Este es uno de los datos aportados por el boletín del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España, correspondiente al cuarto trimestre de 2008, en el que también se refleja el concepto “superficie máxima tolerable de compra”, que es el número de metros cuadrados de vivienda que una persona puede adquirir sin endeudarse por encima del 30 por 100 de su renta neta anual.
En el caso de vivienda nueva la superficie de ésta, teniendo en consideración la renta media actual de los jóvenes, no podría pasar de los 34,9 metros cuadrados construidos.
En el apartado dedicado a Asturias el boletín destaca que, para afrontar el pago inicial de una hipoteca media, una persona joven que resida en el Principado de Asturias debería aportar el 74,4% de su salario neto.
Interesante artículo del profesor Jacobo Dopico publicado en el portal jurídico Legal Today.
En él se analiza la propuesta de introducción de un nuevo artículo en el Código Penal, el Art. 282 bis, relativo a la tipificación como delito de la captación de inversores -u obtención de préstamos o créditos- a través de la falsedad en las informaciones que las sociedades mercantiles deben publicar.
Existe un fenómeno peculiar en el comportamiento del consumidor: cuando se va a efectuar una compra menor se presta más atención al objeto de la compra y a las condiciones jurídicas y económicas de ésta que cuando se celebran negocios jurídicos complejos que pueden entrañar gastos millonarios y vinculantes a largo plazo.
Así, cuando vamos al supermercado no nos extrañamos -incluso nos parece una actitud prudente- examinar pormenorizadamente cada pieza de fruta que compramos ¡no vaya a ser que nos engañen, y nos vendan alguna manzana defectuosa!. En la tienda de ropa también preguntamos el precio de cada prenda, si se puede lavar a máquina o no, si se puede descambiar, etc.
Sin embargo, no sé qué aire misterioso de solemnidad pueden tener los establecimientos bancarios para que una gran parte de los usuarios se apresuren a firma de contratos con múltiples cláusulas y en letra pequeña -todavía la “letra pequeña”- sin leer detenidamente lo que se firma.
Parece un misterio, pero en las oficinas bancarias existen hipnotizadores bien vestidos que, situados estratégicamente tras una mesa, invitan bolígrafo en mano a rubricar un papel. Su poder de convicción es total ya que, ¡Voila!, los hipnotizados clientes lo firman….sin pararse a leer ninguna cláusula.
Esta actitud resulta imprudente. Ahora bien, tampoco resulta justificable que se utilicen cláusulas que, de llegar a leerse, tampoco se entenderían por usuarios medianamente informados.
El caso es que a los incautos que han firmado contratos de préstamos hipotecarios con “Swaps” se les ocasiona un perjuicio económico muy relevante en la actual coyuntura de bajada de tipos, toda vez que para ellos en vez de bajar su cuota, ésta sube.
Los afectados, al parecer, no fueron correctamente informados y manifiestan que no se les comunicó el riesgo que corrían con una coyuntura de descenso de tipos.
Ante ello, creo que existen argumentos para ejercer acciones de nulidad sobre la contratación de los “Swaps”. El principal es que siendo instrumentos financieros complejos, las entidades financieras que los hubiesen empleado deberían acreditar haber informado suficientemente a sus clientes sobre los riesgos que poseen y, específicamente, el de no poder verse beneficiados de las bajadas de los tipos de interés sustanciales que se están produciendo. Dicha obligación de información, además, resultaría especialmente exigible -a los efectos de aplicar el principio de buena fe contractual- si los contratos se han ofrecido y suscrito cuando ya se estimaba la bajada de tipos. Este argumento también resulta aplicable a la célebre "cláusula suelo" que , al igual que los Swaps, impide la bajada de los intereses aplicables a los préstamos hipotecarios a partir de un límite, aunque el índice de referencia pactado -euribor, normalmente- sea notablemente inferior a aquél.
La aprobación de la misma se justifica por la transposición de la Directiva 2002/22/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva del servicio universal).
