Conciliaciones por despido en tiempo de pandemia

16 julio 2020

Amor Pérez, Marcial

Abogado

Fuente: Legaltoday

            Con los avatares propios de la coyuntura económica de los años 2008 y 2009, en los datos publicados en los Anuarios de Estadísticas Laborales y de Asuntos Sociales, sobre el número de las conciliaciones administrativas por despido tramitadas en España durante las dos últimas décadas, se advierte una disminución considerable del número de conciliaciones entre los años 2003 y 2011, seguido de una remontada a partir de 2012. Los datos son los siguientes:

            En expresión gráfica:

            No parece que esa evolución sea ajena a la vigencia del conocido despido exprés, introducido por la Ley 45/2002, de 12 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma del del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad, que llevaba la firma del Presidente del Gobierno en funciones Sr. Rajoy Brey.

            La característica más singular de dicho “despido exprés”, era la posibilidad de que la empresa reconociera expresamente la improcedencia del despido, previamente acordado por ella, poniendo a disposición del trabajador, o depositándola en el Juzgado, la indemnización correspondiente. Ello sin necesidad de celebración de acto de conciliación alguno.

            Ese marco normativo, explica la drástica disminución del número de actos de conciliación por despido, entre los años 2003 y 2011.

            Sin entrar ahora en las razones del cambio de postura, lo cierto es que el mismo creador, en el 2002, del despido exprés, diez años después, en el 2012, lo suprimió.

            Y la supresión se hizo con inusual profundidad, pues no solo se modificaron las leyes laborales, sino también la del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sellando con la disposición final undécima, su imposibilidad de supervivencia. Y la Dirección General de Tributos, (Consulta V2358—13), rotundamente lo confirmó al afirmar que: “para declarar la exención de las indemnizaciones por despido será necesario que el reconocimiento de la improcedencia del despido se produzca en el acto de conciliación ante el SMAC o bien mediante resolución judicial”.

            Se explica así que, tras la reforma de 2012, el número de conciliaciones por despido volviera a los niveles anteriores a la reforma de 2002. Lo cual, de ordinario, comporta para quienes operamos jurídicamente en este ámbito, en las grandes urbes, que periódicamente, en vacaciones estivales, Semana Santa o Navidad, suframos semanas de exclusiva dedicación del SMAC a la tramitación de despidos, con relegación al olvido de los demás asuntos, a veces con muy dolorosa carga humana.

            La llegada de la pandemia Covid.19 y la declaración del estado de alarma, comportó la drástica desaparición de los actos de conciliación, quedando sin celebrar actos para los que las partes estaban convocadas. Y consiguientemente sin cobrar las indemnizaciones.

            En la quietud del confinamiento, recordaba una de las implacables Leyes de C. Northcote Parkinson: “Los funcionarios se crean, unos a otros, trabajo innecesario”. En este sentido, vale que no han sido los funcionarios, sino los políticos quienes lo han decidido; pero, las históricas estadísticas precedentes, ponen de manifiesto que una tercera parte de las conciliaciones por despido tramitadas son trabajo innecesario. En esa tercera parte de los despidos, empresa y trabajador podrían solucionar el asunto por sí mismas, sin necesidad de intervención de terceros, ni de un procedimiento administrativo de conciliación.

            Para quienes operamos jurídicamente en este ámbito, resulta difícil apreciar que la conciliación sirva real y materialmente para proteger los intereses públicos del Fisco. En las grandes urbes, realmente el procedimiento de conciliación administrativa solo cumple una función registral de voluntades previamente conformadas. Sin margen para el error, se puede afirmar que los costes públicos de la formalización superan con creces a los teóricos perjuicios fiscales que pudieran ser conjurados. La protección de los intereses del Fisco está en los límites objetivos de determinación de las indemnizaciones.

            Ignoro qué nos deparará el futuro, en cuanto a las normas laborales; pero aún cuando estas permanecieran intocadas, un simple retoque de la normativa fiscal, que permitiera al trabajador cobrar la indemnización por despido que la empresa reconozca improcedente, sin necesidad de pasar por el trámite de la conciliación, serviría para librar a las oficinas del SMAC de una tercera parte de las conciliaciones por despido, liberando recursos para otros asuntos, como son las meras reclamaciones de salarios impagados, de gran trascendencia social.

