Cláusulas penales en contratos civiles y
mercantiles. Facultades moderadoras de los Tribunales
Jurisprudencia
sobre las cláusulas penales en contratos
civiles y mercantiles
Finalidad de la cláusula penal
La cláusula penal del contrato puede tener tanto una función
resarcitoria o reparadora o puramente penal, siendo en este último caso una
pena adicional a la indemnización de daños y perjuicios.
“En función de cómo se configure por las
partes la cláusula penal puede tener una función resarcitoria o reparadora del
daño que ha causado al acreedor el incumplimiento de la obligación por el
deudor o el cumplimiento irregular, con lo que la cláusula viene a sustituir a
la indemnización de daños y perjuicios, con fundamento en el artículo 1101 CC ,
o bien puramente punitiva desligada de todo propósito resarcitorio.
En este caso, pena cumulativa, se trataría
de una prestación adicional del deudor que se suma a la propia indemnización de
daños y perjuicios que ampara el artículo 1101 CC”
La cláusula penal
acumulativa debe pactarse expresamente
“Para que concurra esta modalidad,
cláusula penal cumulativa, será preciso, por no presumirse su regulación en el
código civil español, que haya sido convenida”
Las cláusulas penales con finalidad punitiva
o coercitiva no están permitidas en los contratos con consumidores.
“No cabe duda de
que, como regla, y salvo en condiciones generales de la contratación entre
empresarios y consumidores o usuarios (art. 85.6 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios ), nuestro Derecho permite las cláusulas
penales con función coercitiva, sancionadora o punitiva: no sólo de liquidación
anticipada de los daños y perjuicios que puedan causar los incumplimientos
contractuales por ellas contemplados. Se permiten incluso en el artículo 1152.I CC («si otra cosa no se hubiere pactado») las penas que no sustituyen, sino que
se acumulan a la indemnización de daños y perjuicios [por todas, STS 197/2016,de 30 de marzo (Rec.2303/2013 )].
Tipología de facultades moderadoras
Se distinguen dos
clases de facultades moderadoras:
a) En caso de
incumplimiento parcial o irregular de la obligación para cuyo incumplimiento
total se hubiese establecido la pena, aplicando el art. 1154 CC ("El Juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación
principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor"), y
b) En caso de que la cuantía de la pena sea
desproporcionada en relación al daño previsible por incumplimiento, aplicando
el art. 1255 CC ("Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones
que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes,
a la moral, ni al orden público").
Facultades moderadoras en aplicación del art.
1154 CC
“Como recoge la reciente sentencia de 25de enero de 2017, recurso número 1471/2014, tiene declarado la Sala , entre
otras muchas, en la sentencia 366/2015, de 18 de junio (rec. 1429/2013 ), con
cita de la sentencia 8 /2014, de 21 de febrero (rec. 406/2013 ), que el mandato
del artículo 1154 C.C está condicionado a la concurrencia del supuesto en él
previsto, esto es, a que la obligación principal hubiera sido en parte o
irregularmente cumplida por el deudor; por lo que:
«En los demás casos la jurisprudencia -
sentencias 585/2006, de 14 de junio 170/2010, de 31 de marzo , 470/2010, de 2
de julio , entre otras-, respetando la potencialidad creadora de los
contratantes - artículo 1255 del Código Civil - y el efecto vinculante de la "lex privata" - artículo
1091 deI Código Civil : "pacta sunt
servanda" rechaza la moderación cuando la pena
hubiera sido prevista, precisamente, para sancionar el incumplimiento -total o,
incluso, parcial o deficiente de la prestación- que se hubiera producido.
