Sobre el "impuesto al Sol". Así será la batalla qeu se va a librar en Europa este año

Así será la batalla por el 'impuesto al sol' que se va a librar en Europa este año

Los partidarios de poner impuestos al autoconsumo y los que no ya han puesto sus cartas sobre la mesa. A partir de ahora, viene una negociación a tres bandas sin un claro vencedor

Todas las fuerzas políticas menos PP y UPN se han puesto de acuerdo para impulsar el autoconsumo.

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Juan Cruz Peña. Estrasburgo 

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El Confidencial

La opinión del Parlamento Europeo conocida esta semana en Estrasburgo era la tercera pata de un banco al que se tendrán que sentar también la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que antes de que finalice 2018 todos los ciudadanos del Viejo Continente gocen de unas pautas en materia energética. De esta manera, tendrán la guía que les marque el camino a seguir hacia el objetivo comprometido por todos en 2015: cumplir con el Acuerdo de París de descarbonización total en 2050 que revierta el cambio climático.

Sin embargo, el camino elegido para lograr ese histórico y elevado objetivo común ha sumido a Europa en una batalla política en la que cada país demuestra sus intereses particulares. España, por su parte, también. Pero además, las últimas cumbres comunitarias están aflorando las diferencias internas de España, cuya polémica más evidente es el 'impuesto al sol'. Este gravamen, denominado de forma oficial como 'peaje de respaldo', fue alumbrado en la primera legislatura de Mariano Rajoy. El exministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trazaron esta normativa que añade un recargo a aquellos usuarios que realicen autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10 KW.

La medida fue duramente criticada desde algunos sectores de la sociedad mientras que las grandes eléctricas y el operador del sistema se mostraron satisfechos. Una normativa que hoy se sostiene gracias al veto de Ciudadanos con el PP en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que pretendía tumbarlo. El revuelo acabó con denuncias que el Tribunal Supremo ha zanjado desestimando los recursos contra la normativa. La única victoria que lograron los beligerantes del 'impuesto al sol' fue el pasado 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo que prohíbe el autoconsumo compartido, después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un recurso contra esta normativa, que también obliga a Industria a que el registro de autoconsumidores sea potestad de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio de Energía.

Con este panorama nacional, la batalla se ha elevado a Europa. Ambos bandos, los partidarios del tributo y los que no lo son, centran ahora sus fuerzas en lo que suceda en Bruselas, donde este año tendrá que alumbrarse una directiva sobre energías renovables que también tendrá que discutir este punto. Se trata de la madre de todas las batallas por este asunto, ya que lo que salga adelante deberá ser transpuesto a las legislaciones nacionales, con lo que lo que está en juego tendrá mayor rango legal que todo lo aprobado en el ámbito nacional en España hasta ahora.

A mediados de enero, ya están fijadas las posiciones por parte de los actores que deberán negociar. En primer lugar, está el Consejo Europeo. Se trata del organismo que reúne a los máximos responsables políticos de cada país. En este asunto en concreto, a los 28 ministros de Energía de la Unión Europea. El representante de España, Álvaro Nadal, volvió a finales de diciembre contento de la cumbre comunitaria. Según señaló entonces su ministerio: "Es muy positivo el tratamiento del autoconsumo. España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo, que refleja claramente que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no".

La posición del Consejo es muy importante. Los Estados son quienes financian las iniciativas por lo que su voz se tiene muy en cuenta. Algunas fuentes explican que la posición que fijó en diciembre esta institución estuvo marcada por la urgencia de Estonia, el presidente semestral quería cerrar su etapa al frente del Consejo y algunos estados aprovecharon para apurar sus opciones. También Nadal con el impuesto al sol.

El eurodiputado socialista, José Blanco.

Sin embargo, no todo lo decide el Consejo, ahora tendrá que vérselas con el Parlamento en los trílogos, que son las negociaciones a tres bandas entre Eurocámara, Consejo y Comisión. Aquí ha jugado un papel determinante José Blanco, exministro socialista y eurodiputado encargado de fijar la posición del Parlamento en materia de renovables. Una de las líneas rojas marcadas por el gallego tenía que ver precisamente con el 'impuesto al sol'. Su proposición "blinda el autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si esta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado 'impuesto al sol'. Esta propuesta es opuesta a la del Consejo.