Comisiones de apertura: la próxima batalla hipotecaria

Comisiones de apertura: la próxima batalla hipotecaria

La juez que consultó al Tribunal de la UE cree que la última sentencia “revierte totalmente la situación”; los consumidores calculan que la factura para la banca puede alcanzar los 947 millones de euros

José Luis Aranda

El País

Entre algunos juristas existe la impresión de que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se parecen cada vez más a las noches electorales. Tras el veredicto, todas las partes lo ven favorable y se proclaman vencedoras del litigio. Eso es lo que pasó con el último fallo sobre gastos hipotecarios, que para los bancos cambia poco la situación anterior mientras las asociaciones de consumidores ven margen para reclamar todo salvo el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (IAJD). Pero el TJUE respondió el 16 de julio a 15 cuestiones prejudiciales sobre cuatro materias distintas. Además de los gastos hipotecarios, la corte de Luxemburgo analizó las comisiones de apertura, las costas judiciales y los plazos de prescripción para las reclamaciones de los consumidores.

Entre esos asuntos, los expertos coinciden en apuntar a las comisiones de apertura y las costas judiciales como los que pueden suponer un mayor cambio en los juzgados. Asufin (Asociación de usuarios financieros) calcula que la factura de ambos para la banca puede llegar hasta 2.500 millones de euros, aunque lo hace sobre la base de que todos los litigios ingresados en los juzgados especializados en cláusulas abusivas fueran favorables a los clientes, sin descontar los ya resueltos.

En el caso de las comisiones de apertura, sobre una media de 2.000 euros por reclamación, Asufin eleva la factura a 947 millones. Y Margarita Isabel Poveda Bernal, la juez que planteó a Europa 13 de las 15 cuestiones prejudiciales resueltas ahora, cree que la sentencia “revierte totalmente la situación” en lo relativo a este tipo de comisiones.

Cambios de jurisprudencia

Poveda, que ahora está en el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Palma y acepta hablar con EL PAÍS, puesto que ya no tendrá que enjuiciar casos de cláusulas abusivas, recuerda que “durante un tiempo, en 2016 y 2017, la jurisprudencia vino considerando que [la comisión de apertura] no tenía que ver con un servicio que hubiese solicitado el cliente”. Pero la situación “cambió en las famosas sentencias de 23 de enero de 2019”. Ese día, el Tribunal Supremo sacó cinco fallos sobre contratos hipotecarios. En uno aseguraba que los jueces españoles no podían controlar si esas comisiones eran abusivas porque formaban parte del precio del préstamo y el cliente podía saber fácilmente su importe.

“Entendí que esa última resolución no era acorde a la normativa comunitaria”, recuerda la jueza al teléfono, “una comisión de apertura no formaba parte del objeto principal del contrato de préstamo, que consiste en que el prestamista deja un dinero y el prestatario lo devuelve; ese es su contenido principal”.

Poveda cree que el TJUE ha avalado su punto de vista y además “ha considerado que estas comisiones pueden ser contrarias al consumidor cuando el banco no demuestra que responden a unos servicios que ha prestado o unos gastos en los que ha incurrido”. Para la juez, la situación da un giro de 180 grados: tras la sentencia del Supremo, los juzgados desestimaban estos casos y muchos consumidores desistieron de reclamar esas comisiones. “Europa no las ha declarado nulas automáticamente, pero dice que son susceptibles de control y que la carga de la prueba corresponde al banco. Entre ambos factores, me atrevo a aventurar que se van a estimar en un porcentaje muy abrumador de casos”, asegura.

Otras fuentes jurídicas coinciden en esa apreciación. “A mí modo de ver, la sentencia del TJUE sí nos permitiría entrar a valorar las comisiones de apertura y, en algunos casos, declararlas abusivas”, señala un juez de una Audiencia Provincial. Este magistrado, que pide el anonimato por si tiene que resolver casos de este tipo, destaca que el control judicial exige comprobar que la comisión “se corresponda con servicios efectivamente prestados y explicados al cliente”. Y ve problemático el argumento de que se cobraba por estudiar la capacidad financiera del prestatario porque eso “entra dentro de la actividad como prestamista y va de suyo valorar la solvencia”.

