El Gobierno suprimirá el Instituto Nacional de Consumo justificando dicha actuación en el ahorro presupuestario

El Instituto Nacional de Consumo (INC) aparece entre los organismos que serán suprimidos, integrándose en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), según el informe CORA sobre la reforma de las Administraciones Públicas.

La supresión del Instituto Nacional de Consumo se enmarca en el proceso de progresiva degradación que ha vivido este organismo, a quien no se le dotó de competencias efectivas en defensa del consumidor (sin capacidad sancionadora) y cuyo presupuesto se destinaba en casi en su totalidad al pago de subvenciones y nóminas.

Ello revela y desenmascara la absoluta falta de compromiso gubernamental con la defensa de los consumidores y usuarios afectados con intensidad creciente en fraudes escandalosos y actuaciones ilícitas que revelan la indefensión de los ciudadanos y la omisión de los poderes públicos de su obligación de proteger eficazmente los legítimos intereses económicos y sociales de aquéllos. 

Los casos "Forum Filatélico"y "Afinsa",  la venta masiva de "participaciones preferentes" o la inclusión indiscriminada de "cláusulas suelo" son ejemplos ilustrativos de la inoperancia institucional y denotan la imperiosa necesidad de contar con un órgano estatal e independiente de vaivenes políticos que ponga orden en esta jungla en la que los poderes económicos actúan como verdaderos predadores respecto al rebaño ciudadano,  regido por un pastor consentidor o, al menos,  complaciente.

La integración de los restos del Instituto Nacional de Consumo en la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición no deja de ser un disparate (las competencias en consumo abarcan mucho muchas más materias que las propiamente relacionadas con el control sanitario de los alimentos) y esperemos que más temprano o tarde se rectifique, surgiendo un nuevo instrumento que sea verdaderamente eficaz a la hora de proteger los intereses de los consumidores.