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| Roberto López Abad, ex director general de la CAM, recibió 5,8 millones de euros de indemnización. |
No sólo dejaron detrás una gestión más que discutible, sobre la que nadie les exige responsabilidades sino que, además, salen por la puerta “despedidos” o “jubilados”, llevando bajo el brazo jugosas y millonarias indemnizaciones y pensiones.
Este es el retrato de algunos de los exdirectivos de Cajas de Ahorros sometidos a procesos de restructuración cuyo apoyo, a costa del presupuesto público, tampoco nadie cuestiona.
La caja impulsó los despidos incentivados con el visto bueno de Trabajo
SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 16/10/2011
Las millonarias indemnizaciones por prejubilación de la antigua cúpula directiva de Caja Mediterráneo (CAM) -12,8 millones sólo para cinco excargos- tiene su origen en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de bajas incentivadas impulsado por la entidad, intervenida tras el fracaso de la fusión fría. La CAM siguió adelante con su parte proporcional del ERE del Banco Base, 973 trabajadores.
El ERE fue autorizado por el Ministerio de Trabajo el 2 de junio. El monto global del coste de los despidos para la Caja, según fuentes sindicales, ronda los 320 millones. La entidad consignó para este programa 147 millones en su presupuesto de 2010 y otros 57,9 en el primer semestre de este año. Hasta el 30 de junio, la caja había extinguido 266 contratos.
Entre los trabajadores que ya se han desvinculado de la CAM a través del ERE están el ex director general de la caja, Roberto López Abad (5,8 millones de indemnización); Agustín Llorca, ex director general adjunto (dos millones); Joaquín Meseguer, director general de participaciones empresariales (dos millones); Vicente Soriano, ex director de recursos (1,5 millones), y Gabriel Sagristá, ex director territorial de la zona norte (1,5 millones).
¿Por qué pudieron entrar estos exaltos cargos de la CAM al ERE? A este plan de bajas incentivadas podían acogerse los empleados con más de 55 años y una antigüedad mínima de 10 años. Los cinco exdirectivos cumplían esos requisitos mínimos, dado que todos habían accedido al cargo mediante la fórmula de la promoción interna. Y sus suculentas indemnizaciones son fruto de aplicar los parámetros recogidos en el ERE a su salario.
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Modesto Crespo, expresidente de la CAM, y María Dolores Amorós |
Otra exdirectiva que aspiraba a esas jugosas indemnizaciones era María Dolores Amorós, sucesora de López en la dirección general. Esta, por edad, no pudo acogerse al ERE, pero se subió el sueldo hasta los 600.000 euros y se asignó una pensión vitalicia de 370.000 euros, todo ello de espaldas a los órganos de control de la caja. El Banco de España frustró esos planes con su despido sin indemnización el pasado 26 de septiembre.
Está por ver el papel que jugaron el supervisor nacional y el autonómico en este proceso. Tras conocer estas millonarias indemnizaciones, el Gobierno y Generalitat Valenciana se han cruzado reproches mutuos. El Banco de España ha anunciado que estudia si puede exigir la devolución de las indemnizaciones. El Ejecutivo valenciano se ha desmarcado del desastre de la CAM, al menos hasta ahora. La Ley de Cajas valencianas le atribuye competencias de control a través del supervisor autonómico, el Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Este órgano tiene un representante con voz pero sin voto en la comisión de control de la CAM. Fuentes oficiales aseguran que el miembro del IVF solo va a las reuniones en vísperas electorales.
S. NAVARRO - Alicante - 16/10/2011
Los responsables de Caja Mediterráneo (CAM) antes de la intervención, el expresidente del consejo de administración, Modesto Crespo, y el exdirector general, Roberto López Abad, afrontan de manera diferente su vida tras desvincularse de la entidad. Pero en su actual rutina hay una constante que les mantiene en alerta: el creciente cabreo de sus convecinos, que los consideran responsables directos del saqueo de la caja.
Crespo reparte su tiempo entre su negocio de automoción en Elche y la presidencia del Patronato del Misteri d'Elx. Este emblemático cargo es el único que conserva, después de una década en la que escaló hasta la cúspide empresarial y financiera de la provincia de la mano del expresidente de la Generalitat, Francisco Camps. El tiempo libre lo ocupa en las partidas de dominó en un club social de Santa Pola. Tanto en la presidencia el Misteri como en ese club social ya lo miran de reojo.
