martes, 13 de marzo de 2018

¿El consumo da la felicidad?, por Charo Morán




 Charo Morán. Área de Consumo de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 94.

 ¿Qué relación tiene la sociedad de consumo con la felicidad? ¿Puede ayudar la búsqueda de la felicidad a generar sociedades más sostenibles y justas?

 La autora analiza la relación entre el consumismo y la crisis ecosocial, desmontando la idea de que el incremento de los indicadores económicos basados en la capacidad de gasto e incremento de la producción de bienes sean parámetros para medir el bienestar social 


En una sociedad marcada por la centralidad de los indicadores económicos y por el crecimiento continuo, podríamos pensar que es este factor el que más efectos tiene en la felicidad de las personas. El economista Richard Easterlin [1], comparó la evolución de los ingresos y la percepción de felicidad. Demostró que el aumento de riqueza lleva aparejado un incremento de satisfacción hasta un cierto umbral pero que una vez superado este, la felicidad no crece paralelamente.

Así, el incremento de riqueza que se produjo en Estados Unidos entre 1945 y 1974, que duplicó el Producto Interior Bruto (PIB), no supuso un aumento relevante en la tasa de felicidad de su población. Su teoría sugiere que, una vez que las necesidades básicas están cubiertas, las políticas deberían centrarse en aumentar la satisfacción a través de medidas de articulación comunitaria y de redistribución de la riqueza y no en el crecimiento económico. En este sentido, “la economía de la felicidad”, pone en cuestión la teoría tradicional económica que afirma que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad y da énfasis a la importancia de la felicidad social, que se da en entornos solidarios, equitativos, afianzados en la comunidad, con menor polarización social y violencia estructural, y que suponen calidad de vida de todas las personas. 

La bulimia consumista 

Poseemos una media de 10.000 objetos frente a los 236 que poseen las comunidades de los indios Navajo [2]. Somos Diógenes de lo nuevo, de la acumulación compulsiva de cosas y experiencias que se alimenta fomentando la insatisfacción crónica. Más dinero, más endeudamiento, más cosas, más deprisa, más lejos, más joven, más efímero… Una pesada mochila de metas que nunca se alcanzan, del tener en vez del ser. Una rueda sin fin que se basa en la pérdida de autoestima y, también, en el egoísmo.

La cultura consumista, aproximadamente en 20 % de la población mundial, es hegemónica pero no única en el planeta.
Día sin compras. Foto: Isidro Jiménez

Otras culturas ponen en el centro la vida en vez de los indicadores económicos y las tasas de consumo. Tres ejemplos: La isla de Niue en el Pacífico, en la que se promueve una semana laboral de cuatro días, destinando el tiempo restante a labores comunitarias, a los cuidados o al ocio; el país de Bután, cuya política está regida por el Índice de Felicidad Bruta a través de los valores colectivos y los vínculos con la naturaleza y, por último, las constituciones de Ecuador y Bolivia, que desarrollan el paradigma del Buen Vivir, Sumak Kawsay, que supone poner en el centro a la comunidad en armonía con la tierra, la Pacha Mama. Son ejemplos que combaten una vida marcada por el mercado y la monetización creciente de todos los ámbitos de nuestra vida, una referencia para rediseñar nuestras formas de vida de una forma más sencilla en lo material, pero más plena y sostenible. 

Cooperar y no competir 

La sociedad de consumo se alimenta del individualismo y de la competitividad, lo que en algunos sectores se ha denominado el darwinismo social, basado en la idea de la supervivencia del más apto para la sociedad de mercado. Sin embargo, numerosos autores consideran esto una falsedad científica. La intensa socialidad y el trabajo cooperativo de Homo sapiens, ha sido, y es, su éxito adaptativo como especie. En palabras de Frans de Waal, psicólogo y primatólogo: “La vida en grupo no es una opción, es una estrategia de supervivencia”, para la bióloga Lynn Margullis: “La vida no se hizo para competir, sino para trabajar unidos”.

Nuestras neuronas espejo, responsables de la empatía, de la percepción de lo que sienten los demás, demuestran que la interdependencia social está en nuestro ADN. Para Michel Tomasello, psicólogo social: “El ser humano es altruista desde su nacimiento y sólo a través del entorno cultural se puede modificar su comportamiento hacia el individualismo”. El egoísmo supone ir en contra de nuestro comportamiento como especie y, por tanto, genera insatisfacción e infelicidad.

Otro aspecto sería la relación de nuestros vínculos con el territorio, con la naturaleza. Vivir en ciudades hace que estemos presentando síntomas del déficit de naturaleza [3], que llevan consigo un conjunto de alteraciones provocadas por la vida en entornos artificiales tales como estrés, hiperactividad o merma del rendimiento cognitivo.


