Jesús, casi invidente, estaba ya preparado para ser operado de una catarata en el único ojo en el que conservaba algo de visión. De repente, le comunicaron que se vistiese ya que la aseguradora -SANITAS- no autorizaba la operación al no haber sido devuelto por el banco el último recibo cuya cuantía ascendía a 166,44 euros.
Para mayor escarnio, el volante que autorizaba la intervención contenía diversos errores: autorizaba la operación de dos cataratas cuando el paciente sólo tiene un ojo y le faltaba incluir la realización de una técnica quirúrgica.
Nadie le había comunicado el impago del recibo al paciente y Aurora, su esposa, narra los hechos de este modo, según la noticia publicada en El País (21/10/2009) :
"Me dijeron que lo sacaban del quirófano. Que había un recibo devuelto de 166,44 euros".Al parecer, el banco había devuelto el último recibo trimestral de su aseguradora médica, Sanitas. Pero a ellos nadie los había avisado, ni el banco ni la compañía. Cuando Jesús llevaba un rato en quirófano, Sanitas llamó a la clínica oftalmológica privada, Vissum, y denegó la autorización. Aurora llamó a su hijo para que fuera a un banco a ingresar el dinero. Lo hizo a las 13.24, pero la clínica no esperó. "¡Pero si ya está pagado!", insistía ella."Me dijeron que tenían más pacientes que operar", recuerda Aurora.
"Han tratado a mi marido como a un perro por 166 euros". "Sin mí no puede hacer absolutamente nada. Todavía está aprendiendo a vivir sin ver nada".
Aurora pudo solucionar el problema la misma tarde de la intervención ya que Sanitas comprobó que había hecho el pago y le entregó un papel, a modo de autorización temporal
Jesús se operará las cataratas el 2 de noviembre. "¿Y ya está? ¿El daño está arreglado? Mi marido no es un perro que se pueda sacar de un hospital así. Es una cuestión de humanidad. Esto no se le puede hacer a nadie. No puede volver a pasar".
Considero que estos hechos constituyen una infamia, un atentado a la dignidad del paciente.
También un claro ejemplo del concepto “daño moral”, difuso en muchas ocasiones pero que en este caso aflora descarnadamente.
El paciente, tras haber acudido a una clínica con un volante autorizando una intervención, para él, trascendental -se trataba de poder recuperar la visión de su único ojo- y después de entrar en el quirófano estando ya programada la operación es expulsado de la mesa de operaciones por motivo de la falta de autorización de la entidad aseguradora que cubre el coste de la intervención al constatar que el último recibo correspondiente a su póliza había sido devuelto –sin advertencia alguna al interesado- por el banco.
Al respecto cabe recordar cómo perfila nuestra jurisprudencia el concepto daño moral.
Pues bien, esto es lo que nos cuenta la interesante sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Zamora el pasado 18 de noviembre de 2008 (fundamento de derecho sexto):
“La situación básica para que pueda darse lugar a un daño moral indemnizable consiste en un sufrimiento o padecimiento psíquico (Sentencias 22 mayo 1995, 19 octubre 1996, 27 septiembre 1999). La reciente Jurisprudencia se ha referido a diversas situaciones, entre las que cabe citar el impacto o sufrimiento psíquico o espiritual (S. 23 julio 1990), impotencia, zozobra, ansiedad, angustia (S. 6 julio 1990), la zozobra, como sensación anímica de inquietud, pesadumbre, temor o presagio de incertidumbre (S. 22 mayo 1995), el trastorno de ansiedad, impacto emocional, incertidumbre consecuente (S. 27 enero 1998), impacto, quebranto o sufrimiento psíquico (S. 12 julio 1999)», hoy día se ha adoptado un criterio más abierto en orden a la concesión de indemnizaciones por daños morales, debiendo tenerse en cuenta el sufrimiento físico o psíquico, el padecimiento, la zozobra, la ansiedad o impacto emocional, angustia, la incertidumbre (…)”.
A la vista de ello, creo que la situación vivida por D. Jesús es una situación generadora de daño moral indemnizable, todo ello con independencia de las concretas responsabilidades del banco por no haberle notificado con premura la devolución del recibo de una póliza de asistencia sanitaria, de la clínica por haberle aceptado para operarle y luego no asumir la operación (¿dónde está Hipócrates?) o de la propia entidad aseguradora que emite la autorización de la intervención, revocándola en el último momento.
España pierde la vergüenza y aprende a denunciar los abusos de las empresas.
Los usuarios se rebelan contra una práctica de moda: ofrecer mejores condiciones a los nuevos contratos.
La recesión ha elevado a la categoría de dogma el viejo lema del comercio El cliente es lo primero. Con el consumo bajo mínimos y los precios despeñándose por el tobogán de la deflación, las empresas no se pueden permitir el lujo de tratar mal a los maltrechos consumidores.
Pero, paradójicamente, las quejas de éstos se han multiplicado. De una parte, la reducción de costes por parte de las compañías de servicios, la búsqueda de ingresos extra y prácticas poco éticas por arrebatarse los clientes entre ellas han disparado las reclamaciones. Al mismo tiempo, la estrechez de los bolsillos de muchos ciudadanos activa sus ganas de pelear por sus derechos.
Se reclama más y por más cosas que nunca. El total de reclamaciones recibidas en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) de enero a septiembre ascendió a 258.959, casi 100.000 más que las practicadas en el mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 57%, según los datos preliminares de esta organización, única que tiene estadísticas actualizadas. Extrapolando este dato al conjunto de reclamaciones recibidas por todas las organizaciones de consumidores, se estima que, por primera vez, en 2009 se pueden rozar los dos millones de consultas.
La crisis ha sacado a relucir la ira del comprador. Uno de ellos pidió a la OCU que reclamara porque su bolsa de patatas fritas estaba "más vacía de lo normal", aunque se comprobó que el peso era el que figuraba en el envase. Otro pedía daños y perjuicios porque el perrito mascota que compró creció más de lo previsto, y hasta hubo un asociado que planteó una reclamación porque se le rompió su preservativo, su pareja se quedó embarazada y pretendía que la empresa de preservativos asumiera los gastos de manutención.