La sentencia 585/2006, de 14 de junio ,
recordó que es doctrina constante de esta Sala que cuando la cláusula penal
está establecida para un determinado incumplimiento, aunque fuera parcial o
irregular, no puede aplicarse la facultad moderadora del artículo 1154 del
Código Civil si se produce exactamente la infracción prevista; o por decirlo
con otras palabras, que la moderación procede cuando se hubiera cumplido en
parte o irregularmente la obligación para cuyo incumplimiento total la pena se
estableció, de modo que, como afirma la doctrina, la finalidad del repetido
artículo no reside en resolver la cuestión de si se debe rebajar
equitativamente la pena por resultar excesivamente elevada, sino en interpretar
que las partes, al pactar la pena, pensaron en un incumplimiento distinto del
producido -sobre ello, las sentencias 962/2008, de 15 de octubre , 211/2009, de
26 de marzo 384/2009 de 1 de junio y 170/2010, de 31 de marzo , entre otras-.
Esta doctrina ha sido recogida también en las SSTS de Pleno de 15 de abril de
2014, rec. nº 2274/2012 , y 21 de abril de 2014, rec. n° 1228/2012”.
Facultades moderadoras en aplicación del art.
1255 CC
“No
obstante, es claro para esta sala que dicha posibilidad de estipular cláusulas
penales con función punitiva está sujeta a los límites generales de la
autonomía privada que el artículo 1255CC establece:
pueden considerarse contrarias a la moral o al orden público las penas
convencionales cuya cuantía exceda extraordinariamente la de los daños y
perjuicios que, al tiempo de la celebración del contrato, pudo razonablemente
preverse que se derivarían del incumplimiento contemplado en la cláusula penal
correspondiente. No sólo las cláusulas penales «opresivas», intolerablemente
limitadoras de la libertad de actuación del obligado [como en el caso que
contempló la STS
26/2013, de 5 de febrero (Rec. 1440/2010 )], o las «usurarias», aceptadas
por el obligado a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo
limitado de sus facultades mentales; sino también aquéllas en las que el
referido exceso de la cuantía pactada de la pena sobre el daño previsible no
encuentre justificación aceptable en el objetivo de disuadir de modo
proporcionado el incumplimiento que la cláusula contempla; en atención sobre
todo a la gravedad del mismo y al beneficio o utilidad que hubiera podido
preverse, al tiempo de contratar, que reportaría al deudor incumplidor. Un
ordenamiento jurídico que contiene una prohibición como la del artículo 1859CC no puede no
tener límite alguno de proporcionalidad a la libertad de los contratantes de
estipular penas privadas.
Para
ese último tipo de cláusulas, con
penalidades desproporcionadas en el sentido descrito, esta sala expresa su
disposición a admitir la reducción judicial conservadora de su validez; que,
como es evidente, ninguna relación tiene
con lo dispuesto en el artículo 1154CC , por lo
que no se opone a nuestra actual jurisprudencia sobre en qué casos cabe, y en
cuáles no, la moderación judicial de la pena que dicha norma contempla.
Naturalmente,
la carga de alegar y de probar (si no es evidente) que la penalidad era, desde
la perspectiva ex ante considerada, extraordinariamente excesiva,
corresponderá al contratante que se oponga a que la cláusula penal le sea
aplicada en los términos pactados ( art.
217.3LEC
)."
Cantidades entregadas a cuenta por el comprador de una
vivienda en construcción. El banco que suscribió el aval colectivo con el
promotor responde, aunque no se hayan
emitido avales individuales siendo indiferente que el aval colectivo se haya
suscrito con posterioridad a la fecha de compraventa de vivienda.
En esta sentencia el Tribunal Supremo recuerda que ya existe jurisprudencia consolidada (sentencias de
Pleno 322/2015, de 23 de septiembre,272/2016, de 22 de abril y 626/2016,
de 24 de octubre) en la que se reconocía
que, aunque no existan avales individuales a favor de cada uno
de los compradores de una vivienda en construcción que garanticen las entregas
anticipadas que estos efectúen, ello no impide que la obligación de restituir las
mismas con los intereses correspondientes sea exigible si existe una póliza o línea
de avales colectiva, debiendo responder de ello la entidad avalista en caso del incumplimiento
de la obligación de entrega de vivienda por parte del promotor.
