Crónica de un despilfarro público. Las estaciones de trenes en Gijón, por Manuel de Cimadevilla

Ampliación del Musel, Palacio de Calatrava, Metrotren, Universidad de Mieres, Autovía Minera, Regasificadora, Depuradora del Este en Gijón...obras faraónicas cuyo común denominador es el despilfarro de dinero público y la ausencia de responsabilidades (políticas, penales y administrativas). Ese despilfarro tuvo antecedentes ya en los años 80 y un episodio desarrollado en Gijón fue la malograda "Estación Jovellanos", abandonada y posteriormene demolida. 

Manuel de Cimadevilla lo cuenta en este interesante artículo.

Demolición de la Estación Jovellanos de Gijón

EL AYUNTAMIENTO PAGÓ 1.500 MILLONES DE PESETAS PARA LAS NUEVAS ESTACIONES FÉRREAS 

Años después serían demolidas, con lo que la llegada de los trenes se alejó del centro urbano y supuso un derroche de fondos públicos

 
Manuel de Cimadevilla. Periodista

Ya en el año 1986, la Corporación Municipal se desesperaba por la tardanza en iniciar la construcción de las nuevas estaciones de cercanías y de largo recorrido, para las que tuvo que aportar mil quinientos millones de pesetas, de acuerdo con el gravoso convenio suscrito con los ministerios de Obras Públicas y Transportes –del que dependían RENFE y FEVE- debido a que seis meses después de haberse adjudicadas las obras, nada se había hecho. Las obras de construcción de la estación de largo recorrido en los terrenos que ocupara la antigua fábrica de Moreda y las del cambio del nuevo plan de vías para organizar las llegadas de los trenes habían sido adjudicadas por la Dirección General de Infraestructura de Transportes, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a finales de 1985 a la empresa Agroman por 550.200.000 pesetas –aunque a la hora de la verdad, el coste final fue de unos seiscientos setenta y cinco millones de pesetas- y las del nuevo trazado de la playa de vías a la empresa Vías y Construcciones en 612.173.000 pesetas. Las dos nuevas estaciones –la de la plaza del Humedal, con seis vías y tres andenes donde llegarían todos los trenes hasta el mismo centro de la ciudad- serían inauguradas oficialmente cuatro años después, con lo que se consolidaría la histórica barrera ferroviaria dividiendo en dos la ciudad y, tras un nuevo planteamiento rupturista de nuestros desconcertantes gobernantes, contra toda lógica, las excavadoras las convertirían en escombros en el año 2010. Todo un lamentable derroche de dinero público que agravó todavía más las carencias de nuestras comunicaciones ferroviarias.

Más de tres décadas después, el grave problema de la aprobación de un plan racional para crear las nuevas estaciones de ferrocarril y la intermodal para autobuses y servicios de taxi, sorprendentemente sigue sin resolverse porque los cambios de gobierno siempre dificultan las negociaciones y, una y otra vez, desde la Administración central siempre se quiere volver a empezar de nuevo. Nadie puede poner en duda de una cruda realidad: Gijón es la única ciudad importante de España que carece de estaciones definitivas para la llegada de los trenes –la provisionalidad del incomprensible traslado desde la plaza del Humedal hasta el final de la calle de Sanz Crespo ha sido nefasta y como prueba irrefutable ahí está el descenso del número de pasajeros- y tampoco cuenta con una estación de autobuses para todas las líneas de transporte por carretera.

Las obsoletas instalaciones de la estación de ALSA –edificio catalogado que barajó su adquisición “El Corte Inglés” para ubicar allí su primer hipermercado de Asturias fue desechado por carecer de los metros cuadrados para desarrollar un gran proyecto comercial- siguen también en un alarmante estado de precariedad y no por culpa de la empresa ALSA –que, en todo momento, trató de encontrar nuevas perspectivas de ubicación idónea para una estación intermodal- sino de las tres administraciones que todavía no han logrado llegar a un acuerdo para resolver este enojoso problemas de carencia de las precisas infraestructuras de comunicaciones que padece la ciudad más populosa de Asturias.

El Colegio de Arquitectos, en contra de las ubicaciones para las estaciones

Siempre ha sido un profundo motivo de polémica la ubicación de las estaciones férreas. Durante el periodo de información pública del Plan General de Ordenación Urbana hubo opiniones para todos los gustos, al querer encontrar una solución que terminase con la división de Gijón en dos, como consecuencia de la antigua playa de vías y la autopista que incomprensiblemente llegó hasta la plaza del Humedal, en contra de las normas urbanísticas europeas. Por aquellos tiempos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias -que estaba presidido por el ilustrado Mariano Marín Rodríguez-Rivas- ya se opuso a la propuesta hecha por el equipo de Ramón Fernández-Rañada, porque los emplazamientos escogidos eran decepcionantes. Aquella oportunidad única que se presentaba al Ayuntamiento con la elaboración de un proyecto se estaciones de mayor atractivo urbanístico no fue aprovechada, porque tampoco aquella Corporación Municipal tenía las ideas claras sobre lo que realmente convenía acometer para el bien de la ciudadanía.

No obstante, al margen de esta puntual discrepancia, el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Mariano Marín calificó entonces al planeamiento propuesto al Ayuntamiento por el equipo de Ramón Fernández-Rañada como “estimable, sólido y serio, al menos en cuanto a sus bases técnicas. Aunque me resulta dramático que se diga basándose, en una serie de informes económicos que no cuestionamos, que Gijón no va a crecer más como ciudad y que está acabada como tal. A mi entender esto es algo totalmente desolador y afrontar un planeamiento urbanístico basándose en una conclusión de ese tipo, supone una gran responsabilidad política para quien lo apruebe La idea de que Gijón será muy pronto una ciudad desolada no coincide con nuestra mentalidad, netamente mediterránea, de una gente que le gusta salir a la calle, pasear y gozar de una ciudad viva. Resulta dramático que, en verdad, alguien crea que la ciudad será así algún día. Si son ciertos los informes económicos, que nosotros, como arquitectos, no podemos cuestionar, pues resulta muy desesperanzador. En el caso de que la evolución económica de la ciudad sea otra, que es lo que los gijoneses deseamos, la responsabilidad de barajar ese tipo de argumentos pesimistas es muy grande. Porque, claro, no se puede aceptar que se mantenga que Gijón tiene bastante con los pisos ya construidos y que actualmente están vacíos, dado que si se acepta eso implícitamente se da la razón a los que dicen que la ciudad no va a crecer más”.

Miscelánea de otros acontecimientos locales

En aquellos tiempos también ocurrían fenómenos ecológicos extraños en el arenal de la playa de San Lorenzo –los tiempos pasan, pero siempre vuelven recordándonos que la contaminación no es un tema de ahora- aunque el alcalde José Manuel Palacio quitó importancia. Las cuentas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) ya no cuadraban y en el año de1985 dio pérdidas que superaron los ochenta millones de pesetas, ya que la municipalización de los servicios no siempre da buenos resultados financieros para las arcas públicas dado que la gestión es fundamental. Como contrapartida ahí está la ejemplar trayectoria desarrollada por el ingeniero José Luis Díaz Caneja en la Empresa Municipal de Aguas, que en aquel mismo ejercicio tuvo unos beneficios de ciento quince millones de pesetas. Aunque haya todavía que tengan colocada una venda sobre sus ojos por aquello de la demagogia populista, las cifras de los balances son indiscutibles. En El Musel no había queja, ya que contaba con veintitrés líneas regulares, gracias en gran parte a los tráficos cautivos para ENSIDESA y HUNOSA. En mayo de 1986, la histórica emisora EAJ34, Radio Gijón “La voz de la Costa Verde” fue vendida a la COPE. En el Sporting empezarían a soplar vientos de confrontación con la presentación de tres candidaturas a su presidencia. Ramón Muñoz, José Manuel Díaz y Plácido Rodríguez Guerrero, quien ya advirtió con su encomiable sabiduría que el fútbol está muy alejado de los problemas reales de la sociedad. Una buena noticia fue la creación del ansiado Conservatorio de Música de Gijón.