La votación de las dos enmiendas relativas al autoconsumo dio un resultado contundente: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. Además la votación dejó algunos titulares. El Partido Popular Europeo votó a favor de la medida propuesta por el miembro del socialismo europeo José Blanco. Todos excepto los populares españoles y húngaros, que votaron en contra. El tema del 'impuesto al sol' es ignorado más allá de los Pirineos. Los más de cincuenta eurodiputados que intervinieron en el debate previo a la votación de la propuesta de renovables no hicieron ni una sola mención a este asunto.

Pese a que el Consejo optó por la tesis de Nadal respecto al autoconsumo, su victoria no está clara. La voz del Consejo suele tener mayor fuerza que la del Parlamento, pero la amplia mayoría que recibió esta propuesta le pondrá las cosas difíciles. El propio José Blanco ha afirmado en reiteradas ocasiones que él no se levantará de la negociación sin resolver este asunto. Otro hándicap para el consejo, explican algunos expertos, es que estará liderado por Bulgaria, quien tiene la presidencia rotatoria los próximos seis meses. Muchos opinan que se trata de un país con poco peso dentro de la Unión y que no tendrá la fuerza que podría ejercer Francia o Alemania.

Con este panorama, cobra especial relevancia el papel que juegue la tercera pata del banco negociador: la Comisión Europea. Y además, tendrá un marcado acento español porque el responsable en la materia es el comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático Miguel Arias Cañete. La actitud que adoptará en los trílogos puede ser determinante y es una incógnita dados los conflictos internos a los que va a tener que enfrentarse.

Blanco le lanzó esta semana un mensaje directo: "Espero que me ayude a sacar adelante el mandato del Parlamento Europeo, que se ha visto reforzado con una amplia mayoría a favor". Sin embargo, a nadie se le escapa que Arias Cañete es miembro del Partido Popular. Que viene del Gobierno de Rajoy y que fue el presidente quien apoyó su candidatura al Ejecutivo comunitario. Sin embargo, procede del ramo de Agricultura y Medioambiente, que está impulsando todo lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático. No obstante, en Moncloa la ascendencia de Álvaro Nadal, quien fue director de la oficina económica y al frente de la cual está ahora su cuñada Eva Valle (mujer de Alberto Nadal), es muy superior a la de sus compañeros del ministerio de Isabel Tejerina.

Miguel Arias Cañete, saluda a la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina. (EFE)

Fuentes conocedoras de la casuística aseguran que Arias Cañete quiere dejar cerrada la directiva de renovables antes del verano, ya que después se arriesga a que quede en manos de otro. Desde alguna compañía ven a Cañete, dado el puesto que ocupa, como un referente contra el cambio climático tras la abdicación de Barack Obama. Sin embargo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo todo lo posible por liderar esa causa.

Con el Consejo Europeo a favor del 'impuesto al sol' y el Parlamento comunitario claramente en contra, la clave puede estar en manos de Arias Cañete, que tendrá que lidiar entre las presiones que le lleguen de Madrid y la posibilidad de estampar su firma para la posteridad como el comisario que cerró la directiva más ambiciosa en la lucha contra el Cambio Climático, el gran reto mundial que se dieron los estados en el Acuerdo de París. Y entre medias decidir cómo queda el polémico 'impuesto al sol'.

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Sobre una economía centrada en el bien común. Entrevista a Christian Felber, profesor universitario y activista

Peter Natali

Pilar Álvarez

El País

 

A Christian Felber (Salzburgo, 1972) le gusta hacer el pino. En mitad de una conferencia, se pone con los pies en alto para deleitar al público. Ventajas de ser bailarín, además de escritor y divulgador. Tiene estudios de filología hispánica, sociología y políticas, y da clase en la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Felber defiende un cambio radical en el modelo económico, la llamada “economía del bien común”. Entre otros postulados, este austriaco defiende la sustitución del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida de la riqueza por otro indicador, el Balance del Bien Común, que prima valores como la justicia social, la dignidad humana o la sostenibilidad medioambiental. Otras propuestas de Felber consisten en limitar los ingresos de los individuos y poner límites a la propiedad privada (que un individuo no pueda acumular posesiones por encima de 10-30 millones de euros). En cuanto a la banca, es partidario de limitar el tamaño de las entidades para que, llegado el caso de una crisis, puedan quebrar sin necesidad de ser rescatadas. Y regular sus créditos, para garantizar que vayan a inversiones reales y beneficiosas.