Así, el Tribunal expone que en estos casos “al concertar el seguro o aval colectivo con la promotora y la
percepción de las correspondientes primas, la entidad aseguradora o avalista
pasaba a cubrir la eventualidad garantizada, que era la obligación de
restitución de las cantidades percibidas, junto con los intereses previstos en
la norma legal, referidas a la promoción o construcción a la que se refería la
garantía” ; de otra parte, también estima que “la emisión
de los correspondientes certificados o avales individuales, por la entidad
aseguradora o avalista, a favor de cada uno de los compradores, legitima a éstos para hacer efectivo el aval por vía ejecutiva, conforme alart. 3 Ley
57/1968” ; y, asimismo, afirma que “la ausencia de los correspondientes avales
individuales no impide que la obligación de restituir las cantidades
entregadas, con sus intereses, quede cubierta a favor de los compradores que
han concertado un contrato de compraventa y entregado esas cantidades a cuenta,
al amparo de la existencia de la póliza colectiva”.
También resulta indiferente que
la línea colectiva de avales ("aval colectivo") suscrita entre el promotor y el banco para
garantizar las cantidades adelantadas por los compradores haya sido suscrita
con posterioridad a la fecha de celebración del contrato de compraventa, ya que
“bajo el principio tuitivo que conduce la interpretación y aplicación de la Ley
57/1968, la entidad bancaria que concertó la línea de avales debía conocer, o
estaba en condiciones de hacerlo, los contratos de compraventa privada que ya
se habían concertado, en garantía de cuyos pagos anticipados realizados por sus
compradores se concertó la línea de avales, para emitir los correspondientes
avales individualizados. Esto es, la entidad bancaria asumía una
corresponsabilidad con el promotor de garantizar la eventual devolución de las
cantidades entregadas a cuenta por los compradores, en caso de incumplimiento
de la obligación del promotor. En virtud de la cual no se admite que, en
perjuicio del comprador al que no se le llegó a entregar el aval
individualizado por parte del promotor, que no lo requirió al banco, este pueda
escudarse en la ausencia del aval individualizado para eximirse de
responsabilidad y que los compradores queden privados de la protección prevista
en la Ley 57/1968”.
Si en una cosa somos campeones en Gijón es en tirar el dinero en obras inútiles y en demoler y deteriorar edificios públicos.
Ejemplo de ello son las obras de ampliación del Puerto del Musel (más de 800 millones de euros, sobrecostes e IVA incluídos) , objeto de enjuiciamiento penal en la Audiencia Nacional; las obras del Metrotren (más de 137 millones de euros) cuyo túnel de casi 4 kilómetros está abandonado a su suerte ; la demolición del edificio de la Escuela de Peritos, edificio de cierto valor arquitectónico y sentimental para miles de gijoneses para convertir el espacio que ocupaba en un solar o la de la estación conjunta de FEVE y RENFE, también convertido en un gran solar, conocido como "el solarón", que está a la espera -infructuosa hasta el momento- de alguna promotora que construya los edificios necesarios para financiar una nueva y moderna estación de tren y autobuses (me acuerdo, aquí, del cuento de La Lechera).
Hace años que el edificio que ocupaban los Juzgados de Gijón en la calle Prendes Pando quedó vacio. No se atrevieron, todavía, a demolerlo y sigue deteriorándose, ya que está sin uso y sin apenas mantemiento.
Afortunadamente, alguien se acuerda de este edificio y reclama su uso para fines sociales. Esta es la noticia que se publicó en El Comercio.