López Abad, tras embolsarse los 5,8 millones de indemnización, se dedica exclusivamente a su familia. Los hábitos laborales han dado paso a la rutina doméstica. Es habitual verlo a primeras horas de la mañana, vestido con ropa deportiva, comprando el pan y el periódico. Pero la vuelta al anonimato de López Abad no es un remanso de paz. Ya ha experimentado en carne propia el calado social del lamentable estado al que abocó la CAM: un grupo de extrabajadores de la CAM insultó al exdirectivo en un club de tenis.
La Xunta y la oposición piden que se devuelvan los cobros millonarios
MARÍA FERNÁNDEZ - Vigo - 16/10/2011
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| José Luis Méndez, exdirector general de Caixa Galicia. 16,5 millones de euros por jubilación |
Arrastrados por la indignación que recorre el país, los partidos gallegos disparan contra todo lo que se mueve buscando a los responsables de las indemnizaciones de 23,6 millones para cuatro exdirectivos de la Novacaixagalicia. Hasta José Luis Baltar, el barón ourensano acusado de emplear a 400 familiares y cargos del PP en la Diputación, las califica como "una vergüenza, absolutamente inmorales". Los nuevos responsables del banco intentan recuperar parte de ese dinero.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó del asunto desde el minuto cero. Como "un indignado más", admitió desconocer las retribuciones y señaló al Banco de España como el único responsable. El recurso de su Gobierno contra el decreto de recapitalización de las cajas, que el Tribunal Constitucional admitió en junio, ha marcado una línea argumental de la que el PP no se aparta. La consigna la repite la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás: la fusión de dos cajas -que presentaban enormes solapamientos de oficinas- no fue una mala idea, hasta que el Gobierno de Zapatero "cambió las reglas del juego".
Volviendo a las indemnizaciones, la Xunta basa su desconocimiento de los contratos en la fecha en que fueron firmados: dos son anteriores al 2000 (con gobiernos de Manuel Fraga) y otro es del 2006 (PSOE-BNG). "El Banco de España conocía perfectamente todo lo que pasaba, tenía la sartén por el mango. Incluso valoró que Pego fuese director", insiste un diputado que enumera hasta ocho artículos, sentencias y directivas que detallan las competencias del supervisor en la política de retribuciones de las cajas.
Pero la Xunta forzó la fusión tras una auditoría de KPMG que, según se deriva de la explicación de Feijóo, no recogía ni una línea sobre esos contratos que se rescindieron tras una provisión de fondos de 23,6 millones de euros. Tampoco sabía nada el representante de la Consellería de Facenda en la comisión de control, un organismo ejecutivo que revisa los acuerdos del consejo de la caja. Según la ley autonómica, ese delegado puede solicitar "cuantos antecedentes e informes considere necesarios" a los órganos de gobierno.
En la cara B del disco está el propio consejo de la caja. En la sesión del 25 de agosto se informó de que había "contratos de alta dirección en vigor". Y que existía la posibilidad de que los ejecutivos pidiesen su rescisión. Se aprobó "una provisión para el eventual ejercicio de ese derecho", sin determinar ninguna cuantía. Es el último capítulo de una manera de actuar labrada durante años, bajo poder intocable de los directivos.
M. F. - Vigo - 16/10/2011
Londres, Miami o algún otro punto de Estados Unidos. Lejos de los focos, los exdirectivos de la caja de ahorros gallega eligieron viajar muy lejos cuando estalló el escándalo de las prejubilaciones multimillonarias. Pasadas dos semanas, José Luis Pego, -que recibió 10,8 millones-, ha vuelto a España. También lo ha hecho el que fuera responsable de la división inmobiliaria, Gregorio Gorriarán. Antes de hacerse pública su asignación, de 7,5 millones, había confesado a su círculo cercano que aspiraba a trabajar para NCG Banco con un contrato nuevo. Quizá por eso su Maserati estuvo aparcado en el garaje de la caja de ahorros varios días después de que firmase el finiquito. El ex director adjunto Javier García de Paredes (5,3 millones) eligió las Baleares para su retiro temporal. Los tres tienen las manos libres para trabajar en cualquier otra empresa.
