La asociación Adicae señala que los abusos más habituales son el cobro
irregular de comisiones, los intereses elevados o la compensación
injustificada de saldos
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) ha detectado cerca de medio millar de cláusulas abusivas
(concretamente, 469) en prácticamente todas las entidades financieras
de España correspondientes a todo tipo de productos y servicios
financieros, cifra que la asociación considera "mareante, propia de un país absolutamente al margen del derecho y la defensa de los derechos de los usuarios".
Después de efectuar un análisis pormenorizado de 278 contratos de 52 entidades diferentes,
Adicae "ha podido comprobar cómo las entidades bancarias, prevaliéndose
de su posición contractual de fuerza frente a los consumidores, han
venido incorporando en todo tipo de contratos alrededor de medio millar
de cláusulas abusivas". Las más habituales en los contratos analizados
son el cobro irregular de comisiones, muchas veces sobrevaloradas e incluso duplicadas, la compensación injustificada de saldos, el cobro de intereses abusivos (generalmente de demora) y su capitalización, y cláusulas en las que la entidad prevé que ha informado al consumidor.
"El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", denuncia Adicae
Según el estudio, en algunas de las cláusulas abusivas detectadas se
obliga a los clientes a sufragar y mantener costes y gastos muy
elevados "que en ocasiones no tienen la obligación de soportar".
"El objetivo es maximizar la ganancia a costa de lo que sea", añade
Adicae en un comunicado en el que indica que se han analizado desde
contratos de tarjetas de crédito y débito y cuentas corrientes y de
ahorro, hasta contratos de préstamo con garantía hipotecaria y contratos
de inversión.
Adicae ha analizado las ofertas de 52 marcas
bancarias; muchas de ellas integradas en otras entidades mayores debido
al proceso de absorción y fusión que se viene desarrollando desde el
inicio de la reestructuración bancaria, por lo que todas las grandes
corporaciones bancarias resultantes del proceso están afectadas por el
fenómeno de las cláusulas abusivas. Entre las 52 entidades analizadas se
encuentra Bankia, Liberbank, Banco Sabadell, CaixaBanc, Ibercaja, Banco Santander, Banco Popular o la Kutxabank o NCG Banco.
Tras detectar y recopilar todas las denuncias en un informe, la
asociación las ha remitido al Instituto Nacional de Consumo (INC), la
Agencia Catalana de Consumo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(CNMV) y el Banco de España. De estas comunicaciones, que se
añaden a las quejas que los propios consumidores remiten a los servicios
de reclamaciones de estos organismos, "se vienen derivando actuaciones
de advertencia que, sin embargo, las entidades financieras ignoran permanentemente", señala la asociación, que considera "indispensable dotar de mayor autoridad y capacidad sancionadora a los supervisores bancarios".
Foto. Edificio del Banco de España. REUTERS
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lunes, 20 de enero de 2014
Los consumidores denuncian casi 500 cláusulas abusivas de los bancos
martes, 14 de enero de 2014
¿Cuánto vale un litro de aceite?, por Vidal Maté
Con los precios del aceite por los suelos en
origen, entre 1,70 y 1,75 euros kilo para un tipo lampante de calidad media
para refinar, los precios de venta en la mayor parte de la gran distribución se
situaban en los últimos días en el entorno de los 2,70-2,99 euros litro,(*) una
cifra casi igual que hace unos meses cuando los precios en origen llegaban a
los 2,70 euros kilo. Y, en las mismas fechas, como suele suceder en la cuesta
de enero, con los mismos precios baratos en origen, un gran grupo de
distribución había iniciado ya la carrera de las ofertas con uno precio de 1,89
euros litro, línea que como ya casi es habitual, es presumible que sigan otros
grandes grupos de la distribución. Un mismo aceite de oliva, en las mismas
fechas, con una diferencia de precio de casi un euro al consumidor. ¿Es el
mismo aceite?. ¿Tiene la misma calidad?. ¿Por qué si los precios en origen
pagados al olivarero y los de cesión de la industria a la distribución han
tenido una bajada tan importante, esa reducción no se ha reflejado ya en los
precios finales de venta, lo que podría haber provocado el aumento de una
demanda que no acaba de despegar en el meco interior?.¿Por qué si un grupo
acomete esas bajadas de precios, otros no lo pueden hacer?. ¿Por qué, en un
momento determinado, todos se ponen en oferta, en muchos casos con precios más
baratos que los precios en origen?.
Es viejo que la gran distribución
está utilizando el aceite de oliva como uno de esos productos reclamo donde,
casi siempre, hay una marca propia o de fabricante en oferta para atraer a la
cesta de la compra, en algunos casos con ventas a pérdidas sin que tanto
Defensa de la Competencia como Comunidades Autónomas hayan dado los pasos
mínimos para evitar este tipo de prácticas ilegales. Pero, desde hace unos
meses, la gran distribución, además de tener al aceite como producto reclamo,
habría decidido tener también al aceite como recurso para hacer negocio sin
repercutir la bajada registrada en origen y en el precio de venta de las
industrias. En el fondo, un juguete manejado según lo requiera la ocasión o los
intereses del grupo.
Hace unas fechas entró en vigor
la nueva Ley impulsada por Agricultura para la mejora de la Cadena Alimentaria por la que, en teoría, se busca clarificar todos esos procesos para acabar con
la posición dominante de la gran distribución. Las dudas sobre su futura
eficacia surgen cuando hoy ya hay normas suficientes para atajar este tipo de
prácticas y tanto Economía como las Comunidades Autónomas miran para otra parte
para perseguir las ventas a pérdidas que no se contemplan específicamente en
esta Ley.
En línea con la búsqueda de una
mayor transparencia en el sector, Agricultura, organizaciones agrarias,
industrias y los grupos de la gran distribución, acaban de firmar además un
convenio por el que todas las partes se comprometen a trabajar conjuntamente
para mejorar la calidad del aceite de oliva y, sobre todo, para la promoción y
la información sobre el mismo a los consumidores como un producto en el
segmento alto de calidad. Era necesario ese convenio, un viejo empeño de Arias
Cañete para tratar de implicar a la gran distribución en la problemática de la
producción, y no será fácil ver resultados inmediatos, dados los vicios existentes.
