Cristina Fallarás, desahuciada y periodista: "La crisis nos ha dado una lección sobre la realidad"

Cristina Fallarás: "La crisis nos ha dado una lección sobre la realidad"

La periodista ofrece en su libro, 'A la puta calle', una pavorosa imagen de la destrucción de la clase media

Isabel Vicente

Pasó de ser una profesional de éxito a la exclusión social en 4 años tras quedarse sin trabajo, sin casa y sin perspectivas. En 'A la puta calle' narra sin pudor su experiencia y ofrece una pavorosa imagen de la destrucción de la clase media

-Periodista, directiva de un periódico, colaboradora en distintos medios, escritora... ¿Podía imaginar que todo se iría al garete?

-Yo llevaba el proyecto de la redacción y la línea editorial del periódico ADN. Una vida muy cómoda. No podía imaginar lo que venía, ni yo, ni nadie. a mí me despidieron en 2008. Estaba entonces embarazada de ocho meses.

-Narra en su libro que el primer año lo llevó bien y creía que encontraría algo pronto...

-Sí. El primer año no tienes ni idea. Decían entonces que la crisis duraría hasta 2010. Yo, al quedarme sin trabajo, fui a ver a colegas de El Mundo, El País, la ser... a todos lados, pero ya empezaba a notarse la crisis.

-¿Cuándo le llega la certeza de que la cosa está muy mal?

-Mal de verdad, a final de 2009. Se me estaba acabando el finiquito; yo estaba haciendo cosas institucionales a piezas y no me daba para vivir. Además, hicieron los primeros ERE en la ser, El País... y tuve claro que en el periodismo la crisis iba a ser devastadora. Me refugié en las novelas. Escribí `Las niñas perdidas´ y `Últimos días en el Puesto del Este´, las presenté a concursos y gané con las dos, pero solo me sirvió para tapar la mitad de agujeros que tenía. Pronto empezaron a cortarnos la luz y a llegar las noti?caciones de desahucio por impago de la casa.

-Y decide escribir un libro con la experiencia de estos cuatro años hasta llegar al desahucio.

-Yo soy periodista de médula y pensé que si me encontrara este caso, lo contaría. ¿Por qué no aunque fuera mío? Tengo la ventaja de que me gusta anotar cosas en cuadernitos e hilé esos apuntes enuna narración.

-¿Cómo reaccionó su entorno al saber que la desahuciaban?

-Hubo gente de mi entorno que me decía que yo siempre había querido ser muy libre e insinuaban que me lo había buscado. Luego estaban los pobres. Yo era una intrusa en el mundo de los pobres. a mucha gente le da miedo y le perturba ver que también le ocurre a gente preparada o que ha sido un profesional de éxito antes. Yo quise dar voz y cara a ese otro sector.

-Da miedo ver que le puede ocurrir a cualquiera.

-Sí. La gente siempre hemos preferido pensar en el desahuciado con la cara del pobre de toda la vida. Yo creo que la gente no se rebela porque no se siente parte de los desahuciados. Yo noto que cuando hablo de mi caso, por ejemplo en entrevistas, la gente cercana a mí siente vergüenza, lo que me parece perfecto porque yo quiero perturbar un poco.

-¿Ha perdido amigos?

-No sé si pierdes amigos o ganas una sociopatía. Yo me he convertido en una sociópata. Las relaciones sociales me interesan poco. Ahora iría a los banquetes a mearme en la moqueta. Miras desde fuera y ves que lo que creíamos ser es una gilipollez mayor que la catedral de burgos. Éramos trabajadores y nos creíamos privilegiados porque en reyes comprábamos en Zara. Hemos perdido la identidad de grupo. No nos reconocemos como parte trabajadora.

-¿Le quedan esperanzas en que esto mejore?

-Me siento parte de una bolsa de exclusión social, no me siento trabajadora. Yo no tengo perspectivas. Cada vez que voy a una tertulia de televisión o lo que sea voy como a un circo donde hago de elefante y me dan el cacahuete, pero no tengo esperanzas laborales. No queda nada del periodismo de antes.

-¿Cómo afrontan sus hijos la falta de medios?

-La niña de cinco años ni se ha enterado. Mi hijo con 11 años se ha convertido en un chaval muy capaz de interpretar la realidad. Me da alegría. Ojalá yo hubiera sido así a su edad. Es lo único bueno de las crisis. Nos ha dado una cierta austeridad en las formas familiares, en el consumo, y una educación brutal sobre la realidad. Mi hijo pedía cromos de tres euros y me lo llevaba al mercado para que viera que con eso podíamos comer varios días.

-Dice sentir rabia y vergüenza. ¿Vergüenza, de qué?

-Vergüenza de lo que hemos sido, de la frivolidad, de aquello que creímos ser de forma imbécil e inculta.

-¿Qué ha pretendido al escribir `A la puta calle´?