Podemos sostiene que los juzgados de Prendes Pando «están para entrar ya»
El diputado Enrique López y el arquitecto Vicente Díez Faixat
apremian para ocuparlos con usos sociales según el modelo de La
Madreña de Oviedo
M. MORO
GIJÓN
«Los antiguos juzgados de Prendes Pando están en un estado
sorprendentemente bueno y están prácticamente para poder entrar ya». El
apunte es del arquitecto gijonés Vicente Díez Faixat, que ayer visitó el
céntrico edificio como parte de una delegación del Círculo Cultural de
Podemos en Gijón, en la que también estaba el concejal Orlando Fernández
y el diputado regional Enrique López.
Faixat destacó que el inmueble, que el Principado sacó a
subasta sin éxito por 10,2 millones de euros, «casi se podría usar tal y
como está, con una utilización provisional, para que no se deteriore
más, porque el tiempo juega en contra». Bajo su punto de vista de
técnico, salvo un problema de humedades en la planta superior, en la
zona colindante con la terraza, «los desperfectos son anecdóticos y está
todo en perfectas condiciones». Todo ello en un edificio que ocupa más
de 10.000 metros cuadrados en pleno centro y lleva cerrado más de cuatro
años.
Hecha la visita al interior, el diputado regional de Podemos
Enrique López apremió a darle una utilización social a los viejos
juzgados «para que no acaben malvendidos por el Principado y siendo
pasto de la especulación urbanística, que está esperando que las
instalaciones salgan a subasta a un precio de ganga».
«Planteamos un rescate ciudadano de un bien público que
puede dar mucho juego a la ciudad de Gijón y Asturias, a movimientos
sociales, asociaciones ciudadanas, y a la sociedad civil organizada»,
remarcó López, quien anunció que su formación política va a pulsar el
sentir de la ciudad, en especial del tejido social asociativo, para
explorar los posibles usos del inmueble.
López explicó que la idea es que Principado y Ayuntamiento
den vía libre para poder implantar algo parecido a lo que funcionaba en
La Madreña, las desaparecidas instalaciones de Oviedo. Un modelo que
está en boga en ciudades europeas punteras como Berlín o Amsterdam donde
los jóvenes pueden encontrar un lugar para dormir por la noche, pero
también se imparten talleres o cursos y se pueden celebrar reuniones
vecinales.
Díez Faixat reconoció tras la inspección que el inmueble no
está adaptado a las últimas normativas y que la accesibilidad «deja
mucho que desear». No obstante, en este último caso, existe otro acceso
que usaban los jueces y que en su opinión se podría utilizar. Señaló
también que la distribución interior facilita la reconversión en
pequeñas oficinas e insistió en que el edificio se presta a usarse «en
precario».
Oviedo es una de las ciudades más
contaminadas del país y la primera del Norte, según constata un estudio
del Instituto Carlos III de Salud. La capital asturiana encabeza el
ranking de concentración de partículas en suspensión de diámetro
inferior a 10 micras (PM10), que mataron entre 2000 y 2009 a 4.136
personas. El número de fallecimientos atribuibles a la polución es
claramente mayor, ya que la investigación no analiza ni Avilés ni Gijón,
los dos puntos negros de la región. "Si los datos ya son muy malos en
Oviedo, que es el punto menos contaminado por partículas, imagínate el
resto de concejos", afirma Fructuoso Pontigo, portavoz de la
Coordinadora Ecologista de Asturias. Pontigo indica que el estudio
"constata lo que llevamos denunciando años: Asturias tiene un grave
problema de salud".
La investigación, publicada en la
revista "Environmental Pollution", recuerda que, de acuerdo con los
datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la contaminación
atmosférica en las ciudades y zonas rurales de todo el mundo provoca
cada año 3 millones de defunciones, de las cuales 7.000 tienen lugar en
España. Esta mortalidad se debe fundamentalmente a la exposición de
micropartículas (PM10 y PM2,5), que causan cáncer, cardiopatías,
neumopatías y tienen efectos negativos sobre la diabetes y el desarrollo
neuronal de los niños. Incluso se le relaciona con la muerte fetal. Los
científicos del Departamento de Epidemiología y Bioestadística de la
Escuela Nacional de Salud Pública del Instituto Carlos III de Salud
aseguran que mediante la disminución de estas partículas es posible
reducir un 15% el número de defunciones relacionadas con la
contaminación del aire.