España es, con diferencia, el primer país productor de aceite de oliva del
mundo, pero una gran parte de la población no sabe distinguir sus tipos y la
riqueza de variedades con sus cualidades específicas, desde los suaves de
arbequina catalanes u hojiblancas andaluces, a los fuertes como cornicabra en
la zona centro, el picual en Jaén o los amargos extremeños. Se trata de un
convenio similar al suscrito hace un año por las mismas partes para apoyar unos
precios sostenibles que permitieran una rentabilidad de las explotaciones
ganaderas, e ir eliminando la leche como ese producto reclamo barato y
banalizado. En el caso del aceite, el convenio no cita textualmente ese
objetivo, pero todo el mundo coincide que el reto es el mismo: no banalizar el
precio del aceite cómo y cuando le interese a un grupo de distribución en sus
guerras de sector y apoyar su demanda desde la información.
Con el permiso de la gran
distribución y por la propia imagen de calidad y respeto al esfuerzo de los
productores, la leche no puede valer menos que el agua, aunque ésta se venda en
un continente de cristal de diseño, ni un aceite se debería vender a menos del
precio en origen por su calidad y como alimento saludable. Es una imagen de
calidad y producto diferenciado que se trata de ofrecer en el exterior para
ganar mercados y a un mayor precio. Pero, en casa de herrero, cuchillo de
palo….Y no se puede pedir que chinos, japoneses o norteamericanos lo paguen y
lo encumbren en los altares de la gastronomía, cuando aquí lo tiramos por los
suelos y ha sido el juguete en las batallas de la gran distribución en medio de
la indiferencia oficial, algo que ahora trata de cambiar Agricultura.
Y, al final, ¿cuánto vale un
litro de aceite de oliva? Una cifra ligada a sus costes de producción, a los
mercados, o lo que fije en cada momento la gran distribución? ¿Nos engañan
cuando lo venden muy barato, cuando lo venden caro, o en ambos casos? Sería
bueno que funcionara ese convenio aunque, en el caso de la leche, el resultado
no ha sido para tirar cohetes y que, por otra parte, con la Ley de la Cadena
Alimentaria , ya en vigor, se lograra una mayor transparencia en la formación
de los precios.
(*)Para eleborar un litro bastan
0,916 kilos de aceite
lunes, 13 de enero de 2014
Ley de mutuas: criminaliza al enfermo, concediendo más poder a la patronal para dualizar y privatizar la sanidad, de Jesús Uzkudun
Tras
la intensa campaña realizada durante años por la patronal CEOE contra
el "absentismo fraudulento de los trabajadores y la negligencia de los
médicos de los Servicios Públicos de Salud en la concesión de bajas por
enfermedad común" - que ha sido apoyada con incentivos económicos por
los Gobiernos del PSOE y el PP para que las empresas concierten con las
Mutuas la gestión de la enfermedad común- el Gobierno Rajoy les
concede un nuevo regalo de Navidad: ha aprobado la Ley de Mutuas, que
les concede mayores competencias. Al mismo tiempo anuncia un ahorro
anual de 511 millones de euros mediante la reducción del absentismo
laboral. Lo que no cuentan es el perjuicio que soportaran los más
débiles, es decir, los enfermos.
La
campaña de las Mutuas y la CEOE, apenas ha tenido respuesta desde los
sindicatos y los comités de empresa (salvo limitadas campañas en
Euskadi), ni tampoco por los médicos de atención primaria ni las
Plataformas de defensa de la sanidad publica.
La
aprobación del proyecto ley de Mutuas se produce con el desprecio
absoluto a las reivindicaciones sindicales. Sobre todo, cuando se
generaliza el "Presentismo", es decir, la practica de acudir enfermo al
trabajo, para evitar ser despedido u obligado por las dificultades
económicas, tras desaparecer con la baja por enfermedad muchos de los
complementos salariales recogidos en los convenios.
Ley de mutuas
Con el objetivo de reforzar la lucha contra "el absentismo laboral injustificado" y conseguir "mejorar la competividad de las empresas",
el Gobierno del PP aprobó el proyecto Ley de Mutuas, mediante el cual
dejarán de denominarse Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social (MATEPSS), para pasar a ser Mutuas
de la Seguridad Social, después de asumir competencias más amplias que
la cobertura de los accidente de trabajo y las enfermedades
profesionales.
A
partir de la ley, las Mutuas Patronales asumen el control desde el
primer día de todas las bajas de los trabajadores enfermos, incluida la
enfermedad común, la maternidad o el accidente no laboral, en los
supuestos que la Mutua haya concertado con el empresario la gestión de
la incapacidad temporal por contingencia común.
Las Mutuas tendrán la competencia de denegar, suspender o anular la prestación económica,
sin perjuicio de los partes de alta o baja emitidos por los médicos de
la sanidad publica. Cuando las Mutuas, en su función de control y
seguimiento de la incapacidad temporal, consideren que el beneficiario
podría no estar impedido para el trabajo, realizaran propuestas
motivadas de alta a través de sus médicos, dirigidas al facultativo de
la sanidad publica que emitió la baja y la Inspección Medica dispondrá
de 5 días, para comunicarle el alta o la confirmación de la baja con un
informe justificativo. Transcurrido el plazo de cinco días, si la
Mutua no recibe la confirmación de la baja (como probablemente
sucederá), está adoptara la decisión de extinguir la prestación
económica. Los enfermos y las Mutuas, podrán impugnar dichas
resoluciones ante el Instituto de la Seguridad Social, incluso
judicialmente, aunque la opinión y las resoluciones de las Mutuas salen
reforzadas en el procedimiento en la nueva Ley. Igualmente, las Mutuas
anularán la prestación económica, en el supuesto de incomparecencia del enfermo a la cita de control de Incapacidad Temporal en sus instalaciones.