José Luis Méndez, quien durante 29 años llevó las riendas de Caixa Galicia, sigue a cargo de la fundación, un organismo que no se ha asimilado al resto de la obra social. Alérgico a los aviones, se ha movido entre Galicia y Madrid, siempre manteniendo un perfil bajo. Tres meses antes de la fusión con Caixanova recibió 16,5 millones por la rescisión de contrato, el seguro y el plan de pensiones.
Julio Fernández Gayoso, exdirector de Caixanova, actual copresidente de la caja y consejero de NCG Banco, cobra desde 2006 una renta vitalicia.
MANUEL PLANELLES - Sevilla - 16/10/2011
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| Miguel Castillejo, con pensión vitalicia de 250.000 € al año |
El sacerdote Miguel Castillejo Gorraiz se buscó una estupenda salida. Tras casi 30 años presidiendo la extinta Cajasur (hoy propiedad de la BBK) se garantizó un sueldo vitalicio al dejar la entidad cordobesa en 2005. Cuando él muera, lo seguirán cobrando sus hermanas. Para ello, la caja suscribió en 2001 una póliza con Caser. Cajasur pagó 4,3 millones.
La Junta de Andalucía declaró ilegal la póliza en 2003. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sentenció en 2006 que era legal, con lo que el sacerdote sigue cobrando su pensión, equivalente al sueldo que recibía cuando era presidente: unos 250.000 euros anuales.
La pensión no fue lo único que se garantizó. El sacerdote constituyó en febrero de 2004 la Fundación Monseñor Castillejo Gorraiz, "cuyo fin es promover el humanismo cristiano como pauta de toda acción social, económica y cultural". Esta fundación recibió de Cajasur 835.000 euros entre 2005 y 2009. Varios trabajadores de la entidad fueron destinados allí y la caja se hacía cargo del conductor y el coche de los que disfrutaba el sacerdote.
¿Y la sede de la fundación? También consiguió Castillejo que le donaran el Palacio de los Valdefloro, un edificio de 1890. Se lo regaló Rafael Gómez, empresario y hoy también concejal en Córdoba con partido político propio. Gómez era el dueño de Arenal 2000, una de las constructoras con las que Cajasur adquirió más riesgos durante la etapa de Castillejo.
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| Adolf Todó |
LLUÍS PELLICER - Barcelona - 16/10/2011
Los 14 nuevos consejeros del banco de CatalunyaCaixa se encontraban por primera vez el pasado martes en su histórica sede de la plaza de Antonio Maura de Barcelona. Tras la reunión vino la foto de familia. En el centro de la imagen posaba Adolf Todó, que ya pilotaba la entidad fruto de la fusión de las antiguas cajas de Catalunya, Manresa y Tarragona, flanqueado por su número 2, Jaume Masana, y por el hasta entonces presidente de CatalunyaCaixa, Manel Rosell.
Y es que la entrada del capital público no se ha llevado por delante a ningún directivo de CatalunyaCaixa. Al contrario. El Banco de España ha dado un espaldarazo a sus gestores y, lejos de cambiarlos, ha dado luz verde al ascenso de Todó como presidente ejecutivo del banco de CatalunyaCaixa y a su número 2, Jaume Masana, como consejero delegado de la entidad. Ambos, señalan fuentes conocedoras del proceso, inspiran confianza al Banco de España, que valora su gestión desde que llegaron a la antigua Caixa Catalunya en 2008 para enderezar su rumbo.
El proceso hasta la recapitalización por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que participa en un 89,7% en la entidad, no ha estado exento de polémicas. CatalunyaCaixa vivió en febrero la salida de Fernando Casado tras una fugaz de presidencia de tres meses. Una marcha que, según su entorno, tuvo que ver con la imposibilidad de ostentar funciones ejecutivas en la entidad.
Además, el reclamo "todas tus recargas" es falso, ya que la compañía impone que esta promoción sólo se aplica a las llamadas que se realizan a números Movistar y números fijos, así como a SMS/MMS que se envíen a números del operador móvil del Grupo Telefónica.
Foto de familia del PP con boina de polución de fondo (@equipogallardon)
