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| Elvira Rodríguez, Presidenta de la CNMV, sonríe a su llegada al Congreso de los Diputados |
El primer informe de la Comisión
creada por el Gobierno para proteger a los inversores, defiende a los bancos:
dieron la información correcta . La presidenta de los consumidores discrepa:
"Parece un documento destinado a justificar lo sucedido"
La presidenta de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Elvira Rodríguez, suscribe en un
informe enviado al Parlamento que los
bancos y cajas de ahorros cumplieron sus "obligaciones de información a la
clientela" sobre las características de las participaciones preferentes,
"salvo casos puntuales".
Asimismo, subraya que, en algunas
entidades, "el número de clientes
que contrató el producto después de ser advertido de que la operación era 'no
conveniente' fue muy elevado".
Estas conclusiones se incluyen en
el primer informe, elevado al Congreso el pasado 21 de mayo, que ha elaborado
la Comisión de Seguimiento del problema de las preferentes y la deuda
subordinada. Este órgano fue creado por el Gobierno el pasado 22 de marzo,
mediante Real Decreto, está presidido por la propia Elvira Rodríguez, e
integrado además por el subgobernador del Banco de España, los secretarios
generales de Sanidad y Consumo, y del Tesoro, y la presidenta del Consejo de
Consumidores y Usuarios.
Esta última, Francisco
Sahuquillo, ha emitido un voto
particular al informe al considerar que no cumple el mandato recibido de
analizar los factores generadores de las reclamaciones de los preferentistas,
ni denuncia "las malas prácticas generalizadas" de los bancos y
cajas, sino que "más bien parece un
documento destinado a justificar lo sucedido". "En ciertos casos,
guardar silencio es la mayor mentira", añade Sahuquillo.
Ello pese a que el decreto que
crea la Comisión de Seguimiento se llama "de protección a los titulares de
determinados productos de ahorro e inversión y otras medidas de carácter
financiero".
El informe de la Comisión analiza
la comercialización de las preferentes y otros productos híbridos, que entre
1998 y 2012 alcanzó los 115.283 millones de euros, con más de 3 millones de
suscriptores. Expone que, debido a que "algunos de los canjes ofrecidos a
los inversores no ha permitido la recuperación de la totalidad de la
inversión", se han incrementado exponencialmente a partir de 2012 las
quejas de los pequeños ahorradores que han llegado a la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV).
Como motivo más frecuente de las
reclamaciones, se señalan dos: contradicción entre la información verbal del
banco y la documentación del contrato, que llevaba al cliente a creer que era
un producto carente de riesgo, similar a una imposición a plazo fijo; y
atribución de la compra a una recomendación verbal del personal del banco,
aunque sin acreditación documental que lo confirme o incluso con documentos que
lo desmienten.
Para explicar la diferencia entre
la información verbal y la contractual, el dictamen menciona "los
incentivos económicos ligados a la venta de los activos" que tenían los
empleados de las distintas sucursales de bancos y cajas. Es lo más próximo que
se encuentra en el texto a una justificación de fondo de lo ocurrido.
Sobre el marco regulador y
supervisor de estos productos, el informe dice que, en general, no tienen un
tratamiento específico dentro de la normativa del mercado de los valores, y
añade que "según el marco normativo español y europeo, existe libertad de
emisión, aún en el caso de los instrumentos financieros mas complejos". En
ese sentido, si con cada emisión se registra un folleto informativo exhaustivo
por la entidad, "no puede prohibirse que se comercialicen entre inversores
minoristas instrumentos financieros basándose en su complejidad o en que incorporen
elevados niveles de riesgo".
El informe dedica una parte importante de su contenido a defender
también la propia actuación supervisora que hizo la CNMV, y lo que denomina
fomento de la transparencia y difusión de buenas prácticas, recogiendo folletos
que emitieron advirtiendo de las características del producto en 2009, poco
tiempo antes de la mayor emisión del ciclo, por valor de más 12.000 millones de
euros, que se hizo recaer sobre todo en clientes minoristas cuando ya se había
desatado la crisis económica y financiera mundial.