Asimismo,
la Ley obliga a eliminar en su totalidad la participación de las
Mutuas en las Sociedades de Prevención, creadas a finales de los años
90 por dichas entidades. A lo largo de 2014, deberán vender o cerrar
dichos servicios de prevención ajenos: privatización absoluta.
¿Qué son las mutuas?
Con
la Ley de Accidentes de Trabajo promulgada en el año 1900, las Mutuas
se constituyen como asociaciones de empresarios para asegurar los
posibles daños de sus trabajadores ocasionados por los accidentes de
trabajo. Su papel inicial era asegurar las prestaciones económicas,
pero mas tarde asumirán actividades rehabilitadoras o curativas y de
control de seguridad e higiene en las empresas asociadas.
Con
la creación de la Seguridad Social, a mediados de los años 60, en
plena Dictadura, las Mutuas logran consolidar un sistema dual: 1) La
protección de los accidentes y enfermedades profesionales de los
trabajadores, cubiertos mediante cuotas de la Seguridad Social, que
será gestionada por las Mutuas patronales, como entidades "sin animo de
lucro" colaboradoras de la Seguridad Social; 2) El Servicio Nacional
de Salud, universal y financiado vía impuestos, cuya gestión será
trasferida más tarde a las Comunidades Autónomas.
En
la actualidad, tras un proceso de fusión, existen 20 Mutuas, con
diferentes tamaños e implantación territorial, siendo previsibles
nuevas fusiones o absorciones, que serán bendecidas por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social. Estas Mutuas son: Fremap, Asepeyo,
Universal, Fraternidad, MC Mutual, Ibermutuamur, Umivale, Maz, Activa,
Mutualia, Unimat, Gallega, Balear, Egasart, Montañesa, Intercomarcal,
Mac, Cesma, Navarra y Solimat, que en su conjunto obtienen unos ingresos
anuales de 10.189.467.670,25 euros, por cotizaciones de las empresas,
disponiendo de una plantilla de 20.730 empleados.
De
asegurar inicialmente los daños sufridos por los trabajadores
accidentados, las Mutuas han logrado ampliar sus funciones y
competencias, gracias a la apuesta y convicción de los Directores
Generales y gestores políticos de la Seguridad Social que,
independientemente de que el gobierno fuese del PSOE o del PP, han
venido afirmando, con poca vergüenza que "la gestión privada es más
eficaz que la publica".
Veamos algunas de las funciones de las Mutuas:
- La gestión de las prestaciones económicas y de asistencia sanitaria, incluida la rehabilitación de las contingencias profesionales, es decir de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
- La gestión de la prestación económica por incapacidad temporal por enfermedad común, tras acuerdo con el empresario.
- La gestión de la prestación por riesgo laboral durante el embarazo o lactancia.
- La gestión de las prestaciones económicas por cese de la actividad de los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
- La gestión de la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Las
Juntas Directivas de las Mutuas estarán compuestas por diez o quince
empresarios, de los cuales el 30%, corresponderá a aquellas empresas
con mayor numero de trabajadores, garantizándose la participación de un
representante de los trabajadores de la Mutua. No podrá ostentar el
cargo de Director-Gerente, aquellas personas que desarrollen actividad
remunerada en cualquier empresa asociada. Pero, curiosamente, no existe
obstáculo alguno para que el Director Gerente de MUTUALIA, la mutua de
mayor implantación en Euskadi, sea a su vez Presidente de CONFEBASK
(la patronal vasca) o que directivos de las Mutuas representen a la
CEOE en diferentes mesas de negociación.
Se
continúa manteniendo los órganos de participación: 1) las Comisiones
de Control y Seguimiento, con participación de las organizaciones
empresariales y sindicales, incorporando por primera vez un
representante de las asociaciones de trabajadores autónomos; 2) así
como la Comisión de Prestaciones Especiales, con similar participación,
con fondos destinados a ayudar a las victimas.
Resulta
ilusorio soñar con el control sindical de estas instituciones,
mediante la participación trimestral en las reuniones de forma
gratuita. Pero puede ser útil si es acompañada de una acción sindical
perseverante contra el despotismo de la Mutuas, realizando "escraches" u
otras movilizaciones de respuesta.
Consecuencias de la Ley de Mutuas
No
cabe duda que, con las nuevas competencias, las Mutuas reducirán el
absentismo mediante la presión y el maltrato a los enfermos. Los
Inspectores de Sanidad y los médicos de atención de primaria se verán
desbordados y mayoritariamente desistirán de realizar contrainformes de
respuesta a los criterios de la Mutua. Por esta razón terminarán
imponiéndose los criterios economicistas, salvo que se reactive la
respuesta y la movilización social. Las Mutuas presionaran al enfermo
para forzar el alta, especialmente en el caso de enfermedades
psicológicas o músculo esqueléticas, incluidas las embarazadas, con el
agravante de que las Mutuas no disponen de especialistas en dichas
patologías.
Aumentará
el control con detectives sobre la vida privada del enfermo. No es
casualidad, que sean las Mutuas quienes mas demandas de investigación
solicitan a estás Agencias. Quien conozca su práctica no tendrá dudas
del aumento automático del "presentismo" por parte de los trabajadores
enfermos, ante el riesgo de ser despedido o declarado "NO APTO" en las
empresas.
Las
Mutuas lograrán alterar las listas de espera para intervenciones
quirúrgicas, favoreciendo al trabajador de baja para su rápida
incorporación laboral, mientras eternizaran la espera de los
desempleados o pensionistas con similar lesión. Igualmente, presionaran
a los trabajadores que han sido despedidos por causar baja para que
cojan el alta y así eludir el pago de las prestaciones, que irán a cargo
del desempleo. El carácter universal de la sanidad publica será
cuestionado por los criterios economicistas y aumentará la desigualdad.