Sus postulados no están exentos de críticas: ¿cómo se mide el bien común? ¿tiene legitimidad un Estado democrático para limitar la capacidad de la gente de ganar dinero? Se le acusa de promover el estatismo y el intervencionismo, y se compara su modelo con una especie de comunismo disfrazado, a lo que Felber responde que su propuesta incluye ideas tanto del comunismo como del capitalismo, pero con límites, y siempre en una “democracia soberana en la que el pueblo marque las pautas”.

Miembro de Greenpeace y confundador de la organización antiglobalización Attac en Austria, es autor de libros como Economía del bien común (Deusto, 2012) o Salvemos el euro (Anaya, 2013). A mediados de octubre participó en un congreso organizado por el Consejo General de Trabajo Social en Mérida, donde tuvo lugar esta entrevista. 

PREGUNTA. Aboga por medir el éxito ético en lugar del éxito económico en las empresas. ¿Cómo?

RESPUESTA. El éxito suele medirse de acuerdo con el alcance de los fines y no con la disponibilidad de los medios. Aristóteles diferenciaba dos formas de entender y practicar la economía. En la oikonomía el fin es el bien común, la buena vida para todos, para lo que el dinero solo es un medio. Si el dinero se convierte en el fin, por definición no es economía sino crematística: el arte de enriquecerse. En ese caso el éxito se mide de acuerdo con indicadores financieros y monetarios, como los beneficios y el PIB. En una economía de verdad, donde el objetivo es el bien común, el éxito se mide según el alcance del fin: producto del bien común, balance del bien común (para empresas) y examen del bien común (para inversiones). La ciencia económica está completamente equivocada y se ha deslizado hacia el capitalismo. 

P. Hace seis años que se puso en marcha su modelo, ¿qué resultados palpables ofrece?

 

R. Hay 500 empresas que ya aplican el balance del bien común. Pertenecen a todas las ramas y tienen todo tipo de formas legales: entidades privadas, sin ánimo de lucro o públicas de distintos tamaños. Desde la unipersonal a las de varios miles de empleados. Se han implicado 50 municipios en Europa, algunos más en Chile; unas 200 universidades están elaborando proyectos de investigación y enseñanza. Ya se ha creado la primera cátedra en la Universidad de Valencia; y hay tres escuelas técnicas superiores en Austria y Alemania que han realizado el balance del bien común, al igual que la Universidad de Barcelona. En España hay varias empresas que siguen el modelo, como Can Cet, la Fundación Guttman y la Agencia de la Juventud, en Barcelona. Además de cuatro regiones europeas: la Comunidad Valenciana, Salzburgo (Austria), Baden-Wüttemberg (Alemania) y Tirol del Sur (Italia). 

 

P. ¿Qué resultados ofrecen las empresas que lo han puesto en marcha? 

 

R. Hay hoteles que empiezan a reducir la oferta de carne en el menú, muchas empresas reemplazan coches de gasolina por eléctricos. Hubo un bufete de abogados que aumentó el salario de la secretaria al darse cuenta de la diferencia que había con respecto al del director. En varias empresas se ha aumentado la participación de la plantilla en las decisiones estratégicas e introducido un mayor grado de democracia interna. Hay otras en las que se han duplicado las solicitudes de empleo, por ejemplo en Alemania, porque los trabajadores quieren trabajar en este tipo de empresas a pesar de que no tengan bonificaciones económicas.

P. ¿Por qué prefieren ganar menos? 

R. Porque la remuneración que más cuenta para los trabajadores es la ética. Encontrar un sentido a lo que hacen, no causar daños medioambientales, primar las relaciones dentro de la empresa y con el entorno. Esto contribuye a la felicidad. Los trabajadores se sienten más apreciados porque pueden participar en las decisiones. 

P. ¿Hay ejemplos en España? 

R. En la Comunidad Valenciana se preparan dos leyes que buscan crear un registro con las empresas que sigan estas reglas más éticas, fomentar inversiones que primen la transformación ética, dar incentivos legales a quienes sigan estos criterios. Por ejemplo, dándoles prioridad en la contratación pública o reduciendo los impuestos que gravan sus productos para que sean más competitivas. En Cataluña, son entidades y organizaciones tan diferentes como una empresa de inserción laboral y el distrito de Horta-Guinardó en Barcelona. 