Marta Serra, directora de El Defensor de tu Vivienda, ve paralelismos con las cláusulas suelo y considera que la comisión de apertura “solo podría ser atacada si antes de firmar no se informó de su existencia al consumidor o si el porcentaje de cálculo se fijó de manera poco comprensible”. Por eso, añade, será clave la oferta vinculante de las entidades para ver “si está fijada de manera clara y al consumidor se le informó de esa comisión y su importe”.

Primera sentencia

Las entidades financieras sostienen que la justicia avala su praxis en este tipo de comisiones. “El Tribunal Supremo ya dijo en enero de 2019 que, si se hiciera un análisis de abusividad sobre esta cláusula, se superaría; y no aprecia dudas sobre el carácter transparente de la misma”, señala una fuente de una gran entidad, que pide el anonimato. “Ha de pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, lo que hace que el consumidor medio le preste especial atención”, agrega.

La sentencia del TJUE, apunta Francisco Uría, socio responsable del sector financiero de KPMG, “no parece tan negativa para las entidades financieras como se ha dicho. Se clarifica la cuestión del IAJD y la única amenaza potencial de mayor litigiosidad se refiere a la comisión de apertura, tanto por su cuantía como porque el TJUE se ha apartado del criterio del Supremo”. Y añade: “Sería un debate caso a caso, centrado en la prueba, y en el que las entidades menos digitalizadas podrían encontrar dificultades prácticas de acceso a la documentación original”.

“El banco tendrá que demostrar no solo que corresponde a un servicio, sino que se lo explicó al cliente”, insiste Patricia Suárez, presidenta de Asufin, quien asegura que “en la mayoría de casos esto no era así”. Por eso cree que las resoluciones a favor de los consumidores serán muy mayoritarias.

Aunque, como el resto de consultados, Suárez no descarta que puedan llegar fallos en sentido opuesto: “Vamos a tener que ir viendo y recopilando sentencias”. La primera, de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, ha fallado esta semana a favor de que la entidad devuelva al cliente esa comisión. Los jueces han valorado que “no se ha acreditado la información precontractual”, por lo que la comisión “aunque es clara, no superaría el doble control de transparencia”. Y añaden que también “falta la prueba necesaria acerca de los servicios efectivamente prestados y gastos incurridos” por el prestamista.

Resolución de contrato de compraventa de bienes y prestación de servicios de imposible cumplimiento a causa de brotes epidémicos.

Resolución de contrato de compraventa de bienes y prestación de servicios de imposible cumplimiento a causa de brotes epidémicos. Los consumidores tienen derecho al reembolso del dinero abonado

Los consumidores tienen derecho al reembolso del precio de los contratos de compraventa de bienes o prestación de servicios pagados cuando sea imposible la ejecución del contrato,  como consecuencia de nuevas limitaciones a la movilidad o un nuevo confinamiento por los brotes de Covid-19.

Así lo dispone el art. 36.2 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, artículo cuyo primer apartado introduce factores que pueden ocasionar distorsiones a la hora de interpretar correctamente la norma. 

El art. 36, apartado 1 del  RDLey 11/2020, dispone: 

“Si como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad, los contratos suscritos por los consumidores y usuarios, ya sean de compraventa de bienes o de prestación de servicios, incluidos los de tracto sucesivo, resultasen de imposible cumplimiento, el consumidor y usuario tendrá derecho a resolver el contrato durante un plazo de 14 días desde la imposible ejecución del mismo siempre que se mantenga la vigencia de las medidas adoptadas que hayan motivado la imposibilidad de su cumplimiento. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes, sobre la base de la buena fe, una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato. Las propuestas de revisión podrán abarcar, entre otras, el ofrecimiento de bonos o vales sustitutorios al reembolso, que en todo caso quedarán sometidos a la aceptación por parte del consumidor o usuario. A estos efectos, se entenderá que no cabe obtener propuesta de revisión que restaure la reciprocidad de intereses del contrato cuando haya transcurrido un periodo de 60 días desde la solicitud de resolución contractual por parte del consumidor o usuario sin que haya acuerdo entre las partes sobre la propuesta de revisión”

Entendemos que el texto puede suscitar dudas toda vez que habla de “pretensión de resolución” como si fuese una mera expectativa, cuando con anterioridad ya reconoce un verdadero derecho al consumidor “el consumidor tendrá derecho a resolver el contrato…(s.i.c). Además, el texto todavía se oscurece aún más cuando expone como  supuesto requisito para la estimación de la resolución el que no quepa obtener de la/s “propuesta/s de revisión”, cuyo concepto se difumina en fórmulas como “bonos o vales sustitutorios al reembolso” una “solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato”, “sobre la base de la buena fe”.