Aunque
el control de la Incapacidad Temporal tiene que realizarse en las
instalaciones y por profesionales de las Mutuas, la Ley les permite
realizar conciertos con otros centros privados para acelerar
diagnósticos, favoreciendo el negocio privado de la sanidad. No cabe
duda que el control de la Incapacidad Temporal por las Mutuas favorecerá
su estrategia de ocultar el origen profesional de las enfermedades,
eludiendo así sus repercusiones, incluso para las empresas. Los costes
del tratamiento de dichas enfermedades coadyuvarán a deteriorar los
presupuestos de la sanidad pública, hasta hacerlos insostenibles.
La
reducción de las cifras de enfermedad profesional reconocidas a partir
del año 2006, cuando las Mutuas asumieron su gestión, evitó que
tuvieran repercusión tras la ampliación del
listado de enfermedades. Es decir, dejo en evidencia las consecuencias
de "poner al zorro al cuidado de las gallinas".
Las
Mutuas lograrán en estas condiciones, si no se reactiva la respuesta
sindical, una gestión "rentable", reduciendo el absentismo: aumentará
la practica de usar mano de obra sana y tirarla cuando deja de ser
productiva, al posibilitar mayores recursos económicos, que serán
utilizados para subvencionar a las empresas, vía incentivos tipo
"bonos" por inversiones preventivas, o se reducirán las cuotas
empresariales, como exige la CEOE y las fuerzas de la derecha política.
Necesidad de un cambio en la orientación sindical
Los sueños
de grandeza de algunos dirigentes sindicales, que veían con envidia la
cogestión de las Mutuas alemanas, olvidándose del contexto y
correlación de fuerzas, les llevó a volcar sus esfuerzos en tratar de
convencer a las direcciones de la Seguridad Social y la CEOE de las
ventajas del modelo alemán, olvidando mientras tanto la imprescindible
respuesta a las agresiones cotidianas de las Mutuas y al aumento de sus
competencias en la enfermedad común, cuya principal consecuencia fue
que ganó terreno la perspectiva de dualizar la sanidad.
En
el colmo de la herencia "fidalguista", las direcciones confedérales de
CCOO y UGT, llegaron a firmar Acuerdos con la patronal recogiendo
"perlas" como estas: "Desarrollar un programa especifico
para la eficaz gestión de la Incapacidad Temporal, basado en: La mejora
de la colaboración de las Mutuas con la Administración de la Seguridad
Social y los servicios públicos de salud, para el control de los
procesos y el acortamiento del tiempo de recuperación de la salud, con
el consiguiente efecto derivado sobre los costes empresariales y el
gasto en prestaciones de Seguridad Social" o "Mantener la naturaleza jurídica de las Mutuas, asegurando su carácter privado como asociaciones de empresarios…" o "Con
el objetivo de eliminar el absentismo injustificado se elaborara
trimestralmente un ratio de evaluación de su comportamiento…etc."
Afortunadamente,
la actual dirección confederal de CCOO ha rechazado con firmeza el
proyecto de ley de Mutuas, en el que las reivindicaciones mas
elementales - como la co-decisión, es decir, que el
concierto con una u otra Mutua en las empresas sea acordada de forma
conjunta por el empresario y la representación de los trabajadores, o
lograr una representación directa en las Juntas Directivas -, han sido
arrojadas con desprecio a la papelera.
Activar la respuesta conjunta
Urge
activar la respuesta sindical a las agresiones e intromisiones de las
Mutuas en la enfermedad común. Las amenazas y recortes de prestaciones a
los enfermos no pueden abordarse como un problema individual: urge la
respuesta colectiva en defensa de la salud y la defensa de la sanidad
publica.
Algunas experiencias, como las realizadas por CCOO de Euskadi, pueden orientarnos en la respuesta:
· Las
concentraciones de delegados frente ASEPEYO, UNIVERSAL y MC MUTUAL, en
respuesta a la extinción de la prestación económica a trabajadores
enfermos lograron modificar la resolución de la Mutua; en algún caso
bastó con el simple aviso a la prensa de la concentración para que
cambiase la resolución de la Mutua.
· Es
posible impedir en la empresa que la Mutua intervenga en la gestión de
la enfermedad común, introduciendo cláusulas en los convenios que
rechacen el concierto de la empresa con la Mutua. El ámbito de la
empresa permite conocer mejor los motivos de las bajas, quien realiza
fraude o las tiene justificadas. Contra dicho concierto de las empresas
con las Mutuas se han producido huelgas en alguna empresa siderúrgica,
pues afortunadamente existe una posición común en el sindicalismo
vasco. Así, el convenio de los empleados públicos del Gobierno Vasco y
otras empresas importantes, como la Papelera de Errenteria, tienen
cláusulas que impiden la actuación de las Mutuas en la enfermedad
común.
· La
actividad sindical realizada para visualizar las enfermedades
profesionales, logrando indemnización por miles de euros de
hipoacusias, lesiones de muñeca, silicosis y cánceres derivados del
amianto, entre otras enfermedades, permite ganar apoyos en la respuesta
a las Mutuas. Igualmente urge que los médicos de atención primaria
pregunten al enfermo acerca de su actividad laboral y no solo por sus
hábitos de vida, asumiendo la obligación de comunicar la sospecha del
origen profesional de las enfermedades que diagnostiquen.
Lamentablemente,
en la mayoría de las ocasiones, en ausencia de una acción
perseverante, el problema se individualiza, resultando siempre
perdedores los enfermos.
Finalmente,
no cabe duda, la solución más barata y socialmente más rentable contra
el absentismo es investigar las causas de las enfermedades y promover
medidas preventivas. Según la Agencia Europea de Seguridad y Salud, los
trastornos músculo esquelético, derivados de los movimientos
repetitivos, sobreesfuerzos e intensos ritmos de trabajo, junto al
estrés y los riesgos psicosociales, son las principales causas del
absentismo laboral en el Reino de España: su prevención laboral es
posible, rentable y necesaria.
Las
Mutuas, la CEOE y el PP lo saben, pero no les importa. Su interés y
objetivo es hacer negocio mediante la dualización y la privatización de
la sanidad. Si permitimos que avancen por ese camino, lo lamentaremos.