Según el trabajo, Oviedo es la segunda
ciudad del país, después de Santa Cruz de Tenerife, con mayor presencia
de micropartículas: una media de 48,2 microgramos por metro cúbico, con
máximos de 137. Además es la que más días (un 44,4%) supera el límite de
emisiones establecido por la Organización Mundial de la Salud. En la
polución por dióxido de nitrógeno, asociada al tráfico, Asturias aparece
en los primeros puestos: el sexto de España con niveles de 45
microgramos por metro cúbico. La diferencia con Madrid es mínima, de
14,4 puntos, si se tiene en cuenta que la capital de España multiplica
en circulación de vehículos a la del Principado. El dióxido de nitrógeno
está vinculado a la mortalidad en un mayor número de capitales de
provincia (17 de las estudiadas) que las partículas PM10 (14). Esto
significa, dicen los investigadores, que las micropartículas no son el
principal contaminante asociado a la muerte.
Sin embargo, en
Oviedo y San Sebastián sucede lo contrario: "Es donde las causas de
muerte natural son más atribuibles a la contaminación por partículas",
expresan los autores del estudio. Entre 2000 y 2009, fallecieron en
España por la polución 28.897 personas, contabilizando las causas
naturales, respiratorias y circulatorias. De ese total, 4.136 fueron
asturianas: 2.963 por causas naturales y 1.173 por problemas
circulatorios.
Los autores del estudio, los médicos Cristina
Ortiz, Cristina Linares, Rocío Carmona y Julio Díaz, pretendían
cuantificar la mortalidad diaria asociada con la contaminación de
partículas en suspensión (PM) en las comunidades autónomas. Para ello,
calcularon la mortalidad diaria por causas naturales, por problemas
circulatorios y causas respiratorias para cada provincia (52) en el
período 2000-2009 y midieron las concentraciones medias diarias de
partículas de 10 microgramos de diámetro (PM10), dióxido de nitrógeno
(NO2) y Ozono (O3). Los investigadores concluyen que las
administraciones de las comunidades con niveles de partículas elevados,
como Asturias, deben poner en marcha medidas urgentes para rebajarlos.
Pesa a que , la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, en sus siglas en inglés), dependiente de la OMS y encargada de revisar qué sustancias ocasionan esta enfermedad ya señaló en su estudio publicado en octubre de 2013 "Outdoor air pollution a leading environmental cause of cancer deaths"que en 2010 se produjeron 223.000 muertes por cáncer de pulmón en
todo el mundo atribuibles a la contaminación del aire causada por el transporte, la producción de energía, las emisiones industriales y agrícolas y la calefacción residencial , en Asturias se niega lo evidente.
Nuestro Consejero de Sanidad, Francisco del Busto, médico de profesión, en una delirante intervención en la Junta General del Principado ha negado la vinculación entre la alta tasa de cáncer de pulmón que sufre Asturias con las altas tasas de contaminación aérea que padecen sus principales ciudades. Para mayor perplejidad, dicha negativa la fundamenta en la necesidad de ser "serio y riguroso" y de no "guiarse por intuiciones" afirmando desconocer que exista un estudio científico "con la
suficiente profundidad para afirmar categóricamente que la contaminación
que existió o existe haya sido un factor determinante en la generación
de cáncer de pulmón".
¿Puede seguir, este señor, un día más al frente de la que se denomina Consejería de Sanidad?
Sanidad reitera que la relación entre contaminación y cáncer en Asturias no está demostrada
La central térmica de Soto de Ribera. /
Eloy Alonso
El consejero ha defendido la necesidad de ser «serio y riguroso» y de no «guiarse por intuiciones»
El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, ha reiterado
hoy en el pleno de la Junta General que no está acreditado que los
niveles actuales de contaminación y los registrados en las pasadas
décadas en Asturias tengan una relación "causa-efecto" con la
prevalencia del cáncer de pulmón en el Principado.