Esta alambicada redacción, generadora de confusiones, queda reducida a la nada ya que, posteriormente las fórmulas como bonos o vales sustitutorios quedan sometidos al consentimiento del consumidor.

Además, el apartado 2 del propio artículo (36) establece el derecho del consumidor a la devolución del precio ya abonado –pudiendo descontarse únicamente los gastos justificados y desglosados en los que haya incurrido la otra parte- en el plazo máximo de 14 días y en la misma forma en la que se pagó.

Este apartado 2 recoge lo siguiente: 

“En los supuestos en los que el cumplimiento del contrato resulte imposible de acuerdo con el apartado anterior, el empresario estará obligado a devolver las sumas abonadas por el consumidor o usuario, salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor, en la misma forma en que se realizó el pago en un plazo máximo de 14 días, salvo aceptación expresa de condiciones distintas por parte del consumidor y usuario” 

Sobre los contratos de tracto sucesivo (alquiler de vivienda o alojamiento, servicios académicos o de enseñanza, servicios prestados por clubes deportivos o gimnasios con la condición de socio, etc) el apartado 3 del artículo establece la posibilidad por parte de la empresa prestadora de servicios de ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori, posibilidad que el consumidor puede libremente aceptar o rechazar.

Dicho apartado 3 expone: 

“Respecto de los contratos de prestación de servicios de tracto sucesivo, la empresa prestadora de servicios podrá ofrecer opciones de recuperación del servicio a posteriori y sólo si el consumidor no pudiera o no aceptara dicha recuperación entonces se procedería a la devolución de los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo del servicio no prestado por dicha causa o, bajo la aceptación del consumidor, a minorar la cuantía que resulte de las futuras cuotas a imputar por la prestación del servicio. Asimismo, la empresa prestadora de servicios se abstendrá de presentar a cobro nuevas mensualidades hasta que el servicio pueda prestarse con normalidad, sin que ello dé lugar a la rescisión del contrato, salvo por la voluntad de ambas partes”.

Entendemos que este apartado 3 es perfectamente suprimible,  ya que si nada hubiera dicho la norma, nada cambiaría; esto es, siempre podría ser posible un pacto entre las partes para recuperar el servicio a posteriori u otras fórmulas de acuerdo y lo que se hace con esta precisión es oscurecer el derecho que tienen los usuarios a exigir  los importes ya abonados en la parte correspondiente al periodo de los servicios no prestados, derecho claramente otorgado y que sin falta de precisión o regulación alguna podrían renunciar pactando voluntariamente otra solución con la empresa prestadora de servicios. 

Lo mismo cabe decir de la regulación sobre los contratos de viaje combinados.

El apartado 4 del art. 36 del RDLey 11/2020, dispone: 

“En el supuesto de que se trate de contratos de viaje combinado, que hayan sido cancelados con motivo del COVID19, el organizador o, en su caso el minorista, podrán entregar al consumidor o usuario, previa aceptación por parte de este, un bono para ser utilizado dentro de un año desde la finalización de la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, por una cuantía igual al reembolso que hubiera correspondido. Transcurrido el periodo de validez del bono sin haber sido utilizado, el consumidor podrá solicitar el reembolso completo de cualquier pago realizado que deberá abonarse, a más tardar, en 14 días. En cualquier caso, el eventual ofrecimiento de un bono sustitutorio temporal deberá contar con el suficiente respaldo financiero que garantice su ejecución”

Apartado 4 sin el que quedaría mucho más claro el derecho del usuario a obtener el reembolso del precio abonado por aplicación directa de lo dispuesto en el apartado 2 del mismo precepto, ya que –se reitera- nada impediría al usuario y a la empresa contratante alcanzar voluntariamente otra fórmula de compensación.

Las normas si son breves y claras, se entienden (y cumplen) mejor.

