Contratación pública. Propuesta para incorporar cláusulas sociales en favor de trabajadores y consumidores

IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales

Cargos públicos de la formación de izquierdas abanderarán la extensión de dichas cláusulas

Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas.

De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado en Málaga la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas".

Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores".

Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia.

Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma.

Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios.

La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas.

También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo.

Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales.

"Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales EUROPA PRESS 24.03.2018 MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS) Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ IZQUIERDA UNIDA Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas. De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas". Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores". Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia. Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma. Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios. La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas. También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo. Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales. "Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

Ver más en: https://www.20minutos.es/noticia/3297566/0/iu-reclama-que-nueva-ley-contratacion-publica-incorpore-mas-clausulas-sociales/#xtor=AD-15&xts=467263

IU reclama que la nueva ley de contratación pública incorpore más cláusulas sociales EUROPA PRESS 24.03.2018 MÁLAGA, 24 (EUROPA PRESS) Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ Cargos públicos de IU reunidos en mesa municipalista sobre ley contratación publ IZQUIERDA UNIDA Los ayuntamientos gobernados por IULV-CA así como los grupos municipales que estén en la oposición deberán "abanderar" la aplicación de cláusulas sociales en las contrataciones e ir "más allá" en la defensa de las mismas. De esta manera ha cerrado la responsable de Política Institucional de IU, Teresa Sánchez, la primera Mesa Municipalista que ha celebrado la organización de izquierdas y que ha tenido como tema monográfico la nueva Ley de Contratación Pública. A ella han acudido alcaldes y concejales que han conocido más sobre esta nueva ley, "que afecta a la actividad económica de los municipios de muy diversas formas". Sánchez ha asegurado que pretenden que esta ley "no se quede en el apartado económico, sino que incorpore ventajas con cláusulas sociales de defensa del trabajador y los consumidores". Entre los ponentes han participado la presidenta de Facua Málaga, Lola García; el secretario de FESP-UGT Málaga, Francisco Martínez Jiménez, y Rafael Rodríguez, abogado experto en la materia. Rodríguez ha destacado que una de las novedades es considerar la contratación pública como un instrumento esencial, ya que representa el 20 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) y ha destacado que el criterio social y medioambiental se articula a lo largo de toda la norma. Por su parte, Francisco Martínez, ha advertido de que sin cláusulas sociales "se olvida a los trabajadores", poniendo como ejemplo casos donde la adjudicación del servicio no había tenido en cuenta los costes laborales. Desde UGT, ha añadido, se han lanzado algunas propuestas, como es la discriminación positiva de empresas que tengan siniestralidad cero o que respeten la igualdad de género en contratación y salarios. La presidenta de Facua ha alertado de que la nueva ley no ha tenido en cuenta a los consumidores pese a que "su inclusión en la misma es fundamental para al defensa de los ciudadanos". Por ello, ha invitado a los cargos públicos de IU a promoverlas. También ha aportado algunos ejemplos de cómo defender al consumidor en los contratos públicos, premiando, por ejemplo, a las empresas que incluyen elementos de defensa del consumidor, como someterse a la Junta Arbitral de Consumo. Sánchez ha trasladado a alcaldes y concejales la necesidad de que en sus respectivos municipios se genere un debate participativo sobre la inclusión de las cláusulas sociales en función de las necesidades y en el que estén presentes los vecinos y agentes sociales. "Estos acuerdos podrían ser refrendados por el pleno y convertirse en la guía de la contratación sostenible de nuestros municipios", ha expuesto la dirigente provincial, quien ha incidido en que la contratación pública "debe entenderse como una herramienta para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, para generar empleo y apoyar sectores con conciencia social, medioambiental y otros ejes de nuestra apuesta política".

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El rescate de las autopistas y la socialización de las pérdidas, de Marc Fortuño

Viñeta: El Jueves

El rescate de las autopistas y la socialización de las pérdidas 

 Artículo de Marc Fortuño  publicado en El Blog Salmón 

Este año será el año del rescate de las autopistas. El pasado jueves 15 de marzo, el Ministerio de Fomento, a través de la empresa pública Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre SA (SEITTSA), asumió tanto la explotación como de mantenimiento de la autopista AP-36, en otras palabras, un rescate en toda regla.

