Ascienden a 200 los afectados por el cierre de la clínica iDental de Gijón

Dacio Alonso, presidente de la UCE, antes de comparecer. / ÁLEX PIÑA

La UCE insta a los usuarios a denunciar a la empresa y conservar toda la documentación para las reclamaciones 

M. M. GIJÓN. El Comercio

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha cifrado en más de 200 las personas afectadas por el cierre de la clínica iDental en Gijón. La clínica cerró sus puertas el pasado martes sin ofrecer explicaciones a los usuarios ni alternativas para continuar con sus tratamientos.

Desde la UCE están tratando de organizarse para ofrecer a los usuarios la asistencia que en cada caso sea necesaria, ante las «situaciones dramáticas» que los afectados pueden estar viviendo por tener tratamientos a medias, por mala praxis de los trabajadores e, incluso, por la utilización de materiales que no en todas las ocasiones contaban con la «mínima calidad garantizada» ni los controles oportunos.

A ello se añade el hecho de que los usuarios a los que la clínica orientaba sus servicios eran personas con bajos recursos económicos, con lo que habitualmente acudían a la financiación que la clínica ofertaba para sufragar los gastos de sus tratamientos. Para dar solución al conjunto de la problemática, la Unión de Consumidores ha instado al Colegio de Odontólogos a manifestarse frente a la «negligencia profesional» ocurrida y ofrecer a los afectados peritajes para evaluar el estado de los pacientes. Por otro lado, instan a la Fiscalía a actuar frente a los posibles delitos de fraude y estafa que se hayan cometido, según ha indicado Alonso.

La UCE aconseja, asimismo, a los clientes de Idental denunciar a la empresa, poner sus casos en manos de las autoridades sanitarias y conservar toda la documentación para realizar las oportunas reclamaciones. Dacio Alonso ha recordado que la actual legislación ampara a los usuarios en el caso de haber financiado una actuación, permitiendo que se cancele el préstamo si no se ofrece el servicio. En total la UCE calcula que puede haber en torno a 60.000 afectados por el cierre de clínicas en toda España.

La Unión de Consumidores hace una distinción entre los clientes que hayan pagado el tratamiento completo y por adelantado, sin que este haya llegado a su término, y aquellos que hayan contratado a una financiera para su pago. En el primer caso las dificultades a la hora de recuperar lo invertido aumentan «si los responsables de la empresa han desaparecido o si no inician un procedimiento concursal», explican desde UCE. En el segundo caso, la solución es sencilla: solicitar la resolución del crédito a través de la financiera.

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Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)

"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), publicada en diario.es.

“En la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente. Tendría que ser justo al revés"

"El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción" 

"En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas" 

Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.

10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?

La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.

En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto. 

¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?

En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe de click. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados. 

¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?

En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa. 

¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?

El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático.  Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés. 

La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan. 

El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo. 

¿Qué modelo propone?

Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro. 

La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.

Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables. 

El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.

En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales  lo bloquearon ellos. 

¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?

La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.  

¿Estamos saliendo de la crisis?

No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis. 

Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.

Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.

El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios

El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios

Demanda que los usuarios reciban atención "personalizada, transparente y vinculante

El PSdeG defenderá una iniciativa en el Parlamento gallego para que Galicia regule por ley la información que deben recibir los usuarios en la firma de contratos hipotecarios, para evitar la "letra pequeña" y garantizar que la atención sea "personalizada, transparente y vinculante".

Así lo ha expuesto la portavoz de Facenda del Grupo Parlamentario del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, quien ha visto "fundamental" esta propuesta para la protección y defensa de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, para que dispongan de "toda la información obligada".

Durante la presentación de la iniciativa, una proposición de ley que ya ha sido registrada en la Cámara, la socialista ha asegurado que esta norma es "fundamental" también para garantizar la "transparencia" que debe existir "en toda actividad pública y privada".

En su opinión, así se podrían "evitar casos como los que han sucedido en estos últimos años", en referencia a los desalojos de viviendas habituales y a las cláusulas suelo.

Respecto a la normativa que ampara la proposición, Rodríguez ha explicado que "la legislación actual otorga a las comunidades autónomas la defensa de los consumidores e usuarios". En este sentido, ha recordado que el artículo 51 de la Constitución Española y el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Galicia "también recogen esta defensa".

Asimismo, ha apuntado también al convenio "más reciente" sobre esta materia, el decreto de 2016 por el que se creó el Instituto Galego de Consumo e da Competencia, con unos estatutos que recogen que debe "velar para que los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios incorporen la información y los niveles de seguridad legalmente exigibles".

Además, añade la garantía de "realizar campañas de control en los diferentes sectores del mercado gallego, de manera especial en las dirigidas a evitar el fraude, la publicidad engañosa y la utilización de cláusulas suelo".

De este modo, la diputada ha señalado que, "si Galicia se ciñe simplemente a este mandato, se puede ver que la Comunidad gallega debe dar un paso más" y "regular a través de una ley los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos hipotecarios".