La Carta reconoce a todos los usuarios finales de servicios de comunicaciones electrónicas, con independencia del operador con el que contraten un conjunto de derechos como:
-Disponer de un contrato en el que figuren las condiciones aplicadas. -Derecho a darse de baja en cualquier momento. -Derecho de ser indemnizado en caso de interrupción del servicio. -Recibir facturación detallada, entre muchos otros.
Se prohíbe publicitar velocidades de acceso a Internet superiores a las que admita la tecnología utilizada debiendo informarse a los usuarios sobre las circunstancias que pueden limitar la velocidad efectiva que experimentan.
Se fija en dos días, previéndose su reducción a 24 horas, el plazo en que la portabilidad debe llevarse a efecto.
En cuanto a la indemnización por interrupciones del servicio se distingue el servicio de acceso a Internet del de telefonía, debiendo ser automática si su cuantía es superior a un euro para el servicio telefónico o si supera las seis horas en horario de 8.00 a 22.00 para el de acceso a Internet.
Por lo que se refiere a la facturación, en el supuesto de que en la factura de un servicio de comunicaciones electrónicas se contengan importes correspondientes a bienes o servicio que no tengan tal naturaleza, se establece que el impago de estos últimos no podrá acarrear la suspensión del servicio de comunicaciones electrónicas.
También se establecen obligaciones para los usuarios, entre ellas el de utilizar los servicios para los fines previstos en el contrato, evitando un uso fraudulento, cumplir con la contraprestación prevista por el suministro de los servicios o utilizar terminales que hayan evaluado su conformidad según la normativa vigente.
Esperemos que esta nueva norma no sólo sirva para reconocer derechos a los usuarios y arbitrar procedimientos de resolución de reclamaciones, sino que su aplicación por parte de las empresas operadoras contribuya a que las reclamaciones no se produzcan y a que el sector de telecomunicaciones deje de ser uno de los más conflictivos.
Con el fin de reforzar la defensa jurídica de los usuarios de telecomunicaciones el Consejo de Ministros aprobó ayer la denominada “Carta de Derechos del Usuario de Telecomunicaciones”, que introduce nuevas obligaciones a las operadoras entre las que destacan:
• La obligación de informar expresamente la posible existencia de períodos mínimos de contratación y de vínculos entre el contrato de servicio y la adquisición de un terminal y las consecuencias de su incumplimiento.
• Se prohíbe que el operador pueda realizar modificaciones unilaterales en el contrato si no están expresamente previstas por anticipado en el mismo.
• Se reduce de quince a dos días el plazo que el operador tiene para dar de baja a un cliente.
• El plazo máximo para la portabilidad (cambio de operador con seriación del número) se reduce a tan sólo un día.
En el reciente Debate sobre el Estado de la Nación, el Presidente del Gobierno anunció la puesta inminente de una medida destinada a relanzar al sector automovilístico: el apoyo directo a la compra de automóviles. El Gobierno comprometía por cada compra 500 euros, que las comunidades complementarán con 500 euros y el sector del automóvil con 1.000, en total. 2.000 euros de ayuda directa por vehículo nuevo.
El caso es que ante esta expectativa, los potenciales clientes se lo piensan a la hora de comprar un coche.
Los fabricantes y concesionarios, aunque ven con buenos ojos todo tipo de ayudas que pueda fomentar la actividad de venta, tampoco lo tienen claro por la elemental razón de que no lo está: el procedimiento que fije las condiciones jurídicas y económicas de la subvención deberá pasar por el BOE y, mientras tanto, no dejará de ser una declaración de intenciones. ¡Servidumbres del Estado de Derecho!.
Tampoco lo ven claro algunos responsables autonómicos que están mosqueados porque nadie les dijo previamente que debían arrimar el hombro con 500 euros por automóvil.
Para finalizar, una guinda: determinados concesionarios –según denuncia la Unión de Consumidores de Asturias- han aprovechado el anuncio sobre las ayudas para incrementar el precio de los vehículos.
A lo mejor, y a la vista de esto, la mejor medida quizá hubiese sido anunciar una próxima subida del impuesto de matriculación… Seguro que se venderían en corto plazo muchos más coches.