Y, eso sí, el Ayuntamiento tiró la casa por la ventana con la inversión de sesenta millones para los festejos veraniegos con grandes atracciones a precios populares –desde que la contratación pasó de manos privadas a públicas, los cachés se dispararon de los suelos a los cielos- con el lema “Caliente, caliente”.

La obsolescencia programada y el derecho de información del consumidor

La obsolescencia programada y el derecho de información del consumidor

Redacción Inicia Abogacía

  Por Carlos Hernández Guío

El macrovertedero de Agbogbloshie, en Accra, recibe a diario toneladas de ordenadores, smartphones, electrodomésticos, reproductores de música y, en definitiva, de todo tipo de equipos electrónicos cuya vida útil ya ha finalizado y que, principalmente, proceden del continente europeo.

En la presente entrada dejaré al margen el drama medioambiental que están generando los residuos de cadmio, plomo y bromo –entre otras sustancias- de estos equipos, que son transportados a países en vías de desarrollo como Ghana bajo la apariencia de productos reutilizables, cuando lo cierto es que la mayoría de estos bienes de consumo han devenido inútiles deliberadamente, fruto de lo que denominamos obsolescencia programada.

Podemos definir esta práctica como el uso de técnicas por parte de la persona responsable de colocar un producto en el mercado mediante las cuales intenta reducir deliberadamente su vida útil para aumentar la tasa de reemplazo; definición extraída del art. 441.2 del Código de Consumo francés (precepto introducido por la Ley 2015-992, de 17 de agosto, reformado por la Ordenanza núm. 2016-301, de 14 de marzo), siendo Francia el único país de nuestro entorno que prohíbe de manera expresa estas técnicas, castigándolas con dos años de prisión y multa de 300.000 euros, que puede incrementarse hasta el 5% de la facturación media anual calculada sobre el volumen de negocios de los tres últimos ejercicios (art. 454.6 del mismo texto).

La limitación de la vida útil de las bombillas a 1.000 horas por el Cártel Phoebus en 1924 –cuando técnicamente era posible una duración muy superior-, la inutilización de las baterías de afamados reproductores de música a los 18 meses de su fabricación –a principios de siglo-, o el falseamiento del nivel de carga de los cartuchos de las impresoras mediante componentes electrónicos para acelerar su reemplazo –extremos investigados en Francia en virtud de la citada norma-, son los ejemplos más conocidos de este tipo de prácticas que, si bien no gozan de una regulación uniforme, son claramente contrarias al derecho de información de los consumidores.

Los artículos 8, 17 y 18 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establecen como un derecho básico del consumidor –imponiendo su fomento a los poderes públicos- “la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”. Dicha información, desde el etiquetado y presentación del producto, deberá comprender “las características del bien o servicio y, en particular, su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación”. Del mismo modo, se deberá facilitar al consumidor “de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, en particular (…) las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles”.

A mayor abundamiento, y basándonos únicamente en la vigente Ley de Consumidores y Usuarios, la obsolescencia programada podría constituir una infracción prevista en el art. 49.1.l) del mismo texto, en relación con los arts. 5, 7 y 19 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre competencia desleal, toda vez que dicha norma considera desleal “la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa” cuando esta incida –entre otras cuestiones- “en los resultados que pueden esperarse de su utilización” o en “la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación”. En este último caso, la reparación de los productos afectados por estas prácticas resulta, como norma general, muchísimo más costosa que la adquisición de uno nuevo, deviniendo ineficaces las previsiones contenidas en el art. 119 de la Ley sobre reparación y sustitución del producto.

Según adelantaba, no existe una regulación armonizada sobre esta materia –y, ni mucho menos, tan específica como la desarrollada por Francia- a pesar de su evidente necesidad. A nivel comunitario, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución de 4 de abril de 2.017 sobre “una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas” (2016/2272-INI), por la que se solicitaba a la Comisión Europea que garantizase una mejor información a los consumidores sobre la durabilidad de los productos, mediante:

• El examen de una etiqueta europea voluntaria que incluya, en particular: la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.
• Experimentos voluntarios con empresas y otras partes a escala de la Unión con vistas al diseño de una vida útil del producto basada en criterios normalizados que pudieran utilizar todos los Estados miembros.
• La creación de un contador de uso en los productos de consumo más pertinentes, en particular los grandes electrodomésticos.
• Un estudio del impacto de la armonización de la vida útil con la duración de la garantía legal (planteándose ampliar ésta en función de la durabilidad del bien de consumo).
• La normalización de las informaciones incluidas en los manuales relativas a la durabilidad, la capacidad de evolución y las posibilidades de reparación de un producto (incluyéndose en la Resolución una serie de medidas para el fomento de la reparación y aumento de la vida útil de determinados productos entre las que se encuentra la obligatoriedad de establecer durante cuánto tiempo habrán de estar disponibles las piezas y componentes necesarios para la reparación).
• Información basada en criterios normalizados, en caso de que se indique la vida útil prevista de los productos.

A pesar de tales previsiones, lo cierto es que el pasado 28 de marzo de 2018 la Comisión Europea respondió a una pregunta escrita sobre el desarrollo de la anterior Resolución y la posibilidad de considerar delictiva la obsolescencia programada a nivel comunitario en los siguientes términos:

“Actualmente no hay planes para definir un ciclo de vida del producto en toda la UE (…). No existe legislación de la UE que declare en general que la obsolescencia programada sea un delito. Conforme al derecho actual de la CE (…) puede considerarse, en determinadas condiciones, como un incumplimiento de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, o como una falta e conformidad con el contrato que otorga a los consumidores los derechos de la garantía legal”.

Según analizábamos antes, la falta de una regulación comunitaria sobre este fenómeno deberá suplirse por la normativa propia de cada estado miembro. En España, la obsolescencia programada se trató en la sesión de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de 5 de abril de 2017, poniéndose de relevancia el retroceso en materia de sostenibilidad de la economía verde y circular, así como las dificultades en la regulación de esta materia –que goza de defensores, aduciendo el impulso del desarrollo, la generación de I+D y la innovación-, sin que existan más avances en nuestro país al día de la fecha. Todo ello, exceptuando la recentísima proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética (BOCG núm. 302-1, de 7 de septiembre de 2.018) que, en su art. 49.1 prevé un sistema de etiquetado –en la línea de lo propuesto por el Parlamento Europeo- que permita al consumidor identificar los “productos fácilmente reparables” y, en su art. 49.3, la aprobación por el Gobierno de “un Plan de Incremento de la Vida Útil con la finalidad de fomentar el segundo uso, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los productos, de forma que se consiga un mejor equilibrio entre protección del medio ambiente y creación de empleo”, lo que se revela totalmente insuficiente, atendida la magnitud del problema.

Artículos de interés sobre la obsolescencia programada: 

-"La historia de las cosas". Un documental imprescindible.
- La lucha contra una estafa generalizada a los consumidores. ¿Por qué no imitamos a los franceses?
- Contra la obsolescencia programada, una buena iniciativa de Ingeniería Sin Fronteras. Repair Café Asturias. 
- Contra la obsolescencia. Alargascencia vs obsolescencia

Contra la obsolescencia. Alargascencia vs obsolescencia

Alargascencia vs obsolescencia

 Video.- ¿Qué es Alargascencia?

