viernes, 2 de octubre de 2015

Robar tres millones de euros a uno o robar un euro a tres millones, de Antonio Avendaño




Juan Torres recuerda de nuevo el asunto en un artículo de Público cuyo titular lo entendería hasta el mismísimo Carlos Floriano: ‘Así roban las eléctricas’. El aplicado catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla sintetiza con precisión científica la información y los argumentos que viene reuniendo en su web www.estafaluz.com el ingeniero sevillano Antonio Moreno Alfaro, olvidado caballero andante que lucha desde hace años en solitario contra los gigantes eléctricos.

El resumen del resumen de Torres es este: las eléctricas nos tangan 0.15 euros cada mes a unos tres millones de familias, de manera que centavo a centavo, tacita a tacita, ya llevan cobrados de más 35 millones de euros desde 2006.

Y bien, ¿por qué nos roban y, más importante, por qué nos dejamos robar? Pues nos roban porque pueden y nos dejamos robar porque nos roban poco… a cada uno. El truco está ahí: si les robas tres millones de euros de una vez a un pardillo éste te llama ladrón, te denuncia y tu atraco acaba saliendo en los telediarios, pero si le robas un euro cada seis meses a tres millones de pardillos, lo más probable es que ni se den cuenta siquiera. Solo se dan cuenta cuando llega un Antonio Moreno con su estafaluz.com o un Rubén Sánchez con su Facua y se lo demuestran. Quien sí lo nota, en cambio, es el atracador, que ve cómo su cuenta de resultados mejora, digamos, a razón de unos 6 millones de euracos al año. 

El caso de las eléctricas con sus contadores, de Volkswagen con sus emisiones de gas, de las casas de coches con sus ofertas pactadas, de las gasolineras con sus precios amañados, de las telefónicas con sus tarifas abusivas en relación al resto de Europa… Todos ellos nos vienen engañando todo lo que pueden porque saben que 1) no los vigilan; 2) si los vigilan los vigilan poco; y 3) si los cazan irán a la cárcel.

Lo más que suele pasar cuando los cogen es que les ponen una multa, sí, pero nunca tan grande como para arruinar el negocio y tener que cerrarlo, pues ello ocasionaría muchos despidos. Del mismo modo que el dinero de los depositantes es el rehén con que los bancos negocian con el Estado para eludir su quiebra echando mano de fondos públicos, el empleo es el rehén con que las grandes compañías negocian con el Estado su impunidad. Si me dejas quebrar la gente perderá su dinero, dicen los bancos; si me multas demasiado la gente perderá su empleo, dicen las eléctricas o las telefónicas.

¿Esto tiene arreglo? Bueno, es dudoso que lo tenga mientras el Estado no se tome en serio a sí mismo. Recordemos que el fraude de Volkswagen no lo descubrió el Estado, aunque esta vez no le haya quedado más remedio que ejercer de Estado. El robo de las eléctricas no es que no lo haya descubierto, es que dice que no existe. Y cuando el fraude lo descubre él mismo –como en el caso de los gasolineras repercutiendo a toda velocidad en sus precios la subida del petróleo pero haciéndose los suecos con la bajada– cuando es la Comisión de la Competencia, es decir, cuando es el Estado quien descubre el fraude ya se ocupa el propio Estado de que su descubrimiento no tenga consecuencias graves.

Lo malo, lo grave, en fin, es que estas denuncias solo se las toman verdaderamente en serio los partidos de izquierda radical, las asociaciones de consumidores más combativas o los medios situados en los márgenes del sistema, salvo cuando el escándalo es imposible de ocultar, como ha sucedió con Volkswagen. Es más: si hubiera estado en la mano de los propios Estados, sea el español o el alemán, haber hecho público el fraude de Volkswagen, ¿qué cree el improbable lector que habría sucedido: que lo habrían denunciado a los cuatro vientos o que habrían buscado un discreto arreglo en la sombra con los ejecutivos de la marca? En efecto, pío lector, esa que estás pensando es la respuesta correcta.

¿Saldrá Volkswagen vivo de ésta? Casi seguro que sí, y lo hará por la misma razón que salieron vivos los bancos del crack financiero: porque tienen un rehén.

