en el caso de enfermedades psicológicas o músculo esqueléticas, incluidas las embarazadas, con el agravante de que las Mutuas no disponen de especialistas en dichas patologías.

Aumentará el control con detectives sobre la vida privada del enfermo. No es casualidad, que sean las Mutuas quienes mas demandas de investigación solicitan a estás Agencias. Quien conozca su práctica no tendrá dudas del aumento automático del "presentismo" por parte de los trabajadores enfermos, ante el riesgo de ser despedido o declarado "NO APTO" en las empresas.

Las Mutuas lograrán alterar las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, favoreciendo al trabajador de baja para su rápida incorporación laboral, mientras eternizaran la espera de los desempleados o pensionistas con similar lesión. Igualmente, presionaran a los trabajadores que han sido despedidos por causar baja para que cojan el alta y así eludir el pago de las prestaciones, que irán a cargo del desempleo. El carácter universal de la sanidad publica será cuestionado por los criterios economicistas y aumentará la desigualdad.

Aunque el control de la Incapacidad Temporal tiene que realizarse en las instalaciones y por profesionales de las Mutuas, la Ley les permite realizar conciertos con otros centros privados para acelerar diagnósticos, favoreciendo el negocio privado de la sanidad. No cabe duda que el control de la Incapacidad Temporal por las Mutuas favorecerá su estrategia de ocultar el origen profesional de las enfermedades, eludiendo así sus repercusiones, incluso para las empresas. Los costes del tratamiento de dichas enfermedades coadyuvarán a deteriorar los presupuestos de la sanidad pública, hasta hacerlos insostenibles.

La reducción de las cifras de enfermedad profesional reconocidas a partir del año 2006, cuando las Mutuas asumieron su gestión, evitó que tuvieran repercusión  tras la ampliación del listado de enfermedades. Es decir, dejo en evidencia las consecuencias de "poner al zorro al cuidado de las gallinas".

Las Mutuas lograrán en estas condiciones, si no se reactiva la respuesta sindical, una gestión "rentable", reduciendo el absentismo: aumentará la practica de usar mano de obra sana y tirarla cuando deja de ser productiva, al posibilitar mayores recursos económicos, que serán utilizados para subvencionar a las empresas, vía incentivos tipo "bonos" por inversiones preventivas, o se reducirán las cuotas empresariales, como exige la CEOE y las fuerzas de la derecha política.

Necesidad de un cambio en la orientación sindical

Los sueños de grandeza de algunos dirigentes sindicales, que veían con envidia la cogestión de las Mutuas alemanas, olvidándose del contexto y correlación de fuerzas, les llevó a volcar sus esfuerzos en tratar de convencer a las direcciones de la Seguridad Social y la CEOE de las ventajas del modelo alemán, olvidando mientras tanto la imprescindible respuesta a las agresiones cotidianas de las Mutuas y al aumento de sus competencias en la enfermedad común, cuya principal consecuencia fue que ganó terreno la perspectiva de dualizar la sanidad.

En el colmo de la herencia "fidalguista", las direcciones confedérales de CCOO y UGT, llegaron a firmar Acuerdos con la patronal recogiendo "perlas" como estas: "Desarrollar un programa especifico para la eficaz gestión de la Incapacidad Temporal, basado en: La mejora de la colaboración de las Mutuas con la Administración de la Seguridad Social y los servicios públicos de salud, para el control de los procesos y el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales y el gasto en prestaciones de Seguridad Social" o "Mantener la naturaleza jurídica de las Mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios…" o "Con el objetivo de eliminar el absentismo injustificado se elaborara trimestralmente un ratio de evaluación de su comportamiento…etc."  

Afortunadamente, la actual dirección confederal de CCOO ha rechazado con firmeza el proyecto de ley de Mutuas, en el que las reivindicaciones mas elementales - como la co-decisión, es decir, que el concierto con una u otra Mutua en las empresas sea acordada de forma conjunta por el empresario y la representación de los trabajadores, o lograr una representación directa en las Juntas Directivas -, han sido arrojadas con desprecio a la papelera.