Por ello, urge la respuesta desde la empresa, los sectores o
territorios, promoviendo una amplia alianza en defensa de la salud y la
sanidad pública.
Jesús Uzkudun Illarramendi, es activista en defensa de la Salud Laboral. Exsecretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO-Euskadi (1996-2012)
Fuente: Revista electrónica sinpermiso
lunes, 23 de diciembre de 2013
Sobre la anulación de la subasta eléctrica que pretendía un incremento del 11 % en el precio. "Disparate para corregir el atropello"
El dictamen de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC),
según la cual procede “no validar” la subasta eléctrica del jueves es un
ejemplo perfecto de cómo un Gobierno puede sustituir la incapacidad de muchos
años para cambiar un sistema de precios absurdo por un disparate atropellado,
cometido además con alevosía y nocturnidad. La Comisión ha puesto en bandeja al
Ministerio de Industria el pretexto para anular la subasta, pero ahora tendrá
que explicar, con todo detalle y con argumentos jurídicos fundados, cuáles son
esas “circunstancias atípicas” que soportan la anulación. Y tendrá que hacerlo
porque en este caso no se enfrenta solo a consumidores españoles indignados y
con los bolsillos exhaustos, sino al mercado de Londres, donde se cruzan
operaciones con la electricidad española.
En los mercados serios no se suspende una subasta sin razones poderosas; y
cuando se suspende es porque los participantes han cometido algún delito. Como
este no es el caso, al menos de momento, cabe deducir que la Marca España está
a punto de caer, una vez más, en el ridículo.
Quizá el ministro no esté enterado, pero el Gobierno solo puede anular una
subasta cuando en ella se advierten claros indicios de conducta contraria a la
competencia. Así lo establece la Orden Ministerial de 2009 que regula el
procedimiento. En un plazo inferior a 24 horas, un supervisor puede examinar e
investigar muy pocos parámetros de la subasta; como mucho, el índice de
concentración de las ofertas y el equilibrio entre oferta y demanda en las
sucesivas rondas operativas que conducen al precio final. Con ambos indicadores
es imposible descubrir colusión o delito. Lo dice además el sentido común: si
durante 25 subastas no se ha podido demostrar esa conducta contraria a la
competencia era poco probable que en una tarde y una madrugada pudiera hacerlo
una Comisión de nuevo cuño, agobiada además por la presión ambiental.
Porque sabemos que no se hacen esas cosas, que si no podría sospecharse que
el ministro ha llamado al presidente de la CNMC y le ha pedido que dictamine
esa simpleza de las “circunstancias atípicas” con la confianza de que ya se
apañarán después las razones a gusto del anulador. Eso sí, de las demandas y
querellas por abuso legal no se va a librar el ministerio, y sus consecuencias
acabará por pagarlas la tarifa eléctrica, es decir, el consumidor.
Como el llamado equipo energético no parece enterarse, habrá que repetir que
el problema no es la subasta en sí —y por tanto no cabe eliminarla sin disponer
de un método o procedimiento para fijar el precio en enero, precio que ahora
queda sometido a la más negra incertidumbre—, sino el mecanismo total de
fijación de precios, perpetrado por el PP en tiempos de Aznar. Una de tantas
herencias envenenadas (como las autopistas radiales) que no suele mencionar
Rajoy en su catálogo de denuestos contra los socialistas ni figuran en el
catecismo del PP.
Para fijar el precio de la electricidad se suman dos factores: el resultado
de una subasta, llamada Cesur, y los llamados peajes (costes de transporte,
distribución, etcétera), que evolucionan en la práctica a discreción (limitada)
del Gobierno. El enredo está y siempre ha estado en la subasta. A ella concurren
las empresas comercializadoras, que son filiales de las eléctricas, y, como
vendedores, intermediarios financieros (bancos comerciales, de inversión o
mesas de trading de las compañías).
Esta composición explica que el intercambio
de ofertas y demandas que se produce en la subasta no es industrial, sino
financiero. Es decir, el precio resultante de la electricidad incorpora, añade,
una ganancia financiera.Con independencia de que el mercado esté condicionado o
manipulado, el absurdo principal es que un cruce de operaciones financieras no
puede ni debe determinar el precio de la tarifa doméstica. Es un dislate —como
el de anular la subasta por las bravas— que solo se le podía ocurrir a los
genios de perra chica de los Gobiernos aznaríes. Parece más propio, natural o
adecuado fijar referencias como el precio medio al que se cruza la oferta y
demanda eléctrica real en el pool (antes de la distribución).
O, como se hace en otros países, establecer un precio ex ante durante un
periodo de tiempo y corregirlo en función de la evolución del mercado. Los
procedimientos son múltiples y agotarían varios tomos de apretada lectura que
ni este Gobierno ni sus supervisores de cámara están en disposición de leer.
Basta un esquema general como resumen de lo que pueden y deben hacer: sustituir
la reforma eléctrica actual, fiambre desde que Montoro retiró la aportación
presupuestaria (¡gran hallazgo ese de trasladar el pago del déficit de tarifa
de los consumidores a los contribuyentes!) y sustituirla por una ley que
reordene el mercado eléctrico. En los siguientes términos: la producción
eléctrica por tecnologías similares (gas, combustibles) que opere en el
mercado; las tecnologías renovables, que operen en subasta; y las tecnologías
amortizadas (nuclear, hidráulica) que operen en contratos bilaterales con la
gran industria (así conseguirían, quizá, bajar los precios).
Pero afinar y concretar un plan de esta envergadura requiere cierto talento
administrativo e independencia política, cualidades ausentes en este Gobierno.
Los esfuerzos de Rajoy, Montoro y Soria por salir del lío en el que se han
metido en la última semana pueden describirse con aquella frase de H. G. Wells
sobre el estilo de Henry James: “Es como ver a un hipopótamo intentando coger
un guisante”.
