Y así el kilovatio se hizo de oro
Una década de fallos regulatorios y empresariales lleva la electricidad a un precio inasumible
Las pujas de brókers y fondos de inversión marcan el recibo
Jerónimo Andreu
El radiador eléctrico pasó el invierno agazapado, espiándolos como un
enemigo. A pesar de los seis grados de media a los que hiberna Madrid, en el
apartamento de Juan Presa no quisieron ni olerlo. El frío lo taparon con
mantas, y el calentador se reservó para un par de noches muy duras. Con Juan,
de 62 años, viven su esposa y sus tres hijos. Ninguno tiene trabajo. Juan, que
era cerrajero, lo perdió hace dos años. Sus únicos ingresos son 426 euros de la
renta mínima. Los entre 60 y 80 euros mensuales de la factura eléctrica se
comen una quinta parte del presupuesto.
El concepto de pobreza energética resume la situación de cuatro millones de
españoles que sufren para pagar la electricidad, según el recientemente
desaparecido Observatorio de la Sostenibilidad. Cruz Roja ya ha avisado de que
el 40% de las familias que recurren a su ayuda, ciudadanos hasta hace poco con
renta media, no puede mantener la casa a una temperatura adecuada. La
preocupación crece. Las
eléctricas cortaron la luz de 1,4 millones de viviendas en 2012 y el PP ha
vetado esta semana en el Congreso una iniciativa de ICV para
que en invierno no haya cortes por impago.
La familia Presa es una más de las que no entiende por qué España tiene la
tercera luz más cara de Europa (según
Eurostat, tras una subida del 60% entre 2006 y 2012, solo Chipre
e Irlanda, dos islas, pagan más) mientras que los consumidores acumulan una
deuda de 30.000 millones con las eléctricas.
El estupor ciudadano creció con las
subidas de tarifa en agosto y octubre, y rebosó con la subasta del jueves
que concluyó con el incremento del 11% previsto para enero en el recibo y que el
Gobierno anuló horas después. La pregunta que recorre el país parece
sencilla: ¿en qué punto de su cadena de producción el kilovatio se convirtió en
oro?
La electricidad se genera en una central, salta a la red de alta tensión, de
ahí pasa a las de media y baja, y termina su ciclo en casas que pueden estar en
una gran ciudad, en el campo o una isla. Todos esos pasos cuestan dinero. Pero
la cadena de gastos tiene más eslabones: impuestos, deudas, especuladores,
intereses empresariales, primas a sistemas de producción de energía que son más
limpias (renovables) o imprescindibles para garantizar el sistema (los ciclos
combinados de gas).
A ojos del Gobierno está claro dónde se encuentra la fuga que hay que
taponar: en esa deuda
millonaria con las eléctricas, equivalente al 8% del recibo de la luz, y
que representa los gastos que se les han reconocido a las compañías pero que no
se les han abonado. Para enjugarla diseñó la gran reforma eléctrica de la
legislatura: un paquete de 15 normas con medidas tan polémicas como gravar más
al consumidor en los costes fijos de la luz (los que se pagan por tener
suministro, independientemente de lo que se consuma) o la cruzada
contra el autoconsumo. La reforma fracasó
antes de nacer. Iba a acabar con el déficit de tarifa este año pero a
última hora Hacienda
retiró los 3.600 millones que había comprometido para abonar su parte del
déficit.
La del déficit es una historia poco edificante. La figura la creó en 2002
Rodrigo Rato, entonces ministro de Economía del PP, cuando estableció que la
luz nunca subiría más del 2% al año. Como los costes de producir la
electricidad eran mayores, optó por embalsar esa diferencia emulando al tendero
que apunta las latas de atún fiadas. Las razones para mantener el precio
artificialmente bajo eran diversas: desde el controlar la inflación, al
electoralismo y la mejora de la competitividad industrial.
La solución nació como temporal, pero luego ningún Gobierno se vio con
fuerza para explicarle al votante que debía pagar más. Durante una década los
españoles han vivido en una ilusión. La industria y los ciudadanos consumían
satisfechos mientras las eléctricas facturaban como nunca.
Este déficit fue asumible hasta que en 2005 los costes se dispararon por la
subida del petróleo que arrancó con la inestabilidad en Irak. La tendencia se
agravó en 2008 con las nuevas primas a las las renovables, y la crisis hizo que
la componenda terminara de estallar.
Para pagar se han ido probando sistemas. El último consistía en emitir lo
debido en paquetes y colocarlos en el mercado de valores (la llamada
titulización). Las eléctricas ya han cobrado ese déficit y ahora los españoles
se lo deben a bancos de inversión en buena parte extranjeros.