Alargascencia.org

Alargascencia pone en tus manos un directorio que te ayudará a encontrar diferentes establecimientos de reparación, segunda mano, alquiler…. Es una herramienta para encontrar soluciones frente a la obsolescencia programada y percibida, y alargar así la vida útil de los productos, y alcanzar no solo un ahorro económico, sino también ambiental. 

El patrón de consumo actual viene marcado por productos poco duraderos, difíciles de reparar y reutilizar. En este contexto, tanto el medio ambiente como la ciudadanía se convierten en los actores más perjudicados. El reciclaje, no es suficiente para asegurar un consumo de recursos naturales sostenible, debido al incremento incesante del consumo. El cambio de hábitos hacia un modelo más responsable es un importante motor para avanzar hacia una sociedad más justa y solidaria.

La web de Alargascencia.org ofrece diferentes alternativas (alquiler, compra-venta de segunda mano, reparación) de diferentes productos (ropa, muebles, electrodomésticos) en distintas provincias del Estado Español. Al tratarse de un proyecto colaborativo, el número de iniciativas va creciendo gracias a la colaboración de las personas usuarias, a las que la asociación invita a participar sugiriendo nuevos establecimientos.

Con esta herramienta, en Amigos de la Tierra queremos ofrecer alternativas sencillas a aquellas personas que no quieren considerar sus objetos residuos demasiado pronto, a la vez que se torna como herramienta de educación ambiental, con información sobre las ventajas ambientales y sociales de estos modelos de consumo. 

Los primeros eslabones de la jerarquía de gestión de residuos, reducción y preparación para la reutilización, son los más importantes para poner en marcha una estrategia de Residuo Cero. Por tanto, te invitamos a utilizar y colaborar en Alargascencia, y a las administraciones públicas a trabajar por el incremento de estos modelos de negocio, con bajo uso de recursos naturales.

Artículo relacionado: 

Alargascencia: así es la guerrilla contra la obsolescencia programada

El mundo que estrenaremos, por Juan Antonio Tirado

Revista 21

Juan Antonio Tirado, perdiodista de TVE 

El mundo que estrenaremos ya lo hemos estrenado. Este es un viaje sin billete de vuelta rumbo allí donde la ciencia-ficción ha perdido el adjetivo. 2050 se presenta como una trama inverosímil. Las cartas ya están echadas: la ciencia nos tiene preparado un hábitat tan sugestivo como temible. Ganaremos inmensamente en comodidad y a cambio, probablemente, regalemos o nos roben la privacidad.

El futuro ya no lo predicen las echadoras de cartas ni los futurólogos, sino los científicos. Según los pronósticos más verosímiles, en 2050 será habitual vivir cien años y aun los más afortunados alcanzarán los 120. En la genética los cambios serán tan espectaculares como inquietantes, y habrá que contar siempre con el factor corrector de la ética para no aventurarnos por las avenidas del Apocalipsis. Los bebés llegarán al mundo con un mapa genético que contenga información precisa sobre riesgos de enfermedades o cómo eliminar los genes que transmiten patologías. Escoger el sexo, el color de los ojos o del pelo estará al alcance de la mano.

La salud es quizás el campo donde mayores serán los avances. A través de la nanotecnología podrá acabarse con los efectos de la quimioterapia y las radiaciones, y en un terreno más ligero se podrán eliminar las arrugas de la piel. Habrá cirujanos robóticos y otros que operen a distancia y podremos regenerar los órganos mediante las impresoras en 3D. Incluso se trabaja ya en un detector del cáncer antes de que este se haya producido. Con frecuencia, los grandes avances científicos se producen como consecuencia de las necesidades de la industria militar. También de la espacial. La detección de enfermedades a través de minúsculos robots instalados en el organismo, que patrullan constantemente para adelantarse a la afección, se está desarrollando a requerimiento de la NASA en su objetivo urgente de enviar una nave tripulada a Marte en la próxima década. Dado que un viaje a ese planeta se prolongaría no menos de tres años, la agencia espacial no quiere correr el riesgo de que un astronauta enferme gravemente durante la expedición. En este ámbito médico será importante la bio-impresión, una técnica para imprimir en 3D estructuras biológicas para realizar trasplantes. El ejército de Estados Unidos se plantea escanear los huesos de los soldados antes de entrar en combate, de manera que archivarían una copia virtual por si fuera necesario sustituir alguno. Por otro lado, gracias a una mejor comprensión del genoma humano, los médicos estarán en condiciones de curar enfermedades como el Alzheimer. Otra cosa es el papel que juegue la memoria personal, que en buena medida estará “subarrendada” a las máquinas. En 2050, según algunos científicos, la mayor amenaza para la salud pueden ser unas súper bacterias infecciosas resistentes a los antibióticos, que podrían producir millones de muertes.

A mediados de este siglo vivirán en la tierra casi diez mil millones de personas. Para entonces, el coche privado habrá desaparecido de las ciudades, en las que habitarán un 80 por ciento de las personas. Serán unas ciudades limpias, con coches eléctricos y autónomos, esto es, que se conducen solos. Para esa fecha, carecerá de sentido tener un automóvil en propiedad, que el 95 por ciento del tiempo está aparcado, cuando con un Smartphone podemos disponer de un coche próximo en el momento en que lo necesitemos. Probablemente, existan también los taxis voladores, drones que circulen indistintamente por el aire o el asfalto.

Cabe aventurar una notable disminución de los viajes en avión. Por un lado, las nuevas tecnologías de la realidad aumentada harán innecesarios los desplazamientos para participar en reuniones de trabajo, por otro, los simuladores permitirán pasar las vacaciones en los destinos más fascinantes sin necesidad de moverse del sillón. En ese campo, los logros son ya impresionantes y el futuro apunta a la creación de una nueva y potente industria turística basada en los avances en realidad virtual, que nos trasladarán a cualquier sitio, incluso del pasado, incluso los hoy vedados a una presencia real, por las condiciones climáticas extremas o por un riesgo importante.

En la búsqueda de una vida más agradable jugarán un papel destacado los asistentes personales mediante inteligencia artificial. Podremos llevarlos en el bolsillo, como un móvil, y nos controlarán hasta los aspectos más nimios de la agenda. Conocerán nuestros gustos y defectos, leerán nuestros correos, escucharán nuestras conversaciones y se ocuparán de recordarnos que tenemos que rellenar un impreso, y aun rellenarlo, o acudir a una cita. A cambio, claro, de prescindir de cualquier grado de intimidad.

La domótica revolucionará las condiciones de vida en el hogar y las oficinas. Será superfluo el trabajo del personal del servicio doméstico, pues este será desempeñado en exclusiva por los robots. Las casas podrán llegar a auto-limpiarse, mediante programas informáticos, y la nevera llamará por teléfono al supermercado cuando constate que falta leche o cualquier otro producto. Probablemente, los vecinos contarán con una taquilla a la que llegarán los encargos y donde los recogerán. Sin necesidad de esperar al futuro, existen ya en algunas grandes ciudades norteamericanas supermercados automatizados, en los que no hay empleados, y restaurantes atendidos en exclusiva por robots. De aquí a veinte o treinta años pueden haber desaparecido trabajos como los de camarero, recepcionista, taxista o empleado de banca, entre otras decenas.

Si hay un ámbito relativamente desconocido y que experimentará cambios asombrosos ese será el del cerebro. Las tecnologías podrán  alterar las funciones cerebrales de una persona, violar su privacidad e incluso modificar su personalidad. Aunque todavía tiene cierto eco de ciencia-ficción, se trabaja en procesos que permitan que una máquina nos lea el pensamiento.