Fuente: www.andalucesdiario.es

sábado, 26 de septiembre de 2015

La CNMV sanciona a la Caja de Extremadura y Liberbank por incumplimiento de obligaciones de información en la venta de productos financieros complejos






La Comisión Nacional del Mercado de Valores sanciona a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y a Liberbank S.A. por incumplimiento de obligaciones de información en la venta de productos financieros complejos

  • Les acusa de faltas muy graves vinculadas con la venta de estos productos sin analizar si eran adecuados ni advertir de sus riesgos
  • Además, sanciona a The Bank of Nova Scotia por ventas en corto de acciones de Bankia en mayo de 2013
El BOE del pasado 11 de septiembre se publicó una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por la que multa a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y Liberbank, la entidad que la absorbió en 2011. En total, deberán pagar 600.000 euros.

La entidad les impone faltas muy graves vinculadas a tres puntos: el incumplimiento de las obligaciones de información; no haber obtenido la información necesaria de los clientes a los que vendían determinados productos para saber si se adecuaban a ellos; y, en tercer lugar, la venta de productos complejos a personas que no estaban preparadas para adquirirlos sin advertir de los riesgos que conllevaban.

Caja de Extremadura es responsable de estas actividades desde julio de 2010 hasta agosto de 2011, cuando fue absorbida por Liberbank. En su caso, la multa impuesta asciende a medio millón de euros. El resto, otros 100.000, son para Liberbank, por seguir practicando este tipo de ventas a clientes no adecuados de agosto a octubre de 2011. 

No es la primera vez que una entidad es sancionada por este tipo de prácticas. Por ejemplo, en abril, multó con más de dos millones a las cajas gallegas por el fraude de las preferentes. En 2014 fue el Santander el que recibió una sanción de un millón de euros. Y en 2013, el Banco Popular.

Medio millón por ventas en corto de acciones de Bankia

El mismo BOE del 11 de septiembre se publica otra sanción de la CNMV, en este caso por ventas en corto de acciones de Bankia en mayo de 2013. The Bank of Nova Scotia deberá pagar medio millón de euros de multa.

Las ventas en corto consisten en, a través de un tercero, desprenderse de unos valores que van a bajar de cotización para después volverlos a adquirir a un precio menor y así obtener un beneficio.

Fuente: www.civio.es

jueves, 24 de septiembre de 2015

Talidomida: un escándalo crecido por la pasividad política



Ningún gobierno ni parlamento ha reformado la ley para que no prescriba una reclamación de daños en casos extraordinarios, como las malformaciones creadas con la talidomida. 

El laboratorio jamás ha sido condenado en ningún país por esta catástrofe.
 
MADRID.- La empresa farmacéutica alemana que comercializó la talidomida y causó malformaciones físicas a miles de recién nacidos en la década de los años 60 nunca ha sido condenada a indemnizar a sus víctimas en toda su historia.

Todos los intentos por reclamar daños a Grünenthal Pharma, SA en distintos países han sido tumbados, la mayoría de ellos por prescripción.

Los 300 españoles afectados y que aún viven interpusieron su demanda en 2012. Este miércoles, el Supremo falló en su contra porque el plazo para reclamar había prescrito, que en este caso sería de un año a partir de su mayoría de edad.

El Supremo confirma en su fallo la sentencia de la Audiencia de Madrid que sostiene que los afectados pudieron demandar mucho tiempo antes a la farmacéutica por los daños sufridos. Pero no lo hicieron.

Los magistrados no podían mirar para otro lado, debido a que se deben a un principio que rige en todo Estado de Derecho: la seguridad jurídica.

Las críticas se ciñen sobre el Supremo, pero el escándalo ha crecido durante 50 años gracias a la pasividad política.

Las víctimas de la talidomida han visto pasar gobierno y parlamentos sin que ningún partido político haya adoptado una reforma legal sencilla: suprimir los plazos de prescripción del Código Civil para que se puedan reclamar daños en catástrofes extraordinarias. En este caso, sí que hubieran conseguido una sentencia favorable a sus pretensiones.

Los políticos llaman a la puerta

Ahora, tras el fallo del Supremo, los partidos políticos han comenzado a llamar a los perjudicados para recibirlos con urgencia y abordar soluciones en vísperas electorales.