En relación a aquella masiva
emisión de preferentes --que ha desencadenado muchas de las reclamaciones
judiciales pendientes--, el documento señala que el trabajo de la CNMV fue
revisar, con carácter previo al registro de la emisión, "persiguiendo una
actuación preventiva", la documentación que se iba a entregar a los
inversores y a la red comercial. Además, posteriormente, se revisó si las
entidades habían cumplido con las obligaciones de información y valoración de
la convenincia del cliente.
Las conclusiones sacadas por la
CNMV son tres:
-En primer lugar, dice, "llama la atención que, en determinadas
entidades, el número de clientes que contrató el producto después de ser
advertido de que la operación era 'no conveniente' fue muy elevado. Esta
circunstancia puso de manifiesto la necesidad de reforzar la normativa en lo
relativo al consentimiento informado de los cliente".
-En segundo término, "el
porcentaje de clientes a los que las entidades reconocen haber recomendado de
manera personalizada la contratación de estos productos es absolutamente
marginal".
-Y en tercer lugar, "por lo
que se refiere al cumplimiento de las obligaciones de información de la
clientela en la comercialización la conclusión es que, salvo casos puntuales, las entidades acreditan el cumplimiento de la
normativa vigente, al menos desde la perspectiva de la documentación
contractual que soporta la operación".
El informe añade que esta
conclusión no es incompatible con las numerosas reclamaciones de los clientes
de que la información verbal recibida era distinta a la documentación del
contrato, ya que lo que hizo la CNMV fue analizar los procedimientos de los
bancos y la documentación acreditativa de las operaciones. "La CNMV carece de elementos probatorios que permitan comprobar lo
realmente ocurrido", señala el organismo supervisor.
El documento de la Comisión, que
ha regulado recientemente las condiciones del arbitraje de Bankia, reconoce
después que sólo los tribunales ordinarios de justicia tienen capacidad legal
para obligar a las entidades supervisadas a compensar por los daños derivados
de una deficiente comercialización.
En ese sentido, recoge los datos
que la presidenta, tanto de la CNMV como de la Comisión, Elvira Rodríguez,
facilitó este miércoles en el Congreso: que
la Comisión tiene abiertas actuaciones disciplinarias a nueve grupos
financieros por incumplimientos de la normativa en la comercialización de las
preferentes y obligaciones subordinadas, que afectan a emisiones por
importe de 6.212 millones de euros. Sin
embargo, los expedientes no concluirán con la devolución del dinero a los
perjudicados, sino que su finalidad, dice la Comisión, es "conseguir
disciplina de mercado y que las malas prácticas no se reiteren en el
futuro".
El voto particular de la
presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios, Francisca Sahuquillo,
critica el informe de la Comisión de la que ella misma forma parte al estimar
que "niega el problema al
considerar que se trata de una situación sobrevenida que surge con la
materialización de los riesgos de los instrumentos híbridos como consecuencia
de la crisis, cuando la raiz del
problema no deriva de su instrumento, sino de su incorrecta comercialización
entre la clientela minorista".
Para Sahuquillo, el dictamen
omite que la Comisión ha aprobado unos criterios para el arbitraje, que tienen
como presupuesto "un problema de malas prácticas generalizadas".
"En ciertos casos, guardar silencio es la mayor mentira",
señala la responsable del Consejo de Consumidores, quien está convencida de que
el gran número de reclamaciones
demuestra que existe un problema de inadecuada comercialización. Y agrega:
"La descripción de la normativa aplicable que se recoge en el informe es
tan fria que se realiza al margen del problema existente con la
comercialización de los híbridos financieros".
Sahuquillo se queja de que el informe defiende el buen funcionamiento
como organismo supervisor de la CNMV, cuando tuvo lagunas y deficiencias y sólo
actuó "a toro pasado". "En suma, el informe no cumple con el
mandato recibido de analizar los factores generadores de las reclamaciones. Más bien parece un documento destinado a
justificar lo sucedido".
Fuente: Público
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