El mundo digital está todavía en pañales. Los políticos, perdidos en el corto plazo que no ve más allá de las siguientes elecciones, son incapaces de entender la revolución que está en marcha. Una pregunta básicas sobre lo que nos viene es: ¿Seremos personas o máquinas? En una coyuntura completamente distinta a esta, Primo Levi, superviviente de los campos de exterminio nazi, tituló uno de sus libros: “Si esto es un hombre”. Que venga Dios y lo vea, podríamos concluir.

Alcohol y cáncer. Por qué incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer

Por qué incluso el consumo moderado de alcohol aumenta el riesgo de padecer cáncer

Un creciente número de estudios epidemiológicos indican que el consumo de alcohol, incluso en cantidades moderadas, es un factor de riesgo para el desarrollo de varios tipos de cáncer

Pablo Barrecheguren

El País 

Aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer, se calcula que de las 8,8 millones de defunciones por cáncer en el mundo, aproximadamente 340.000 se deben al alcohol

Durante gran parte del siglo XX el tabaco no era considerado tóxico y costó décadas cambiar esa percepción social. Al igual que ocurre con el tabaco, existe sobre el alcohol una creciente información que lo relaciona con problemas de salud tales como, por ejemplo, el cáncer. “Desde principios del siglo XX conocemos la asociación entre el consumo de alcohol y el cáncer. Sabemos que ese consumo causa tumores de cavidad oral, faringe, laringe, esófago, hígado, colorrecto y mama", señala la doctora Aitana Calvo, secretaria científica de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y oncóloga médica del Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. “Aunque el tabaco continúa siendo el principal factor de riesgo asociado al cáncer, se calcula que de las 8,8 millones de defunciones por cáncer en el mundo, aproximadamente 340.000 se deben al alcohol y que entre un 3% y un 3,5 % de los tumores en países desarrollados se deben al alcohol. Por ello, desde la SEOM, recomendamos, al igual que el resto de instituciones sanitarias, reducir o eliminar su consumo", añade.

No hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo, o evitarlo por completo, sí reduce el riesgo de cáncer

Sobre el consumo de bebidas alcohólicas existe la creencia popular de que hay un “nivel seguro” y muchas marcas recomiendan un “consumo moderado” de sus productos. La mayor parte de los estudios científicos definen como “consumo moderado” a ingerir menos de una bebida alcohólica al día, pero los expertos advierten de los riesgos para la salud que supone incluso un nivel moderado de consumo “Existe una asociación dosis-respuesta clara con respecto al consumo de alcohol; es decir, cuanto más consumo, mayor riesgo de cáncer. No hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no hay riesgo, y reducir el consumo, o evitarlo por completo, sí reduce el riesgo de cáncer", explica la doctora Calvo. Pero si queremos datos más concretos sobre la relación entre el desarrollo tumoral y el consumo de bebidas alcohólicas, entonces es necesario analizar por separado las investigaciones realizadas sobre cada tipo de cáncer.

El cáncer colorrectal es el tercer tipo más frecuente y es la cuarta causa de mortalidad por cáncer, con aproximadamente 600.000 muertes anuales. En un artículo publicado en enero de 2018 por la revista Cancers se revisaron múltiples estudios epidemiológicos publicados sobre el consumo de alcohol. “Hemos visto que a nivel epidemiológico aumenta el riesgo de padecer cáncer colorrectal conforme se incrementa el consumo de alcohol. […] Y hasta donde llega el análisis de los datos epidemiológicos del cáncer colorrectal no existe oficialmente un nivel seguro de consumo alcohólico que no sea potencialmente carcinogénico", comenta el primer autor del artículo, Marco Rossi (Rush University Medical Center, Chicago), quien también explica que otros factores (como antecedentes familiares de cáncer colorrectal, ser varón o tener un índice de masa corporal superior a treinta) acentúan el efecto del alcohol sobre la incidencia de este tipo de tumores.

Pero los resultados que tenemos sobre el efecto del consumo de alcohol en los cánceres de hígado y páncreas son diferentes: en una revisión publicada en Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology se explica que la mayoría de los tumores hepáticos tienen un origen vírico (aunque en el resto de casos, el consumo de alcohol es un factor de riesgo relevante). Respecto al cáncer de páncreas, todavía son necesarios más estudios para concluir si el consumo de bebidas alcohólicas, y en qué medida, es o no un factor de riesgo.

Aparte de la necesidad de estudiar cada tipo de cáncer por separado, la diversidad en los resultados también se debe a la dificultad de analizar múltiples investigaciones realizadas con parámetros diferentes: en algunas el consumo alcohólico se mide en los gramos consumidos, pero este varía según las bebidas; y cuando el trabajo se centra en las bebidas en sí, estas se suelen registrar dentro de un margen (como por ejemplo, menos de siete a la semana) en vez de cantidades concretas. Además, cada bebida es distinta tanto en su contenido alcohólico como en el resto de elementos que la componen: esto por un lado ha permitido identificar al alcohol como el principal agente carcinogénico de las bebidas alcohólicas ya que es el único elemento común entre todas ellas, pero, por otro lado, dificulta la comparación de los estudios entre sí.

Cáncer de mama:el riesgo de padecer cáncer de mama parece especialmente sensible a alcohol. Con un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria el riesgo en mujeres de desarrollar un cáncer de mama se incrementa entre un 4% y un 15%.

Un caso interesante es el del cáncer de mama y los tipos de vino. Algunos componentes presentes en el vino tinto podrían tener propiedades preventivas, pero todos los estudios realizados encuentran que epidemiológicamente es la cantidad de contenido alcohólico, y no el tipo de bebida, el factor clave entre el cáncer de mama y el consumo de bebidas alcohólicas. Los tumores de mama son los segundos más frecuente con algo más de 1.600.000 casos registrados a nivel mundial en el 2012. En una revisión de los estudios sobre el consumo de alcohol y el riesgo de padecer cáncer de mama publicada por la International Agency for Research on Cancer se vio que una mayoría abrumadora los trabajos encontraban un aumento de la incidencia del cáncer de mama ante el consumo de bebidas alcohólicas, incluso si el era moderado, y en ningún caso ese consumo prevenía el desarrollo tumoral. Tanto en esta como en otra revisión publicada por la University School of Medicine (St Louis, Estados Unidos) se enfatiza que el riesgo de padecer cáncer de mama parece especialmente sensible a alcohol: de hecho, se estima que incluso con un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria el riesgo en mujeres de desarrollar un cáncer de mama se incrementa entre un 4% y un 15%. Y ambas revisiones sitúan al consumo de bebidas alcohólicas como la causa de un porcentaje significativo de casos de tumores de mama (en torno al 5% en varios países europeos y del 4% al 10% de los casos en Estados Unidos).

Necesidad de cambio en el etiquetado de bebidas alcohólicas para informar sobre los riesgos para la salud

Ante todos estos estudios, quizás es el momento de plantear un cambio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas en el cual se informe de sus riesgos para la salud del mismo modo que se hizo con el tabaco. “Datos de la Sociedad Americana de Oncología Médica apuntan a que tan solo un 30% de la población conoce que la obesidad o el alcohol son factores de riesgo para la aparición de tumores", explica Calvo. "En general la población sí responde a las recomendaciones, y poco a poco se logran cambiar hábitos de vida nocivos Las iniciativas de formación y la concienciación forman parte de la resolución de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2010, que tenía como fin reducir el consumo de alcohol de forma global a escala internacional", añade.

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El precio de los divorcios en España. Un divorcio contencioso puede costar hasta 15.000 euros

Acaba el amor y empiezan los gastos: Un divorcio contencioso puede costar hasta 15.000 euros

Fuente: CONSUMISTAS (El Mundo)

MANUEL GUTIÉRREZ

Un divorcio puede llegar a costar hasta 15.000 euros. No obstante, hay alternativas mucho más económicas. 