-Ganar dinero. me lo pidió Planeta y con él intenté sacar algo de dinero, al tiempo que ponía cara a un tipo de desahucio distinto.

Fuente: La Nueva España

Reflexiones sobre los desahucios y las cláusulas abusivas. Manuel Almenar, Vocal del Consejo General del Poder Judicial: “La ley del Gobierno contra los desahucios se queda corta”

El vocal del CGPJ Manuel Almenar cree que "las cláusulas abusivas son el pan de cada día"

Los casos de corrupción, los desahucios, las preferentes... La crisis y las desigualdades han hecho que en los últimos años los jueces empiecen a ser vistos por los ciudadanos como el último dique de contención ante las injusticias no resueltas por el poder legislativo y el ejecutivo. Agazapados hasta ahora en los tribunales, a veces al margen de los debates de actualidad, los magistrados han tomado ahora más protagonismo. Manuel Almenar (Valencia, 1963), vocal del Consejo General del Poder Judicial, es uno de esos jueces. En su lenguaje se observa de alguna manera que los tiempos han cambiado. El pasado día 17 recibió a EL PAÍS para hablar de uno de esos temas, los desahucios. 

Pregunta. ¿Tienen la sensación de que ustedes son vistos ahora como la china en el zapato del Gobierno?

Respuesta. Normalmente hacemos nuestra labor de una forma silenciosa, buscando soluciones a los casos concretos. Y ahora nos hemos visto en un papel al que no estamos acostumbrados. Pero nuestro trabajo es buscar remedios a situaciones de injusticia y resolver conflictos. Si para hacerlo tenemos que adoptar decisiones que no gusten a los poderes públicos o a los poderes fácticos, lo haremos. Nuestro deber constitucional es dar tutela judicial a las partes. Guste o no guste. 

P. En la cuestión de los desahucios, ¿no ha habido una cierta inactividad judicial hasta que el problema ha estallado?

R. Los jueces sí han intentado, de manera individual, buscar soluciones dentro de los estrechos márgenes de la ley. Por ejemplo, prolongando el plazo para un desalojo o dando posibilidades a la parte deudora para que pudiera oponerse. Por otro lado, la perspectiva sobre los desahucios ha cambiado. Durante los primeros años, 2007 o 2008, los hipotecados tenían aún un colchón: los ahorros de la familia, los amigos… Eso ha desaparecido ya y ha emergido lo que había debajo: una pérdida de la capacidad económica. Eso llegó a los juzgados más tarde, cuando la gente no podía ya pagar sus viviendas. 

P. ¿Qué margen de maniobra tenían para parar desahucios?

R. Desde el año 2009, el Tribunal de Luxemburgo había dictado varias sentencias poniendo de relieve la necesidad de que los jueces se pronunciasen de oficio sobre la existencia de cláusulas abusivas. Pero el problema con el que se encontraba el magistrado era que el tribunal decía una cosa que la ley española prohibía expresamente. 

P. ¿Y ahora? ¿Qué puede esperar el ciudadano a partir de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo del pasado 14 de marzo?

R. El juez ahora no solo puede, sino que debe, revisar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en las hipotecas. Si encuentra una, debe eliminarla. Es decir, si se han fijado unos intereses de demora abusivos, por ejemplo, el efecto es que ya no habrá intereses de este tipo. No cabe bajo ningún concepto mantener una cláusula abusiva aunque sea suavizándola. Y este principio se aplica a otros asuntos. Nos hemos centrado en los desahucios, los más sangrantes, pero las cláusulas abusivas son el pan nuestro de cada día. 

P. ¿Cree que hay una situación de equilibrio entre los bancos y el ciudadano que pide una hipoteca?

R. La realidad pone de relieve que no. La situación de inferioridad del consumidor se refleja tanto en su capacidad de negociación, prácticamente nula —uno se limita a firmar lo que le ponen—, como en el nivel de información del que dispone. 

P. Los bancos argumentan que ellos ya han cumplido su parte en el contrato: dar el dinero. Y que la otra parte debe devolverlo porque asumió un riesgo.

R. Eso sería así en una situación abstracta. En el caso concreto nos encontramos con que el banco muchas veces introduce cláusulas que rompen el equilibrio entre las partes. Y en el origen de esa relación no hay una situación de igualdad. Por ejemplo, en un préstamo hipotecario es esencial tasar la vivienda. ¿Quién lo hace? Una sociedad de tasación que depende del banco. Si luego la cuantía de la tasación no se corresponde con la realidad de los hechos, ¿quién debe asumir el riesgo de haberse equivocado? Entiendo que quien tasó, que además estaba cobrando por sus conocimientos. Es decir, directa o indirectamente, el banco. 