Pese a que el Tribunal de la Competencia abrió una investigación a IBERIA, a instancias de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE-Asturias), las tarifas que siguen aplicándose en los viajes a Madrid desde Asturias superan en cinco veces los aplicados por la misma compañía desde los trayectos con origen en Santiago de Compostela.
Dicho hecho fue objeto de queja por parte de la Dirección General de Transportes y Asuntos Marítimos del Principado de Asturias, a tenor de la información publicada hoy en el diario El Comercio.
La Organización Mundial de la Salud eligió el 31 de mayo como día mundial sin tabaco, único producto que consumido legalmente, y usado como lo indican los fabricantes de sus subproductos elaborados, causa la muerte de entre un tercio y la mitad de los consumidores, resultando la principal causa de mortalidad evitable en el mundo.
Todo ello, con independencia de las consecuencias negativas para la salud de otras personas no fumadoras expuestas involuntariamente al humo del tabaco (fumadores pasivos).
Una de las mayores preocupaciones de la OMS frente al tabaquismo es, precisamente, la intensificación de la industria tabaquera para captar a los jóvenes como potenciales consumidores, ya que la nicotina es un producto altamente adictivo y su exposición durante la adolescencia puede conllevar a toda una vida de consumo de tabaco.
El Ayuntamiento de Oviedo mediará entre las empresas promotoras de viviendas y los adquirentes de las mismas para tratar de solucionar el conflicto causado por la ilegal repercusión en los adquirentes de viviendas del importe correspondiente a la tasa de enganche a los suministros de agua. Dicha repercusión ha sido considerada en multitud de ocasiones una práctica abusiva al amparo de la legislación en materia de defensa del consumidor.
La asociación Facua-Consumidores en acción ha denunciando -ante el Instituto Nacional de Consumo y los órganos competentes en materia de defensa del consumidor de las Comunidades Autónomas donde tienen sus sedes- a las compañías aéreas Iberia, Air Europa, Easyjet, Ryanair, Spanair y Vueling por cobrar a los usuarios por atender sus consultas y reclamaciones utilizando los teléfonos con prefijo 807.
En la denuncia se afirma que los usuarios tienen que pagar cantidades que varían entre 0,41 y 1,51 euros por minuto (dependiendo si se utiliza un teléfono fijo o móvil) para recibir determinada información sobre el vuelo, su confirmación y el cambio en las condiciones del billete o su cancelación, así como datos sobre la documentación necesaria para realizar el viaje o incluso para reclamar sobre algún tipo de error o anomalía en el billete o el localizador, llegándose al extremo de que alguna compañía publica en su página web la negativa a admitir reclamaciones por fax, carta o correo electrónico o a obligar a utlizar dichos teléfonos con tarificación adicional para ejercer los derechos que le faculta la legislación reguladora de la protección de datos personales, a fin de que no le sea remitida más publicidad.
Así lo recoge la Memoria anual de la Agencia Española de Protección de Datos correspondiente al ejercicio 2008 en la que se constata que los dos primeros lugares, en cuanto a número de procedimientos sancionadores tramitados, correspondieron a los sectores de telecomunicaciones y entidades financieras, con crecimientos muy superiores a los del año anterior (81,3% frente a 45% y 58,8% frente a 104%, respectivamente).
La Agencia efectúa diversas “recomendaciones ejecutivas”, acciones que deberían emprender las Administraciones Públicas en el ámbito de sus competencias.
Entre dichas recomendaciones, se contemplan:
1. Evitar el acceso de menores a servicios de adultos en Internet.
Proteger a los menores implica, evitar que sus datos personales puedan ser utilizados sin el consentimiento de sus padres o tutores. Pese a ello se constata que, con frecuencia, no se han desarrollado procedimientos que permitan conocer de manera efectiva la edad de los menores, especialmente, en productos o servicios accesibles en Internet. De ahí que sea necesario impulsar un acuerdo con los operadores y prestadores de servicios de telecomunicaciones y de la sociedad de la información de ámbito nacional para la implantación de mecanismos efectivos de comprobación de la edad de los menores de catorce años. De este modo se impedirá que los menores contraten o utilicen servicios propios de adultos sin el consentimiento de sus padres.
