martes, 5 de febrero de 2013

Consumidores masivamente estafados. "El crimen de los aparatos", artículo de Vicente Molina Foix




El crimen de los aparatos. 


Grandes estafas que afectan a miles de consumidores se saldan con una multa


Soy poseedor, como todos ustedes, de una variada gama de electrodomésticos de las marcas más reconocidas, y mi satisfacción global con ellos es grande; tanto, que la mayoría ha crecido a mi lado, alcanzando una edad apenas un poco menos longeva que la mía. De hecho, el microondas, al que me siento enormemente apegado, y el ordenador de consola, constituyen, cada uno a su modo, vestigios de una era electrónica pre-moderna. ¿Se le puede tener cariño a un lavaplatos, a un fax, a una maquinilla de afeitar, a un tocadiscos? Se le puede. Yo soy la prueba.

Imaginarán, por tanto, el estupor, la congoja, la ira y el desencanto que se apoderaron de mí al saber que las empresas Philips, LG, Panasonic, Toshiba y Samsung habían sido declaradas culpables de un grave delito de fraude comercial junto a otra, Technicolor, de la que no creo tener ningún producto en mi parque doméstico de aparatos. La operación fraudulenta, como lo contaba una noticia fechada en Bruselas hace pocas semanas, consistía en “amañar el negocio de los tubos catódicos”, componente técnico que, sin estar seguro de lo que es en puridad, debo de tener empotrado, de nuevo como todos ustedes, en la entraña del televisor. Los altos ejecutivos de esas firmas, conchabados en la conspiración, se reunían periódicamente en hoteles de lujo asiático y allí pactaban los precios del tubo en cuestión, su reducida producción, para encarecerlo de modo abusivo, y el reparto de cuotas y mercados, que ha durado por lo visto diez años. Delatadas dichas prácticas por un ‘arrepentido’, la Comisión Europea les ha impuesto conjuntamente la mayor multa de la historia comunitaria, 1.470 millones de euros. Mucho dinero, diría yo, para la mayoría de nosotros. ¿Y para ellos?

Pasado el momento de la consternación inicial, de la melancolía doméstica, de la cólera retrospectiva, algo mucho peor que el ‘caso criminal de los tubos catódicos’ cobra relieve, sobre todo si lo relacionamos con otros delitos de envergadura conocidos por las mismas fechas. A saber: la Unión de Bancos de Suiza (UBS), pagará 1.250 millones de euros por manipular los tipos de interés del mercado interbancario, algo en lo que sigue al Barclays británico, entidad que tuvo que abonar en junio de 2012 el equivalente a 360 millones y por las mismas causas, mientras que nuestra Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha castigado con una multa de119 millones a tres de las grandes operadoras telefónicas, Movistar (que habrá de pagar 44,49 millones), Vodafone (43,52 millones) y Orange (29,95 millones), por cargar precios excesivos al servicio mayorista que prestan, a los operadores móviles que no disponen de red propia, en el envío y recepción de mensajes de texto (SMS). Muchas siglas, mucho dinero, mucha multa. Muchísimo sinvergüenza.

Se trata, sin embargo, de prácticas corrientes, casi podríamos decir que acreditadas y previstas en el funcionamiento del mundo mercantil. Un mundo en el que los consumidores, los usuarios de una pantalla de plasma o un frigorífico, los clientes de un banco, los ilusos que nos comunicamos tecleando en el móvil lo que los franceses, en simpática ‘espagnolade’, llaman “textòs”, estamos como víctimas propiciatorias en el centro de una red tensada, por un lado, por los empresarios entregados al logro de la estafa, sabedores de que en el extremo opuesto de la red está la autoridad, en estos casos disfrazada del Tío Paco de la rebaja, o de magnánima diosa de la multa. Y se extiende así entre nosotros la conciencia de que el delito forma parte del curso de las cosas, instaurándose el principio tácito de que engañar, abusar, estafar, amañar, y robar con guante blanco son modalidades inherentes al tejido de nuestra trama vital. Todo el mundo lo hace, o lo haría, es el corolario de ese principio, imperfecto sólo por una razón: a alguno de los delincuentes se le pilla. De hecho, el fundamento de tal sistema es el juego de azar, sujeto a las caprichosas vueltas de la bola de la culpa en la ruleta de la justicia. ¿Y si toca?