P. Los bancos defienden que no son responsables de la bajada de precios de la vivienda.

R. En muchos casos, el banco no tuvo en cuenta la verdadera capacidad económica del deudor. En otros, siendo el valor real de una vivienda de 100.000 euros, la tasó en 120.000 y prestó esa cantidad, convenciendo al deudor de que esa diferencia la podía invertir en un coche o en amueblar la casa. El riesgo no puede imputarse sin más al consumidor, que encima ni participó en la tasación. En todo caso, habría que hablar de dos responsables. 

P. ¿Es suficiente la ley del Gobierno, aprobada en solitario?

R. Recoge aquellas modificaciones que la sentencia de Luxemburgo consideraba obligatorias, pero se queda corta. Por ejemplo, no fija el momento y las instancias en los que el juez puede intervenir de oficio para controlar la existencia de cláusulas abusivas. Tampoco resuelve el problema de la protección de los avalistas: padres, familiares próximos, amigos… El avalista pensaba muchas veces que si el deudor no pagaba, la casa ya sería suficiente como para pagar el préstamo, y ahora se encuentra con que la casa ya no vale 100.000 sino 60.000. El banco se dirige contra los avalistas, a veces jubilados que acaban perdiendo su casa, con la que habían avalado el préstamo. Este tipo de situaciones no han sido contempladas. 

P. ¿Cómo se podría regular?

R. Impidiendo las situaciones de sobregarantía. Prohibiendo las segundas hipotecas de hecho; estableciendo que un préstamo se garantice solo con la hipoteca sobre la vivienda y bienes del deudor sin que pueda alcanzar la vivienda habitual del avalista. Y ampliando los umbrales de aplicación del código de buenas prácticas para los avalistas, para que no pierdan su casa… 

P. La ley dice que el banco tendrá que esperar tres impagos de cuota para poder iniciar la ejecución hipotecaria. ¿Es suficiente?

R. Antes era solo de un mes y se eleva ahora a tres. Pero eso es un mínimo. No quiere decir que cumpliéndolo el banco ya esté salvado. El juez habrá de tener en cuenta otras circunstancias, como la cuantía total de la deuda y el plazo de pago para ver si la cláusula es abusiva. 

P. El juez Fernández Seijo calificó la nueva ley como un monstruo de Frankenstein. Dijo que será difícil de aplicar.

R. Hubiera sido deseable una mayor claridad. La legislación hipotecaria estuvo bien en el momento en el que se aprobó, hace 100 años, pero ahora ya no da respuesta al problema. Debe ser reformada junto a la Ley de Enjuiciamiento Civil. La pérdida de la vivienda por parte de miles de personas, que requiere una solución urgente y medidas inmediatas de carácter social, es una cuestión distinta que exige una respuesta que no tiene por qué coincidir con las soluciones jurídicas más globales. Mezclarlo todo, como hace la ley, puede generar distorsiones en su aplicación. 

P. El código de buenas prácticas apenas se ha aplicado, según un estudio reciente llevado a cabo en un juzgado de Madrid.

R. Este código plantea dos problemas. El primero es que el 99% de los procedimientos de ejecución hipotecaria se encuentra solo con el demandante. El proceso se inicia, se requiere de pago al deudor y se notifica que hay un procedimiento contra él. Pero el deudor no se persona. ¿Por qué? ¿Alguien cree que quien no tiene dinero para pagar la hipoteca puede ir y pagar a un abogado para que le asesore? Por eso no se personaba ningún deudor y muy poca gente invocaba el código de buenas prácticas. El segundo problema es que los requisitos exigidos son muy rigurosos. Aunque se han flexibilizado, todavía impiden que el código pueda aplicarse y beneficiar a un gran número de familias.

Fuente : El País

Conclusiones de la Jornada sobre las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en ejecuciones hipotecarias

JORNADA SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN HIPOTECARIA. ESPECIAL REFERENCIA AL RÉGIMEN TRANSITORIO


CONCLUSIONES DEL ENCUENTRO

Hoy se ha celebrado en el Servicio de Formación Continua una jornada para analizar las repercusiones de la doctrina del TJUE en materia de cláusulas abusivas en los procedimientos de ejecución hipotecaria, dirigida por el Presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, D. Juan Antonio Xiol, y moderada por los Vocales del CGPJ D.Manuel Almenar y D. Ramón Camp.

A lo largo de la jornada, a la que han asistido todos los magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo y magistrados de Juzgados y Audiencias Provinciales de toda España, así como letrados del Servicio de Inspección y de la Escuela Judicial y letrados del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo que han apoyado su desarrollo, se ha estudiado con detenimiento el estado de la cuestión a raíz de las últimas sentencias del TJUE, los criterios para valorar el carácter abusivo de una cláusula contractual, las consecuencias de la declaración de una cláusula como abusiva y las facultades del juez para actuar de oficio en materia de cláusulas abusivas.

Las intervenciones de los ponentes y de los asistentes han permitido profundizar en la problemática planteada y sentar una serie de reflexiones que tienen carácter meramente orientativo, sin afectar en modo alguno a la independencia de cada juez o magistrado en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero que hacen públicas con la finalidad de contribuir a la formación de criterios jurídicos sobre la materia tratada.