2. Garantías en un marco de contratación no presencial. La generalización de los mecanismos de contratación a distancia bien telefónica o bien mediante el uso de las nuevas tecnologías de la información dificulta, en ocasiones, la comprobación fehaciente de la identidad del afectado. Debe instarse a las empresas que utilizan tales mecanismos para que adopten las medidas necesarias para garantizar y probar, en caso de discrepancia del afectado, la concurrencia de su consentimiento.
3. Un compromiso para proteger a los usuarios de mensajes Premium.
La prestación de servicios de tarificación adicional mediante la remisión de mensajes cortos (SMS) a móviles ha generado inquietud en los ciudadanos. Los agentes involucrados en la prestación de estos servicios (operadores, plataformas tecnológicas y proveedores de contenidos) deberían: • Informar adecuadamente a los abonados sobre los servicios ofertados, la titularidad del remitente de los mensajes y el coste de los mismos. • Establecer procedimientos para limitar el acceso de menores de edad a contenidos de adultos. • Facilitar mecanismos efi cientes y gratuitos para atender las peticiones de baja o desconexión de dichos servicios, especialmente cuando se producen cambios de titularidad en el teléfono móvil.
4. Promover espacios de concertación social sobre la protección de datos personales en el entorno laboral.
El abanico de datos personales que son objeto de tratamiento en el ámbito laboral se ha multiplicado con la incorporación y uso de nuevas tecnologías (datos biométricos, videovigilancia, correos electrónicos, geolocalización, etc.). Sobre ellos confluyen diversas regulaciones como el derecho del trabajo y el de la protección de datos personales. En este marco, alcanzar un adecuado equilibrio entre las facultades del empleador y los derechos de los trabajadores hace necesario buscar soluciones que permitan un enfoque global. Deben promoverse espacios de concertación social para una incorporación integral de la protección de datos personales en el entorno laboral.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en sentencia dictada el pasado 24 de abril ha confirmado en vía de casación la sentencia de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife de 27 de mayo de 2002 que, a su vez, confirmó íntegramente la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Santa Cruz de Tenerife mediante la que se condenó a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. al pago de una indemnización por cuantía de 300.000 pts., más intereses legales, por una intromisión ilegítima en el derecho del honor de una clienta debido a la inclusión indebida de ésta en el fichero de “registros de morosos”, ordenando asimismo que se proceda a la cancelación de los datos personales de dicha clienta en tales ficheros.
En el Fundamento de Derecho Segundo de la sentencia, se analiza a fondo la cuestión debatida, exponiéndose lo siguiente:
a) Esta Sala, en pleno, ha mantenido la posición de entender que la inclusión, faltando a la veracidad, por una entidad, en un registro de solvencia patrimonial -los llamados "registros de morosos"- implica un atentado al derecho del honor del interesado que ha aparecido en tal registro, erróneamente.
Con lo cual se reitera la doctrina que ya sentó la sentencia de 5 de julio de 2004 que contempló el caso de la inclusión de una persona en el "Registro de aceptaciones impagadas" conocido por RAI por impago de unas letras de cambio cuya firma en la aceptación era falsa y dice, respecto a tales registros que "es práctica bancaria que exige una correcta utilización, por lo que ha de rechazarse cuando se presenta abusiva y arbitraria como aquí sucede, ya que evidentemente la inclusión en el RAI resulta notoriamente indebida y no precisamente por error cuando era conocido que no se trataba de persona morosa". Y respecto a la vulneración del derecho al honor, concluye que "lo conforma el hecho probado de la inclusión indebida en el registro de morosos, por deuda inexistente, lo que indudablemente, sobre todo tratándose de una persona no comerciante, supone desmerecimiento y descrédito en la consideración ajena (artículo 7-7º Ley Orgánica 1/82), pues esta clase de registros suele incluir a personas valoradas socialmente en forma negativa o al menos con recelos y reparos, sobre todo cuando se trata de llevar a cabo relaciones contractuales con las mismas."
b) Atendiendo a la definición doctrinal, al texto legal y al doble aspecto el honor, la inclusión de una persona en el llamado "registro de morosos", esta Sala en pleno, ha resuelto como doctrina jurisprudencial que, como principio, la inclusión en un registro de morosos, erróneamente, sin que concurra veracidad, es una intromisión ilegítima en el derecho al honor, por cuanto es una imputación, la de ser moroso, que lesiona la dignidad de la persona y menoscaba su fama y atenta a su propia estimación.