Si toca, llega la super-estructura del organigrama: la multa. La multa como panacea, como redención, como respiradero del fétido submundo del robo sistemático, es decir, sistémico. Y con ello, la gran sospecha en aumento: ¿Depende la continuidad del tinglado del equilibrio entre esas dos deidades protectoras que Santayana, con ácida ironía, veía como los amigos sobrios que sostienen la borrachera del error humano, manteniéndolo en límites aceptables? Para el filósofo inglés nacido en Madrid esas dos deidades eran el Castigo y el Acuerdo.

La multa y el pacto, en términos políticos actuales. Y de ese modo, la financiación ilegal de un partido, con su cuantiosa propina embolsada por el intermediario, el comisionismo de los alcaldes y los concejales, el uso de dinero público para gastos privados, el desvío de lo sustraído a cuentas en Suiza o paraísos de latitudes más cálidas, son patas del sistema, patas de lobo con pezuña negra blanqueada, que en público conviene denostar y sin las que, pueden decir los cínicos, el ‘status quo’ no se mantendría estable.

Encima de las patas está el cuerpo social, más y más separado en función de su debilidad y su musculatura. El prevaricador, el defraudador, el estafador, si es detectado por la ley, saca pecho y paga. Rara vez paga su culpa; paga la calderilla de una pena pecuniaria para la que lleva años acumulando reservas.

Ningún banquero corrupto o inepto en la cárcel, pese al daño sin reparación causado a millones de ciudadanos; ningún político indigno y vil, de cualquier sigla, en la cárcel, pues si acaso llegara a entrar, no tardará el indulto de sus conmilitones o de sus colegas de otra ideología, convertidos por ‘compañerismo’ en cómplices de la inmoralidad; ninguna empresa multinacional suspendida en sus actividades por el lucro indebido. Y, por el contrario, el pequeño delincuente, el insolvente, el que le adeuda al banco una suma que no tiene, por no tener trabajo, o el que le debe al gobierno de su ciudad un tributo que el gobernante no deja de acrecentar, ah, ése habrá de responder con todo lo que tenga, y con lo que no tenga, y será desposeído, humillado y encausado con una celeridad pasmosa que los poderosos de la balanza dilatan años y años con las mañas de sus caros asesores legales.

Decía La Rochefoucauld que “Somos muchos más duros con los que nos traicionan en pequeñas cosas que con los que cometen grandes traiciones a los demás”. Vivimos un momento de grandes traidores, no todos criminales, aunque los traidores a su cometido representativo, a su función rectora, son igual de dañinos. Cada día resulta más difícil confiar en los ‘aparatos’; los de la política según está establecida, los de la empresa, ávida, por encima de todo, de ganancia en la cúpula, los de los organismos supranacionales, tan a menudo aquejados de parálisis. Mientras, en Grecia, que fue la cuna de la civilidad, asaltan estos días las sedes de los partidos, las oficinas de los periódicos y a ciertos gobernantes significados con bombas incendiarias y cócteles Molotov hechos en la cocina. No es una buena noticia. En realidad, ni siquiera es noticia. Se esperaba. ¿Desesperaremos?

Vicente Molina Foix es escritor.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/01/18/opinion/1358522366_991129.html

Un ejemplo a seguir: diputados suecos





Los miembros del Riksdag (Parlamento sueco) no trabajan menos que otros y sin embargo no tienen privilegios.

Lo normal es que vayan a su trabajo en transporte público o bicicleta. Si tienen que residir en la capital durante la semana lo hacen en pequeños apartamentos con lavandería comunitaria. Tampoco tienen asistentes ni derecho a vehículo oficial.

Todo un ejemplo a seguir sintetizado en este pequeño reportaje emitido por una cadena brasileña.


lunes, 4 de febrero de 2013

PP y PSOE vetan en el Congreso a los jueces más críticos con los desahucios




El Partido Popular, con el aval del PSOE, ha vetado la presencia en el Congreso de los dos jueces que más se han destacado en sus críticas hacia la legislación actual de desahucios. Ni Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y coordinador de un informe demoledor contra el sistema, ni José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española, serán escuchados en la Cámara por los diputados que trabajan en la ley que ha de plantear las reformas necesarias. En ninguna de las dos audiciones previstas de mañana y el miércoles habrá un solo representante de la judicatura, el estamento que más de cerca conoce el problema de los desahucios y que se ha destacado por su movilización en este asunto.

Tras la publicación del informe de Almenar en octubre pasado, la alarma social desatada por los estragos de la crisis y varios casos de suicidio de personas afectadas por los desalojos, el Gobierno aprobó en noviembre pasado medidas urgentes para frenar los procesos contra las personas en situaciones más precarias. El Congreso ha de convalidar esas medidas y buscar modificaciones legales de más calado.