Los asistentes quieren resaltar el trabajo que están llevando a cabo los jueces de primera instancia que, interiorizando la dimensión ética de la función judicial, están llenando lagunas y dando respuesta con arreglo a los principios y valores constitucionales a los problemas que afectan de manera relevante a la sociedad en estos momentos.

Conclusiones:

1.- Es necesario adaptar la legislación española, especialmente la de carácter procesal, al derecho europeo y a la doctrina sentada por el TJUE, para garantizar al consumidor una protección más eficaz, en los términos exigidos por la Directiva 13/93/CEE, de 5 de abril, y normativa que la desarrolla.

2.- La reforma legislativa en curso da respuesta a algunas de las cuestiones que suscita la doctrina del TJUE, lo que no exime a los jueces del deber de completar las lagunas que pudieran existir aplicando los principios generales del ordenamiento jurídico europeo y nacional.

3.- El Juez debe actuar de oficio en protección del consumidor, utilizando todos los instrumentos previstos en nuestras leyes para conseguir una solución acorde al derecho europeo y a la interpretación que del mismo hace el TJUE.

4.- Aunque el problema de las cláusulas abusivas trasciende a todo el ordenamiento, las reflexiones o propuestas analizadas se refieren al ámbito de ejecuciones hipotecarias en contratos entre profesionales y consumidores.

5.- De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo las cláusulas abusivas nulas no vinculan a ningún efecto. El juez no puede integrar o moderar dichas cláusulas, que deben ser tenidas por no puestas.

6.- Para apreciar el carácter abusivo de una cláusula contractual se atenderá, además de a la naturaleza de los bienes o servicios objeto de contrato y a las circunstancias que concurren en el momento de su celebración,  a las demás cláusulas del contrato y a los parámetros contenidos en las normas de derecho interno en relación con situaciones similares a la que se plantea. En particular, se atenderá a los parámetros recogidos en la proposición de ley sometida hoy a la aprobación del Senado.

7.- Con relación a los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar el carácter abusivo de determinadas cláusulas:

- En cuanto a las cláusulas de fijación de intereses moratorios, habrá que valorar los distintos tipos de interés referenciados en la normativa interna, y en particular, al que se contempla en el nuevo artículo 114 LH.

- En cuanto a las  cláusulas de vencimiento anticipado, el posible carácter abusivo de la cláusula en abstracto no generará por sí la nulidad de dicha cláusula sino que deberá valorarse según las circunstancias del caso. En concreto, aunque se prevea el vencimiento anticipado por un único incumplimiento, si la reclamación se interpone cuando se haya producido el incumplimiento en los términos previstos en el artículo 693 LEC según el texto de la proposición de ley,  no se apreciará el carácter abusivo de la cláusula.

-En cuanto a las cláusulas de intereses remuneratorios, con carácter general se considera que dichos intereses forman parte del precio, de forma que las cláusulas no pueden declararse abusivas, debiendo limitarse el examen judicial al control de transparencia.

8.- Por lo que se refiere a los efectos de la declaración de nulidad:

-En el caso de las cláusulas de intereses de demora, la nulidad comportará la expulsión de la cláusula y se considera que el principal devengará los intereses legalmente previstos, existiendo a estos efectos dos posiciones mayoritarias: la que defiende la aplicación del Código Civil (intereses del artículo 1108 CC) o  la que sostiene la aplicación de la Ley Hipotecaria (interés del nuevo artículo 114 LH).

-En el caso de la cláusula de vencimiento anticipado, la declaración de nulidad determinará la aplicación de la doctrina jurisprudencial en materia de resolución contractual (artículos 1124 y 1129 CC), sin que proceda despachar ejecución.

9.- El deber de los tribunales españoles consistente en el control de oficio de las cláusulas abusivas incluidas en contratos con consumidores, tiene especial relevancia en el proceso de ejecución y en el juicio monitorio. Por exigencia de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que acomodar los trámites procesales al efectivo control por parte del juez de los derechos del consumidor.

10.- En el procedimiento de ejecución el control de oficio debe, de entrada, ejercitarse en la fase de admisión de la demanda, siguiendo la pauta contenida en la proyectada reforma del artículo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El juez, si advierte que el título ejecutivo contiene alguna cláusula abusiva, deberá ponerlo en conocimiento de las partes y darles una audiencia de cinco días para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, sin necesidad de abrir ningún incidente.


El juez, si aprecia el carácter abusivo de alguna de las cláusulas, determinará las consecuencias de ello y  declarará, bien la denegación de la ejecución bien el despacho de la misma sin aplicación de aquellas cláusulas que estime abusivas.

Frente al auto despachando ejecución sin aplicar la cláusula abusiva cabrá recurso de apelación, respecto de la denegación parcial del despacho de ejecución.