Según Richard Louv, “Cuanta más tecnología usamos, más necesitamos a la naturaleza”. Y podríamos añadir: “Cuanto más enganchados a las pantallas y más amigos virtuales tenemos más solos estamos”. Nuestro bienestar depende, por tanto, de vivir en armonía con la biosfera y con el resto de las personas del planeta. De nuestra ecodependencia e interdependencia.

La medida de la felicidad tiene cierta dificultad. Existen factores subjetivos, culturales, momentos vitales… de difícil cuantificación. En cualquier caso existe la evidencia de que la vida social, el sentido que le damos a la vida, tener un proyecto vital ilusionante y disponer de tiempo libre para lo importante son factores fundamentales para ser felices. Todo lo contrario a lo que nos ofrece el mercado: individualismo, vidas vacías y tiempo para ir al centro comercial, la catedral del consumismo. 

¿Qué necesitamos para ser felices? 

Para el economista chileno Max Neef, las necesidades humanas son finitas y universalizables (subsistencia, identidad, participación, ocio, conocimiento…), y lo que varía culturalmente es la forma en que las satisfacemos. Así, para cubrir nuestra necesidad de subsistencia, podemos optar por alimentos precocinados comprados en una gran superficie o participar en un grupo de consumo de productos locales, de temporada y ecológicos. En ambos casos conseguimos el número de calorías necesarias para nutrirnos pero los efectos sobre nuestra salud, el planeta, la distribución de la riqueza y la participación comunitaria son diferentes y, por tanto, generadoras de dispares situaciones de bienestar.


Las corporaciones nos ofrecen estilos de vida con satisfactores mercantilizados que nos conducen a vidas llenas de nada. Estamos sometidos a unos 3.000 impactos publicitarios diarios que anuncian que un todoterreno nos da libertad, unas deportivas de marca identidad, un perfume éxito social y una bebida azucarada felicidad. Por el contrario, se trata de una forma de consumo que sólo hace felices a las cuentas de resultados de las grandes multinacionales.
Pensar antes de comprar
El Día sin Compras es una jornada internacional de huelga de consumo que se celebra el último viernes de noviembre, todos los años, desde hace veinticinco, coincidiendo con el llamado Viernes Negro. Esta iniciativa apoyada por Ecologistas en Acción, critica el modelo de producción y consumo a medida de las grandes empresas. El Viernes Negro, que ha colonizado nuestras ciudades, es uno de los días de mayor consumo en EE UU, en el que las grandes cadenas animan a comprar, en un modelo en el que la mayor parte de los productos se fabrican a miles de kilómetros, en condiciones de semiesclavitud. Mientras, la publicidad incide en falsas necesidades y vincula la compra con la felicidad.

sábado, 10 de marzo de 2018

Sanidad Ambiental. Sobre la contaminación de aire por emisión de partículas contaminantes

«Si redujéramos el polvo en el aire a la mitad, la mortalidad bajaría un 15%»

 Adonina Tardón. /  PABLO LORENZANA

La profesora de Salud Pública Adonina Tardón indica que «la industria no se puede cerrar a la modernidad, que es contaminar lo mínimo»


Póngase en el supuesto de que, a pocos metros de usted, están descargando carbón, cemento o caliza. O moviendo metales. O hay un escape de un motor diésel. Las partículas en suspensión PM10 es el polvo que desprenden todos esos materiales, roca o combustible y que están en el aire. Según explica la profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo Adonina Tardón, «afectan al aparato respiratorio y producen problemas agudos de descompensación en enfermedades cardiovasculares». Pero no solo eso. «También se asocian a mayor mortalidad en las ciudades».

En una conferencia organizada por la Asociación de Enfermos de Enfermedades Crónicas en el centro de salud de La Lila, en Oviedo, apuntó que «según la Unión Europea, la esperanza de vida de los europeos disminuye entre ocho y nueve meses por esta contaminación». Y dio otro dato de interés: «Según la OMS, si fuésemos capaces de disminuir la concentración media de partículas en suspensión un 50% al año, disminuiría en un 15% la mortalidad». Los límites establecidos es no sobrepasar los 20 microgramos por metro cúbico al año; los cincuenta microgramos por metro cúbico en veinticuatro horas y que esta situación diaria no se repita en más de 35 ocasiones al año.

Riesgo de cáncer de pulmón 


«La incineradora era el mayor error medioambiental que podíamos cometer»

Las PM10 son un término ya conocido por la población, preocupada cada vez más por la contaminación atmosférica, especialmente en la zona oeste de Gijón y Avilés, que son los focos en los que el Gobierno regional ha centrado sus planes de calidad del aire. «Mi opinión sobre la actuación de la Administración es positiva. Creo que de unos años hacia acá se ha hecho mucho por reconocer que existen estos focos y vigilarlos», afirma Tardón, quien ve con buenos ojos otra serie de medidas «como el mantenimiento de los trenes de cercanías o que en los concursos de los ayuntamientos puntúe mejor aquella empresa que ofrece autobuses públicos con combustible limpio, no contaminante».