Fuente: El País
Sobre el precio de la electricidad. "Y así el kilovatio se hizo de oro"
Y así el kilovatio se hizo de oro
Una década de fallos regulatorios y empresariales lleva la electricidad a un precio inasumible
Las pujas de brókers y fondos de inversión marcan el recibo
Jerónimo Andreu
El radiador eléctrico pasó el invierno agazapado, espiándolos como un
enemigo. A pesar de los seis grados de media a los que hiberna Madrid, en el
apartamento de Juan Presa no quisieron ni olerlo. El frío lo taparon con
mantas, y el calentador se reservó para un par de noches muy duras. Con Juan,
de 62 años, viven su esposa y sus tres hijos. Ninguno tiene trabajo. Juan, que
era cerrajero, lo perdió hace dos años. Sus únicos ingresos son 426 euros de la
renta mínima. Los entre 60 y 80 euros mensuales de la factura eléctrica se
comen una quinta parte del presupuesto.
El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de
españoles que sufren para pagar la electricidad, según el recientemente
desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cruz Roja ya ha avisado de que
el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con
renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada. La
preocupación crece. Las
eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012 y el PP ha
vetado esta semana en el Congreso una iniciativa de ICV para
que en invierno no haya cortes por impago.
La familia Presa es una más de las que no entiende por qué España tiene la
tercera luz más cara de Europa (según
Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012, solo Chipre
e Irlanda, dos islas, pagan más) mientras que los consumidores acumulan una
deuda de 30.000 millones con las eléctricas.
El estupor ciudadano creció con las
subidas de tarifa en agosto y octubre, y rebosó con la subasta del jueves
que concluyó con el incremento del 11% previsto para enero en el recibo y que el
Gobierno anuló horas después. La pregunta que recorre el país parece
sencilla: ¿en qué punto de su cadena de producción el kilovatio se convirtió en
oro?
La electricidad se genera en una central, salta a la red de alta tensión, de
ahí pasa a las de media y baja, y termina su ciclo en casas que pueden estar en
una gran ciudad, en el campo o una isla. Todos esos pasos cuestan dinero. Pero
la cadena de gastos tiene más eslabones: impuestos, deudas, especuladores,
intereses empresariales, primas a sistemas de producción de energía que son más
limpias (renovables) o imprescindibles para garantizar el sistema (los ciclos
combinados de gas).
A ojos del Gobierno está claro dónde se encuentra la fuga que hay que
taponar: en esa deuda
millonaria con las eléctricas, equivalente al 8% del recibo de la luz, y
que representa los gastos que se les han reconocido a las compañías pero que no
se les han abonado. Para enjugarla diseñó la gran reforma eléctrica de la
legislatura: un paquete de 15 normas con medidas tan polémicas como gravar más
al consumidor en los costes fijos de la luz (los que se pagan por tener
suministro, independientemente de lo que se consuma) o la cruzada
contra el autoconsumo. La reforma fracasó
antes de nacer. Iba a acabar con el déficit de tarifa este año pero a
última hora Hacienda
retiró los 3.600 millones que había comprometido para abonar su parte del
déficit.
La del déficit es una historia poco edificante. La figura la creó en 2002
Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía del PP, cuando estableció que la
luz nunca subiría más del 2% al año. Como los costes de producir la
electricidad eran mayores, optó por embalsar esa diferencia emulando al tendero
que apunta las latas de atún fiadas. Las razones para mantener el precio
artificialmente bajo eran diversas: desde el controlar la inflación, al
electoralismo y la mejora de la competitividad industrial.
La solución nació como temporal, pero luego ningún Gobierno se vio con
fuerza para explicarle al votante que debía pagar más. Durante una década los
españoles han vivido en una ilusión. La industria y los ciudadanos consumían
satisfechos mientras las eléctricas facturaban como nunca.
Este déficit fue asumible hasta que en 2005 los costes se dispararon por la
subida del petróleo que arrancó con la inestabilidad en Irak. La tendencia se
agravó en 2008 con las nuevas primas a las las renovables, y la crisis hizo que
la componenda terminara de estallar.
Para pagar se han ido probando sistemas. El último consistía en emitir lo
debido en paquetes y colocarlos en el mercado de valores (la llamada
titulización). Las eléctricas ya han cobrado ese déficit y ahora los españoles
se lo deben a bancos de inversión en buena parte extranjeros.
Los más críticos con esta estrategia de dilación de los problemas aseguran
que esa deuda nunca se ha auditado públicamente. Y algunos, como Jorge Fabra,
llegan más lejos. Fabra es un economista con aire de profesor tiernogalvanesco,
jersey de pico sobre la corbata y pelo peinado hacia atrás. Ha sido consejero
de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ahora una de sus preocupaciones es
convencer a la opinión pública de que no hay un déficit acumulado de
tarifa, sino superávit en las retribuciones. Es decir, que no es que las
eléctricas cobren de menos, sino que los consumidores les pagan de más.
No todos los kilovatios son iguales aunque al encender la lámpara lo
parezcan. Cada partícula lumínica se produce de una forma diferente y a un
precio diferente. Al pulsar el interruptor, todas se materializan después de
haber viajado a la velocidad de la luz desde su central de generación pero,
mientras una unidad eléctrica procede del viento, otra lo hace de una presa
construida hace 70 años, y una tercera de una central que funciona con un gas
cuyo precio depende de mil conflictos internacionales. Y, sin embargo, toda esa
energía la paga el ciudadano al mismo precio. Esta disfunción es consecuencia
de un sistema de venta peculiar. Fabra la explica delante de una pantalla con
un Power Point. “Atento a la exposición, que no es fácil”, avisa.
En un operador de mercado electrónico llamado OMIE, las generadoras van ofertando cada
mañana la energía que producirán cada una de las horas del día al precio que
les parece más cercano a sus costes. Primero se venden las que tienen los
costos variables más bajos (renovables —su fuente es gratuita—, hidroeléctricas
y nucleares —el coste de construcción de las centrales ya se recuperó—) y,
cuando estas se acaban, se venden las que los tiene más altos (carbón y gas,
por el precio del combustible). Para que a todos los actores les interese
participar, al final se les abona el mismo precio: el de la producción más cara
del día.