Los más críticos con esta estrategia de dilación de los problemas aseguran
que esa deuda nunca se ha auditado públicamente. Y algunos, como Jorge Fabra,
llegan más lejos. Fabra es un economista con aire de profesor tiernogalvanesco,
jersey de pico sobre la corbata y pelo peinado hacia atrás. Ha sido consejero
de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y ahora una de sus preocupaciones es
convencer a la opinión pública de que no hay un déficit acumulado de
tarifa, sino superávit en las retribuciones. Es decir, que no es que las
eléctricas cobren de menos, sino que los consumidores les pagan de más.
No todos los kilovatios son iguales aunque al encender la lámpara lo
parezcan. Cada partícula lumínica se produce de una forma diferente y a un
precio diferente. Al pulsar el interruptor, todas se materializan después de
haber viajado a la velocidad de la luz desde su central de generación pero,
mientras una unidad eléctrica procede del viento, otra lo hace de una presa
construida hace 70 años, y una tercera de una central que funciona con un gas
cuyo precio depende de mil conflictos internacionales. Y, sin embargo, toda esa
energía la paga el ciudadano al mismo precio. Esta disfunción es consecuencia
de un sistema de venta peculiar. Fabra la explica delante de una pantalla con
un Power Point. “Atento a la exposición, que no es fácil”, avisa.
En un operador de mercado electrónico llamado OMIE, las generadoras van ofertando cada
mañana la energía que producirán cada una de las horas del día al precio que
les parece más cercano a sus costes. Primero se venden las que tienen los
costos variables más bajos (renovables —su fuente es gratuita—, hidroeléctricas
y nucleares —el coste de construcción de las centrales ya se recuperó—) y,
cuando estas se acaban, se venden las que los tiene más altos (carbón y gas,
por el precio del combustible). Para que a todos los actores les interese
participar, al final se les abona el mismo precio: el de la producción más cara
del día.
La paradoja de este mercado, creado en 1997 con la
liberalización del sistema eléctrico, es que pagaríamos lo mismo en nuestra
factura si, en lugar de mezclar fuentes baratas y caras, toda la energía se
produjera al precio de las costosísimas centrales de gas. “Es como si en una
lonja pagas la merluza al mismo precio que la sardina”, explica Fabra. Sé que
resulta contraintuitivo decir que la culpa del alto precio de la energía la
tienen las más baratas; pero es así, porque lo que las eléctricas ahorran en
producción no repercute en precios bajos, sino en que sus ganancias sean
mayores. La hidroeléctrica tiene beneficios del 700%, y la nuclear del 200%”,
calcula. “Si se les pagara lo que les cuesta la energía, el sistema se
equilibraría. El déficit es en realidad esa ganancia excesiva que se embolsan”.
¿Y por qué se diseñó este mercado así? Fabra considera que por un componente
ideológico a finales de los noventa, cuando comenzó la liberalización de un
sector que hasta entonces estaba controlado por el Estado. Otros entrevistados
apuntan que fue para favorecer la diversificación de fuentes de potencia y
reducir la dependencia de las energías fósiles. En cualquier caso, Fabra
insiste, “parece evidente que un sistema creado en 1997, cuando las tecnologías
eran muy distintas, no tiene sentido ahora”.
Pero esto es solo la teoría. Comprender cómo funciona el mercado precisa de
una visita a los encargados de vender y comprar el pescado. Axpo es una filial de una
compañía suiza que opera en España con una facturación anual de 600
millones. Su sala de control la preside un mapa informático de la Península
sembrado de puntos y cifras con sus clientes: parques eólicos en Galicia,
fotovoltaicas en Murcia...
Los técnicos están conectados 24 horas con Red
Eléctrica de España (REE, la compañía encargada del transporte por alta
tensión y del equilibrio del suministro), pendientes de las necesidades del
sistema. Ante las fluctuaciones en la demanda, responden regulando la
producción de sus clientes y enviando a la red la energía necesaria. La
sincronía tiene que ser perfecta porque si la electricidad no entrara y saliera
al mismo tiempo de las centrales de REE las turbinas se ralentizarían y podría
ocasionarse un apagón.
Los 50 empleados de Axpo regulan la producción de muchos clientes y la
venden en los mercados. Unos traders operan con seis pantallas a la
vez; también hay informáticos, comerciales... todos jóvenes. “Yo soy el mayor
de aquí”, bromea el presidente de la firma, Ignacio Soneira, un hombre con
cuerpo pequeño y empacado de triatleta, como promociona en su perfil de Twitter.