Ahora bien, recuerda que en un momento en el que «nuestro planeta está dando muestras de agotamiento» es responsabilidad de todos cuidarlo. Por eso dice discrepar con aquellos que piensan que la lucha contra la contaminación «es contraria al desarrollo industrial». «La industria no se puede cerrar a la modernidad y la modernidad es que una industria no contamine. Igual que somos capaces de mejorar los tratamientos del cáncer, también la industria tiene que ser lo menos contaminante posible». Además, recuerda, «antes había unas condiciones atmosféricas más favorables, porque llovía más y permitía una mayor dispersión de las partículas».

Porque hay evidencias de que la contaminación afecta a la salud. En el estudio CAPUA (Cáncer de Pulmón en Asturias), su equipo ha demostrado que hay «una asociación clara entre el cáncer de pulmón y la contaminación atmosférica» . «La exposición a ésta por encima de los niveles deseados aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. En concreto, el riesgo se multiplica por dos».

También fue siguiendo la evolución de 500 niños de Avilés, desde su nacimiento hasta cumplir los once años, y concluyeron en su estudio INMA (Infancia y Medio Ambiente) que «a medida que los niños están más cerca de los focos contaminantes, la infección respiratoria aumenta». La exposición a «un contaminante peligroso como es el dióxido de nitrógeno (NO2) eleva la bronquitis en niños pequeños. Y en niños asmáticos exacerba sus brotes». La alta contaminación genera, no hay que olvidarlo, otro efecto: el mayor gasto en salud.

Separar la basura


Durante su conferencia, Adonina Tardón también habló del papel de la ciudadanía. «Es impensable que en el siglo XXI no separemos la basura. El miedo que tiene la gente es que en la central de La Pereda quemen basura general, con todos los residuos juntos. La combustión -subrayó- es lo peor que hay. Y si a la quema va todo -envases, papel, vidrio, restos de comida...- se emiten sustancias cancerígenas, como las dioxinas. Es importantísimo para la salud de los niños y mayores separar la basura. Ya no hay vuelta atrás y es imperdonable no hacerlo».

Porque, cumpliendo con el reciclaje, «no habrá nada que quemar y, por tanto, no habrá peligro». Por todo ello, sostiene que «la incineradora era el mayor error medioambiental que podíamos cometer». E hizo también un llamamiento a los ayuntamientos para que «acaben de una vez con las bolsas negras, a las que van todos los envases juntos». 

Fuente del artículo: El Comercio

jueves, 1 de marzo de 2018

Sobre la privatización del agua. “Las guerras del agua”, de José Luis Hernández




Las guerras del agua


Recientemente se ha aprobado en el ayuntamiento gomero de Valle Gran Rey una interesante moción por la que se ha acordado rendir tributo a las mujeres y hombres que en los años 40, en pleno régimen franquista, se alzaron contra la injusticia y protagonizaron una de las paginas más brillantes de la historia de esa isla en la conocida como “la guerra del agua” y que tuvo un tributo de muertes, torturas, cárcel y represión.

En toda la Isla tradicionalmente el agua tenía un carácter comunitario y se repartía por un sistema de dulas. La Guardia Civil, para defender los intereses de los grandes propietarios que querían apropiarse del control del agua, se enfrentó a tiros con un pueblo indefenso pero unido y alzado para defender este bien tan preciado que era fundamental para su subsistencia. 

Con el paso del tiempo y como consecuencia de la hegemonía de las ideologías neoliberales, en muchos municipios del Estado español, sin disparar un solo tiro y a otra escala, los mismos poderes que representaban a aquellos grandes propietarios, han acabado haciéndose con el control del agua de abasto por medio de la privatización de este servicio indispensable para la vida y el bienestar de las personas. 

Ahora el uso de la fuerza bruta no es necesaria; fruto de la hegemonía política se ha acudido a la legislación para facilitar que empresas privadas, casi siempre grandes multinacionales, se hagan con el control de los beneficios que la gestión del agua reporta. 

En el Estado Español, desde mediados de los 90 , se viene desarrollando una auténtica batalla jurídica entre dos grandes sectores: por un lado el de quienes defendemos que el agua es un bien imprescindible para el desarrollo humano y por tanto tiene que quedar fuera de las concepciones puramente mercantilistas y por otro el de quienes ven en su gestión un ingente caladero de negocio. 