Además, ha asegurado que el objetivo de la iniciativa "es doble", debido a que, por un lado, pretende "garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias"; y, por otro, "regular la transparencia y acceso a la información que se le debe garantizar a todas las personas en la suscripción de préstamos hipotecarios".

CÓMO OTORGAR INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES

La portavoz de Facenda del PSdeG ha apuntado que se trata de una proposición de ley "pequeña", que cuenta con 20 artículos, cinco disposiciones adicionales --una de ellas transitoria-- y cinco disposiciones finales.

Así, ha incidido en que, pese a tener varios apartados y estar compuesto por cuatro títulos, lo "fundamental" es que incluye "la información detallada" y "el cómo se debe otorgar esta información a los usuarios y consumidores".

Al respecto, Rodríguez ha explicado que uno de sus "principios fundamentales" habla de explicaciones "adecuadas, sencillas y comprensibles".

En esta línea, ha destacado que debe haber una "información precontractual genérica para cualquier persona que entre en una entidad prestamista"; seguida de "una atención personalizada cuando el usuario demande información"; y, finalmente, "una vinculante que ya debe estar redactada, fechada y firmada, tanto por la parte que facilita la documentación como por la de quién la recibe".

Asimismo, ha indicado que es "importante" que la información sea "verbal y siempre por escrito, las dos". Además, ha subrayado que esta aclaración "no solo debe darse en las oficinas abiertas al público de manera clara y visible para todo el mundo", sino también "en la web y en un apartado visible que pueda ser consultado por toda persona que se acerque a través de este medio a la búsqueda de información".

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN COMERCIAL

Por otra parte, la portavoz de Facenda ha asegurado que la proposición dispone "varios retos fundamentales" para la difusión comercial y la publicidad de los prestamistas, como el "no generar falsas expectativas" y "facilitar una serie de información básica fundamental".

Sobre esta "información básica fundamental", ha apuntado al conocimiento del tipo de interés --variable o fijo--, de las cláusulas limitativas de su variación --como las techo y suelo--, del importe total, la duración e importe de las cuotas y las condiciones en las que se ofertan los préstamos --vinculados a productos accesorios, como seguros de vida o tarjetas de crédito--.

En este sentido, ha explicado que el consumidor debe "saber si estos productos accesorios conforman un paquete integral o si se puede diferenciar", es decir, "si la persona que contrate el servicio puede contratar de forma independiente los seguros de vida y las tarjetas en una entidad diferente de la prestamista". En este caso, saber "cómo aumenta el tipo de interés" con la entidad.

COMISIONES Y EJEMPLOS

Además, Begoña Rodríguez ha señalado la necesidad de que la persona que contrate este tipo de productos sepa cuáles son sus comisiones y gastos derivados del contrato.

Al respecto, ha apuntado que el consumidor debe saber qué sucedería en caso de que "no pudiese atender al pago del préstamo hipotecario que contrata", para saber si este hecho puede conllevar la "pérdida de la vivienda habitual, la dación en pago o el riesgo de perder patrimonio".

Frente a la falta de comprensión de los consumidores, esta proposición socialista, tal y como ha indicado Rodríguez, "exige un ejemplo representativo que facilite la comprensión en función de los datos oficiales o de estadísticas hipotecarias de Galicia".

Asimismo, ha asegurado que es "importante" que la información complementaria ofrecida "no tenga una letra más pequeña respecto al resto de la información" facilitada por parte de las entidades bancarias.

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA

También en este proyecto de ley, la portavoz de Facenda ha destacado el derecho de la persona que va a contratar un préstamo hipotecario a "recibir una copia de la escritura pública en el despacho de la notaría en la que se va a efectuar la firma del contrato, por lo menos tres días hábiles antes de la rúbrica, para poder examinarlo".

Por otro lado, Rodríguez ha señalado el "deber" de la persona titular de la notaría de "examinar el contenido de la oferta vinculante e informar sobre la posible discrepancia, si la hubiese, entre la oferta vinculante y el documento que ambas partes van a firmar".

En esta línea, ha explicado que la proposición pretende "garantizar el derecho a que las personas titulares de la notaría aconsejen, asesoren e informen de forma gratuita e imparcial" a los consumidores.

Fuente: La Vanguardia

Modificación de la Ley de Consumidores y Usuarios para evitar la discriminación de personas con VIH y otras condiciones de salud y de la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar los desahucios de viviendas ocupadas ilegalmente

En el Boletín Oficial del Estado de ayer se ha publicado la Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre.

Con la  reforma de la LGCU se añade una disposición adicional (disposición adicional única) al texto de la norma en la que se consideran nulas aquellas cláusulas, estipulaciones, condiciones o pactos que excluyan a una de las partes, por tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, siendo nula la renuncia a lo estipulado en dicha disposición. 