Alrededor de siete de cada 10 parejas españolas rompen su matrimonio cada año. Y cuando acaba el amor, empiezan los gastos. Abogado, procurador, mediador, notario... Un divorcio puede llegar a costar hasta 15.000 euros. No obstante, hay alternativas mucho más económicas.

El coste de un divorcio dependerá de varios factores. Principalmente, de si hay hijos de por medio y de los bienes que se tengan en común. Teniendo en cuenta esto, la opción más cara es el divorcio contencioso.

El coste de un abogado en estos casos oscila entre los 800 y 1.600 euros, según un estudio elaborado por la app Fintonic. "Si además quieres otorgarle poder al procurador, el gasto sube entre 200 y 400 euros", asegura el documento. Estos precios son tal altos ya que existen cuestiones que son, en muchos casos, muy difíciles de acordar: custodia de los hijos, régimen de visitas, qué hacer en caso de tener empresas o muchos bienes en común, etc.

De este modo, es conveniente optar por el divorcio de mutuo acuerdo, cuyo coste puede llegar a costar tan sólo 1.000 euros. Al ser un procedimiento más simple -la pareja puede tener el mismo procurador y estar asesorado por el mismo abogado-, el coste del abogado es mucho menor, desde los 400 euros. Si en vez de otorgarle poder al procurador, lo haces a una notaría, el gasto será de media de unos 50 euros, según Fintonic. "Este es uno de los procedimientos más rápidos, sencillos y económicos", aseguran desde la app para organizar el dinero y ahorrar.

Para poder recurrir a esta alternativa, se necesita la presentación de la demanda y del convenio regulador firmado por ambos cónyuges y ratificado en el juzgado de familia.

Sin embargo, desde la reforma de 2005 hay una opción todavía más barata y rápida: El divorcio exprés. Con esta esta opción, "puedes divorciarte sin tener que separarte judicialmente. Tampoco es necesario justificar el porqué del divorcio", explican desde Fintonic.

El divorcio exprés se hará efectivo aproximadamente en dos meses. Para ello, es imprescindible que la boda haya sido, como mínimo, tres meses antes, y que los dos cónyuges estén de acuerdo con los términos. Un divorcio de este tipo, sin hijos ni bienes en común, podría costar tan solo 100. Un divorcio con hijos pero sin bienes o al revés se encuentra alrededor de los 110. Y si tienes hijos y bienes, el precio asciende a los 120 euros.

¿Qué pasos debes seguir para minimizar el coste?

En primer lugar se debe pedir el presupuesto de lo que va a costar el trabajo de los diferentes profesionales. La mediación familiar a veces se presta de forma gratuita. Si no es así, la tarifa es libre, según cuentan desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). El coste de este servicio dependerá de la complejidad del proceso y del número de reuniones necesarias para llegar a un acuerdo, entre otras variables.

Respecto al abogado, se debe "pedir una hoja de encargo o nota de encargo profesional en la que se detalle cuánto va a costar el servicio exactamente y qué comprende -en partidas claramente desglosadas-", recomiendan desde la organización.

El procurador cobrará unos costes fijos por cada uno de los trámites de los que se encargue. Por su parte, el notario cobrará un coste que dependerá de la cuantía del patrimonio resuelto. Es importante recordar que en el caso de un divorcio de mutuo acuerdo, algunos de estos gastos se comparten.

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Estudio sobre la salud pública. El tabaco roba más de un millón de años de vida a los españoles cada año

El mayor estudio sobre la salud pública en España revela que la mayor parte de las causas de muerte prematura y enfermedad se podrían prevenir fácilmente

El País 

Manuel Ansede

La adicción al tabaco roba más de un millón de años de vida a los españoles cada año, lo que representa el 10% de toda la carga de enfermedad en el país, según el mayor estudio realizado hasta la fecha sobre la salud pública en España. El trabajo, elaborado por especialistas de 21 hospitales y centros de investigación, constata que la mayoría de las causas de muerte prematura y enfermedad en España se podrían prevenir fácilmente con mejores políticas sanitarias y cambios de comportamiento individuales. “El tabaquismo es una enfermedad social transmitida por nuestros familiares o amigos. Las autoridades tienen que reducir el acceso al tabaco, quitar las máquinas expendedoras de los bares, subir el precio de las cajetillas, prohibir fumar en espacios públicos abiertos”, exhorta el epidemiólogo David Rojas, del Instituto de Salud Global de Barcelona.

El llamado Estudio de la Carga Global de las Enfermedades, coordinado por el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, mide la salud en todo el mundo de forma anual. En algunos países, como EE UU, Brasil y México, han surgido iniciativas nacionales para desarrollar estos datos a nivel local. En España, este nuevo trabajo es el segundo que trata de hacer una foto en alta resolución de la salud pública en el país, tras un primer intento con datos de 2010. Los investigadores —coordinados por el médico Joan Soriano, de la Universidad Autónoma de Madrid— utilizan casi 1.600 fuentes de información, desde el Ministerio de Sanidad al Instituto Nacional de Estadística. “Es el chequeo más actualizado y exhaustivo realizado en la historia al paciente España”, afirma Soriano.

 

En 2016, en España se registraron unos 420.000 fallecimientos en una población total de 46,5 millones de personas. Las cinco principales causas específicas de muerte fueron la cardiopatía isquémica (causante de angina de pecho e infarto agudo de miocardio, con el 14,6% de todos los fallecimientos), el alzhéimer y otras demencias (13,6%), el accidente cerebrovascular (7,1%), la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (6,9%) y el cáncer de pulmón (5%). El 80% de los fallecidos tenían 70 años o más.

Los investigadores estudian los llamados Años de Vida Ajustados por Discapacidad: el número de años perdidos por culpa de una enfermedad, una discapacidad o una muerte prematura. Si un hombre fumador muere por un cáncer de pulmón galopante a los 51 años, se considerarían 30 años perdidos, porque la referencia es la longevidad máxima mundial de 81 años de los hombres japoneses (86 años en el caso de las mujeres). El tabaco es, de largo, “el factor de riesgo número uno” en España, según el estudio. El tabaquismo fue responsable de 1,15 millones de años de vida perdidos en 2016, principalmente debido a tumores malignos, patologías cardiovasculares y enfermedades respiratorias crónicas.

El consumo de alcohol y drogas (culpable de 970.000 años perdidos), la presión arterial alta (960.000) y el índice de masa corporal elevado (913.000) fueron los siguientes factores de riesgo en importancia, según el estudio, publicado en la revista especializada Medicina Clínica. La dieta inadecuada —baja en fibra o elevada en grasas insaturadas, por ejemplo— fue por su parte responsable de 830.000 años perdidos. Y entre los principales factores de riesgo también figuran el azúcar en sangre (615.000 años perdidos), el colesterol alto (385.000), los riesgos ocupacionales (360.000), la insuficiencia renal (271.000), la contaminación del aire (188.000) y la baja actividad física (132.000). Los 17 factores de riesgo más importantes restaron 7,15 millones de años de vida con salud a los españoles en 2016.

“Hay grandes oportunidades para mejorar la salud pública en España”, sostiene David Rojas, coautor del trabajo. Su estudio destaca avances realizados en las últimas décadas. El porcentaje de fumadores diarios cayó entre 1980 y 2016, con una disminución más alta en los hombres (del 41% a 26%) que en las mujeres (del 21% a 17%). Sin embargo, los autores advierten de un fenómeno conocido. La tortilla se ha dado la vuelta y ahora son las mujeres las que empiezan a fumar más que los hombres. El 19% de las jóvenes fuma, frente al 18% de los varones. “Y lo más preocupante es que la prevalencia del tabaquismo en los niños de 10 a 14 años ya es más alta en las niñas (4,5%) que en los niños (2,6%)”, señalan los investigadores.