Éste no es el único rescate de este año, sino que la AP-36 pasará a ser la tercera autopista de peaje que se revierte al Estado en lo que va de año. Recordamos que el pasado 21 de febrero, SEITTSA se hizo cargo de la explotación de la R4 entre Madrid y Ocaña (Toledo) y el 1 de marzo de la R2 entre Madrid y Guadalajara. Aquí no acaba la cosa, además de las autopistas mencionadas, está previsto que las autopistas AP-7 entre Cartagena-Vera y AP-7 Circunvalación de Alicante reviertan al Estado el próximo 1 de abril. 

¿Por qué se rescatan las autopistas? 

Muchos podrían pensar que si la explotación de un servicio no resulta rentable y se ve obligado a quebrar, no debería afectar a las arcas públicas o al bolsillo de los contribuyentes. No obstante, la legislación presente prima la socialización de las pérdidas para que puedan salir adelante los proyectos de obra pública. 

La razón por la que al quebrar la concesionaria el Estado se hace cargo de la autopista, la encontramos en la ley de Contratos del Sector Público. Se prevé que en el caso de que una concesión de una obra pública determinada en una fase de liquidación mediante concurso de proveedores, existe la obligación resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la Administración Pública.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, traslada al ordenamiento jurídico español las Directivas emanadas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. Estas directivas establecen lo siguiente: 

“Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, adoptada por razones de interés público, por la que dé por terminada la concesión, no obstante la buena gestión de su titular, para su gestión directa por la Administración. El rescate de la concesión requerirá además la acreditación de que dicha gestión directa es más eficaz y eficiente que la concesional”.

Además, si la causa de la resolución del contrato se imputa a la Administración, deberá hacerse cargo del global del importe de las inversiones realizadas por razón de la expropiación de terrenos, ejecución de obras de construcción y adquisición de bienes que sean necesarios para la explotación de la obra objeto de la concesión, atendiendo a su grado de amortización. 

La factura del rescate 

Diez años después del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, aún vemos coletazos de lo que fue un despropósito en materia de obra pública en la que se persiguió construir lo que fuera, debido a las altas expectativas existentes en aquellos años, sobre una demanda que nunca llegó. 

Las concesionarias no han podido recuperar el importe que se invirtió en la construcción de estas autopistas con los peajes y, en consecuencia, tal y como dicta la ley, el Estado debe hacer frente al importe “no recuperado con la amortización”.

Ese importe en específico se trata de una estimación. Por parte del Gobierno, se estima que son 2.000 millones de euros, aunque los acreedores que financiaron estas autopistas elevan esta estimación hasta los 4.500 millones. Este diferencial se debe a que los bancos tienen deuda vinculada a las empresas concesionarias creadas para construir las autopistas. 

A pesar de que no conocemos el importe final que deberá repercutir a las arcas públicas, el Gobierno ha anunciado que plantea relicitar las autopistas. Con esta venta, se esperaría recobrar una cifra entre 700 y 1.000 millones de euros, por lo que las pérdidas ocasionadas podrían superar los 1.000 millones de euros. 

Los problemas vinculados a la obra pública 

Uno de los grandes problemas de la obra pública que hemos visto en los años del boom inmobiliario es que los responsables de la administración pública tienen incentivos en “sacar tajada” por designar una u otra concesionaria. 

Los casos de corrupción han sido varios en España, en los que predomina un denominador común, la administración contrata un servicio público a una empresa privada y parte de este contrato, es revertido a las arcas del partido político o bien del cargo que debe asumir la decisión. Este tipo de clientelismo y corruptelas varias suponen un incremento del coste del servicio para el contribuyente. 

Por otro lado, un elemento esencial es valorar el riesgo moral al que se incurre en el momento de emprender cualquier tipo de rescate. Si los beneficios se privatizan y las pérdidas se socializan ¿Dónde queda el riesgo de la actividad económica y la iniciativa privada? 

Si en el contrato de obra pública se especifica que la Administración Pública será la responsable de la parte pendiente de amortizar de la inversión, los incentivos perversos se acentúan. Por ejemplo, existen incentivos en incrementar el importe de la inversión, los llamados sobrecostes, y beneficiar a proveedores que muchas veces son sociedades participadas por las propias constructoras.