"La gente ya no pasa ni una. Se presentan quejas que hace un año y medio hubieran sido impensables por asuntos casi anecdóticos o por cuantías inferiores a los tres euros. Creemos que, en general, las compañías se están esmerando en atender al cliente, porque no se pueden arriesgar a perder los pocos que les van quedando. Pero éste ha aumentado mucho su nivel de exigencia. Se está perdiendo la típica vergüenza española a reclamar, a poner por escrito lo que antes sólo se protestaba de boca", dice Ileana Izverniceanu, portavoz de OCU.
El sector que más quejas sigue acaparando es el de la telefonía y acceso a Internet, curiosamente uno de los que goza de mayor competencia. Teniendo en cuenta que hay más líneas de móviles que población (53 millones por 44 millones de habitantes), es decir, que todos los ciudadanos tienen ya un móvil en su bolsillo (y algunos más de uno), a las compañías no les queda más remedio que robarse los clientes entre sí, porque ya no quedan nuevos caladeros de clientela a la que cautivar.
La introducción del mecanismo de la portabilidad, que permite al usuario cambiar gratis de compañía conservando el número, ha dado lugar a un fenómeno casi inaudito en Europa: la infidelidad casi promiscua del cliente hacia su compañía telefónica. Sólo en lo que va de año, casi tres millones han cambiado de firma de móvil. Incluso en agosto, un mes poco dado a trámites administrativos, 344.276 usuarios portaron su número de móvil hacia otra compañía, un 25% más que en el mismo mes del año pasado. Algo parecido ocurre en la conexión a Internet. Más de 100.000 clientes al mes se dan de baja y se pasan a la competencia.
La lucha por el cliente es casi cuerpo a cuerpo. Llamadas y envío masivo de sms desde call center (a veces a horas intempestivas), regalo de teléfonos y, sobre todo, ofertas deslumbrantes con planes de tarifas que suponen un importante descuento o una mejora de condiciones sobre las que disfrutan los que ya son clientes. Precisamente, el abuso de esta práctica de marketing está desatando la irritación de miles de consumidores que se preguntan: ¿por qué si llevo toda la vida en esta compañía tengo que pagar más que uno que acaba de apuntarse?.
Un ejemplo práctico y real. Rosario tiene contratado el Dúo de Telefónica, de tres megas con llamadas nacionales. Paga 62,4 euros al mes (IVA incluido). En abril de 2008 le sorprende una oferta para nuevos clientes de su proveedor: 20 euros menos por el mismo producto. Llama indignada a atención al cliente. Le tranquilizan diciendo que es sólo una promoción de seis meses de duración. Aún así insiste: no está dispuesta a pagar más por lo mismo y amenaza con darse de baja. En el departamento de bajas donde le transfieren comprueban su situación y aceptan la negociación. Como quiera que tiene una antigüedad de más de 18 meses y siempre ha estado al corriente de pago aceptan rebajarle la factura durante doce meses hasta los 46,6 euros al mes. A Rosario le dura poco la alegría. La compañía aumenta la velocidad hasta los seis megas y vuelve con otra oferta para captar clientela por menos de 40 euros. Por si fuera poco, en mayo de 2009 la promoción, de la que por supuesto Rosario se había olvidado, concluye y le vuelven a cargar los 62 euros. Vuelta a la indignación, reclama. Quiere darse de baja a toda costa. Sólo ante esa amenaza aceptan subirle la velocidad a seis megas y reducirle la factura mensual a 46,6 euros, aunque no le devolverán el importe de las dos mensualidades que le han cobrado de más. Rosario se sentía satisfecha por su impenitente lucha contra la compañía. Hasta que la semana pasada puso la televisión y vio un anuncio: "Dúo de seis megas de Telefónica. Los primeros cuatro meses pagas 12,95 euros (más IVA) y los siguientes ocho meses 27,95 euros". Otro caso: si quiere hacerse con un iPhone, y se pasa a Movistar le puede salir gratis firmando un compromiso de permanencia de 18 meses, y contratando una tarifa de voz mínima de 40 euros al mes. Si ya es cliente, le costará 114.300 puntos y firmar por dos años.
El ejemplo se podría aplicar a muchas otras compañías, tanto de telefonía móvil como de seguros, bancos o televisión de pago, que están a la caza del cliente ajeno descuidan el propio, dándole por seguro. Para Eugenio Ribón, responsable jurídico de CEACCU, "se trata de una deslealtad y una práctica discriminatoria hacia los que ya mantienen una relación contractual con la entidad. Las compañías se centran en la captación de nuevos clientes y se olvidan de los suyos. Y en eso se equivocan. Hay estudios que demuestran que una atención eficiente fideliza de por vida al 90% de los clientes".
La solución ideal para hacer frente a este manía marketiniana de dar prioridad al nuevo cliente frente al antiguo es muy sencilla: amenazar con darse de baja, como sostiene Rubén Sánchez, de la organización de consumidores FACUA: "Puede que esta práctica no sea éticamente muy correcta pero lamentablemente es legal. Ahora bien, hay un remedio infalible: decir que uno se va. En ese mismo momento, vas a comprobar cómo te igualan la oferta. Ahora, a las compañías, y si son grandes más aún, no les conviene perder un buen cliente porque les cuesta mucho captarlo".
Las operadoras se defienden. Se trata de promociones con mucho aparato publicitario pero eso no quiere decir que se descuide al cliente fiel. Lo único que ocurre es que sus ofertas no tienen tanta notoriedad, porque se le hacen llegar individualmente. "Existe esa percepción generalizada pero la realidad es otra. Lo que sucede es que cuando vas a captar un cliente nuevo no tienes ninguna información sobre él. Y debes hacer una oferta general muy atractiva. Mientras que con tu propio cliente tienes un montón de datos sobre sus hábitos de consumo e intentas hacerle ofertas a su medida. Lo cierto es que gastamos mucho más en retener clientes que en captar nuevos. Por ejemplo, en esta campaña de Navidad vamos a regalar el doble de terminales a nuestros clientes que a los que se vengan de la competencia", señala Carlos Vecino, director de marketing de Vodafone.
"Con la crisis, más que un terminal lo que el cliente verdaderamente desea es no tener sorpresas en la factura. Y por eso, hemos redoblado nuestra política de tarifas planas. Y para los que desean el último modelo, lo que hacemos es ofrecerle un nuevo compromiso de permanencia, de entre 12 a 18 meses", apunta Carlos Gurí, director de captación de clientes de Orange.