También se añade una disposición adicional (disposición adicional quinta) a la Ley 50/1980, de 8 de octubre,  de Contrato de Seguro en la que se dispone que “No se podrá discriminar a las personas que tengan VIH/SIDA u otras condiciones de salud. En particular, se prohíbe la denegación de acceso a la contratación, el establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador o la imposición de condiciones más onerosas, por razón de tener VIH/SIDA u otras condiciones de salud, salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente” 

La modificación tiene su origen en una iniciativa del Parlamento de Navarra y está dirigida a erradicar del ordenamiento jurídico aquellos aspectos que limiten la igualdad de oportunidades y promuevan la discriminación de las personas portadoras del VIH/SIDA, o afectadas por otras condiciones de salud, en lo que respecta al ámbito de contenidos discriminatorios en determinados negocios jurídicos, prestaciones o servicios que acentúan el estigma social y la discriminación legal de las personas seropositivas. 

En el mismo Boletín también se ha publicado la  Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas. 

El cambio normativo obedece a la irrazonable regulación procesal española en la que propietarios titulares de una vivienda, en muchas ocasiones con pocos recursos económicos, veían como se ocupaba ilegalmente ésta viéndose imposibilitados para recuperarla en un plazo razonable y teniendo, además, que desembolsar gastos como suministro de agua, electricidad y , en el día de su recuperación sufragar las reparaciones de los daños que pudieran haberse producido. 

El preámbulo de la norma expone descarnadamente que “sin que exista relación alguna con situaciones de extrema necesidad, han aparecido también fenómenos de ocupación ilegal premeditada, con finalidad lucrativa, que, aprovechando de forma muy reprobable la situación de necesidad de personas y familias vulnerables, se han amparado en la alta sensibilidad social sobre su problema para disfrazar actuaciones ilegales por motivaciones diversas, pocas veces respondiendo a la extrema necesidad. Incluso, se han llegado a ocupar ilegalmente viviendas de alquiler social de personas en situación económica muy precaria o propiedad de ancianos con pocos recursos y para abandonarlas se les ha exigido el pago de cantidades a cambio de un techo inmediato, o se ha extorsionado al propietario o poseedor legítimo de la vivienda para obtener una compensación económica como condición para recuperar la vivienda de su propiedad o que legítimamente venía poseyendo”.  “Actualmente la recuperación inmediata de la vivienda por el propietario o titular de otros derechos legítimos de posesión de viviendas no es sencilla en la vía civil, como tampoco encuentra protección suficiente la función social que han de cumplir las viviendas que tienen en su haber las entidades sociales o instrumentales de las Administraciones públicas, para ser gestionadas en beneficio de personas y familias vulnerables, puesto que un porcentaje demasiado elevado del referido parque de viviendas se encuentra ocupado de forma ilegal, especialmente en los núcleos urbanos. Están identificadas verdaderas actuaciones organizadas, muy lucrativas y de carácter mafioso, que perturban y privan de la posesión de viviendas a las personas físicas a las que legítimamente corresponde, o dificultan e imposibilitan la gestión de aquellas viviendas en manos de organizaciones sociales sin ánimo de lucro y de entidades vinculadas a Administraciones públicas, que están dedicadas a fines sociales en beneficio de familias en situación de vulnerabilidad, pero que su ocupación ilegal impide que puedan ser adjudicadas a aquellas personas o familias a las que correspondería según la normativa reguladora en materia de política social. Indisponibles, por tanto, para el fin para el que están destinadas, suponiendo ello un grave perjuicio social. La ocupación ilegal, esto es, la ocupación no consentida ni tolerada, no es título de acceso a la posesión de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Los poderes públicos, eso sí, deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho y, en ese marco, preocuparse de forma particular por aquellas personas en riesgo de exclusión social. De ahí que las Administraciones vengan trabajando en planes y actuaciones que permitan generar un parque de vivienda social para atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial. Es por todo ello que conviene articular los mecanismos legales ágiles en la vía civil que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, cuando se trata de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla o entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social”. 

Los puntos clave de esta reforma son:

-Cuando la notificación de la resolución contenga fijación de fecha para el lanzamiento de quienes ocupan una vivienda, se dará traslado a los servicios públicos competentes en materia de política social por si procediera su actuación, siempre que se hubiera otorgado el consentimiento por los interesados, buscando así una rápida respuesta de los poderes públicos cuando se detecten situaciones de especial vulnerabilidad. 

-La persona física que sea propietaria o poseedora legítima por otro título, las entidades sin ánimo de lucro con derecho a poseerla y las entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social, podrán pedir la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella, siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento. 

-La demanda, que deberá acompañar el título en la que el demandante funde su derecho a poseer la vivienda ocupada,  podrá dirigirse genéricamente contra los desconocidos ocupantes de la vivienda, sin perjuicio de que la notificación se realice a quien se encontrase en el inmueble al tiempo de llevar a cabo dicha notificación. 

-Si el demandante hubiera solicitado la inmediata entrega de la posesión de la vivienda, en el decreto de admisión de la demanda se requerirá a sus ocupantes para que aporten, en el plazo de cinco días desde la notificación de aquella, título que justifique su situación posesoria. 

-Si no se aportase justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda al demandante. Contra dicho auto no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda.

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