Tenemos varios ejemplos en el que el sobrecoste determinada obra pública se ha disparado. Por ejemplo, las autovías de Ibiza se presupuestaron en 12 millones de euros y acabaron costando 172 millones de euros (+1.333%), la terminal cuatro de Barajas se presupuesto en el proyecto inicial 1033 millones de euros aunque finalmente el coste del proyecto fue de 6.200 millones de euros (+500%). 

Las políticas de demanda lo aguantan todo y si el objetivo es construir y construir con la justificación de “mover el dinero” o de “reactivar la economía”, muchas veces no importa la eficiencia del proyecto o la viabilidad del mismo.

Cuando predomina el despilfarro, no solo se incurre en una deuda pública que deberán pagar los contribuyentes sino que se genera un elevado coste de oportunidad a nivel de optimización de recursos, es decir, todo lo que pudimos haber hecho y no hicimos por no ser eficientes, realizar sobrestimaciones en proyectos y en definitiva, por incurrir en clientelismos.

Rafael Jiménez Asensio: El delegado de protección de datos: perfil y encuadre en las organizaciones públicas

El delegado de protección de datos: perfil y encuadre en las organizaciones públicas (en especial en los entes locales)

Artículo de Rafael Jiménez Asensio,  Consultor de Instituciones Públicas y Catedrático (acreditado) de Universidad, publicado en La Administración al día (INAP)

Introducción

Faltan poco más de dos meses (el 25 de mayo de 2018) para la plena aplicabilidad del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril (en lo sucesivo RGPD), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Mientras tanto, en paralelo, la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal (BOCG; Congreso de los Diputados, de 24 de noviembre, núm. 13-1; PLOPD, en lo sucesivo), que adapta (o, al menos, eso pretende) la Ley Orgánica anterior (15/1999, de 13 de diciembre) al nuevo marco normativo establecido en la Unión Europea, sigue su curso. Aunque todo apunta que no podrá estar aprobada esta Ley antes del 25 de mayo del presente año, pues cuando esto se escribe no han sido aceptadas las enmiendas a la totalidad en el debate al efecto que se ha realizado en el Congreso de los Diputados y aún se está en el trámite de presentación de enmiendas (con ampliación reiterada del plazo para presentar las mismas)(1), quedando pendiente su tramitación y aprobación en esta Cámara y la subsiguiente intervención del Senado (y, en su caso, el retorno otra vez a la Cámara baja). Poco tiempo para que vea la luz antes de la fecha indicada. Por tanto, el presente trabajo se centrará en la regulación del RGPD y hará alguna mención circunstancial al PLOPD, con la advertencia que la redacción final de la Ley que aprueben las Cortes Generales puede variar notablemente algunas partes de su contenido.

 La importancia del RGPD no puede ser puesta en cuestión. Aunque posteriormente pondré de relieve cuáles son algunos de sus precedentes, cabe subrayar ahora que la revolución tecnológica, en la que ya se encuentra inmerso el mundo actual, se caracteriza por la trascendencia que tienen los datos, también –aunque no solo- en la propia economía. Se ha dicho, por ejemplo, que los datos son el petróleo de la economía digital, pero eso no es completamente cierto, pues –tal como afirma Franklin Foer, “los datos son infinitamente renovables, no son finitos como el petróleo”(2). La amenaza a la identidad por el (mal) uso de los datos es obvia, por tanto. Para entender esa amenaza se pueden traer a colación muchas reflexiones, cada día más abundantes dentro del género de ensayo, pero sin entrar en una larga lista de citas sí que puede ser oportuno en estos momentos recordar lo que dijo en su día uno de los principales asesores de una de las grandes empresas que ejercen el monopolio o cuasi monopolio de Internet. Eric Schmidt, reconocía con toda su crudeza lo siguiente: “Sabemos dónde estás. Sabemos dónde has estado. Podemos saber más o menos lo que estás pensando”. El riesgo, por tanto, para la intimidad de las personas que representa esa acumulación de datos y ese cruce casi infinito de los mismos está meridianamente claro. Timothy Garton Ash, en un interesante libro, también nos lo ha recordado recientemente: “Ahora todos somos palomas como transmisor”. Y tambien nos recuerda unas palabras del experto en seguridad, Bruce Schneider, que se jactaba de que “la vigilancia es el modelo de negocio de Internet”, y concluía del siguiente modo: “”Nosotros construimos sistemas que espían a las personas a cambio de servicios”(3). Por tanto, queda meridianamente claro que el desafío real y tangible a la privacidad es ya un hecho, que se irá acrecentado con el paso del tiempo. Y las respuestas ante esta amenaza son complejas, pero cualquier solución al problema –como ha recordado recientemente el filósofo Luc Ferry en su última y recomendable obra(4)- pasa inevitablemente por la regulación. No hay otra vía. Por eso es de gran trascendencia el alcance que tiene la aprobación del RGPD, que representa un cambio cualitativo en el modo y manera de regular este ámbito de la protección de datos de carácter personal por las instituciones de la Unión Europea, como se verá de inmediato. 