Los principios de igualdad mérito y capacidad en el acceso al empleo son aplicables a las empresas públicas

El Tribunal Supremo reconoce la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad en las empresas públicas y resucita la figura del trabajador indefinido no fijo

Tras diversos titubeos, el Tribunal Supremo reconoce finalmente en la sentencia dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina por su Sala de lo Social de 18 de junio (rec. 2811/2018) la aplicación de la Disposición Adicional Primera de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público a las empresas públicas. 

Dicha disposición establece:

"Los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica"

Por su parte, el art. 55 del EBEP dispone:

Artículo 55. Principios rectores.

1. Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el resto del ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas, entidades y organismos a que se refiere el artículo 2 del presente Estatuto seleccionarán a su personal funcionario y laboral mediante procedimientos en los que se garanticen los principios constitucionales antes expresados, así como los establecidos a continuación:

a) Publicidad de las convocatorias y de sus bases.

b) Transparencia.

c) Imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección.

d) Independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección.

e) Adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar.

f) Agilidad, sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección.

En anteriores pronunciamientos el TS había declarado que los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos en el EBEP no eran aplicables a empresas públicas. Con ello, abría un boquete en cuanto a la discrecionalidad y arbitrariedad en el acceso al empleo público en empresas que se sujetan con fondos públicos y cuyos procesos de selección de personal son frecuentemente cuestionados.

Ahora, se rectifica y en el fundamento de derecho tercero de la referida sentencia se reconoce que 

"La disposición adicional primera del EBEP amplía el ámbito de aplicación de cuatro preceptos,incluido el citado art. 55 del EBEP: "los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 serán de aplicación en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en el artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica". 

Así pues, aun cuando el EBEP no es aplicable con carácter general a las entidades del sector público estatal no incluidas en su art. 2, sí les son aplicables los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público, cuando la normativa específica, que les sea aplicable, les encuadra en sector público estatal. 

El tenor literal de la disposición adicional primera del EBEP indica que al referirse a las "entidades del sector público estatal" no se limita a las "entidades de derecho público" mencionadas en el art. 2 del EBEP. En caso contrario, la disposición adicional primera del EBEP no tendría ningún contenido porque las entidades dederecho público ya están incluidas en su ámbito de aplicación conforme al art. 2 del EBEP. 

Consiguientemente, cuando la normativa específica, aplicable a las sociedades mercantiles públicas, las encuadre en el sector público estatal, les serán aplicables los principios de igualdad, mérito y capacidad."

A su vez, también se "resucita" la figura del trabajador indefinido no fijo en empresas públicas. Ello se desprende del fundamento de derecho noveno que merece ser reproducido.

 "NOVENO. - 1. Una posterior reflexión nos ha llevado a concluir con carácter general que la condición detrabajador indefinido no fijo sí que es aplicable a las sociedades mercantiles estatales. La resolución de la controversia litigiosa requiere partir de que AENA no es una Administración pública, ni una entidad de derechopúblico. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público, sino que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Cuando el EBEP ha querido referirse alas entidades del sector público lo ha hecho así expresamente. La mentada disposición adicional amplía la aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad a las "entidades del sector público estatal". Estos principios se aplican a entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP. El concepto jurídico "entidad del sector público estatal" incluye entidades privadas que, de conformidad con el art. 2 del EBEP, integran el sector público institucional. 

2. La relación laboral indefinida no fija tiene como finalidad salvaguardar los principios que deben observarseen el acceso al empleo público (no solo a la función pública) a fin de evitar que el personal laboral temporal contratado irregularmente por una entidad del sector público adquiera la condición de trabajador fijo en el puesto que venía desempeñando. Para impedirlo, su condición pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se cubra por el procedimiento previsto o se amortice.Dicha finalidad debe cumplirse también en las entidades públicas cuya normativa prevé el acceso respetandolos criterios de igualdad, mérito y capacidad. 