El nombre de Almenar para acudir a la comisión había sido propuesto por CiU y por el grupo popular. Almenar, sin embargo, solo recibió hace tiempo la llamada de la formación política catalana para saber si estaba de acuerdo en su candidatura. Ha sido descartado sin que nadie le haya vuelto a contactar. José María Fernández Seijo iba a acudir a propuesta del PSOE, pero el viernes recibió una llamada de los socialistas para advertirle de que ya no contaban con él. Los miembros de la comisión de Economía y Competitividad del Congreso que organiza las audiciones sí lograron mantener, en cambio, la comparecencia de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que el grupo popular se oponía. Su comparecencia la reclamaban los socialistas, CiU y la Izquierda Plural.

Finalmente, solo comparecerán en las audiciones seis de los diecinueve expertos propuestos por los grupos. Dos de ellos representan a la banca y otros dos, a los afectados. La lista final es la siguiente: Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, Fernando Pedro Méndez, experto en derecho registral de la Universidad de Barcelona, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca y Ada Colau.

Alberto Garzón, el representante de Izquierda Unida, deploraba ayer, al igual que UPyD, la eliminación de los dos jueces llamados a comparecer, y culpaba al PP de convertir las audiciones en una operación de imagen. “El PP es el que ha forzado que haya solo seis expertos y que estos sean escuchados durante solo quince minutos. El PSOE tiene por costumbre pactar con el PP de forma sistemática en la comisión de economía y competitividad del Congreso”. La portavoz socialista en dicha comisión, Leire Iglesias, explica que lo que su partido pretende es “intentar llegar a acuerdos”. “Nos costó meter a Ada Colau y nos pidieron renunciar a alguien. El PP también lo ha hecho. Nosotros valoramos el cambio a mejor del Gobierno, que ha pasado de no querer revisar nada a lanzar este proceso legislativo”. El diputado popular que lleva este asunto, Pablos, Matos rehusó hablar ayer con EL PAÍS. Dijo a través de un portavoz que el PP busca el máximo consenso.

José María Fernández Seijo estaba ayer perplejo ante la situación generada, mientras que Almenar fue más comprensivo. “Lo importante”, dice, “es que se tomen medidas legislativas que sean más equilibradas para ambas partes en los procesos de desahucio”. A pesar de contar con su acuerdo, la socialista Leire Iglesias lamenta la ausencia de ambos en el Congreso. “El problema fundamental está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el informe de los jueces de octubre pasado coordinado por Almenar fue muy importante al respecto. Ellos conocen bien los procedimientos”.

La medidas urgentes aprobadas en noviembre dejaron en suspenso durante dos años los desalojos que afectaban a los ciudadanos más vulnerables. Para Leire Iglesias es urgente una reforma más profunda de la legislación para evitar abusos de ley y unos intereses de demora excesivos. De hecho, esas suspensiones no han paralizado los procedimientos. “Al cabo de dos años, según nuestros cálculos, los acogidos a dichas medidas habrán aumentado, de media, su deuda con los bancos en 18.000 euros y todavía pueden perder sus casas”.

Fuente:  El País

sábado, 2 de febrero de 2013

Contaminación atmosférica y salud. La OMS revela que la polución daña la salud más de lo que se creía y pide a la Comisión Europea que endurezca la legislación



 
La mayoría de los europeos viven expuestos a unos niveles de contaminación tan nocivos para la salud que les recortan la esperanza de vida más de ocho meses de media y más de dos años en las regiones más contaminadas. Por ello, la Unión Europea reclamó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que actualizara sus recomendaciones teniendo en cuenta las nuevas evidencias científicas recogidas en los últimos años. En su informe, la OMS reclama a la UE que endurezca sus límites legales, ya que nuevos estudios dejan claro que las partículas contaminantes son incluso más letales de lo que se pensaba y provocarían todo tipo de problemas de salud, como aterosclerosis, defectos de nacimiento y enfermedades respiratorias infantiles. 

La Comisión Europea, que fue la que encargó el estudio y lo cofinanció, ha anunciado que revisará los límites permitidos, para rebajarlos. España, igual que otros Estados miembros, incumple la normativa europea actual, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.

La OMS ha analizado los estudios científicos publicados en los últimos años en revistas especializadas, explica el investigador del CSIC Xavier Querol, uno de los ocho científicos asesores encargados del informe, en el que han participado decenas de expertos de todo el mundo. El documento, aún preliminar a la espera de que dentro de unos meses se publique el definitivo, evalúa las publicaciones sobre efectos en la salud humana de los contaminantes atmosféricos desde 2005. Ese año la OMS publicó su guía sobre calidad del aire, y no había vuelto a actualizarla.