La paradoja de este mercado, creado en 1997 con la
liberalización del sistema eléctrico, es que pagaríamos lo mismo en nuestra
factura si, en lugar de mezclar fuentes baratas y caras, toda la energía se
produjera al precio de las costosísimas centrales de gas. “Es como si en una
lonja pagas la merluza al mismo precio que la sardina”, explica Fabra. Sé que
resulta contraintuitivo decir que la culpa del alto precio de la energía la
tienen las más baratas; pero es así, porque lo que las eléctricas ahorran en
producción no repercute en precios bajos, sino en que sus ganancias sean
mayores. La hidroeléctrica tiene beneficios del 700%, y la nuclear del 200%”,
calcula. “Si se les pagara lo que les cuesta la energía, el sistema se
equilibraría. El déficit es en realidad esa ganancia excesiva que se embolsan”.
¿Y por qué se diseñó este mercado así? Fabra considera que por un componente
ideológico a finales de los noventa, cuando comenzó la liberalización de un
sector que hasta entonces estaba controlado por el Estado. Otros entrevistados
apuntan que fue para favorecer la diversificación de fuentes de potencia y
reducir la dependencia de las energías fósiles. En cualquier caso, Fabra
insiste, “parece evidente que un sistema creado en 1997, cuando las tecnologías
eran muy distintas, no tiene sentido ahora”.
Pero esto es solo la teoría. Comprender cómo funciona el mercado precisa de
una visita a los encargados de vender y comprar el pescado. Axpo es una filial de una
compañía suiza que opera en España con una facturación anual de 600
millones. Su sala de control la preside un mapa informático de la Península
sembrado de puntos y cifras con sus clientes: parques eólicos en Galicia,
fotovoltaicas en Murcia...
Los técnicos están conectados 24 horas con Red
Eléctrica de España (REE, la compañía encargada del transporte por alta
tensión y del equilibrio del suministro), pendientes de las necesidades del
sistema. Ante las fluctuaciones en la demanda, responden regulando la
producción de sus clientes y enviando a la red la energía necesaria. La
sincronía tiene que ser perfecta porque si la electricidad no entrara y saliera
al mismo tiempo de las centrales de REE las turbinas se ralentizarían y podría
ocasionarse un apagón.
Los 50 empleados de Axpo regulan la producción de muchos clientes y la
venden en los mercados. Unos traders operan con seis pantallas a la
vez; también hay informáticos, comerciales... todos jóvenes. “Yo soy el mayor
de aquí”, bromea el presidente de la firma, Ignacio Soneira, un hombre con
cuerpo pequeño y empacado de triatleta, como promociona en su perfil de Twitter.
Vender en el OMIE es muy complejo. Aparte del mercado diario —al que acuden
los productores, intermediarios y grandes consumidores—, existe la subasta
trimestral del CESUR —a partir de la que se fija el precio para el cliente
doméstico que se beneficia de la TUR, la tarifa protegida—. Luego están los
mercados intradiarios y de servicios complementarios, en los que se efectúan
operaciones a velocidad vertiginosa para ajustarse a la demanda al segundo.
La CESUR suscita recelos. La CNE lo ha investigado ante la sospecha de que
los precios se calienten a propósito, y en la madrugada del viernes pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que ha engullido a la CNE, suspendió
por primera vez una subasta. El precio de la energía vendida había
subido el 26,5% respecto a la subasta de octubre, y la CNMC detectó “la
ocurrencia de circunstancias atípicas”. Desde que hace dos semanas el Gobierno
retiró sus 3.600 millones de la reforma eléctrica, el mercado estaba disparado.
Aunque hay un 20% más agua en los embalses que hace un año, las eléctricas apenas
ofertaban electricidad de origen hidráulico (la más barata). Dos apagones en
nucleares terminaron de elevar el precio.
En la CESUR participan las cinco grandes eléctricas y agentes financieros
(bancos de inversión y comerciales) que realmente no negocian con la
electricidad, sino con el precio que creen que tendrá el trimestre que viene.
Estos intermediarios aportan un componente especulativo, pero también ofrecen
estabilidad al sistema. Si la energía se vende a 100 y en el mercado
internacional sube de repente a 110, o si en un día muy frío se dispara el
precio, el cliente doméstico mantiene la tarifa inicial.
Cualquier bróker puede comprar y vender en este mercado, confiando
en que el viento o el precio del carbón le concedan un pequeño beneficio.
Ofrecen un precio a las comercializadoras por un paquete de energía y, una vez
que ganan la puja, van comprando hora a hora la energía en el mercado diario.
Para un extraño al sistema, el sobrecoste que introduce esta intermediación
parece aberrante, pero Alberto Carbajo explica que es solo “grasilla”: “Puede
tratarse de 1.000 millones de beneficios”.
Alberto
Carbajo es ingeniero, ejerció de director general de Operación de REE y
considera que los problemas más urgentes del sistema son la mala planificación
y la sobreproducción. En un día de lluvia espera en la puerta de una cafetería
madrileña. Con los ojos muy celestes y una gabardina se asemeja a un espía de
Le Carré. Su diagnóstico es rotundo: “Faltan ingresos en el sector, por la
caída de la demanda, para el volumen de las inversiones que se han efectuado”.
España acumula 25.000 megavatios de potencia, pero unos 6.000 no son
necesarios. Algunas centrales de ciclo combinado se usan solo cuatro horas al
día. “Tenemos un exceso de capacidad de generación de más del 30% con costes
muy elevados y estancamiento económico”, resume Carbajo. “Y ese exceso, junto a
la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una
pérdida de competitividad”.