Como quiera que la ley reguladora de las haciendas locales, en su artículo 20, parecía proteger a este servicio de quienes solo piensan con la lógica de la avaricia, se desata una controversia jurídica que trata de cuestionar esa protección por la vía de las interpretaciones más o menos laxas que favorecieran la privatización. 

El campo de batalla se centraba en la naturaleza jurídica de las contraprestaciones de los servicios públicos en los casos en los que se realizan por medio de concesión y en la consideración que debería tener su cobro. Si se hacía mediante una tasa era casi imposible el lucro desmedido, puesto que esta figura tributaria se rige por los principios de equivalencia (el pago que realice por el servicio debe ser como máximo lo equivalente al coste) y por el de capacidad económica (se tendrá en cuenta y se ajustará a la capacidad económica de las personas a las que se aplica). Si se hacía mediante una tarifa o precio público, dejaría de estar bajo el paraguas del derecho público, pasando al privado y por tanto se podía cobrar tan por encima del coste real como se quisiera. 

Las hostilidades para que las multinacionales pudiesen hincar el diente a este servicio se desatan a mediados de los años noventa y se centran en la interpretación de la reserva de ley que se recoge en el artículo 31.3 de la Constitución Española (“Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”). El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 185/1995 interpreta ese artículo sentenciando que “la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público”, frenando las pretensiones de las multinacionales y a sus valedores en la política. 

Posteriormente, la Ley General Tributaria de 2003 ( artículo 2) y una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2009, reafirman que el cobro mediante tasas no debe estar vinculado a la forma de gestión del servicio público, siempre que se siga manteniendo esta titularidad (“La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión”). 

La tregua pasajera la rompe el legislador en 2011 con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Mediante la disposición final 58ª se eliminan las salvaguardas contenidas en el artículo 2 de la Ley General Tributaria como forma de dar vía libre al cobro del servicio de agua de abasto al margen del derecho público. Una vez más el poder político se ponía al servicio de las multinacionales en detrimento de los intereses de la población. 

Sin embargo, cuatro años más tarde el poder judicial, mediante sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015, sienta jurisprudencia y rebate el posicionamiento del legislativo ( “La forma gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de las tasas y lo esencial es determinar si estamos ante prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos”). 

También existe acuerdo en que debe prevalecer el criterio del TS en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, presentado en julio de 2017, elaborado por diez personalidades de reconocido prestigio y que representan a todo el espectro ideológico del Estado. 

Como era previsible, los sectores políticos que están en esto para defender los intereses de las minorías y siempre al servicio del poder económico, no iban a permanecer de brazos cruzados. Así, mediante un vergonzoso informe firmado el 20 de mayo de 2017, la Secretaría de Estado de Hacienda contradice la doctrina del TS , aportando un balón de oxigeno a los ayuntamientos que han privatizado servicios y que están cómodos con el ingente negocio de las multinacionales, sobre todo de las que se han hecho con buena parte de los servicios del agua de abasto en todo el Estado. 

El último capítulo de esta guerra también lo ha protagonizado el legislativo. En la tramitación de la novedosa Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018, se permitió que Francesc Homs, diputado catalán del grupo mixto, introdujera una enmienda, plasmada en la disposición final duodécima, que vuelve a contradecir la doctrina del TS e implica la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo un nuevo apartado a su artículo 20 para permitir que las prestaciones de importantes servicios públicos sean consideradas como “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario” si se ofrecen de forma directa por una sociedad privada o mediante gestión indirecta. 

Se vuelve a legislar en favor de los intereses económicos de las multinacionales para que servicios como el del agua de abasto se puedan tarifar como precio público y no como tasa.

Este nuevo movimiento del legislativo controlado por el Partido Popular y acordado con los denostados “catalanes”, no es la batalla final, pues existen razonables dudas sobre su constitucionalidad. No hay garantías de que se respete la reserva de ley establecida en el artículo 31.3 de la Constitución y para muchos expertos también hay dudas de que este tipo de prestaciones se puedan calificar como “no tributarias”, puesto que la sentencia 102/2005 del Tribunal Constitucional, en un recurso sobre el cobro de los servicios portuarios, vino a dictaminar que “son tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta”. 

En 1947 el pueblo de Valle Gran Rey ganó “la guerra del agua” y se mantuvo el control público sobre este recurso. Ahora tampoco consideramos perdida esta nueva guerra del agua que se libra en infinidad de municipios de todo el Estado, porque los sectores mayoritarios de la sociedad no vamos a permanecer impasibles permitiendo que prevalezca sobre el interés general la imposición de los intereses del capitalismo global.

José Luis Hernández (Concejal de Unid@s se puede. La Laguna)

La Laguna, 28 de febrero de 2018