Activar la respuesta conjunta

Urge activar la respuesta sindical a las agresiones e intromisiones de las Mutuas en la enfermedad común. Las amenazas y recortes de prestaciones a los enfermos no pueden abordarse como un problema individual: urge la respuesta colectiva en defensa de la salud y la defensa de la sanidad publica.

Algunas experiencias, como las realizadas por CCOO de Euskadi, pueden orientarnos en la respuesta:

·       Las concentraciones de delegados frente ASEPEYO, UNIVERSAL y MC MUTUAL, en respuesta a la extinción de la prestación económica a trabajadores enfermos lograron modificar la resolución de la Mutua; en algún caso bastó con el simple aviso a la prensa de la concentración para que cambiase la resolución de la Mutua.

·       Es posible impedir en la empresa que la Mutua intervenga en la gestión de la enfermedad común, introduciendo cláusulas en los convenios que rechacen el concierto de la empresa con la Mutua. El ámbito de la empresa permite conocer mejor los motivos de las bajas, quien realiza fraude o las tiene justificadas. Contra dicho concierto de las empresas con las Mutuas se han producido huelgas en alguna empresa siderúrgica, pues afortunadamente existe una posición común en el sindicalismo vasco. Así, el convenio de los empleados públicos del Gobierno Vasco y otras empresas importantes, como la Papelera de Errenteria, tienen cláusulas que impiden la actuación de las Mutuas en la enfermedad común.

·       La actividad sindical realizada para visualizar las enfermedades profesionales, logrando indemnización por miles de euros de hipoacusias, lesiones de muñeca, silicosis y cánceres derivados del amianto, entre otras enfermedades, permite ganar apoyos en la respuesta a las Mutuas. Igualmente urge que los médicos de atención primaria pregunten al enfermo acerca de su actividad laboral y no solo por sus hábitos de vida, asumiendo la obligación de comunicar la sospecha del origen profesional de las enfermedades que diagnostiquen.

Lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, en ausencia de una acción perseverante, el problema se individualiza, resultando siempre perdedores los  enfermos.

Finalmente, no cabe duda, la solución más barata y socialmente más rentable contra el absentismo es investigar las causas de las enfermedades y promover medidas preventivas. Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud, los trastornos músculo esquelético, derivados de los movimientos repetitivos, sobreesfuerzos e intensos ritmos de trabajo, junto al estrés y los riesgos psicosociales, son las principales causas del absentismo laboral en el Reino de España: su prevención laboral es posible, rentable y necesaria.

Las Mutuas, la CEOE y el PP lo saben, pero no les importa. Su interés y objetivo es hacer negocio mediante la dualización y la privatización de la sanidad. Si permitimos que avancen por ese camino, lo lamentaremos. Por ello, urge la respuesta desde la empresa, los sectores o territorios, promoviendo una amplia alianza en defensa de la salud y la sanidad pública.

Jesús Uzkudun Illarramendi, es activista en defensa de la Salud Laboral. Exsecretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi (1996-2012)

Fuente:  Revista electrónica sinpermiso

Sobre la anulación de la subasta eléctrica que pretendía un incremento del 11 % en el precio. "Disparate para corregir el atropello"

Jesús Mota 

El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según la cual procede “no validar” la subasta eléctrica del jueves es un ejemplo perfecto de cómo un Gobierno puede sustituir la incapacidad de muchos años para cambiar un sistema de precios absurdo por un disparate atropellado, cometido además con alevosía y nocturnidad. La Comisión ha puesto en bandeja al Ministerio de Industria el pretexto para anular la subasta, pero ahora tendrá que explicar, con todo detalle y con argumentos jurídicos fundados, cuáles son esas “circunstancias atípicas” que soportan la anulación. Y tendrá que hacerlo porque en este caso no se enfrenta solo a consumidores españoles indignados y con los bolsillos exhaustos, sino al mercado de Londres, donde se cruzan operaciones con la electricidad española.

En los mercados serios no se suspende una subasta sin razones poderosas; y cuando se suspende es porque los participantes han cometido algún delito. Como este no es el caso, al menos de momento, cabe deducir que la Marca España está a punto de caer, una vez más, en el ridículo.