P. Defiende que las empresas que no sigan el modelo sean penalizadas. 

R. El objetivo es que se invierta la tendencia actual y que los productos éticos sean más económicos, conseguir un mercado inteligente y ético en lugar de uno capitalista. Que se prime a estas empresas para la contratación pública, con condiciones crediticias en los bancos del bien común, libre comercio para las empresas más justas y prioridad en proyectos de investigación científica. Es el sueño de Adam Smith. El éxito de la empresa es el éxito de la sociedad, y no hay que medirlo con criterios financieros sino en términos de dignidad, de solidaridad, de justicia, de democracia. Es decir, sólo cuando una empresa contribuye al éxito de la sociedad puede ser exitosa, lo que significa que no puede duplicar beneficios a costa de recortar plantilla, discriminar a las mujeres, destrozar el medioambiente o corromper la política. 

P. Si se hiciera un reparto más equitativo de la riqueza, probablemente europeos como usted deberían ganar menos. 

R. No sé si todas las culturas quieren ganar más. En Bután, según las estadísticas del Banco Mundial, viven en pobreza extrema pero les va bien. Cuando se les pregunta ‘¿Quién te va a ayudar si necesitas algo’, la respuesta es: ‘Todo el mundo’. Eso es una seguridad social total. Lo que sí está claro es que los europeos tenemos que reducir nuestro consumo medioambiental. Si tú o yo consumimos cinco veces más recursos medioambientales de los que el planeta aporta por persona, vivimos a costa de la libertad de los butaneses. No tendríamos que ganar menos, sino consumir menos.

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Préstamos hipotecarios multidivisas. El Tribunal Supremo declara la nulidad de un préstamo hipotecario en divisas

El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 608/2017 (Rec. 2678/2015),  de 15 Noviembre 2017,  ha declarado la nulidad parcial de un préstamo hipotecario eliminando las referencias a la denominación en divisas del préstamo y quedando como un préstamo concedido y amortizado en euros.

Los motivos de nulidad es el carácter abusivo, por falta de transparencia, de las cláusulas contenidas en contrato y la falta de información adecuada a los prestatarios sobre los riesgos asociados a las cláusulas. 

El Tribunal estima que aunque, en aplicación de la normativa comunitaria que obligó a adaptar la normativa nacional a aquélla, el préstamo hipotecario denominado en divisas no sea un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores -no teniendo las entidades financieras que conceden estos préstamos que estar obligadas a realizar las actividades de evaluación del cliente y de información prevista en la normativa de dicho Mercado- ello no excluye que estas entidades, cuando ofertan y conceden estos préstamos denominados, representados o vinculados a divisas, estén sujetas a las obligaciones que resultan del resto de normas aplicables, como son las de transparencia bancaria.

Además, cuando el prestatario tenga la consideración legal de consumidor, la operación estará sujeta a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en concreto, a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva sobre cláusulas abusivas) como entendió el TJUE en los apartados 47 y 48 de la sentencia del caso Banif Plus Bank. 

La posibilidad de cambio de divisa, aunque pueda suponer un cierto mecanismo de limitación del riesgo de fluctuación en los casos de previsible apreciación de la divisa en un futuro no elimina los riesgos asociados a la posibilidad de depreciación del euro frente a la divisa elegida, ni –en aplicación de la normativa protectora a los consumidores- dispensa al predisponente de sus obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.

Por ello, concluye el Tribunal, el banco debe informar con antelación, de modo claro y comprensible, sobre las consecuencias de hacer uso de esa cláusula y ofrecer al consumidor no experto una información adecuada durante la ejecución del contrato. 

En aplicación también de la jurisprudencia comunitaria (sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-26/13, apartados 83 y 84), el Tribunal Supremo no opta por declarar la nulidad total del contrato de prestamo, ya que ello supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, de modo que el ejercicio de la acción de nulidad por abusividad de la cláusula no negociada puede perjudicarle más que al predisponente. El Tribunal opta por la nulidad parcial del mismo al anular la cláusula abusiva de denominación en divisas del préstamo sustituyendo la misma por un régimen contractual previsto en el contrato que establecía la posibilidad de que el capital en vez de en divisas esté denominado en euros, cumpliendo así las obligaciones contenidas en los arts. 1170 del Código Civil y 312 del Código de Comercio, que exigen la denominación en una determinada unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las obligaciones pecuniarias, lo cual es un requisito inherente a las obligaciones dinerarias.

Ver Sentencia aquí:

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 15 Noviembre 2017

"Monsanto papers": La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

"Monsanto papers": La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Los Estados miembro prolongan el uso del glifosato hasta 2022, a pesar de su catalogación como ‘posible cancerígeno’. Mientras, los ‘Monsanto Papers’ desvelan cómo la compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Fuente: Público

nacho valverde @javat91

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos. 

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”. 

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos. 

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto

Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-. 

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales

Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-.

Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas. 

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.

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