Vender en el OMIE es muy complejo. Aparte del mercado diario —al que acuden
los productores, intermediarios y grandes consumidores—, existe la subasta
trimestral del CESUR —a partir de la que se fija el precio para el cliente
doméstico que se beneficia de la TUR, la tarifa protegida—. Luego están los
mercados intradiarios y de servicios complementarios, en los que se efectúan
operaciones a velocidad vertiginosa para ajustarse a la demanda al segundo.
La CESUR suscita recelos. La CNE lo ha investigado ante la sospecha de que
los precios se calienten a propósito, y en la madrugada del viernes pasado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), que ha engullido a la CNE, suspendió
por primera vez una subasta. El precio de la energía vendida había
subido el 26,5% respecto a la subasta de octubre, y la CNMC detectó “la
ocurrencia de circunstancias atípicas”. Desde que hace dos semanas el Gobierno
retiró sus 3.600 millones de la reforma eléctrica, el mercado estaba disparado.
Aunque hay un 20% más agua en los embalses que hace un año, las eléctricas apenas
ofertaban electricidad de origen hidráulico (la más barata). Dos apagones en
nucleares terminaron de elevar el precio.
En la CESUR participan las cinco grandes eléctricas y agentes financieros
(bancos de inversión y comerciales) que realmente no negocian con la
electricidad, sino con el precio que creen que tendrá el trimestre que viene.
Estos intermediarios aportan un componente especulativo, pero también ofrecen
estabilidad al sistema. Si la energía se vende a 100 y en el mercado
internacional sube de repente a 110, o si en un día muy frío se dispara el
precio, el cliente doméstico mantiene la tarifa inicial.
Cualquier bróker puede comprar y vender en este mercado, confiando
en que el viento o el precio del carbón le concedan un pequeño beneficio.
Ofrecen un precio a las comercializadoras por un paquete de energía y, una vez
que ganan la puja, van comprando hora a hora la energía en el mercado diario.
Para un extraño al sistema, el sobrecoste que introduce esta intermediación
parece aberrante, pero Alberto Carbajo explica que es solo “grasilla”: “Puede
tratarse de 1.000 millones de beneficios”.
Alberto
Carbajo es ingeniero, ejerció de director general de Operación de REE y
considera que los problemas más urgentes del sistema son la mala planificación
y la sobreproducción. En un día de lluvia espera en la puerta de una cafetería
madrileña. Con los ojos muy celestes y una gabardina se asemeja a un espía de
Le Carré. Su diagnóstico es rotundo: “Faltan ingresos en el sector, por la
caída de la demanda, para el volumen de las inversiones que se han efectuado”.
España acumula 25.000 megavatios de potencia, pero unos 6.000 no son
necesarios. Algunas centrales de ciclo combinado se usan solo cuatro horas al
día. “Tenemos un exceso de capacidad de generación de más del 30% con costes
muy elevados y estancamiento económico”, resume Carbajo. “Y ese exceso, junto a
la penetración de renovables con subvenciones muy generosas, ha provocado una
pérdida de competitividad”.
Cuando el ladrillo marcaba el paso y la demanda eléctrica crecía desbocada
al 3%, el Gobierno y las eléctricas se lanzaron a aumentar el parque
energético. “Ha habido cierta miopía acerca de la duración del ciclo económico
y de los escenarios financieros que facilitaban el endeudamiento. Se ha metido
mucha potencia cara, como las renovables, que habría que haber incorporado solo
a medida que fuera madurando. Al mismo tiempo, las empresas han construido
demasiados ciclos combinados para hacerse la competencia, y esas centrales
enormes están infrautilizadas”.
El problema se podría resumir en un símbolo, la
nueva central de gas en ciclo combinado en San Roque (Cádiz). Con una
potencia de 800 megavatios, costó 400 millones y se inauguró en 2011, cuando el
consumo ya desplomado. Ahora
la demanda está en niveles de 2005 por el parón de la industria.
En un panorama en el que han fallado las planificaciones de las empresas y
del Estado, parece difícil señalar a un solo culpable. Sin embargo, en la
guerra eléctrica todos sus actores son especialistas en acusarse unos a otros.
Las grandes eléctricas achacan el boquete a las renovables. Estas sostienen que
las primas que reciben son únicamente responsable del 22% del agujero y que las
eléctricas quieren distraer de que sus ganancias son excesivas.
La opacidad legislativa impide que los consumidores entiendan cómo funciona
el sistema, y esta
falta de claridad llega a la propia factura de la luz, imposible de
descifrar. Fuentes de las grandes eléctricas, las principales acusadas de este
régimen de oscuridad, comparten que se han ido poniendo demasiados parches: “En
lugar de una reforma integral hay 300 normas que nadie comprende. Eso tampoco
nos interesa”.