Quizá el ministro no esté enterado, pero el Gobierno solo puede anular una subasta cuando en ella se advierten claros indicios de conducta contraria a la competencia. Así lo establece la Orden Ministerial de 2009 que regula el procedimiento. En un plazo inferior a 24 horas, un supervisor puede examinar e investigar muy pocos parámetros de la subasta; como mucho, el índice de concentración de las ofertas y el equilibrio entre oferta y demanda en las sucesivas rondas operativas que conducen al precio final. Con ambos indicadores es imposible descubrir colusión o delito. Lo dice además el sentido común: si durante 25 subastas no se ha podido demostrar esa conducta contraria a la competencia era poco probable que en una tarde y una madrugada pudiera hacerlo una Comisión de nuevo cuño, agobiada además por la presión ambiental.

A la subasta van las comercializadoras que son filiales de las eléctricas

Porque sabemos que no se hacen esas cosas, que si no podría sospecharse que el ministro ha llamado al presidente de la CNMC y le ha pedido que dictamine esa simpleza de las “circunstancias atípicas” con la confianza de que ya se apañarán después las razones a gusto del anulador. Eso sí, de las demandas y querellas por abuso legal no se va a librar el ministerio, y sus consecuencias acabará por pagarlas la tarifa eléctrica, es decir, el consumidor.

Como el llamado equipo energético no parece enterarse, habrá que repetir que el problema no es la subasta en sí —y por tanto no cabe eliminarla sin disponer de un método o procedimiento para fijar el precio en enero, precio que ahora queda sometido a la más negra incertidumbre—, sino el mecanismo total de fijación de precios, perpetrado por el PP en tiempos de Aznar. Una de tantas herencias envenenadas (como las autopistas radiales) que no suele mencionar Rajoy en su catálogo de denuestos contra los socialistas ni figuran en el catecismo del PP.

Industria deberá explicar ahora los fundamentos jurídicos

Para fijar el precio de la electricidad se suman dos factores: el resultado de una subasta, llamada Cesur, y los llamados peajes (costes de transporte, distribución, etcétera), que evolucionan en la práctica a discreción (limitada) del Gobierno. El enredo está y siempre ha estado en la subasta. A ella concurren las empresas comercializadoras, que son filiales de las eléctricas, y, como vendedores, intermediarios financieros (bancos comerciales, de inversión o mesas de trading de las compañías). 

Esta composición explica que el intercambio de ofertas y demandas que se produce en la subasta no es industrial, sino financiero. Es decir, el precio resultante de la electricidad incorpora, añade, una ganancia financiera.Con independencia de que el mercado esté condicionado o manipulado, el absurdo principal es que un cruce de operaciones financieras no puede ni debe determinar el precio de la tarifa doméstica. Es un dislate —como el de anular la subasta por las bravas— que solo se le podía ocurrir a los genios de perra chica de los Gobiernos aznaríes. Parece más propio, natural o adecuado fijar referencias como el precio medio al que se cruza la oferta y demanda eléctrica real en el pool (antes de la distribución).

O, como se hace en otros países, establecer un precio ex ante durante un periodo de tiempo y corregirlo en función de la evolución del mercado. Los procedimientos son múltiples y agotarían varios tomos de apretada lectura que ni este Gobierno ni sus supervisores de cámara están en disposición de leer. Basta un esquema general como resumen de lo que pueden y deben hacer: sustituir la reforma eléctrica actual, fiambre desde que Montoro retiró la aportación presupuestaria (¡gran hallazgo ese de trasladar el pago del déficit de tarifa de los consumidores a los contribuyentes!) y sustituirla por una ley que reordene el mercado eléctrico. En los siguientes términos: la producción eléctrica por tecnologías similares (gas, combustibles) que opere en el mercado; las tecnologías renovables, que operen en subasta; y las tecnologías amortizadas (nuclear, hidráulica) que operen en contratos bilaterales con la gran industria (así conseguirían, quizá, bajar los precios).

Pero afinar y concretar un plan de esta envergadura requiere cierto talento administrativo e independencia política, cualidades ausentes en este Gobierno. Los esfuerzos de Rajoy, Montoro y Soria por salir del lío en el que se han metido en la última semana pueden describirse con aquella frase de H. G. Wells sobre el estilo de Henry James: “Es como ver a un hipopótamo intentando coger un guisante”.

Fuente: El País