Los autores urgen a poner en marcha políticas de control del tabaco más ambiciosas, como una subida de impuestos y la imposición de un empaquetado neutro. La industria tabaquera, liderada en España por Philip Morris (Marlboro, Chesterfield, L&M), hace lobby para intentar frenar estas medidas. Los científicos también piden otras “intervenciones clave”, como establecer impuestos sobre la comida basura y las bebidas azucaradas y poner en marcha campañas para promover la actividad física.

 “Culpabilizar a las personas es un error. No vale que te digan que tienes que hacer ejercicio, cuando tu horario laboral no te lo permite. O que te digan que comas sano cuando la máquina expendedora de tu trabajo solo tiene comida basura”, subraya Rojas.

 El estudio también incluye otros motivos para el optimismo. Los accidentes de tráfico cayeron del puesto 8 al 32 en la lista de causas de muerte entre 1990 y 2016. Los científicos atribuyen este éxito a factores como la obligatoriedad de llevar el cinturón de seguridad abrochado en zonas urbanas desde 1992, los incentivos fiscales para renovar los automóviles antiguos y las mejoras en la red de carreteras. También ha caído la mortalidad en niños menores de cinco años, a un ritmo del 3% anual desde 2006. La esperanza de vida en España en 2016 fue de 80,3 años en hombres y de 85,6 años en mujeres, la cuarta más elevada del mundo tras Japón, Francia y Corea del Sur, según destaca Soriano.

Otra de las sorpresas del estudio es que los dolores de espalda y cervical, provocados sobre todo por riesgos ergonómicos ocupacionales, se convirtieron en el principal causante de discapacidad en España en 2016, superando a la cardiopatía isquémica, mientras que el alzhéimer pasó del noveno puesto al tercero. Los patrones detectados son similares a los observados en otros países de Europa occidental, como Francia y Portugal.

La contaminación del aire es el único factor de riesgo ambiental dentro de los 10 principales factores. “También se necesitan urgentemente políticas y reglamentaciones para reducir las principales fuentes de emisión de contaminación”, detallan los autores, que reclaman, en concreto, reducir el espacio de estacionamiento público para automóviles, aumentar la disponibilidad y eficiencia del transporte público y promover el caminar y el ciclismo.

La barrera de las comunidades autónomas 

Los expertos en salud pública insisten desde hace años en que el código postal es más importante que el código genético. Las campañas de promoción de la actividad física pueden ser mucho más necesarias en comunidades como Galicia y Andalucía que en Baleares, una región con menos problemas de sobrepeso y obesidad. “El siguiente paso es hacer un zoom para ver cómo se distribuyen los factores de riesgo por cada comunidad autónoma, para priorizar las intervenciones, ya que los recursos son limitados”, explica el epidemiólogo David Rojas. Sin embargo, el sistema de salud descentralizado en España, dividido en 17 comunidades autónomas, dificulta la labor de los expertos en salud pública. “Lamentablemente, la información solo se proporciona a nivel nacional, una limitación que otros países han abordado y superado”, se quejan los autores. “Los datos existen, pero muchas veces no están disponibles”, deplora Rojas.

Además de las diferencias regionales, los científicos también destacan las diferencias por sexos. El tabaquismo provoca el 10% de toda la carga de enfermedad en España, pero el efecto es mucho mayor en hombres (16%) que en mujeres (4,5%). La situación se repite con el consumo de alcohol y drogas, responsable del 13% de la carga de enfermedad en hombres frente al 5% en las mujeres. A juicio de los autores, “este hallazgo evidencia la necesidad de un enfoque de género en cualquier política de salud pública sobre la carga de enfermedad y sus factores de riesgo”.

La desprotección del consumidor, por Luis Jiménez Alonso

Blog Administración Pública

Luis Jiménez Alonso

Letrado de la Administración de Justicia

La desprotección del consumidor

El incremento de los mecanismos de protección al consumidor es una respuesta al incremento de los ataques a sus derechos que, cada día más sofisticados, buscan la supresión de hecho de la última de sus garantías: la vía judicial.

En España, aunque haya antecedentes, los primeros intentos serios para la defensa de los intereses de consumidores, pueden datarse en la publicación de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Sin embargo dicha ley es la respuesta a una serie de conductas de los proveedores de bienes y servicios que ponían en indefensión a los consumidores.

Desde entonces algunos proveedores han buscado y encontrado diversos sistemas para eludir la efectividad de esos derechos. Siendo sinceros debemos reconocer que dicha ley fue un paso importante respecto la protección a que aspiraba, pero se han encontrado decenas de  recovecos o de formas que, de hecho, restringen esos derechos; incluso la garantía judicial, (ver el comentario que hicimos en este blog sobre "cláusulas bancarias abusivas") ante leyes que habían sido dictadas en protección del abuso de los acreedores sobre los consumidores y que tras la presión de estos, sus abogados y unos pocos jueces, solo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea consiguió la anulación e interpretación de algunas normas para que fuesen más conformes con sus principios.

Desde entonces son múltiples las normas dictadas en tal sentido,  mencionaremos solo la Ley Orgánica 15/1999, Protección de Datos de Carácter Personal (última modificación en 2011). Sobre ella hemos de decir lo mismo: que surge como reacción a actividades de intromisión abusivas, aunque no ilegales en la medida en que no estaban reguladas. Asimismo hay que señalar que la publicación de la ley, sus reglamentos y modificaciones, y el todavía reciente Reglamento Europeo 2016/679, no han impedido que distintos tipos de empresas se hayan aprovechado de sus ambigüedades o carencias.

Podemos hablar de muchos métodos concretos usados para, de una u otra forma, evitar de hecho los efectos de las leyes dictadas a favor de los consumidores, que se han visto incrementados con la presencia de internet en nuestras vidas.

Así tenemos las empresas fantasma, que solo existen en internet (antiguamente un apartado postal, que la cosa no es nueva), pero a las que no se puede reclamar porque no existe una dirección, un teléfono fijo, a veces ni uno móvil, ni e-mail pues lo que encontramos son formularios de contacto en que el e-mail del vendedor no es visible para el que reclama. Algunos de estos "comercios" son simplemente una estafa, aunque hay comercios reales que siguen esta técnica y carecen de garantías legales. Es difícil decir que empresas reales y serias funcionan con este sistema pues es uno de los primeros elementos a tener en cuenta al comprar algo.

No faltan empresas que con mecanismos reales de contacto, sin embargo no solucionan de hecho los problemas de sus consumidores porque se limitan a dar largas, respuestas evasivas o imponer sobrecostes que hacen inasumible para el cliente la reparación en relación al precio del producto o servicio adquirido. ¿Quién no ha comprado por 50 céntimos una mariposa solar que aletea en una maceta? Luego resulta que viene desde Hong Kong, los gastos de envío son 3 euros y la calidad del producto no alcanza su mínimo precio y se deshace con un tibio rayo de sol. El vendedor dice que se compromete a darnos un producto en condiciones pero ... nosotros hemos de pagar los gastos de envío. Y no digo que no falten los vendedores responsables que devuelven el dinero y renuncian al producto, a mí me ha ocurrido en ocasiones.

En internet también es usual que, una empresa tenga una página web en un dominio <.es> y sin embargo tenga la sede en Bulgaria pero que el producto se envíe desde China. Aunque exista la empresa y tenga solvencia, a ver quién es el guapo que, ante el incumplimiento del proveedor le pone un pleito en Bulgaria por un equipo de música de 99 euros, por mucho que exista un  proceso europeo de escasa cuantía. La traducción de todo al búlgaro supone un coste mayor que el producto y aunque ganásemos el proceso tendríamos por delante una dudosa ejecución, dejando aparte el conocer las peculiaridades de su sistema judicial.