El caso de las renovables es paradigmático. El Gobierno de Zapatero creó una
serie de primas reguladas para ayudar a estas tecnologías en sus inicios. Pero
incluso los productores reconocen que el sistema ha terminado suponiendo una
piedra en el cuello del sector eléctrico. “Estoy de acuerdo en que se fue la
mano con la fotovoltaica”, asume Jorge
Morales, experto en energía y empresario fotovoltaico, “pero eso es solo
una línea en un libro lleno de torpezas y escándalos”.
Instituciones científicas fijaron las remuneraciones razonables (CNE, IDAE,
Ciemat…) pero la redacción de la ley fue tan deficiente que permitió que se
establecieran en España 2.900 megavatios de potencia fotovoltaica en lugar de
los 400 a los que el país aspiraba. El texto dejaba rendijas para la picaresca
que permitieron que, además de miles de inversores honrados, en la aventura se
implicaran especuladores que escapaban del ladrillo. El resultado fue
sobrepotencia de una tecnología cara.
Y para culminar la falta de planificación regulatoria, ahora llega una
reacción drástica: un frenazo total a un sector que ha costado miles de
millones al contribuyente. “Lo que plantea la reforma es esquizofrénico”, se
indigna Morales: “Por una falta de planificación regulatoria se permitió una
inversión descontrolada en tecnologías como las fotovoltaicas en un momento en
que aún estaban inmaduras, y ahora que están listas para competir con las
energías tradicionales se las deja caer”. En su opinión el problema se podría
resolver con negociación y una planificación más razonable.“A veces el
fotovoltaico ha sido muy talibán pidiendo que no hubiera ninguna modificación
de la norma que lo amparaba, pero se podría arreglar el bloqueo con diálogo,
comenzando a aplicar las rebajas a las instalaciones a medida que vayan
amortizando inversiones”.
La bola de la energía ha llegado demasiado lejos sin que ningún Gobierno
pusiera algo más que parches. El sistema está lleno de flecos que suponen
millones perdidos en ineficiencias, como los 2.000 de ayudas al carbón o los
Costes de Transición a la Competencia (CTC), unas compensaciones que se
otorgaron a las eléctricas al liberalizar el sector. Según Fabra, por errores
de cálculo se retribuyeron 3.000 millones extra a las compañías por este
concepto.
Para salir de este callejón sin salida los expertos aseguran que hay
soluciones, todas tan ambiciosas como merece un sector que se vanagloria de su
complejidad. De ellas, la más lejana parece un pacto de Estado para fijar una
política energética a medio plazo. Las regulaciones más ambiciosas también
chocan con la puerta giratoria a través de la que decenas de exministros,
secretarios de Estado y altos funcionarios de la Administración de todos los
colores han entrado en los consejos de las cinco grandes eléctricas y de
compañías con gran peso en las renovables. “Las ganancias son multimillonarias,
y las presiones que ejercen los actores más poderosos resultan insoportables:
verdaderos chantajes”, explica un ex alto cargo que no quiere dar su nombre.
Las eléctricas siempre han jugado fuerte. Hace unas semanas una delegación de
las 10 más importantes en Europa visitó
al comisario de Energía, Günther Oettinger. Los invitados no pudieron
resistirse a deslizar frente a su anfitrión que el continente podría sufrir
apagones si sus retribuciones siguen cayendo.
Algunos analistas, como Fabra, sugieren la necesidad de fragmentar los
mercados según tecnología para fomentar la pugna técnica y recompensar a los
productores más competitivos. Alberto Carbajo considera que, a corto plazo, lo
único posible es apretar los dientes y esperar que aumente la demanda para que
el sistema deje de ser un pesado reloj al que mover las manecillas le cuesta
miles de millones; y por ello es imprescindible acometeruna reforma que vaya
más allá de combatir el déficit, consecuencia y no causa del problema.
La patronal eléctrica, Unesa, insiste
mientras tanto en que la solución pasa por desregular completamente un mercado
que considera que está demasiado intervenido, y eliminar campanas protectoras
como la tarifa TUR (llamada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor desde la
modificación legislativa), en función de la cual el Gobierno fija las
cantidades que deben pagar los consumidores que tiene contratada una potencia por
debajo de los 10 kilovatios. Que estos consumidores salieran al mercado libre
lo haría mucho más atractivo, asegura la patronal.
El debate se perpetúa en los despachos. Mientras, el invierno regresa a la
calle. La factura de la luz continuará siendo un jeroglífico este año. Uno cada
vez más difícil de resolver para muchas familias.
Fuente: El País
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/21/actualidad/1387660747_259803.html
http://economia.elpais.com/economia/2013/12/21/actualidad/1387660747_259803.html