Artículo completo aquí

¿El consumo da la felicidad?, por Charo Morán

 Charo Morán. Área de Consumo de Ecologistas en Acción. Revista Ecologista nº 94.

 ¿Qué relación tiene la sociedad de consumo con la felicidad? ¿Puede ayudar la búsqueda de la felicidad a generar sociedades más sostenibles y justas?

 La autora analiza la relación entre el consumismo y la crisis ecosocial, desmontando la idea de que el incremento de los indicadores económicos basados en la capacidad de gasto e incremento de la producción de bienes sean parámetros para medir el bienestar social 

En una sociedad marcada por la centralidad de los indicadores económicos y por el crecimiento continuo, podríamos pensar que es este factor el que más efectos tiene en la felicidad de las personas. El economista Richard Easterlin [1], comparó la evolución de los ingresos y la percepción de felicidad. Demostró que el aumento de riqueza lleva aparejado un incremento de satisfacción hasta un cierto umbral pero que una vez superado este, la felicidad no crece paralelamente.

Así, el incremento de riqueza que se produjo en Estados Unidos entre 1945 y 1974, que duplicó el Producto Interior Bruto (PIB), no supuso un aumento relevante en la tasa de felicidad de su población. Su teoría sugiere que, una vez que las necesidades básicas están cubiertas, las políticas deberían centrarse en aumentar la satisfacción a través de medidas de articulación comunitaria y de redistribución de la riqueza y no en el crecimiento económico. En este sentido, “la economía de la felicidad”, pone en cuestión la teoría tradicional económica que afirma que cuanto mayor sea el nivel de ingresos de un individuo, mayor será su nivel de felicidad y da énfasis a la importancia de la felicidad social, que se da en entornos solidarios, equitativos, afianzados en la comunidad, con menor polarización social y violencia estructural, y que suponen calidad de vida de todas las personas. 

La bulimia consumista 

Poseemos una media de 10.000 objetos frente a los 236 que poseen las comunidades de los indios Navajo [2]. Somos Diógenes de lo nuevo, de la acumulación compulsiva de cosas y experiencias que se alimenta fomentando la insatisfacción crónica. Más dinero, más endeudamiento, más cosas, más deprisa, más lejos, más joven, más efímero… Una pesada mochila de metas que nunca se alcanzan, del tener en vez del ser. Una rueda sin fin que se basa en la pérdida de autoestima y, también, en el egoísmo.

La cultura consumista, aproximadamente en 20 % de la población mundial, es hegemónica pero no única en el planeta.

Día sin compras. Foto: Isidro Jiménez

Otras culturas ponen en el centro la vida en vez de los indicadores económicos y las tasas de consumo. Tres ejemplos: La isla de Niue en el Pacífico, en la que se promueve una semana laboral de cuatro días, destinando el tiempo restante a labores comunitarias, a los cuidados o al ocio; el país de Bután, cuya política está regida por el Índice de Felicidad Bruta a través de los valores colectivos y los vínculos con la naturaleza y, por último, las constituciones de Ecuador y Bolivia, que desarrollan el paradigma del Buen Vivir, Sumak Kawsay, que supone poner en el centro a la comunidad en armonía con la tierra, la Pacha Mama. Son ejemplos que combaten una vida marcada por el mercado y la monetización creciente de todos los ámbitos de nuestra vida, una referencia para rediseñar nuestras formas de vida de una forma más sencilla en lo material, pero más plena y sostenible. 

Cooperar y no competir 

La sociedad de consumo se alimenta del individualismo y de la competitividad, lo que en algunos sectores se ha denominado el darwinismo social, basado en la idea de la supervivencia del más apto para la sociedad de mercado. Sin embargo, numerosos autores consideran esto una falsedad científica. La intensa socialidad y el trabajo cooperativo de Homo sapiens, ha sido, y es, su éxito adaptativo como especie. En palabras de Frans de Waal, psicólogo y primatólogo: “La vida en grupo no es una opción, es una estrategia de supervivencia”, para la bióloga Lynn Margullis: “La vida no se hizo para competir, sino para trabajar unidos”.