Cuando el ladrillo marcaba el paso y la demanda eléctrica crecía desbocada
al 3%, el Gobierno y las eléctricas se lanzaron a aumentar el parque
energético. “Ha habido cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico
y de los escenarios financieros que facilitaban el endeudamiento. Se ha metido
mucha potencia cara, como las renovables, que habría que haber incorporado solo
a medida que fuera madurando. Al mismo tiempo, las empresas han construido
demasiados ciclos combinados para hacerse la competencia, y esas centrales
enormes están infrautilizadas”.
El problema se podría resumir en un símbolo, la
nueva central de gas en ciclo combinado en San Roque (Cádiz). Con una
potencia de 800 megavatios, costó 400 millones y se inauguró en 2011, cuando el
consumo ya desplomado. Ahora
la demanda está en niveles de 2005 por el parón de la industria.
En un panorama en el que han fallado las planificaciones de las empresas y
del Estado, parece difícil señalar a un solo culpable. Sin embargo, en la
guerra eléctrica todos sus actores son especialistas en acusarse unos a otros.
Las grandes eléctricas achacan el boquete a las renovables. Estas sostienen que
las primas que reciben son únicamente responsable del 22% del agujero y que las
eléctricas quieren distraer de que sus ganancias son excesivas.
La opacidad legislativa impide que los consumidores entiendan cómo funciona
el sistema, y esta
falta de claridad llega a la propia factura de la luz, imposible de
descifrar. Fuentes de las grandes eléctricas, las principales acusadas de este
régimen de oscuridad, comparten que se han ido poniendo demasiados parches: “En
lugar de una reforma integral hay 300 normas que nadie comprende. Eso tampoco
nos interesa”.
El caso de las renovables es paradigmático. El Gobierno de Zapatero creó una
serie de primas reguladas para ayudar a estas tecnologías en sus inicios. Pero
incluso los productores reconocen que el sistema ha terminado suponiendo una
piedra en el cuello del sector eléctrico. “Estoy de acuerdo en que se fue la
mano con la fotovoltaica”, asume Jorge
Morales, experto en energía y empresario fotovoltaico, “pero eso es solo
una línea en un libro lleno de torpezas y escándalos”.
Instituciones científicas fijaron las remuneraciones razonables (CNE, IDAE,
Ciemat…) pero la redacción de la ley fue tan deficiente que permitió que se
establecieran en España 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica en lugar de
los 400 a los que el país aspiraba. El texto dejaba rendijas para la picaresca
que permitieron que, además de miles de inversores honrados, en la aventura se
implicaran especuladores que escapaban del ladrillo. El resultado fue
sobrepotencia de una tecnología cara.
Y para culminar la falta de planificación regulatoria, ahora llega una
reacción drástica: un frenazo total a un sector que ha costado miles de
millones al contribuyente. “Lo que plantea la reforma es esquizofrénico”, se
indigna Morales: “Por una falta de planificación regulatoria se permitió una
inversión descontrolada en tecnologías como las fotovoltaicas en un momento en
que aún estaban inmaduras, y ahora que están listas para competir con las
energías tradicionales se las deja caer”. En su opinión el problema se podría
resolver con negociación y una planificación más razonable.“A veces el
fotovoltaico ha sido muy talibán pidiendo que no hubiera ninguna modificación
de la norma que lo amparaba, pero se podría arreglar el bloqueo con diálogo,
comenzando a aplicar las rebajas a las instalaciones a medida que vayan
amortizando inversiones”.
La bola de la energía ha llegado demasiado lejos sin que ningún Gobierno
pusiera algo más que parches. El sistema está lleno de flecos que suponen
millones perdidos en ineficiencias, como los 2.000 de ayudas al carbón o los
Costes de Transición a la Competencia (CTC), unas compensaciones que se
otorgaron a las eléctricas al liberalizar el sector. Según Fabra, por errores
de cálculo se retribuyeron 3.000 millones extra a las compañías por este
concepto.
Para salir de este callejón sin salida los expertos aseguran que hay
soluciones, todas tan ambiciosas como merece un sector que se vanagloria de su
complejidad. De ellas, la más lejana parece un pacto de Estado para fijar una
política energética a medio plazo. Las regulaciones más ambiciosas también
chocan con la puerta giratoria a través de la que decenas de exministros,
secretarios de Estado y altos funcionarios de la Administración de todos los
colores han entrado en los consejos de las cinco grandes eléctricas y de
compañías con gran peso en las renovables. “Las ganancias son multimillonarias,
y las presiones que ejercen los actores más poderosos resultan insoportables:
verdaderos chantajes”, explica un ex alto cargo que no quiere dar su nombre.
Las eléctricas siempre han jugado fuerte. Hace unas semanas una delegación de
las 10 más importantes en Europa visitó
al comisario de Energía, Günther Oettinger. Los invitados no pudieron
resistirse a deslizar frente a su anfitrión que el continente podría sufrir
apagones si sus retribuciones siguen cayendo.
Algunos analistas, como Fabra, sugieren la necesidad de fragmentar los
mercados según tecnología para fomentar la pugna técnica y recompensar a los
productores más competitivos. Alberto Carbajo considera que, a corto plazo, lo
único posible es apretar los dientes y esperar que aumente la demanda para que
el sistema deje de ser un pesado reloj al que mover las manecillas le cuesta
miles de millones; y por ello es imprescindible acometeruna reforma que vaya
más allá de combatir el déficit, consecuencia y no causa del problema.
La patronal eléctrica, Unesa, insiste
mientras tanto en que la solución pasa por desregular completamente un mercado
que considera que está demasiado intervenido, y eliminar campanas protectoras
como la tarifa TUR (llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor desde la
modificación legislativa), en función de la cual el Gobierno fija las
cantidades que deben pagar los consumidores que tiene contratada una potencia por
debajo de los 10 kilovatios. Que estos consumidores salieran al mercado libre
lo haría mucho más atractivo, asegura la patronal.
El debate se perpetúa en los despachos. Mientras, el invierno regresa a la
calle. La factura de la luz continuará siendo un jeroglífico este año. Uno cada
vez más difícil de resolver para muchas familias.
Fuente: El País
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/21/actualidad/1387660747_259803.html
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