El síndrome del hijo pródigo no es exclusivo de las telecos. Los bancos lo practican también con profusión. Uno-e ofrece un depósito a tres meses al 2,97% TAE para nuevos clientes; para los propios el interés es del 0,75%. El Depósito Oro Creciente a seis meses del Banco Popular para dinero procedente de otras entidades tiene un interés medio de 2,25% frente al 1% que da a los que ya tienen su dinero en la entidad. La Cuenta Open Plus de Openbank da un 3,1% TAE para atraer clientes; y entre 1% y un 1,5% en un depósito similar para los que no lo son. Los ejemplos serían incontables.
Las entidades financieras tienen fama de tratar mal a sus clientes y, lo que es peor, de salir casi siempre impunes. Pero la tendencia está cambiando. Los servicios financieros son ya la segunda causa de reclamación. Sólo el Banco de España recibió 6.512 escritos de quejas en el primer semestre de 2009, lo que supone un 81% más que en el mismo período del año anterior. Por primera vez el principal motivo de reclamación -casi un tercio de ellas- fueron los préstamos hipotecarios. Y es que las entidades financieras se apresuran a actualizar los tipos cuando el Euríbor sube, pero sacan la letra pequeña cuando baja. La revisión del tipo en los préstamos a interés variable ha provocado más de una sorpresa en los propietarios que han descubierto que sus hipotecas tenían suelo, es decir, que estaban sujetas a un tipo mínimo, independientemente de que el Euríbor fuera menor. Nadie les avisó cuando suscribieron sus préstamos.
Los usuarios recuperaron 2,46 millones de euros gracias a sus quejas ante el organismo emisor. Pero son pocas las que llegan a esta instancia, porque antes se les obliga a tramitarlas en el servicio de atención al cliente de cada entidad, alargando el proceso y desanimando a muchos posibles perjudicados. Los bancos y cajas se defienden asegurando que sólo el 21% de los informes emitidos por el Banco de España dieron la razón al reclamante, frente al 32,2% en favor de la entidad (el resto no llegaron a tramitarse por causas formales). Sin embargo, en casos como Banco de Valencia, Banesto, Deutsche Bank, Ibercaja, Barclays, Bankinter y Unicaja, el porcentaje superó el 30% a favor de los depositantes.
Las compañías eléctricas tampoco van a la zaga. El cambio de modelo de facturación -de bimensual a mensual- desde enero, que obligaba a estimar el consumo, duplicó las quejas en el primer semestre. En un sector en el que la competencia para los clientes residenciales es ilusoria y las compañías se reparten tradicionalmente el mercado por territorios, la teórica liberalización del mercado el pasado 1 de julio volvió a disparar las quejas. Las comercializadoras se distribuyeron miles de clientes a su voluntad y no se les aplicó la tarifa reducida a jubilados y desempleados que tenían derecho al llamado bono social, según denuncian las organizaciones de consumidores.
Iberdrola reconoce el aluvión de quejas pero descarta cualquier error. "En general las reclamaciones no tenían razón de ser. A finales de marzo, habíamos analizado más de cuatro millones de facturas y no se detectaron errores. De las 3.500 peticiones de aclaración, menos del 2% supusieron rectificación de la factura estimada" señalan en fuentes de la eléctrica.
El defensor del cliente de Endesa, José Luis Oller, coincide en quitar importancia al asunto: "Se ha juntado la revisión de tarifas con el nuevo modelo de facturación y eso ha producido una sobrecarga. Ha habido que hacer un esfuerzo muy grande para atender a las consultas, más de 100.000 al mes, ampliando el personal de los call centers y el horario de atención, pero la mayoría de ellas se resuelven en una llamada, y se ha detectado un número mínimo de facturaciones incorrectas".
Tratar bien al cliente, casi siempre, es rentable. Jazztel es un buen ejemplo de ello. En 2007, era la operadora de telecomunicaciones que más quejas recibía. Tardaba más de dos meses en dar línea a sus clientes, y luego los dejaba desprotegidos ante un servicio de atención al cliente subcontratado que cobraba por llamada atendida, en lugar de por problema solucionado. La fuga de clientes fue masiva hasta que decidió crear su propio call center, en el que no se pretende ganar dinero sino atender eficazmente a los clientes, premiando a los empleados si resuelven la incidencia en el primer contacto. Desde entonces el ratio de reclamaciones se ha reducido por tres y se ha convertido en la segunda operadora en captación de clientes de banda ancha.
El usuario sigue siendo el patito feo del ecosistema consumista. Pese a todo, Etelvina Andreu, directora general de Consumo, señala que los ciudadanos protestan más no sólo por la crisis sino porque cada vez tienen más confianza en las normas, las instituciones y las asociaciones de consumidores.
Andreu resalta que la generalización del arbitraje electrónico y la nueva legislación que está a punto de salir del Parlamento relativa a prácticas desleales y publicidad engañosa aumentarán esa seguridad, frenando prácticas cada vez más extendidas como el spam telefónico, esos mensajes de texto con los que le bombardean su móvil durante todo el día y a veces durante toda la noche.
Queda el consuelo de que al menos en este terreno del consumo, todos -incluso las distintas administraciones- animan al ciudadano a protestar. Algo poco común en tiempos en que tan apreciado es el conformismo.
Un famoso estadista francés hizo diana con el empleo de las comisiones como fórmula narcotizante de problemas políticos. Cuando la previsible solución de algún asunto le incomodaba, promovía una comisión para su estudio y todos contentos. En especial el protagonista, que decidía en última instancia y libre de pies y manos una vez que la consulta de varios expertos hubiera impedido llegar a un acuerdo razonable. Es lo que yo llamo la técnica de la melé. Consultar en condiciones de tanta confusión que no quede otro remedio que decidir personalmente, pero con adorno de transparencia. Un magnífico ejemplo se ofrece por las comisiones parlamentarias, ya estén compuestas por expertos o por diputados. Estas segundas se suelen impedir con frecuencia y cuando no hay otra opción su funcionamiento es tan inútil que se vota las conclusiones completamente al margen de lo debatido y comprobado. Se acordarán ustedes de las del 11-M, o la de los espías en Madrid, o la del 'Tamayazo', y un largo etcétera. Se dice que otros mandatarios preferían el sistema de resolución de los conflictos urgentes gracias a un cajón donde resultaban los expedientes arrumbados bajo el rótulo «Prohibido abrir en tres meses». El tiempo lo cura todo. «Le monde va lui même», que afirman los liberales.
Hay que reconocer que pocos términos como el de comisiones evocan fenómenos indeseables. Así, en el mundo de la política rememora de forma inmediata la corrupción, y qué decirles de los pelotazos deportivos y otros eventos. No me refiero, sin embargo, en este artículo a las dichas comisiones, pero casi. Aludo al mecanismo que los bancos y cajas idean para detraer los magros fondos de sus clientes o hasta de terceros. De un tiempo a esta parte, las entidades financieras, ávidas de hacer lo que saben, enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno y sacarle rendimiento al dinero de los demás, encontraron el inagotable filón de sablear por todo lo imaginable o imprevisible. Te cobran por cualquier cosa y a precios abusivos, de la manera más descarada y sin justificación posible. Lo perpetran gracias al explicable silencio de las víctimas, que, cansadas de combatir contra dicho goteo, acaban tirando la toalla, por muy odiosa que sea la práctica que deben sufrir injustamente. Hace no mucho recibí un estado de mi cuenta corriente que contenía un cargo de comisión, antes desconocida. Asombrado del atropello, acudí a mi sucursal, donde me instruyeron, como quien convence a un infante, que dicha comisión se me aplicaba porque se había comunicado al Banco de España y obtenido su aprobación. Yo argumenté que serían muy libres de consultar mis comisiones y gastos con el Dalai Lama si era de su gusto, pero que nadie había negociado conmigo semejante imposición, tan legal como ilegítima. Argüí que mi depósito suponía un préstamo de dinero que, a muy bajo interés, hacía yo a favor del banco, y que cobrarme por eso constituye un atropello intolerable. Comisión de mantenimiento de una cuenta corriente, la llaman, como si el saldo no se mantuviera por sí mismo, de suerte que corriera riesgo de fuga o repentina evaporación, necesitando vigilancia extrema. Vamos, un atraco de baja intensidad que dirían ahora.
Como parecemos unos carneros mudos, las entidades, envalentonadas, se lanzan a nuevos horizontes de abuso. Hace pocos días presenté un cheque nominativo a mi favor en La Caixa y me detrajeron dos euros de la cantidad en forma de comisión por el pago en otra sucursal donde estaba domiciliada la cuenta, sita en Barcelona, lo que hacía imposible mi traslado. Si optas por la fórmula de su ingreso en cuenta, te gravan por la compensación interbancaria, cuyo propio nombre indica que los cargos de unos a favor de los otros quedan remitidas, pero de paso ambas entidades las cobran a sus clientes. Fíjense ustedes: un deudor gira orden a su banquero para que pague a su acreedor, pero le desobedece y de paso cobra un cargo insólito a un ajeno que recibe menos de lo debido. Lo increíble es que no le repercuten a su cliente, sino al ingenuo tercero, que se ve sustraído en parte de sus fondos sin razón aparente. Es como si una tienda cambiara billetes de 10 euros a 8. ¡Eureka!: logran pagar duros a tres pesetas con impunidad, y se quedan tan panchos. Por eso, un reciente informe de la Comisón Europea garantiza que las comisiones del sistema español son las segundas más caras de toda la Unión, tras Italia naturalmente. Me imagino que se acordarán los lectores del fraude que algunos piratas informáticos perpetraron redondeando los céntimos de cuentas y desviándolos a otra suya y fueron millones, mientras éstos no se contentan con menos que varios euros por operación.
Miel sobre hojuelas y sigan los hurtos. Hurtar es sustraer lo ajeno contra la voluntad de su dueño, sin que medie violencia. Por eso es acción que de ordinario se realiza furtivamente o a hurtadillas, términos que provienen del acto base. Ahora lo hacen con descaro, incluso mediante un sistema de aprobación administrativa que convierte la exacción en más sangrante. A la hora de reclamar fondos y avales públicos, sus súplicas resultan lastimeras, pero hacen oídos sordos ante las reclamaciones y frente a los que les piden préstamos muestran su insolencia. Desconocen el imperativo categórico: no hagas a los demás lo que no quisieras que te hagan a ti. Tarde o temprano lo pagarán con creces.
Ramón Durán es Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo Artículo publicado en El Comercio 25/10/2009
Parece mentira por lo absurdo de la situación, pero los ingenieros financieros de Wall Strett, aquellos que nos metieron en la crisis con la “titulación” (palabra que produce escalofríos) de las hipotecas “subprime” (¿alguien se acuerda de esto?), vuelven a la carga y, aprovechando las cercanías del Jaaalogüin, “titulizan” la muerte. De otros, por supuesto.
Si les dejasen yo creo que “titulizaban” a su familia entera: madre, padre, esposa e hijos.
Al parecer el asunto, contrariamente a lo que pudiera parecer, no es broma y en El País de hoy aparece este reportaje, en la que se habla de “Bonos de la Muerte”.
Ingeniosos, estos chavales… ¡A lo mejor, por inventar esto hasta les subieron de sueldo!.
Los 'bonos de la muerte' resucitan
Las grandes firmas de Wall Street promueven la titulización de seguros de vida - La rentabilidad es mayor cuanto antes mueren los asegurados
¿Quién dijo que el capitalismo financiero había muerto con la recesión? No sólo no ha muerto, sino que es capaz de utilizar la muerte como la principal garantía de un novedoso y controvertido producto de inversión que ya estudian las principales firmas de Wall Street.
Técnicamente se llama Life Settlement Securitizations o titulización de seguros de vida, aunque en el mercado se conocen como los bonos de la muerte. Deben ese macabro nombre a que su rentabilidad depende de que la esperanza de vida del propietario de la póliza sea corta.
Así, como suena: cuanto antes muera el asegurado, mayor es la rentabilidad del bono.Su funcionamiento es relativamente sencillo. El titular de un seguro de vida que pasa por apuros económicos o quiere disfrutar de un mejor nivel de vida tras jubilarse vende su póliza con un descuento. La compañía que lo adquiere sigue pagando la póliza hasta que su titular muera y pueda cobrar el seguro. Los bancos de inversión titulizan las pólizas adquiridas, es decir, emiten bonos cuya garantía son precisamente los seguros. El inversor recibe unos intereses periódicos por su título, que cotiza además en el mercado secundario.El valor de los títulos depende de que la esperanza de vida del titular sea modesta, porque si se alarga mucho, la rentabilidad cae por el pago de la póliza que le ha sido comprada. De esta forma, las firmas financieras buscarán para su cartera de pólizas a asegurados con enfermedades graves o de avanzada edad.
El ideal, según estudios preliminares de Goldman Sachs, es que duren menos de 10 años. Además, para minimizar la inseguridad, hay que empaquetar miles de pólizas, cuantas más, mejor.Aunque el riesgo de estos instrumentos financieros es innegable, la idea está siendo apadrinada por las grandes firmas de Wall Street, justamente las que causaron la última crisis financiera. Han constituido una asociación -Institutional Life Markets Association (ILMA)- con el fin de hacer lobby para promocionar este producto y convencer de su bondad tanto a los legisladores como a los potenciales inversores. Sus fundadores son JPMorgan Chase, Credit Suisse, Goldman Sachs, Mizuho International, WestLB y UBS.
THE TELEGRAPH: EL USO PROLONGADO DE TELÉFONOS MÓVILES PODRÍA RELACIONARSE CON LA APARICIÓN DE TUMORES CEREBRALES
Así, así, no lo dice. La verdad, es que el titular pone esto : «Mobile phone use 'linked to tumour'» que, traducido, significa algo así : el uso del teléfono móvil está relacionado con tumores.
Más adelante se aclara la noticia, matizando que un estudio -que se publicará en el "International Journal of Cancer” antes de que finalice este año- concluye que el uso a largo plazo de teléfonos móviles incrementan el riesgo de aparición de tumores en las zonas de la cabeza cercanas a los lugares en los que se apoyan los dispositivos.
La nueva investigación afirma que quienes han usado regularmente teléfonos móviles durante un plazo de 10 años tienen más probabilidades, concretamente un 40 por 100 más, de desarrollar determinados tipos de tumores denominados gliomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes.
La noticia se hace eco también de las declaraciones del profesor Lawrie Challis, que dirige el programa de Investigación de las Tecnologías móviles y la Salud (MTHR) llevado a cabo en el Reino Unido y que muestran cierto parecido a aquéllas de Sanchez Rof cuando declaró que el problema del envenenamiento masivo causado por el empleo de aceite de colza desnaturalizado era causado por un bichito pequeñito.
Expone el profesor que “la mayoría de las investigaciones han mostrado que los móviles son seguros a corto plazo. Sin embargo, «hay alguna pista de algo» que puede afectar a usuarios prolongados”.
"Prof Lawrie Challis, the chairman of the government-funded Mobile Telecommunications Health Research (MTHR) programme, said last week that most research had shown that mobiles were safe in the short term but that there was a "hint of something" for longer-term users", recoge la noticia.
Curiosamente, en Noviembre de 2006, la OMS publicó el informe “¿Qué efectos producen los teléfonos móviles en la salud de la población?” (“What effects do mobile phones have on people’s health?”), en cuyas conclusiones (último párrafo de la página 10) se recoge que el riesgo para la salud del empleo del teléfono móvil, de existir, es pequeño y que “las evidencias muestran que el uso de un teléfono móvil durante la conducción incrementan el riesgo de tener un accidente de tráfico”.
Evidence shows that the use of a mobile phone while driving translates into a significantly increased risk of a traffic accident.
Deberían poner esta frase en todos los teléfonos para advertirnos. ¡No sea que tengamos algún accidente!.
El argumento de la divertida película francesa La cena de los idiotas refleja, en miniatura, el escenario de la crisis que estamos padeciendo.
Ejecutivos elitistas se disputaban el placer de conseguir invitar a la persona que consideraban más idiota. El verdadero protagonista del film es precisamente el supuesto idiota. François Pignon es una persona poco agraciada, torpe de expresión, humilde y tímido. Sus anfitriones olvidaron que trabajaba como inspector de Hacienda y que sus preguntas iban a resultar embarazosas, creándoles situaciones incómodas que revelarían dónde radicaba la verdadera estulticia.
Trasladando la trama a los tiempos presentes, podemos imaginarnos a nuestro protagonista asistiendo a varios tipos de cena.
Primera cena. Invita un grupo de altos ejecutivos financieros. Se produce un pugilato entre los anfitriones sobre su habilidad para falsear los resultados contables y presentarlos como sanos y sólidos. Pignon pide disculpas por terciar en sus brillantes exposiciones y pregunta ingenuamente cómo se puede dar por bueno un asiento contable absolutamente falso.
Las carcajadas estallan al unísono y apenas se dignan explicarle que los organismos reguladores no se fijan en esas minucias. Añaden que si son descubiertos sus abogados sostendrán, donde proceda, que se trata de ingeniosos artificios contables producto de la creatividad e imaginación de sus privilegiadas mentes.
Segunda cena. En esta ocasión se unen a la cena ni más ni menos que el presidente del Fondo Monetario Internacional y el secretario del Tesoro estadounidense. Se vislumbraba la bancarrota de Lehman Brothers. Nuestro personaje pregunta si son ciertos los rumores y uno de los asistentes le contesta: "Mire, realmente éramos demasiado codiciosos. Por eso tenemos que controlar nuestra codicia con una regulación mejor". Casi sin voz se atreve a comentar: "Pero la codicia es un pecado, ¿por qué simplemente corregirlo?". Reconocieron que sería conveniente reconsiderar el sistema de remuneración de los altos ejecutivos. Alguno advirtió solemnemente: "Si no hay reglas globales (sobre las remuneraciones) habrá una fuga de talentos".
El buen Pignon les comentó que había leído que el FMI no goza de simpatías en los países menos desarrollados. Sus recetas son duras: saneamiento del presupuesto a expensas del gasto social. Reducción del Estado y puesta de toda su maquinaria al servicio de la deuda externa. Había oído que en algunos países facilitaron golpes militares para establecer sistemas antidemocráticos que, además de violar los derechos humanos,colocaban a responsables económicos proclives a estas tareas. De manera cortés pero tajante afirmaron que ellos nunca organizaron golpes militares. Allí terminó, por esta vez, la cena.
Tercera cena. En esta ocasión los convocantes incorporaron a la cena a algunos intelectuales de prestigio. Pignon sintió que, por primera vez, lo que estaba oyendo le resultaba sugerente. Joseph E. Stiglitz planteó si era posible atender simultáneamente a dos grandes desafíos, el cambio climático y la crisis económica, manteniendo o intentando mejorar el PIB (producto interior bruto) pero sin elevarlo a la categoría de fetiche intocable. Alguien mencionó la Tasa Tobin, y la conveniencia de un impuesto fuerte sobre las transacciones financieras. Después se enteró de que James Tobin es un economista estadounidense que lanzó ésta y otras ideas sobre impuestos a la producción armamentista. Su osadía suscitó la airada respuesta de los neoliberales, que llegaron a insinuar que se trataba de un sesgado apoyo al desarme frente al enemigo y un apoyo al tan denostado pacifismo. Les recordó que el asesor especial del secretario general de la ONU en materia de finanzas para el desarrollo, Philippe Douste-Blazy, había anunciado: "Nos enfrentamos a una crisis de ética, a un problema de cinismo del propio sistema. No podemos seguir como hasta ahora".
La intervención de Claudio Magris fue ilustrativa. "El liberalismo dice que la libertad de un individuo termina donde se inicia la del otro; los anarcocapitalistas que no se preocupan de estos límites y estas tutelas no pueden declararse liberales más de lo que lo podría ser un estalinista".
La última cena. Al parecer, sus anfitriones le habían tomado cariño y volvió a ser invitado. Aceptó no sin cierto escepticismo, pero pensó que los intelectuales habían trazado un camino posible hacia horizontes más dignos. Esta vez el tema versaba sobre los impuestos. Qué le iban a contar a él que era inspector de Hacienda. Cada vez que surgen estos desagradables temas los sectores privilegiados reaccionan airados y con un cierto desdén. El sistema está trazado y nadie conseguirá enmendarlo. Se paga por lo que se consume y se contribuye por los ingresos medios y bajos. Todo lo demás es discutible pero, según sus anfitriones, intangible.
Pignon insinuó que algunos pretenden hacer cambios basados en la razón y en la opinión de las mayorías. Si unimos la razón y la mayoría, el paso hacia el cambio es inobjetable. Entendió que quien proponga soluciones novedosas en busca de la justicia tributaria como instrumento para conseguir una mejor justicia social se convierte automáticamente en un enemigo del pueblo. Pignon siempre había recaudado conforme a las pautas que le marcaban. No se había detenido a pensar sobre la posibilidad de establecer un impuesto sobre las grandes fortunas y las exorbitantes remuneraciones de la casta de los sacerdotes que ofician, en exclusiva, en los altares del sistema financiero.
Ante la grosería y prepotencia de los argumentos de quienes justificaban sus privilegios, Pignon perdió, por primera vez, su compostura y se atrevió a decir que las multimillonarias retribuciones y jubilaciones eran injustificables e intrínsecamente perversas, tanto en épocas de cierta bonanza como en las tormentas perfectas que ellos mismo habían desencadenado con sus artificios financieros. Percibió que había despertado un movimiento de solidaridad entre los líderes que clamaban desafiantes ante lo que consideraban un despojo intolerable. Se comportaban como masas enfurecidas dispuestas a refugiarse y resistir en las barricadas de los últimos pisos de sus rascacielos. Se lo dijeron a los líderes del mundo reunidos en Pittsburgh con tal intensidad que éstos, de muy diversa ideología y origen, decidieron posponer el tema hasta que se restaurasen los equilibrios climáticos y desparecieran las turbulencias. Su triunfo era indiscutible y su impunidad estaba garantizada.
Esa noche Pignon me confesó que estaba cansado y que no pensaba asistir a ninguna otra cena. Comprendí su hastío y le agradecí su inmensa paciencia y la dignidad con la que nos había representado.
Ayer Sevach sometió su flamante vehículo monovolumen a la revisión general de los 15.000 kilómetros en el concesionario. La factura por la revisión, que llevó escasísimo tiempo a los operarios y fue poco mas allá del cambio del aceite y sustitución del agua del limpiaparabrisas, se elevó a 268 euros. El problema radica en que tal revisión a cargo del propio concesionario es la condición impuesta por el mismo para la supervivencia de la garantía del vehículo. ¿Acaso sería admisible en nuestro Ordenamiento Jurídico que nos vendiesen un frigorífico con una garantía supeditada a comprar los alimentos en determinado hipermercado?.La perplejidad de Sevach ante esta corruptela radica en su tolerancia por los conductores y cómplice pasividad de la Administración, en tiempos donde el consumidor tiene sus derechos. Veamos:
1. La venta del vehículo va acompañada de una publicidad extenuante relativa a los tres años de garantía tras su adquisición como vehículo nuevo. La letra pequeña de la garantía, que no suele examinarse cuando el comprador está deslumbrado por su vehículo flamante, dice algo parecido a que “Se supedita al sometimiento a los controles y revisiones con arreglo al Manual de Mantenimiento y Protocolo mas reciente de la Empresa”. O sea, una remisión a una especie de cheque en blanco para que el concesionario eluda sus obligaciones: Remisión a un documento interno ( y sin incorporarse nada mas comprar el vehículo a la documentación). Remisión a un documento inaccesible (¿donde está?). Remisión a un documento unilateral ( se lo guisa y come el concesionario). Remisión a un documento dinámico ( el Manual va variando en sus exigencias con el tiempo). En suma, una estipulación que hace quebrar la buena fe contractual, la seguridad jurídica y la proporcionalidad entre prestaciones y contraprestaciones.
2. En la práctica y de fondo, lo que pretenden los concesionarios es presionar a los adquirentes para que sometan sus vehículos a las revisiones en los concesionarios o talleres autorizados por ellos, ya que si no se hace así, la garantía quedará en papel mojado. Es cierto que se aprobó la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo que fija un plazo de dos años sin distingos, pero los concesionarios descubrieron un nuevo truco para replicar al comprador y burlar el espíritu de la Ley: ” De acuerdo, usted puede someter su vehículo a revisión por cualquier taller, pero eso sí, tendrá que demostrarnos que esa revisión ha cubierto todos los puntos que nosotros revisamos, que se ha realizado exactamente con el kilometraje que aconsejamos, que se utiliza nuestra marca de aceite y que se ha seguido el protocolo de nuestros talleres“. De este modo, dentro de los concesionarios sin escrúpulos podemos distinguir dos tipos. Los “reptiles” (indiferentes tanto a la garantía mínima legal, como a la garantía mas amplia pactada), que niegan la aplicación de la garantía desde el primer día si no ha pasado el vehículo la onerosa revisión en su taller autorizado, dejando al cliente sumido en la desazón. Y están los “águilas” que atienden a regañadientes los dos primeros años, pero luego se atrincheran en que no se han respetado sus criterios de revisión (técnica, materiales, repuestos, periodicidad,etc.), con lo que el cliente se queda con un palmo de narices.
3. Lo dicho constituye una práctica tristemente generalizada, en que al tiempo de comprar el vehículo se incluyen cláusulas generales (según la habilidad del abogado del concesionario de turno) y además en armonía con los fabricantes. Estamos ante un supuesto con resonancias de competencia desleal puesto que mientras las revisiones del vehículo en un taller no oficial costarían la mitad, en cambio, los concesionarios coaccionan hacia la revisión en sus talleres por el doble del importe bajo la espada de Damocles de que, si no se pasa la revisión oficial en centro autorizado por el concesionario, se perderá la garantía.
4. Si acudimos a la jurisprudencia civil, donde se resuelven los conflictos entre fabricantes y concesionarios frente a adquirentes de vehículos por defectos en los mismos, encontramos que mayoritariamente se da la razón al concesionario y se acepta como legítima la condición de las revisiones periódicas en los talleres autorizados por el concesionario. Así, por ejemplo, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 24 de Octubre del 2007 ( Rec: 689/2006):
« Partiendo de este cuerpo normativo la garantía comercial que se puede conceder por parte del vendedor, al margen o como complemento de la garantía legal, como se deduce tanto del artículo 11 de la ley de Garantía en la venta de bienes de consumo, como artículo 12 de la ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista , obliga al que presta dicha garantía, en las condiciones que se recojan en el documento de garantía siempre que respeten las condiciones y obligaciones establecidas por la ley de protección.
Es un hecho no discutido en los autos que en el manual de mantenimiento del vehículo KIA adquirido por el actor apelado, se hace constar que el comprador perderá el derecho a esa garantía comercial, si la revisión o mantenimiento del vehículo no se lleva a cabo en los talleres de la red oficial de KIA, siendo también un hecho no discutido en los autos, que el vehículo durante ese periodo de garantía convencional sus revisiones no se realizaron en un taller oficial, sino en otro distinto como es el taller neumáticos Javier, por lo tanto incumpliéndose los requisitos establecidos en el propio documento en el que se recoge esa garantía adicional o convencional . En base a este hecho debe entenderse que la avería del vehículo no puede entenderse amparada en dicha garantía, en cuanto que el propio comprador incumplió las obligaciones que se establecían para poder disfrutar de esa garantía convencional, y sin que el hecho de que se haga depender la validez y eficacia de esa garantía convencional, no de la garantía legal de dos años, de que las reparaciones se lleven a cabo en un taller oficial, no puede considerarse abusiva, en la medida que dicho requisito se justifica que en que la propia marca, y la empresa que ofrece la garantía puede exigir que esas labores de mantenimiento y de revisión se hagan en talleres que por un lado ofrecen a la marca o al garante cierta garantía a su vez, y en segundo lugar que la mayor relación de dichos talleres con la marca del vehículo garantizado puede permitir un mejor mantenimiento y revisión del vehículo, así como detectar con mayor rapidez y seguridad en su caso los problemas técnicos que puedan surgir en los vehículos.». Sin embargo, no faltan otras Audiencias Provinciales mas sensibles al problema, y que dan la razón al comprador, como el caso de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 5 de Marzo del 2008 (rec. 622/2007), en que se afirma:
« Respecto al origen de la rotura del motor el demandado opone que fue debido a la falta de las revisiones previstas en la garantía. Los términos de la garantía pactada en el contrato son los siguientes: Esta garantía no se otorgará en caso de que el comprador no pueda acreditar que ha efectuado sobre el vehículo las revisiones periódicas mínimas cada tres meses en el concesionario originario de la propia marca del bien.
En primer lugar entiende este Tribunal que los términos expuestos conculcan lo previsto en el artículo 11 de la Ley General de Consumidores y Usuarios ya que por un lado la periodicidad de revisión pactada cada tres meses no es la habitual para ninguna clase de vehículos ni siquiera para los usados, en segundo lugar no se especifican que componentes debe incluir dichas revisiones, y en tercer lugar obliga a hacerlo en el concesionario originario con recambios originales en consecuencia; pero por el contrario la vendedora si puede reparar con piezas de recambio usadas, reacondicionadas o reconstruidas, sin exigírsele recambios originales.»
China desplaza a 15.000 personas para salvar del cierre un complejo de fundiciones de metal que ha contaminado alrededor de 1.000 niños.
¿Qué es más fácil: cerrar un grupo de fundiciones de plomo responsables del envenenamiento de un millar de niños o desplazar a la población que vive en la zona? La respuesta en China es lo segundo, especialmente porque en el país asiático los intereses particulares están a menudo supeditados a los económicos o a las prioridades que fija el Gobierno.
Las autoridades han anunciado que van a obligar a abandonar sus viviendas y sus tierras a 15.000 personas, que residen en los alrededores del mayor complejo de fundiciones de plomo de China, en Jiyuan (provincia central de Henan), para que las fábricas puedan seguir funcionando.
La decisión ha sido tomada después de haber detectado que cerca de 1.000 niños en Jiyuan tienen niveles excesivos de plomo en la sangre, según el diario oficial China Daily. Algunas líneas de producción llevan casi dos meses paralizadas. Zhao Suping, alcalde de la localidad, ha cifrado en 1.000 millones de yuanes (98 millones de euros) el coste del desplazamiento de las familias, que viven en 10 pueblos en los alrededores de las plantas, entre ellas, la mayor de China, propiedad del grupo Yuguang Oro y Plomo. El 70% del traslado será sufragado por el Gobierno y las empresas, y el otro 30%, por los residentes.
"El gobierno local está intentando evitar que realicemos análisis de sangre y hagamos públicos los resultados. Sólo quiere proteger a la fábrica, que paga muchos impuestos al año", dice Huang Zhengmin, cuyo nieto de cinco años dio casi 500 microgramos de plomo por litro en las pruebas, alrededor de 50 veces el nivel aceptable en EE UU, informa Reuters. "No les importa la gente corriente. Todo el pueblo tiene que ser desalojado para dejar sitio para la planta. La contaminación sigue adelante". Una vecina llamada Li aseguró al China Daily que una de sus dos nietas ha dado 360 microgramos y la otra, 520. "Unos pocos se han hecho ricos y el pueblo está envenenado", se queja Wang Shaozhou, de 60 años, otro residente en la zona.
Las autoridades han detectado 968 niños con tasas de plomo excesivas sobre un total de 2.700 chicos menores de 14 años analizados. Niveles altos del metal pueden originar problemas de crecimiento y retraso mental.
Una vez que los afectados dejen sus hogares, las compañías alquilarán sus tierras y plantarán árboles para intentar crear una barrera natural alrededor de las fundiciones. Expertos de la Academia de Ciencias Geológicas consideran que trasladar a la gente es la opción más simple, dado que el coste de atenuar la contaminación es muy elevado. Sin embargo, se topa con la dificultad de encontrar tierras cultivables.
Fundiciones de plomo han cerrado en muchos lugares del mundo debido a los problemas medioambientales, lo que ha permitido a la industria florecer en China. Los precios del plomo se dispararon a principios del mes pasado, coincidiendo con los primeros cierres en las plantas de Jiyuan.
El caso salió a la luz en agosto después de que padres de niños con altos niveles de plomo y cadmio protestaran en una fundición de la vecina provincia de Shaanxi, propiedad del cuarto mayor productor chino de zinc, y en otro horno de la provincia de Hunan. También hay casos en la sureña Yunnan. Miles de chavales se han visto afectados, en un escándalo que ha vuelto a poner de manifiesto la amenaza para la salud y el medio ambiente de la política de crecimiento a cualquier precio impulsada por Pekín.
Para saber más sobre los efectos nocivos para la salud por contaminación con plomo, pinchar este enlace.
Los inspectores estiman en 70.000 millones de euros anuales la economía sumergida en España, teniendo en cuenta que el fraude fiscal español que reflejan diversos informes se sitúa entre el 20 y el 25 por 100 del Producto Interior Bruto español.
Con las medidas propuestas, según este colectivo, se posibilitaría recaudar más de 100.000 millones de euros en cuatro años (2010-2013), que es aproximadamente diez veces más que la subida de impuestos que ha aprobado el Gobierno, cifrada en 11.000 millones anuales, y que repercutirá en los contribuyentes que ya está pagando.
Entre las medidas que se proponen, están las siguientes:
-La reorientación de los efectivos de la inspección desde el sector inmobiliario, donde se encuentra el 40% del personal, hasta sectores en donde está instalada la economía sumergida y el fraude organizado.
-Tipificar como infracción el ofrecimiento de servicios sin factura o sin incluir el IVA.
-Aumentar las sanciones por no aportar información.
-Elevar de cuatro a seis años la pena de prisión por delito fiscal. Aumentar de cinco a diez años el plazo de prescripción del mismo.
-Crear una policía fiscal contra el fraude organizado.
-Fijar un gravamen del 24% sobre movimientos de fondos con paraísos fiscales, prohibiéndose que la banca mantenga filiales en dichos territorios. A su vez, no reconocer personalidad jurídica a las sociedades constituidas en paraísos fiscales para intervenir en el comercio español.
-Reconocer la competencia inspectora de la Agencia Tributaria sobre las SICAV, actualmente en manos de la CNMV.
-Acortar los plazos previstos para recuperar deuda pendiente de pago.
-Desarrollar un plan especial de facturas falsas y testaferros contra la economía sumergida.
-Fijar una declaración sobre bienes, derechos y deudas, a presentar junto con la del IRPF, que compense los efectos de la supresión del impuesto sobre el patrimonio.
-Reforzar la figura de la denuncia pública.
-Reconocer la inmediata ejecutividad de las infracciones muy graves, para acelerar su cobro.
-Aprobar un régimen especial para determinados defraudadores que permita prohibirles operar con la banca cuando se declaran insolventes y tienen deudas con Hacienda.
Sin duda es necesario adoptar todas las medidas para que los que no paguen sus tributos, se vean obligados a ello y que los que hayan cometido alguna infracción sean sancionados y no investidos con mantos de impunidad legal y social.
Con ello no sólo se incrementan los ingresos a corto plazo sino que también se incrementaría la seguridad de que el sistema fiscal es serio, justo y equitativo, no dando la sensación de que el que paga impuestos en este país… es que no tiene modo de escabullirse.
Así se desprende del informe presentado por el Banco de España en el que analiza las reclamaciones de los usuarios de los servicios bancarios presentadas ante dicha entidad.
También experimentaron un fuerte incremento, por encima del 110%, las consultas recibidas a través del teléfono, con 21.706 llamadas, y por escrito (3.129), fundamentalmente por vía telemática.
Durante el período analizado, continuaron aumentando las incidencias relacionadas con operaciones de préstamos y créditos (31,9% del total), perdiendo peso relativo las relativas a cuentas a la vista y depósitos a plazo (20,6%), mantuviéndose más o menos estables las reclamaciones relacionadas con tarjetas de crédito y débito (16,8%).
Entre las cuestiones más reclamadas cabe destacar la disconformidad con las condiciones aplicadas en la contratación, formalización y liquidación de préstamos y créditos y en la revisión del tipo de interés en los préstamos hipotecarios a interés variable.
Las reclamaciones sobre depósitos se concentraron en discrepancias con apuntes en cuenta y con la liquidación de intereses en los depósitos a plazo.
En el primer semestre de 2009, un 20% de las reclamaciones resueltas finalizaron con la emisión de un informe motivado. En un 8% de los casos, el Servicio de Reclamaciones no pudo emitir un informe por ser competencia de otras instancias el asunto reclamado y en un 14% por allanamiento previo de la entidad o desistimiento del reclamante.
Además, un 16,6% de los escritos tramitados fueron trasladados a otros organismos por razón de la materia a la que se referían y un 37,6% de las reclamaciones no pudieron ser admitidas a trámite por falta de documentación o por no cumplirse el requisito previo de acudir al Servicio de Atención al Cliente o al Defensor del Cliente de la entidad reclamada.
Durante el primer semestre de 2009, los usuarios recuperaron 2.467.192,24 euros como consecuencia de los allanamientos y rectificaciones de las entidades.
El informe recoge un desglose por entidades de los informes favorables y desfavorables, así como algunos de los criterios aplicados para su resolución.
Jesús, casi invidente, estaba ya preparado para ser operado de una catarata en el único ojo en el que conservaba algo de visión. De repente, le comunicaron que se vistiese ya que la aseguradora -SANITAS- no autorizaba la operación al no haber sido devuelto por el banco el último recibo cuya cuantía ascendía a 166,44 euros.