Nuestras neuronas espejo, responsables de la empatía, de la percepción de lo que sienten los demás, demuestran que la interdependencia social está en nuestro ADN. Para Michel Tomasello, psicólogo social: “El ser humano es altruista desde su nacimiento y sólo a través del entorno cultural se puede modificar su comportamiento hacia el individualismo”. El egoísmo supone ir en contra de nuestro comportamiento como especie y, por tanto, genera insatisfacción e infelicidad.

Otro aspecto sería la relación de nuestros vínculos con el territorio, con la naturaleza. Vivir en ciudades hace que estemos presentando síntomas del déficit de naturaleza [3], que llevan consigo un conjunto de alteraciones provocadas por la vida en entornos artificiales tales como estrés, hiperactividad o merma del rendimiento cognitivo.

Según Richard Louv, “Cuanta más tecnología usamos, más necesitamos a la naturaleza”. Y podríamos añadir: “Cuanto más enganchados a las pantallas y más amigos virtuales tenemos más solos estamos”. Nuestro bienestar depende, por tanto, de vivir en armonía con la biosfera y con el resto de las personas del planeta. De nuestra ecodependencia e interdependencia.

La medida de la felicidad tiene cierta dificultad. Existen factores subjetivos, culturales, momentos vitales… de difícil cuantificación. En cualquier caso existe la evidencia de que la vida social, el sentido que le damos a la vida, tener un proyecto vital ilusionante y disponer de tiempo libre para lo importante son factores fundamentales para ser felices. Todo lo contrario a lo que nos ofrece el mercado: individualismo, vidas vacías y tiempo para ir al centro comercial, la catedral del consumismo. 

¿Qué necesitamos para ser felices? 

Para el economista chileno Max Neef, las necesidades humanas son finitas y universalizables (subsistencia, identidad, participación, ocio, conocimiento…), y lo que varía culturalmente es la forma en que las satisfacemos. Así, para cubrir nuestra necesidad de subsistencia, podemos optar por alimentos precocinados comprados en una gran superficie o participar en un grupo de consumo de productos locales, de temporada y ecológicos. En ambos casos conseguimos el número de calorías necesarias para nutrirnos pero los efectos sobre nuestra salud, el planeta, la distribución de la riqueza y la participación comunitaria son diferentes y, por tanto, generadoras de dispares situaciones de bienestar.

Las corporaciones nos ofrecen estilos de vida con satisfactores mercantilizados que nos conducen a vidas llenas de nada. Estamos sometidos a unos 3.000 impactos publicitarios diarios que anuncian que un todoterreno nos da libertad, unas deportivas de marca identidad, un perfume éxito social y una bebida azucarada felicidad. Por el contrario, se trata de una forma de consumo que sólo hace felices a las cuentas de resultados de las grandes multinacionales.

Pensar antes de comprar
		El Día sin Compras es una jornada internacional de huelga de consumo que se celebra el último viernes de noviembre, todos los años, desde hace veinticinco, coincidiendo con el llamado Viernes Negro. Esta iniciativa apoyada por Ecologistas en Acción, critica el modelo de producción y consumo a medida de las grandes empresas. El Viernes Negro, que ha colonizado nuestras ciudades, es uno de los días de mayor consumo en EE UU, en el que las grandes cadenas animan a comprar, en un modelo en el que la mayor parte de los productos se fabrican a miles de kilómetros, en condiciones de semiesclavitud. Mientras, la publicidad incide en falsas necesidades y vincula la compra con la felicidad.

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Sanidad Ambiental. Sobre la contaminación de aire por emisión de partículas contaminantes

«Si redujéramos el polvo en el aire a la mitad, la mortalidad bajaría un 15%»

 

La profesora de Salud Pública Adonina Tardón indica que «la industria no se puede cerrar a la modernidad, que es contaminar lo mínimo»

Póngase en el supuesto de que, a pocos metros de usted, están descargando carbón, cemento o caliza. O moviendo metales. O hay un escape de un motor diésel. Las partículas en suspensión PM10 es el polvo que desprenden todos esos materiales, roca o combustible y que están en el aire. Según explica la profesora titular de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Oviedo Adonina Tardón, «afectan al aparato respiratorio y producen problemas agudos de descompensación en enfermedades cardiovasculares». Pero no solo eso. «También se asocian a mayor mortalidad en las ciudades».