3. Es cierto que el art. 103 de la Constitución hace referencia al "acceso a la función pública de acuerdo conlos principios de mérito y capacidad". Pero el hecho de que la Carta Magna solamente vincule el mérito y la capacidad con el acceso a la función pública no impide que normas con rango legal también puedan exigir elrespeto de los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a empleo público distinto de la funció npública, como ha hecho la disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP, ampliando el ámbito de aplicación de dichos principios a fin de evitar que la contratación temporal irregular permita el acceso a lacondición de trabajador fijo de estas empresas del sector público. Se trata de salvaguardar el derecho de los ciudadanos a poder acceder en condiciones de igualdad al empleo público en dichas entidades."

Una sentencia acertada pero insuficiente, toda vez que el acceso al empleo del sector público empresarial debería ser objeto de una regulación legal clara, detallada y específica que concrete y desarrolle los principios de igualdad, mérito y capacidad ya reconocidos en el EBEP a fin de reconocer a los ciudadanos, en la práctica y con derechos para los interesados y obligaciones objetivas para el órgano de selección, el acceso en condiciones de igualdad en estas entidades.

Control judicial de oposiciones. Inviabilidad de invocar la discrecionalidad técnica para evitarla y exigencia de claridad en los cuestionarios tipo test

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en su sentencia de 18 de mayo de 2020 (Rec. 481/2019) recuerda la línea jurisprudencial constante mantenida por el Tribunal Supremo en materia de control de cuestionarios de oposiciones tipo test.

El asunto analizado parte de la convocatoria de un concurso-oposición convocado por la Diputación de Zaragoza cuyo primer ejercicio consistió en un cuestionario de 100 preguntas tipo test con cuatro respuestas alternativas. Una de las opositoras impugnó la calificación de dicho ejercicio al considera que dos preguntas debían ser declaradas nulas al ser capciosas, confusas y con más de una respuesta válida. 

El Tribunal ratifica la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 5 que dió la razón a la opositora y recuerda que “ante la especial naturaleza de las pruebas tipo test se exige una inequívoca correspondencia entre la pregunta formulada y la respuesta que se declare correcta entre las distintas alternativas enunciadas; esto es, la pregunta no podrá incluir ningún elemento que permita razonablemente dudar sobre la validez de la respuesta elegida como correcta por el Tribunal Calificador. Lo cual supone que cualquier error de formulación en las preguntas que pueda generar la más mínima duda en el aspirante impondrá su anulación. (STS de 26 febrero de 2013, Nº de Recurso: 2224/2012, ECLI: ES:TS:2013:2115) 

Esgrimida por parte de la Administración recurrente la presunción de validez de las decisiones del tribunal de selección, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, vuelve a recordar también que “contra todo lo dicho no cabe invocación alguna a la llamada discrecionalidad técnica, pues el TS ha señalado también que uno de los límites que, entre otros, afectan a la llamada discrecionalidad técnica, es el referido a la obligación de respetar las exigencias que son inherentes a la singular configuración de las pruebas de tipo test  (STS de 17 febrero de 2016 Nº de Recurso:4128/2014, ECLI: ES:TS:2016:713)”. 

Especial mención merece el razonamiento que efectúa el TSJ cuando motiva la anulación de la segunda pregunta impugnada, pregunta que contenía el siguiente enunciado:

“La elección de los Diputados se lleva a cabo:

a) Por partidos políticos

b) Por provincias

c) Por partidos judiciales

d) Por comarcas” 

Para el tribunal calificador la respuesta correcta era la letra " c", y la impugnante dio como respuesta la "b”.

El Tribunal Calificador consideraba correcta la respuesta c) interpretando que la pregunta se refería a Diputados Provinciales, no pudiendo referirse a Diputados del Congreso. Se apoyaba para dicho razonamiento en que, de acuerdo con la convocatoria, la prueba test tan solo se podría referir al contenido comprendido en el Anexo II y que, de una somera lectura del mismo, se observa que no existe referencia alguna a poder, órgano constitucional y administración pública que no sea la Provincia, por lo que no cabía confusión entre diputados provinciales y los del Congreso. 

Sin embargo, este argumento es contundentemente rechazado por la Sala que declara en su F.D. Tercero lo siguiente :

“Las exigencias de claridad y precisión reclamable de las pruebas de que tratamos se predica del enunciado de cada una de las preguntas en sí y aisladamente considerado, sin que pueda entenderse que su recto e inequívoco entendimiento reclama del opositor el esfuerzo complementario de integración del enunciado de la pregunta que pretende la Administración”.