Lo anterior es un criterio orientativo que debe aplicarse hasta la entrada en vigor de la Ley de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de la deuda y alquiler social, que prevé expresamente este control al tiempo de despachar la ejecución.

 Respecto de todos los procedimientos en trámite en los que ya se ha despachado ejecución, se recomienda, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la futura reforma legal, y si se advierte que existe una posible cláusula abusiva, conceder la posibilidad de que el deudor haga valer en la fase de oposición la existencia de esta cláusula. De haber precluido el plazo para ello, se habilitará un plazo de un mes para formular oposición con ese fin.

 Transcurrido el plazo sin que el deudor se haya opuesto, el juez podrá apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula, oyendo al ejecutante si no se hubiera manifestado al respecto.

11.- En el proceso monitorio, sin perjuicio de las competencias del Secretario Judicial, corresponde al juez el examen del carácter abusivo de una cláusula incluida en el documento que sustente la reclamación del crédito. Este examen se realizará en la fase de admisión de la solicitud. Si el juez considera que la cláusula puede ser abusiva lo pondrá en conocimiento del solicitante, especificando la cláusula afectada y  le concederá un plazo de cinco días para formular alegaciones. Si como consecuencia de la apreciación de la cláusula abusiva procediera la reclamación por una cantidad inferior a la inicial, se procederá conforme establece el artículo 815.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Fuente: www.poderjudicial.es

"Vidas Hipotecadas. De la burbuja inmobiliaria al derecho a la vivienda", libro de Ada Colau y Adrià Alemany en descarga gratuita

Fuente: Plataforma de Afectados por la Hipoteca

Escrito por dos de los fundadores de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau y Adrià Alemany, "Vidas hipotecadas" explica las causas, señala a los responsables de esta situación, analiza el papel que han tenido las administraciones públicas, pone de manifiesto la lucha que desde la PAH se está llevando a cabo, con testimonios en primera persona, y ofrece consejos y recursos útiles para defender el derecho a la vivienda y evitar los abusos de poder de las entidades bancarias.

Asimismo el libro también recoge las últimas informaciones sobre la intervención de Bankia y la posibilidad del abandono del euro.

En Vidas hipotecadas se recoge el drama de los desahucios en cifras y la lucha de la PAH.

Desde que empezó la crisis, en 2007, más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en todo el Estado han dejado cientos de miles de familias en la calle y con una deuda de por vida. Pero detrás de las cifras hay personas, vivencias, proyectos que se truncan, sueños que se convierten en el peor de las pesadillas.

El libro también recoge voces y testimonios que ponen rostro a los números y estadísticas.

Instaladas en el dogma de que el precio de la vivienda nunca baja, las entidades financieras diseñaron un perverso sistema de incentivos que premiaba a los agentes comerciales que conseguían colocar en el mercado un mayor número de hipotecas. Entre los años 1998 y 2007, el número de hipotecas formalizadas anualmente fue del orden de 822.000. Más de 8 millones en total.

A través de la lucha de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), se han conseguido cientos de daciones en pago y condonaciones de deuda una vez realizada la subasta y se han paralizado cerca de 200 desahucios. Asimismo, se ha conseguido que familias amenazadas de desahucio continuen en el piso en régimen de alquiler, y en los casos en que no se ha podido evitar el desahucio se ha presionado a la Administración para realojar a las familias en viviendas públicas.

Este libro es puesto a disposición de todo interesado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pudiéndose descargar libre y gratuitamente en formato PDF.

Descargar "Vidas hipotecadas" aquí.

El Partido Popular rectifica en el último momento y permite la tramitación de la iniciativa legislativa contra los desahucios

El Grupo Popular en el Congreso ha terminado cediendo a la presión que han ejercido durante todo el día los portavoces de las asociaciones promotoras de una iniciativa legislativa popular a favor de frenar los desahucios y ha votado a favor de tramitar la propuesta. El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, anunció que votarían a favor de esta iniciativa, como así ha sido. Además, ha añadido que su partido quiere agradecer y premiar así el trabajo que estas plataformas han realizado durante años.

Hasta ese momento, el PP era el único partido de la Cámara que se iba a quedar solo bloqueando una iniciativa avalada por casi un millón y medio de firmas. Durante todo el día, los representantes de UGT, CC.OO y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, entre otros, se reunieron con todos los grupos y con el presidente de la Cámara, Jesús Posada.

Además, varios cientos de personas se manifestaron frente al Congreso para que el Pleno aceptase debatirla. De hecho, la sesión estuvo rodeada de incidentes y unas 20 personas, promotores de la iniciativa legislativa popular, fueron desalojadas de la tribuna de invitados del Congreso, después de que al término del debate de la proposición profirieran insultos como "sinvergüenzas" o "ladrones" y gritos como "Sí se puede". La Policía detuvo y envió a comisaría a uno de los activistas, mientras que a los demás sólo se les tomó los datos.