Efectivamente, tal persona, ciudadano particular o profesionalmente comerciante, se ve incluido en dicho registro, lo cual le afecta directamente a su dignidad, interna o subjetivamente e igualmente le alcanza, externa u objetivamente en la consideración de los demás, ya que se trata de un imputación de un hecho consistente en ser incumplidor de su obligación pecuniaria que, como se ha dicho, lesiona su dignidad y atenta a su propia estimación, como aspecto interno y menoscaba su fama, como aspecto externo. Y es intrascendente el que el registro haya sido o no consultado por terceras personas, ya que basta la posibilidad de conocimiento por un público, sea o no restringido y que esta falsa morosidad haya salido de la esfera interna del conocimiento de los supuestos acreedor y deudor, para pasar a ser de una proyección pública. Sí, además, es conocido por terceros y ello provoca unas consecuencias económicas (como la negación de un préstamo hipotecario) o un grave perjuicio a un comerciante (como el rechazo de la línea de crédito) sería indemnizable, además del daño moral que supone la intromisión en el derecho al honor y que impone el artículo 9.3 de la mencionada Ley de 5 de mayo de 1982.
c) En el recurso de casación se hace referencia a la delimitación por las leyes y por los usos sociales de la protección de los derechos del honor, intimidad e imagen, que contempla el artículo 2.1 de la Ley Orgánica de 1982 y destaca, ciertamente, que no se aplica (como tampoco aceptó la citada sentencia de 5 de julio de 2004) a la cesión de datos para figurar en un fichero informático, sino que se aplicará, en su caso y si procede, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. El objeto de esta ley, como dice su artículo 1º es, precisamente, la protección de derechos fundamentales de las personas físicas y, especialmente, de su honor e intimidad personal y familiar y el artículo 29, citado en este motivo del recurso, se refiere a la información sobre solvencia patrimonial -es el caso de registros de morosos- y también, precisamente, su objetivo es la protección del ciudadano especialmente sobre informaciones erróneas: exige información facilitada por el propio interesado o con su consentimiento, o previa notificación o subsiguiente comunicación y, finalmente, exige la veracidad. En el caso presente, no se ha seguido la normativa de esta Ley, sino todo lo contrario: se ha incluido en el registro una información falsa que atenta al honor de una persona física, la demandante.
En dicha disposición a la vez que regula el denominado “Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico”, instrumento diseñado en beneficio de las empresas eléctricas a fin de paliar el “déficit tarifario energético” definido en la propia exposición de motivos de la norma como “diferencia entre la recaudación por las tarifas reguladas que fija la Administración y que pagan los consumidores por sus suministros regulados y por las tarifas de acceso que se fijan en el mercado liberalizado y los costes reales asociados a dichas tarifas”, también se regula el denominado “Bono Social Eléctrico”.
El Bono Social Eléctrico cubrirá la diferencia entre el valor de la Tarifa de Último Recurso y un valor de referencia, que se denominará tarifa reducida.
Dicha tarifa reducida será la vigente aplicable al consumidor doméstico en la fecha de entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/2009 y podrá ser modificada por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
El Bono Social Eléctrico será aplicado por el correspondiente comercializador de último recurso en las facturas, según las condiciones que se determinen por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.
Hasta que se desarrolle dicha previsión, a partir del 1 de julio de 2009, tendrán derecho al bono social los suministros de los siguientes consumidores que sean personas físicas:
a) Que tengan una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual.
b) Los que afecten a consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años.
c) Los de aquéllos consumidores que acrediten ser familias numerosas.
d) Los correspondientes a consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo.
El procedimiento para acreditar las condiciones que dan derecho a la bonificación se determinarán mediante resolución del Secretario de Estado de Energía.