En una conferencia organizada por la Asociación de Enfermos de Enfermedades Crónicas en el centro de salud de La Lila, en Oviedo, apuntó que «según la Unión Europea, la esperanza de vida de los europeos disminuye entre ocho y nueve meses por esta contaminación». Y dio otro dato de interés: «Según la OMS, si fuésemos capaces de disminuir la concentración media de partículas en suspensión un 50% al año, disminuiría en un 15% la mortalidad». Los límites establecidos es no sobrepasar los 20 microgramos por metro cúbico al año; los cincuenta microgramos por metro cúbico en veinticuatro horas y que esta situación diaria no se repita en más de 35 ocasiones al año.

Riesgo de cáncer de pulmón 

«La incineradora era el mayor error medioambiental que podíamos cometer»

Las PM10 son un término ya conocido por la población, preocupada cada vez más por la contaminación atmosférica, especialmente en la zona oeste de Gijón y Avilés, que son los focos en los que el Gobierno regional ha centrado sus planes de calidad del aire. «Mi opinión sobre la actuación de la Administración es positiva. Creo que de unos años hacia acá se ha hecho mucho por reconocer que existen estos focos y vigilarlos», afirma Tardón, quien ve con buenos ojos otra serie de medidas «como el mantenimiento de los trenes de cercanías o que en los concursos de los ayuntamientos puntúe mejor aquella empresa que ofrece autobuses públicos con combustible limpio, no contaminante».

Ahora bien, recuerda que en un momento en el que «nuestro planeta está dando muestras de agotamiento» es responsabilidad de todos cuidarlo. Por eso dice discrepar con aquellos que piensan que la lucha contra la contaminación «es contraria al desarrollo industrial». «La industria no se puede cerrar a la modernidad y la modernidad es que una industria no contamine. Igual que somos capaces de mejorar los tratamientos del cáncer, también la industria tiene que ser lo menos contaminante posible». Además, recuerda, «antes había unas condiciones atmosféricas más favorables, porque llovía más y permitía una mayor dispersión de las partículas».

Porque hay evidencias de que la contaminación afecta a la salud. En el estudio CAPUA (Cáncer de Pulmón en Asturias), su equipo ha demostrado que hay «una asociación clara entre el cáncer de pulmón y la contaminación atmosférica» . «La exposición a ésta por encima de los niveles deseados aumenta el riesgo de sufrir cáncer de pulmón. En concreto, el riesgo se multiplica por dos».

También fue siguiendo la evolución de 500 niños de Avilés, desde su nacimiento hasta cumplir los once años, y concluyeron en su estudio INMA (Infancia y Medio Ambiente) que «a medida que los niños están más cerca de los focos contaminantes, la infección respiratoria aumenta». La exposición a «un contaminante peligroso como es el dióxido de nitrógeno (NO2) eleva la bronquitis en niños pequeños. Y en niños asmáticos exacerba sus brotes». La alta contaminación genera, no hay que olvidarlo, otro efecto: el mayor gasto en salud.

Separar la basura

Durante su conferencia, Adonina Tardón también habló del papel de la ciudadanía. «Es impensable que en el siglo XXI no separemos la basura. El miedo que tiene la gente es que en la central de La Pereda quemen basura general, con todos los residuos juntos. La combustión -subrayó- es lo peor que hay. Y si a la quema va todo -envases, papel, vidrio, restos de comida...- se emiten sustancias cancerígenas, como las dioxinas. Es importantísimo para la salud de los niños y mayores separar la basura. Ya no hay vuelta atrás y es imperdonable no hacerlo».

Porque, cumpliendo con el reciclaje, «no habrá nada que quemar y, por tanto, no habrá peligro». Por todo ello, sostiene que «la incineradora era el mayor error medioambiental que podíamos cometer». E hizo también un llamamiento a los ayuntamientos para que «acaben de una vez con las bolsas negras, a las que van todos los envases juntos». 

Fuente del artículo: El Comercio

Autora: ELENA RODRÍGUEZ