Una de las personas desalojadas por los servicios de la Cámara, a instancias del presidente, Jesús Posada, ha sido Ada Colau, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Colau protagonizó otro incidente la semana pasada cuando compareció en la comisión economía en el marco de la ronda de declaraciones de expertos sobre la ley para paliar los desahucios y calificó de "cínico" y "criminal" al responsable de la Asociación Española de la Banca, que había intervenido antes que ella.

El anuncio del PP se ha conocido además poco después que producirse el suicidio de una pareja que iba a ser desahuciada en Baleares y tras otro presunto caso en Vizcaya.

Apoyo de los grupos

Los grupos parlamentarios del PSOE e IU habían emplazado a los 'populares' a reconsiderar su postura. Tanto la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, como el de Izquierda Plural, Joan Coscubiela, habían coincidido en lanzar ese llamamiento al PP en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, para que no "deje sin voz" a esos miles de ciudadanos que han secundado la iniciativa.

Rodríguez recordó que el PSOE ha cedido su cupo para que pudiera entrar en el debate de hoy esta ILP y que ha defendido su admisión a trámite porque considera necesario modificar la legislación de desahucios, como han propuesto también en varias iniciativas.

En una de esas iniciativas sobre la dación en pago, ha explicado Soraya Rodríguez, los socialistas piden que quienes han perdido su vivienda y "hoy están en la calle" puedan tener un nuevo juicio, una "segunda oportunidad" ante el juez, que pueda eximirles del pago de la deuda hipotecaria pendiente por su nueva situación.

El PP justificaba su rechazo en que ya se está tramitando un proyecto de ley sobre el mismo tema y que la admisión de la iniciativa retrasaría un mes la aprobación de la nueva normativa. Finalmente, el Grupo Popular constató que era posible agilizar los plazos parlamentarios para dar cabida a las demandas de la ILP en la tramitación del proyecto de ley.

Fuente: El Mundo

Criminal. Artículo de Rosa Montero sobre la inadmisión en el Congreso de la Iniciativa Legislativa Popular de desahucios

Criminal

Rosa Montero

Tenemos la ley hipotecaria más injusta y la aplicamos de la manera más feroz

Hoy, ahora, quizá justo en el momento en que lees este artículo, probablemente se esté perpetrando un acto criminal en el Congreso. Porque apoyar la brutal ley hipotecaria española y no admitir la iniciativa legislativa popular (ILP) que pide la dación en pago supone ser cómplice de un crimen, como dijo con impecable lógica Ada Colau la semana pasada en su formidable intervención, unas palabras esenciales que debería escuchar todo el mundo.

Que quede claro que tenemos la ley hipotecaria más injusta y que la aplicamos de la manera más feroz. En Francia, por ejemplo, hay una moratoria estacional; durante los seis meses de invierno no se desaloja a nadie por el frío. Nosotros, en cambio, no somos capaces de decretar una moratoria temporal ante los rigores de la crisis, como reclama la ILP. Y que la banca no cuente más mentiras: no se pide un coladero para todos los morosos, solo se habla de primeras, únicas viviendas y de deudores de buena fe.

La ILP tiene detrás 1,4 millones de firmas, pero el PP ya ha dicho que la va a vetar. Lo cual implica apoyar esa nueva forma de esclavitud que consiste en perder la casa y por añadidura quedar endeudado de por vida con el banco. Una verdadera muerte social que en ocasiones conduce, en su ciega desesperación, a la muerte real: el último suicidio, por ahora, fue el de F. J. L. en Córdoba hace cuatro días: 36 años, una hija, se arrojó por la ventana con la orden de desalojo en la mano. Que este país de corruptos y sinvergüenzas no sea capaz de parar la carnicería de los desahucios es un abuso inadmisible. Malditos sean los que hoy votan que no. Espero que por lo menos tengan pesadillas.

Fuente: http://elpais.com/elpais/2013/02/11/opinion/1360585476_216294.html

La portavoz de los desahuciados, Ada Colau, incomoda a los Diputados en su intervención ante la Comisión de Economía del Congreso

Ayer ha intervenido ante la Comisión de Economía del Congreso la representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH,  Ada Colau, quien ha afirmado que en la normativa sobre ejecuciones hipotecarias se da un "desequilibrio de responsabilidades" entre deudores y entidades financieras y ha calificado la situación de "estafa generalizada".

Colau, compareciente ante la Comisión de Economía del Congreso dentro de la ronda de declaraciones de expertos durante la tramitación de la ley para paliar los desahucios, ha pedido que las reformas previstas incluyan medidas urgentes, entre las que mencionó la dación en pago retroactiva y una moratoria inmediata de todos los desahucios de vivienda habitual de deudores de buena fe.