La talidomida era un fármaco que se vendió masivamente como inocuo y destinado a prevenir las náuseas matinales de las mujeres gestantes a partir de 1957. En España continuó vendiéndose incluso en 1965, cuando se había sido retirado del mercado alemán en 1961 porque se demostró que producía graves deformaciones en los bebés, como la ausencia de extremidades.

Los afectados calculan que unos 5.000 niños nacieron en nuestro país con deformidades, sordera e invalidez total a causa de este fármaco. Nacieron, crecieron y murieron en su mayoría sufriendo dolores crónicos y sin ayuda.

Los talidomídicos comenzaron a organizarse en 2008, en demanda de un reconocimiento social y de ayudas del Estado, así como para denunciar a los laboratorios. Ese año crearon la Asociación de Víctimas de la Talidomida (Avite).

Su presión política se vio recompensada en 2010, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dictó un Real Decreto (1006/2010) de ayudas solidarias del Estado a los afectados, que abarca hasta los nacidos en 1965. Las ayudas consisten en un pago único que oscila de 30.000 a 100.000 euros, en función de la discapacidad. Sanidad sólo reconoce 23 casos oficialmente y Avite rechaza los criterios restrictivos para acceder a dichas ayudas.

En Avite hay asociados unas 300 personas, que se aprestan ahora a acudir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Mientras, activan la presión política en demanda de que el laboratorio alemán afronte los daños causados.

Exigen la receta y el frasco

La farmacéutica consiguió que el archivo de una querella presentada en Alemania en 1968. El 'caso Contergan' -nombre comercial de la talidomida allí-, fue archivado en 1970 con la aquiescencia de la fiscalía.

A cambio del archivo, en Alemania se creó una fundación para ayudar a las víctimas de este medicamento, que aparentemente no discrimina entre nacionalidades. "Pero las cifras son muy claras: la Fundación Contergan tiene reconocidas ayudas a 3.000 alemanes y sólo a un español", destaca Ignacio Martínez, abogado de los afectados.

La farmacéutica exige una prueba fehaciente, además del informe médico: "Para acceder a las ayudas, las víctimas deben aportar la receta prescrita a sus madres, hace 50 años, o el frasco que tomaron", agregan. Sólo uno de los perjudicados españoles lo ha logrado.

El archivo en Alemania creó un paraguas jurídico que protege a Grünenthal Pharma, SA frente a ulteriores demandas. Todos los intentos por reabrir el caso han fracasado.

Las indemnizaciones de la farmacéutica se han centrado en Alemania y, recientemente, de Australia. Los perjudicados de otros países han recibido ayudas de sus respectivos gobiernos, pero no de la empresa causante de estos daños.

La empresa multiplicó la indemnización para los perjudicados alemanes en el año 2012 al detectar nuevos efectos de la talidomida sobre su salud. Dicho documento es conocido como Informe Heidelberg, que esgrime la asociación de víctimas Avite como otra prueba de que la prescripción no se ha cumplido.

El laboratorio Grünenthal Pharma es una empresa familiar, propiedad en su mayoría deHermann y Michael Wirtz, que figuran en la lista de los 500 alemanes más ricos.

La familia Wirtz es originaria de Stolberg (Renania) y son también accionistas de la industria de cosméticos de Maurer & Wirtz ( 4711, Tosca, Sir Irish Moos, Extase, Tabac, Baldessarini...)

  Fuente: Público

jueves, 20 de agosto de 2015

Así abusan las cuatro principales empresas de telefonía móvil





Facua denuncia "la falta de responsabilidad" del Gobierno ante estos "fraudes masivos" y pide a los partidos que concurran a las elecciones que propongan la intervención estatal en el sector de las telecomunicaciones.


Fuente: Público


MADRID.- Activar y cobrar un servicio de manera automática y sin preguntar o subir el precio de una tarifa contratada por clientes con compromiso de permanencia son las cláusulas abusivas de moda. Incurren en ellas las principales empresas de telecomunicaciones, a las que FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado por diversas prácticas ilegales.

La Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios establece como abusivas "las cláusulas que vinculen cualquier aspecto del contrato a la voluntad del empresario", y esto es lo que hacen Vodafone, Movistar, Orange y Yoigo de manera recurrente y con total impunidad. Estas prácticas, lamenta Facua, han convertido el sector de las telecomunicaciones en un "mercado opaco en el que al usuario le resulta imposible comparar y elegir la mejor opción".

El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, denuncia la "falta de responsabilidad" del Gobierno y las comunidades autónomas por "mirar hacia otro lado y no actuar ante estos fraudes masivos" y pide que los partidos que concurren este año a las elecciones generales incluyan en sus programas el compromiso de "intervenir en el sector de las telecomunicaciones". Ante la escasa competencia —Vodafone, Movistar y Orange han desbancado a compañías pequeñas como Ya.com, Ono o Jazztel— y al aumento de los precios de los servicios, Facua propone que el Gobierno establezca "tarifas referentes" que deban ofrecer por norma todas las compañías y que luego vendan servicios adicionales para competir entre ellas.

Vodafone: activación y cobro automático del servicio + Megas

Vodafone ha dado de alta el servicio + Megas a la mayoría de sus clientes sin consultarles previamente. Se trata de una tarifa para que los usuarios que agotan los datos mensuales de conexión a Internet adquieran más y puedan seguir navegando a la misma velocidad pagando dos euros. Esos datos se van añadiendo en bloques de 200 megas conforme se van consumiendo. Como el servicio se ha activado automáticamente, los clientes no son avisados de que han superado el límite de datos, por lo que siguen navegando mientras aumenta su factura.

La compañía avisó a sus usuarios del alta en este servicio adicional aprovechando un SMS en el que informaba también de una subida de tarifa y de los cambios en las condiciones de los servicios que ya tenían contratados. Lo correcto, según Facua, hubiese sido ofrecer el servicio informando de todas sus condiciones para que los interesados lo contrataran, en lugar de activarlo automáticamente. La organización recuerda que, además de ser una cláusula abusiva, el cobro por defecto es un práctica prohibida por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios: "Queda prohibido el envío, suministro o prestación de servicios al consumidor no solicitados por él cuando incluyan una pretensión de pago de cualquier naturaleza", reza la norma.

Orange: subida "ilegal" de sus tarifas Canguro

Orange ha comenzado a notificar a sus usuarios con contrato de permanencia que los precios de la tarifa Canguro en sus dos variedades (Ahorro y Sin límite) aumentarán dos euros a finales de septiembre y, a cambio, la capacidad de navegación móvil aumentará en 500 Mb. Facua asegura que la subida es "ilegal".

En este tipo de fraudes, los clientes que aún no hayan cumplido su periodo de permanencia tienen derecho a que la empresa les mantenga la tarifa mientras dura esa permanencia. La organización informa de que los afectados pueden denunciar a la compañía ante las autoridades de consumo de las comunidades autónomas para exigir el mantenimiento de las tarifas que contrataron o darse de baja de la empresa y demandarles que sea la propia compañía quien les abone las penalizaciones por incumplir los contratos de permanencia. Los contratos de permanencia, recuerda la organización, "no sólo vinculan a los usuarios, sino también a las compañías, que tienen que respetar las tarifas durante su vigencia".

Orange también ha anunciado recientemente una subida del establecimiento de llamada a los usuarios de la tarifa Colibri.

Movistar: cinco euros mensuales más por Movistar Fusión

Cerca de cuatro millones de usuarios están afectados por la subida ilegal de las tarifas de Movistar Fusión en cinco euros mensuales, con la que la compañía aumentaría sus beneficios, según Facua, en más de 220 millones de euros. La organización ha interpuesto una demanda contra Telefónica en los juzgados de lo mercantil de Madrid por esa práctica abusiva, pero aún no ha obtenido respuesta.

Yoigo: aumento del precio del establecimiento de llamada

"Hola, desde el 15 de septiembre el precio del establecimiento de llamada será de 20 céntimos (IVA incluido). Si no estás de acuerdo, puedes pedir baja". Con este SMS está informando Yoigo a todos sus clientes de la subida del establecimiento de llamada, que actualmente cuesta 18,15 céntimos. Facua advierte de que los usuarios con contrato de permanencia pueden denunciar a Yoigo para exigir el mantenimiento del precio del establecimiento de llamada.