Estudios recientes asocian la exposición a distintos contaminantes con problemas de salud como la arteroesclerosis, enfermedades respiratorias, diabetes, dificultades en la función cognitiva, partos prematuros... El informe de la OMS recoge todos esos estudios y con ellos responde a 22 preguntas en cuatro bloques. Uno de ellos está dedicado en exclusiva a los efectos en la salud que tiene la proximidad al tráfico rodado. “Hay estudios americanos que muestran que los niños que viven cerca de vías con mucho tráfico empeoran del asma que padecen, y que algunos que no eran asmáticos pasan a serlo”, explica Querol.

“El contaminante con mayor efecto en la salud sigue siendo las partículas en suspensión, en especial las finas y ultrafinas. No obstante, el ozono y los óxidos de nitrógeno también tienen un efecto muy evidente sobre la mortalidad y morbilidad de la población”, añade. Una de las recomendaciones que hace el informe consiste en reducir los valores límite de partículas en suspensión PM2,5, también llamadas partículas finas (miden menos de 2,5 micras). Son sustancias generadas por la combustión de carburantes fósiles, en especial de los vehículos diésel —emiten hasta seis veces más partículas que los de gasolina— y están compuestas por elementos tóxicos como metales pesados. Son especialmente peligrosas por su capacidad de penetración en las vías respiratorias. Los estudios científicos han encontrado un nexo causal entre las PM2,5 y la mortalidad cardiovascular y respiratoria.

La legislación europea permite una media anual de 25 microgramos por metro cúbico, mientras que la OMS ya en 2005 estableció que el umbral de protección a la salud debía ser inferior a 10. En Estados Unidos el valor límite es de 15. En algunas ciudades españolas ni siquiera se miden las PM2,5, por lo que no hay datos sobre el grado de contaminación. Ya en 2010, investigadoresespañoles relacionaron la contaminación de las partículas del diésel con elaumento de mortalidad por infartos, cardiopatías isquémicas e ictus en Madrid. Otro estudio español, del Instituto de Salud Carlos III, demostró relaciónestadística entre las altas concentraciones de PM2,5  y los ingresoshospitalarios en la capital.

La Comisión Europea cree que también es necesario revisar los límites de la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), un gas tóxico que irrita las vías respiratorias y que procede básicamente del tráfico. “Estudios recientes han asociado la exposición a corto y largo plazo al NO2 con la mortalidad, ingresos hospitalarios y síntomas respiratorios en concentraciones iguales o inferiores a las que permiten los límites europeos actuales”, asegura la Comisión Europea en un comunicado que hizo público el jueves para anunciar que piensa endurecer la legislación. “La política de calidad del aire de la Unión Europea debe estar basada en las últimas evidencias científicas”, señaló el comisario de Medio Ambiente, Janez Potocnik. “Por eso pedí a la OMS que hiciera este estudio. Las relaciones que ha encontrado entre la contaminación del aire y la salud humana refuerzan la necesidad de ampliar nuestras políticas: esta será una de las claves en la revisión de la política de calidad del aire de 2013”, añadió.

Más del 80% de la población europea está expuesta a niveles de partículas en suspensión que superan las recomendaciones de la OMS, recuerda Bruselas. Esto supone a cada ciudadano, de media, una merma de 8,6 meses de vida. En julio pasado laComisión rechazó la prórroga solicitada por España para que Barcelona, la zona del Vallès-Baix Llobregat y Palma de Mallorca pudieran sortear durante cinco años más la obligación de cumplir los límites máximos de contaminación por dióxido de nitrógeno. La legislación permite una media anual máxima de 40 microgramos por metro cúbico de este gas, un límite de obligado cumplimiento desde 2010. Barcelona rondó los 50 microgramos en algunas estaciones ese año. Madrid, por su parte, espera que la Comisión se pronuncie sobre lamoratoria que pidió la alcaldesa, Ana Botella. Otras dos zonas de la región de Madrid, el Henares y el Sur, síhan conseguido la prórroga.

La Comisión Europea aseguró ayer a este diario que “en los próximos meses” podría abrir expedientes sancionadores —llamados en jerga comunitaria procedimientos de infracción— contra España y otros países europeos. Se sumaría a la que inició en 2010 por no cumplir con los límites establecidos para las partículas de suspensión —PM10—, de obligado cumplimiento a partir del año 2005. España es uno de los 17 países que no han conseguido reducir la polución por estas partículas en suspensión.

Fuentes: