El pasado 5 de febrero, el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, a fin de proteger los derechos de los afectados por el fraude de Idental que seguían recibiendo requerimientos conminatorios para el pago de los créditos financiados para sufragar tratamientos odontológicos nunca prestados -o prestados de un modo negligente- por Idental, dictó un auto cuya parte dispositiva era del siguiente tenor:
Actualmente, los afectados siguen recibiendo requerimientos, esta vez llevados a cabo por empresas de gestión de cobros, cuyos créditos contra los afectados por el fraude de Idental han sido vendidos por las entidades financieras que tenían prohibido continuar reclamando las deudas a los estafados, quebrándose así -de esta forma tan grosera y burda- el mandato judicial.
Urge la actuación de la fiscalía
Facua denuncia que los bancos siguen reclamando pagos a afectados por el fraude de iDental
El
magistrado de la Audiencia Nacional que lleva el caso dictó hace diez
meses un auto con medidas cautelares por las que prohibió a las
entidades de crédito cualquier tipo de reclamación
La asociación Facua-Consumidores en Acción ha notificado por cuarta
vez al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia
Nacional, José de la Mata, que afectados de iDental siguen recibiendo
escritos de entidades que les exigen el pago de los préstamos que
contrataron para financiar sus tratamientos. Hace diez meses ya, el
pasado 5 de febrero, el magistrado dictó un auto con medidas cautelares
por las que prohibió a las entidades de crédito cualquier tipo de
reclamación.
Socios de Facua de distintos puntos de España siguen comunicando a la
asociación que EVO Finance (ahora denominada Servicios Prescriptor y
Medios de Pagos, SPMP) les exige el pago de las cuotas impagadas. En
unos casos, les indica que por cada mensualidad impagada les aplica un
recargo de 30 euros en concepto de “gasto impago cuota”. En otros, un
gestor de recobro, Cobralia, les comunica que se dirige a ellos en
nombre de SPMP y que han interpuesto una “demanda judicial” ante el
impago de las cuotas, asegurándoles que si no pagan de forma inmediata
la deuda se verá incrementada con intereses de demora y las costas del
supuesto procedimiento judicial.
Facua también ha tenido conocimiento de que SPMP ha vendido la deuda
de una parte de los afectados al fondo luxemburgués LC Asset 1, que ha
facilitado sus datos a otra empresa de recobros, Cobralia, que está
amenazando a los usuarios con incluirlos en registros de morosos si no
pagan las cantidades pendientes.
Delito de quebrantamiento
El equipo jurídico de Facua ha solicitado de nuevo al juez De la Mata
que se deduzca testimonio de autos a fin de instruir la posible
comisión de delito por quebrantamiento de medida cautelar previsto en el
artículo 468.1 del Código Penal y se dé traslado de los hechos a la
Fiscalía.
El equipo jurídico de la asociación, que ejerce la acusación
particular en el caso iDental, ha notificado ya al juez instructor hasta
en cuatro ocasiones -en febrero, julio, octubre y ahora de nuevo- el
incumplimiento por parte de SPMP (y ahora también por la de LC Asset 1)
de la medida cautelar que dictó en febrero y recordó a las financieras
mediante un nuevo auto dictado el 13 de septiembre.
Auto de 13 de septiembre
En su auto del pasado septiembre, De la Mata advirtió de que la
medida cautelar que había dictado en febrero afecta también “a aquellas
otras entidades de crédito, financieras o de cualquier otra índole o
naturaleza que hayan adquirido u obtenido la titularidad por cualquier
título, razón o precio de aquellos contratos de crédito”. El juez
menciona en concreto a Link Finanzas, LC Asset 1Sarl y Hoist Finance
Spain SLU, que son las nuevas entidades que han sido reportadas ante el
juzgado.
En el auto, el magistrado explica que ha recibido escritos poniendo
de manifiesto que las entidades financieras están “realizando
reclamaciones judiciales y extrajudiciales a usuarios con sustento en
contratos de créditos al consumo” vinculados a tratamientos en iDental.
Asimismo, también informa de que hay otras mercantiles que “podrían
haber comprado paquetes de estos créditos a las prestamistas
originarias” y que estarían exigiendo el pago.
Así, De la Mata procedió a reiterar nuevamente la suspensión cautelar
de las reclamaciones de los créditos a los perjudicados por el cierre
de la cadena de clínicas odontológicas que acordó el pasado 5 de
diciembre de 2018, además de recordar a las entidades financieras que se
abstengan de incluir en ficheros de información patrimonial (de
morosos) a los afectados que hayan dejado de pagar los créditos.
Entre las entidades a las que afecta la suspensión se encuentran EVO
Finance -ahora Servicios Prescriptor y Medios de Pagos, SPMP-, Banco
Cetelem, Santander Consumer Finance, BBVA Consumer Finance y Sabadell
Consumer Finance.
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