No hace falta irnos a estafas ni a intercambios internacionales pues los problemas también son usuales con bancos, aseguradoras, compañías de telecomunicaciones o grandes almacenes. Ni siquiera tenemos que adquirir un producto concreto para tener problemas, pues estas entidades pueden certificar unilateralmente que uno les debe algo y con ese certificado acuden a sus compañías vinculadas, o a listados de morosos, y exigen un pago con amenazas de gastos adicionales, suspensiones de servicio, listas negras, acoso telefónico ...

Como ha señalado la OCU, la inclusión en un fichero de morosos es una práctica habitual en estos tiempos como medida de presión para reclamar una deuda. Ciertamente la LOPD prevé y permite esos ficheros a los que no podemos negar su utilidad, y según el art. 38 del RPD (Real Decreto 1720/2007) la inclusión de datos personales en estos tipos de archivos sólo se podrá efectuar cuando exista una deuda cierta, vencida y exigible, que haya resultado impagada y después de que el acreedor haya requerido el pago de la deuda. Dicho precepto exceptuaba el supuesto en que hubiese una reclamación (judicial, arbitral o administrativa), pero ese inciso fue declarado nulo a instancias de ASNEF (STS, Sala 3ª de 15-7-2010). Así, ahora basta con el requerimiento de pago, y es irrelevante la oposición del supuesto deudor. Y en cuanto a lo "cierto" de la deuda, ni siquiera el hecho de que esté en contienda judicial impide la inclusión en el fichero, ni existe una definición legal de "deuda cierta".

Así las cosas, un acreedor puede reclamar judicialmente si lo desea pero solo entonces el cliente podría oponerse a la deuda. Porque éste no puede ir a un juez para que declare si debe o no pues en nuestra legislación no existe una "acción negatoria de deuda". El problema es que el acreedor no acude al juzgado porque no quiere discutir, sino cobrar y para ello utilizará todos los mecanismos a su disposición, siendo más rápido y barato incluir al cliente en el fichero de morosos y esperar el pago. A estas empresas les basta con decir que la deuda es cierta, es irrelevante que uno diga que no está de acuerdo con la factura, pues con su certificado unilateral pueden esperar meses o años coaccionando a sus clientes. En realidad creo firmemente que a la empresa (salvo las que simplemente compran los créditos para su ejecución) no le importa tanto el dinero como el que se sigan sus criterios. Así me lo ha mostrado mi experiencia cientos de veces, cuando son de poca cuantía, los grandes almacenes que denuncian hurtos luego no cobran los "cheques" por el valor de lo hurtado o dañado que les entrega el juzgado. El coste de cobrarlo supera al valor que pueden obtener y gran cantidad de esas indemnizaciones finalmente se entregan al Tesoro.

Pero si, para no entrar en el fichero, el cliente paga voluntariamente ¿cómo va luego a ir al juzgado a reclamar lo que voluntariamente ha pagado? sería ir contra sus propios actos y por esta vía difícilmente podría recuperar lo pagado. Solo tendría la vía de pedir la declaración de nulidad de la cláusula (por  abusiva, por ejemplo) en que el acreedor se basa para exigir digamos 30 euros, pero este camino tiene sus propios inconvenientes y no pequeños: estas cláusulas están insertas en contratos de adhesión y forman parte de las condiciones generales de contratación de la empresa por lo que su declaración de nulidad deberá tramitarse por los cauces del juicio ordinario lo que supone una cuantía de 18.000 euros, nada más ni nada menos. El coste del pleito supera el perjuicio del pago y resulta anti-económico para el supuesto deudor.

Obviamente, conforme aumenta el coste del problema dejan de tener sentido las objeciones a que nos hemos referido, tanto para la empresa como para el consumidor, pero ¿qué pasa con los problemas pequeños, o no tan pequeños?  Porque serán de poca cuantía, pero son cientos, miles, tal vez millones de pequeños problemas ¿qué puede entonces hacer el consumidor ante eso?

No podemos considerar aceptable que el supuesto deudor se quede sin acceso efectivo a la vía judicial, por lo que habría que limitar los efectos de la certificación unilateral de deuda con la que las empresas actúan a su antojo utilizándolo como coacción pero sin reclamar judicialmente.

Habría que introducir algún mecanismo sencillo como que la mera oposición del supuesto deudor ante el requerimiento hiciese necesaria la intervención de un juez o al menos de una figura neutral que fuera quien diese a esas certificaciones cierto valor jurídico, y que no lo tuviesen sin la intervención de ese tercero, o exigir para esos casos que el acreedor acuda a la vía judicial. O dar rango legal al anulado inciso del art. 38.1 del RPD. No podemos olvidar que los ficheros de morosos son privados y defienden a sus mejores clientes, importantes acreedores, mientras que el consumidor necesita protección frente a ellos y la actual  regulación de la LOPD en muchos casos es insuficiente.

La obligación de informar la aseguradora al tomador del seguro de las condiciones del contrato y de sus modificaciones

Por D. Vicente Magro Servet

Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

http://www.elderecho.com/

Se analiza la necesidad de la buena información de las aseguradoras a los tomadores de seguro en las condiciones reales del contrato de seguro que desean pactar, sus limitaciones y las modificaciones que puedan producirse y los plazos de ejercicio de la resolución.

1. Introducción

Desde que el Tribunal Supremo puso el énfasis y acento en la necesidad de mejorar la información a los consumidores a la hora de contratar productos bancarios se hace necesario que esta exigencia de atender a los consumidores con una información detallada acerca del producto que está contratando en cualquier tema y de aquellas circunstancias que le pueden suponer un límite en las expectativas que pensaba que estaba contratando. Pero no ya bajo la fórmula de la teoría de que las cláusulas limitativas de responsabilidad de la aseguradora deben ser expresamente firmadas por el tomador de la póliza en los contratos de seguro con independencia del clausulado general de la misma, sino que estas mismas condiciones generales deben ser explicadas con mayor detalle, huyendo del oscurantismo que en muchas ocasiones existe en la suscripción de contratos con consumidores, y que ha dado lugar a una rica doctrina jurisprudencial. Se pone el acento, por ello, en la necesidad de fijar y arrojar más luz en la información precontractual que se le ofrece al consumidor antes de concertar la póliza de seguro, dado que en los distintos contratos no se trata de que el tomador contrate un seguro de vida, de daños, de responsabilidad civil, de salud, etc, sino que conozca qué está asegurando en cuanto al contenido de la cobertura y por qué está pagando, o bien si otra aseguradora le ofrece las prestaciones que está buscando, y las limitaciones que tiene la póliza, o sus cambios, por ejemplo, la elevación de las primas que debe pagar anualmente el tomador en el caso de que la póliza las contemple, ya que son cláusulas que «deben explicarse» con tranquilidad al tomador y no firmar sin más la póliza en la creencia de este de que está cubriendo una serie de coberturas que, luego, en realidad pueden no ser tales. ¿Podría darse lugar, nos planteamos, a una cláusula contractual nula en un contrato de seguro ante la negativa a cubrir un evento que el asegurado consideraba que era objeto de cobertura cuando firmó la póliza por «falta de transparencia e información» como en las resoluciones dictadas ante la cláusula suelo?