Colau ha criticado con vehemencia la intervención del representante de la Asociación Española de la Banca (AEB), que ha intervenido previamente en la Comisión, a quien ha calificado de "cínico" y "criminal" por decir que la legislación vigente no es la causa de los desahucios. "No es un experto. Los representantes de los bancos han causado el problema. No le he tirado el zapato porque he creído que es más importante contarles a ustedes cuál es nuestra posición", ha dicho.

Además, ha negado que la dación en pago sea una amenaza económica y ha alertado de que España no saldrá de la crisis si se les expulsa a los ciudadanos que sufren una ejecución hipotecaria del sistema y se les empuja a la economía sumergida. El presidente de la Comisión le ha reclamado sin éxito que retirase sus calificativos sobre el representante de la AEB. Según el análisis de Colau, la ciudadanía no ha accedido a una hipoteca de forma libre e informada. El Estado negaba la burbuja inmobiliaria y los bancos ofrecían contratos diseñados en exclusiva por ellos, sin ofrecer la opción de negociarlos y en muchas ocasiones con cláusulas abusivas.

Colau ha afirmado, al final de su intervención, que la respuesta de los diputados ha sido "una reacción a la defensiva" ante una situación de "incompetencia manifiesta" que desde el comienzo ha liderado la sociedad civil. 

Colau ha invitado a los señores diputados a recoger al final de su comparecencia sobres con las propuestas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Estos sobres "no contienen ilícitos, sino propuestas muy razonables", ha matizado.

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PP y PSOE vetan en el Congreso a los jueces más críticos con los desahucios

El Partido Popular, con el aval del PSOE, ha vetado la presencia en el Congreso de los dos jueces que más se han destacado en sus críticas hacia la legislación actual de desahucios. Ni Manuel Almenar, vocal del Consejo General del Poder Judicial y coordinador de un informe demoledor contra el sistema, ni José María Fernández Seijo, el juez que recurrió ante el Tribunal de Justicia de la UE la normativa española, serán escuchados en la Cámara por los diputados que trabajan en la ley que ha de plantear las reformas necesarias. En ninguna de las dos audiciones previstas de mañana y el miércoles habrá un solo representante de la judicatura, el estamento que más de cerca conoce el problema de los desahucios y que se ha destacado por su movilización en este asunto.

Tras la publicación del informe de Almenar en octubre pasado, la alarma social desatada por los estragos de la crisis y varios casos de suicidio de personas afectadas por los desalojos, el Gobierno aprobó en noviembre pasado medidas urgentes para frenar los procesos contra las personas en situaciones más precarias. El Congreso ha de convalidar esas medidas y buscar modificaciones legales de más calado.

El nombre de Almenar para acudir a la comisión había sido propuesto por CiU y por el grupo popular. Almenar, sin embargo, solo recibió hace tiempo la llamada de la formación política catalana para saber si estaba de acuerdo en su candidatura. Ha sido descartado sin que nadie le haya vuelto a contactar. José María Fernández Seijo iba a acudir a propuesta del PSOE, pero el viernes recibió una llamada de los socialistas para advertirle de que ya no contaban con él. Los miembros de la comisión de Economía y Competitividad del Congreso que organiza las audiciones sí lograron mantener, en cambio, la comparecencia de Ada Colau, representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la que el grupo popular se oponía. Su comparecencia la reclamaban los socialistas, CiU y la Izquierda Plural.

Finalmente, solo comparecerán en las audiciones seis de los diecinueve expertos propuestos por los grupos. Dos de ellos representan a la banca y otros dos, a los afectados. La lista final es la siguiente: Francisca Sahuquillo, presidenta del Consejo General de Consumidores, Fernando Pedro Méndez, experto en derecho registral de la Universidad de Barcelona, Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario, Javier Rodríguez Pellitero, vicesecretario de la Asociación Española de Banca y Ada Colau.

Alberto Garzón, el representante de Izquierda Unida, deploraba ayer, al igual que UPyD, la eliminación de los dos jueces llamados a comparecer, y culpaba al PP de convertir las audiciones en una operación de imagen. “El PP es el que ha forzado que haya solo seis expertos y que estos sean escuchados durante solo quince minutos. El PSOE tiene por costumbre pactar con el PP de forma sistemática en la comisión de economía y competitividad del Congreso”. La portavoz socialista en dicha comisión, Leire Iglesias, explica que lo que su partido pretende es “intentar llegar a acuerdos”. “Nos costó meter a Ada Colau y nos pidieron renunciar a alguien. El PP también lo ha hecho. Nosotros valoramos el cambio a mejor del Gobierno, que ha pasado de no querer revisar nada a lanzar este proceso legislativo”. El diputado popular que lleva este asunto, Pablos, Matos rehusó hablar ayer con EL PAÍS. Dijo a través de un portavoz que el PP busca el máximo consenso.