Por ello, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reaccionado últimamente aclarando la necesidad de potenciar la transparencia y la información en los contratos que conciertan los bancos con los consumidores, en aras a evitar defectuosas interpretaciones de lo que estaban firmando, no siendo válida la mención que la entidad bancaria refería de que el contrato estaba firmado por el consumidor, y constaba que había sido leído, ya que es sabido que este tipo de contratos no suelen leerse por los consumidores, quienes suelen «confiar» en la buena fe de quien se lo presenta a su firma, en la creencia de que no se le iban a ocultar datos relevantes que en un momento dado podrían causarle un gran perjuicio.

Artículo completo en El Derecho

El fraude de Idental: desprotección e inoperancia

Artículo publicado en Atlántica XXII

Concentración de los afectados de Idental delante de Xunta Xeneral, en junio. Foto / Iván G. Fernández

Severino Espina Fernández / Licenciado en Derecho. Miembro del Conceyu por Otra Función Pública n´Asturies

El cierre de las clínicas Idental, dejando en la calle a cientos de trabajadores y a miles de clientes con pagos realizados por servicios odontológicos básicos y urgentes que nunca se realizarán, está revelando con toda crudeza la carencia de protección eficaz de los ciudadanos con menos recursos. 

Salud bucodental, un mercado

El origen del problema tiene lugar por el incumplimiento de las previsiones recogidas en los artículos 43  y 49 de la Constitución en el que se reconoce a todos los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, derecho que para ser efectivo (se copia a continuación lo recogido en la Exposición de Motivos de la Ley 14/1986, General de Sanidad) “requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo”.

Ese derecho, en el caso de los cuidados sanitarios que afectan a la salud bucodental y a diferencia de otros países europeos en los que existe un sistema sanitario público garantizado universalmente, en España no existe. Esto es, el sistema sanitario público español no ofrece las prestaciones básicas para atender adecuadamente la salud bucodental de los ciudadanos. Esto hace que un gran número de personas, las más desfavorecidas, no puedan acceder a unos servicios fundamentales de cara a garantizar su salud y mejorar su calidad de vida –no estamos hablando de cuidados estéticos, sino cuidados básicos como son la reparación de piezas dentales dañadas, implantación de prótesis que permitan recuperar la función de masticación, etc- teniendo el resto de la ciudadanía que sufragar el cuidado de su boca a costa del presupuesto familiar o, en mejor de los casos, a través de un seguro médico pagado por la empresa en la que trabajen.

Esta falta de cobertura sanitaria hace que el mercado de la atención bucodental sea eso: un mercado liberalizado en el peor de los sentidos  y  en el que la regla de la oferta y la demanda sea el patrón que dicte la actuación de las empresas implicadas (no sólo dentistas, sino también el cúmulo de actores que se desenvuelven en el sector: empresas dedicadas a prótesis, especializadas en implantes, laboratorios suministradores  de medicamentos y  material sanitario y auxiliar, etc). 

Fraude sanitario

Ello conduce a otro elemento a considerar en la crisis de Idental que puede aplicarse a cualquier sector sanitario liberalizado: el control de dichas actividades. Este control, teóricamente, está garantizado por la legislación que ofrece multitud de disposiciones al respecto abarcando la regulación de aspectos puramente sanitarios como publicitarios o en materia de defensa de los intereses económicos de los consumidores y usuarios.

La normativa básica sanitaria estatal se encuentra en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (art. 27 –control administrativo de la publicidad y propaganda comercial-, art. 29 –necesidad de autorización administrativa de funcionamiento-, art. 30 –obligación de inspeccionar y controlar todos los establecimientos sanitarios, sean públicos o privados, así como las actividades de promoción y publicidad de los mismos-) y en el Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria cuyos artículos 6 y 7 regulan la publicidad y la información de los centros o establecimientos sanitarios, debiendo éstas ajustarse deberá ajustarse “a criterios de transparencia, exactitud y veracidad y evitará cualquier sesgo que pueda causar perjuicio a la salud o seguridad de las personas o a las legítimas expectativas de una información correcta y precisa en materia de salud y asistencia sanitaria”.

Sin embargo, la realidad va por otros derroteros. El desmantelamiento de los servicios públicos que ha sufrido España en los últimos 10 años, la falta de recursos personales y, asimismo, una actuación político-administrativa tendente  a mirar con recelo los controles administrativos, acusándolos de ser cargas inútiles que lastran el funcionamiento eficaz de la economía, han hecho mella en los servicios administrativos con competencias en el control de centros y servicios sanitarios.

Las Administraciones Públicas que deberían velar por la protección eficaz de los usuarios de estos servicios parecen plegadas a un sistema económico basado en buscar la competencia empresarial a toda costa en el que el derecho a la salud ya no resulta un valor fundamental a garantizar, originando un caldo de cultivo propicio a empresas sanitarias “low cost” que buscan maximizar beneficios a costa de reducir la calidad de los servicios al mayor límite posible contratando al personal en condiciones precarias y escatimando al máximo los medios materiales empleados. A ello se suma una publicidad masiva basada en ofrecer unos servicios innovadores con una reducción notable de precios en comparación a las clínicas tradicionales y con posibilidad de ser fácilmente financiados. La bomba, está así, cebada. 

Salud y cartera

Como conclusión, volvemos al título del artículo: ciudadanos desprotegidos  y poderes públicos inoperantes. La desprotección del ciudadano en el caso Idental ha sido monumental no sólo por el fiasco económico de la empresa que deja un reguero de deudas y miles de clientes sin concluir servicios ya abonados sino también,  como broche final, por la angustiosa incertidumbre lanzada ahora sobre el riesgo de contraer enfermedades contagiosas debido a la mala praxis higiénica desarrollada.

No puede resultar admisible que los ciudadanos no reciban una atención sanitaria adecuada en centros que deberían haber sido controlados rigurosamente. Tampoco es de recibo que se repita la tradicional ceremonia que se realiza por parte de las Administraciones una vez estallada la crisis. Me refiero a que todas las Administraciones sectorial y territorialmente competentes que son muchas (piénsese en las Administraciones Autonómicas Sanitarias más las correspondientes  en materia de Defensa del Consumidor, todo ello sin perjuicio de los Ayuntamientos con competencias en la materia) hacen alarde de realizar actuaciones en defensa de los afectados sin considerar que la mejor actuación hubiese sido la intervención que no se hizo: un control eficaz.

Ahora se lee que una Administración aconseja recopilar los documentos firmados, otra recomienda pagar los créditos a la financiera, mientras que otras no…, se recomienda reclamar por burofax, otras entienden que cabe acudir a la Agencia Española de Protección de Datos…, se dan consejos, se recopilan datos, estadísticas, se trata a los usuarios como lelos mareándolos de trámites y expectativas, sin que llegue ninguna solución eficaz.

Al final, detrás de tantas vueltas (nadie menciona el seguro de responsabilidad civil que a toda empresa prestadora de esta clase de servicios debería exigírsele), la solución tradicional española: si hay suerte, se contrata un buen abogado o alguna asociación de consumidores actúa, se acudirá a la Justicia y, en el mejor de los casos y tras un largo periplo judicial, se recuperará parte del dinero o se logrará una mínima indemnización.

No existe protección y, todavía peor, no estamos seguros que episodios como Idental puedan volverse a repetir con otro tipo de servicios básicos.

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)

"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), publicada en diario.es.

“En la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente. Tendría que ser justo al revés"

"El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción" 

"En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas" 

Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.

10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?

La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.

En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto. 

¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?

En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe de click. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados. 

¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?

En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa. 

¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?

El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático.  Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés. 

La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan. 

El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo. 

¿Qué modelo propone?

Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro. 

La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.

Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables. 

El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.

En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales  lo bloquearon ellos. 

¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?

La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.  

¿Estamos saliendo de la crisis?

No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis. 

Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.

Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.