José María Fernández Seijo estaba ayer perplejo ante la situación generada, mientras que Almenar fue más comprensivo. “Lo importante”, dice, “es que se tomen medidas legislativas que sean más equilibradas para ambas partes en los procesos de desahucio”. A pesar de contar con su acuerdo, la socialista Leire Iglesias lamenta la ausencia de ambos en el Congreso. “El problema fundamental está en la Ley de Enjuiciamiento Civil y el informe de los jueces de octubre pasado coordinado por Almenar fue muy importante al respecto. Ellos conocen bien los procedimientos”.

La medidas urgentes aprobadas en noviembre dejaron en suspenso durante dos años los desalojos que afectaban a los ciudadanos más vulnerables. Para Leire Iglesias es urgente una reforma más profunda de la legislación para evitar abusos de ley y unos intereses de demora excesivos. De hecho, esas suspensiones no han paralizado los procedimientos. “Al cabo de dos años, según nuestros cálculos, los acogidos a dichas medidas habrán aumentado, de media, su deuda con los bancos en 18.000 euros y todavía pueden perder sus casas”.

Fuente:  El País

Un ejemplo de la infamante regulación de desahucios en España: El día en que el banco se quedó la casa de Encarnación y Manuel por seis euros

Una entidad bancaria les reclama 65.000 euros 18 años después por un préstamo de 14.000

Fuente: El País

Elsa García de Blas 

Seis euros, el precio de un menú de hamburguesa con patatas en una cadena de comida rápida. Por esa cantidad (1.000 pesetas entonces) el banco se adjudicó en subasta la casa de Encarnación Abalos y Manuel Galván. Un chalé de 220 metros cuadrados en León valorado en 14 millones de pesetas (84.000 euros). Era 1997.

Dejaron de pagar la hipoteca tras la quiebra de la tienda de muebles de cocina de Manuel. Después de perder la casa, les quedaron 23.000 euros a deber. La nómina de Encarnación estuvo años parcialmente embargada. El pasado octubre el matrimonio de jubilados recibió la última carta del juzgado: 18 años después, otra entidad les reclama 65.000 euros de intereses de demora por un préstamo de 14.000 para la tienda. Casi cinco veces más. No hay segunda oportunidad para Encarnación y Manuel. Toda la vida perseguidos por la deuda.

“Si pagábamos no comíamos. Teníamos tres hijos”, recuerda Encarnación, de 65 años, desde la casa de alquiler en el Rincón de la Victoria, en Málaga, donde viven ahora. Hubo un tiempo en que los requerimientos de cobro llegaban todas las semanas, casi todos los días. “Cada dos por tres tenía que pedir un anticipo de nómina; esperábamos al último día para pagar la luz”, rememora ella.

La quiebra de la tienda arruinó a la familia. “Nos pilló la crisis del año 93 y además llegó El Corte Inglés a León y se llevó todo el negocio. Hasta la mediana, que trabajaba conmigo, se fue a trabajar allí en el departamento de muebles”, cuenta Manuel, de 63 años. El agujero en el que se convirtió el chalé de sus sueños en León, que perdieron antes de llegar a vivir en él, les terminó de hundir. 

 “Casi 200 propietarios se declaran atrapados en un engaño de 1.500 millones de desviación entre el coste presupuestado y la inversión necesaria para culminar las obras”, decía sobre su urbanización un artículo de la época en La Crónica de León. Las casas de la comunidad de propietarios dispararon su precio en más de cinco millones. No pudieron pagar. La subasta de su casa, antes del desahucio, quedó desierta, y la entidad, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (hoy Caja Duero) se la adjudicó por 1.000 pesetas.

Hasta 2001 no se fijó un límite legal por el que los bancos pudieran quedarse una casa. Hoy, si no hay comprador, las entidades pueden adjudicársela como mínimo por un 60% del valor de tasación. “No me parece justo que el banco la vendiera dos veces: a mis padres, que siguieron debiendo la hipoteca, y después de obtenerla por seis euros, a otra familia por los millones que quisieron... ¡El negocio no es un cliente que pague, es uno que no pague!”, se indigna Raúl Galván, su hijo mayor.

El sistema de desahucios se ha aplicado en toda su crudeza a Encarnación y Manuel. Que la deuda no prescriba nunca, con solo una reclamación del acreedor, ha permitido que el BBVA les reclame 18 años después 65.000 euros de intereses de demora por un préstamo de 14.000. Que no existan topes a esos intereses ha posibilitado que la entidad les haya aplicado unos del 27%. Fuentes del BBVA arguyen que eran los tipos vigentes en 1994 y que la liquidación es resultado de años de negociación, sin éxito. Encarnación y Manuel nunca se pudieron permitir un abogado.

“Nos sentimos perseguidos y yo tengo mucha vergüenza, como si hubiera hecho algo malo”, lamenta ella. “En casa tenemos unos cuadros que pintó Manolo y una máquina de coser del año catapún. El coche tiene 15 años. Ya no tenemos nada que nos puedan quitar”.