Del Busto, que ya se manifestó en el mismo sentido la pasada
semana en su respuesta a una pregunta de Podemos, ha insistido además
en que, por el contrario, sí está científicamente demostrada la
incidencia de los niveles de polución sobre la salud y, en concreto,
sobre las afecciones respiratorias.
El consejero ha defendido la necesidad de ser "serio y
riguroso" y de no "guiarse por intuiciones" y ha afirmado desconocer que
exista un estudio científico "con la suficiente profundidad para
afirmar categóricamente que la contaminación que existió o existe haya
sido un factor determinante en la generación de cáncer de pulmón".
Del Busto ha respondido así a una pregunta formulada por el
portavoz de IU, Gaspar Llamazares, que ha señalado que el informe en el
que se basaba Del Busto no excluía "en ningún caso" que la contaminación
tuviera efecto sobre el desarrollo del cáncer dado que se trataba de un
análisis relativo a la atención primaria y las urgencias.
Además, ha asegurado que sí existen informes recientes de la
Universidad de Oviedo que vinculan las zonas más contaminadas con la
incidencia del cáncer y ha subrayado que el problema no es "el
negacionismo" del consejero sino negar esta circunstancia para no
adoptar medidas.
A su juicio, los datos de que se disponen son suficientes
para que se adopten medidas medioambientales para reducir la polución
tanto en el ámbito del tráfico rodado y de las emisiones contaminantes
de la industria como en el sanitario.
"El pan blanco es uno de los principales problemas que tenemos en España. Cuando ya se tiene sobrepeso, es una bomba"
Es
uno de los cerebros del mayor proyecto científico sobre dieta
mediterránea, sus efectos en la salud y en la obesidad, la gran pandemia
del siglo XXI. Este catedrático de la Universidad de Navarra, profesor
visitante en Harvard, explica cómo lograr una sociedad más sana y alerta
sobre las tácticas agresivas de algunas empresas alimentarias.
SE TARDA MENOS de dos minutos en darse cuenta de que el doctor Miguel Ángel Martínez-González
predica con el ejemplo. Sube a pie las escaleras de la facultad hasta
el segundo piso en el que imparte una clase de bioestadística a futuros
médicos, toma el café sin azúcar y, en un menú de restaurante que ofrece
como alternativa lentejas, pasta y carne, elige sin dudar las
legumbres. Lleva más de dos décadas buscando evidencia científica que
apoye las bondades atribuidas por la tradición a la dieta mediterránea.
Este catedrático de Salud Pública de la Universidad de Navarra, y
desde junio también catedrático visitante de Harvard, es uno de los
cerebros del ensayo Predimed,
el más amplio realizado hasta ahora sobre los efectos de la dieta
originaria del sur de Europa: el seguimiento de una cohorte integrada
por 7.500 participantes reclutados en toda España durante una década ha
demostrado que esta reduce en un 66% los problemas circulatorios, en un 30% los infartos e ictus y en un 68% el riesgo de cáncer de mama.
En el pasillo que hay junto a su despacho del campus en Pamplona,
donde se desarrolla la entrevista, cuelgan de un corcho los trabajos
que su departamento ha publicado recientemente en revistas científicas.
“Es el muro de la autoestima”, bromea. El doctor malagueño, de 59 años,
colabora en diversas investigaciones desde los noventa con la Escuela de
Salud Pública de Harvard, referencia mundial en nutrición. De allí tomó
la inspiración, y los conocimientos, para contribuir a crear no solo el
proyecto Predimed –sus hallazgos
ya se incluyen en las guías nutricionales oficiales de Estados Unidos–,
sino también el SUN, un programa en el que más de 22.000 personas, el
50% de ellas profesionales sanitarios, han puesto a disposición de los
investigadores –de forma continuada desde 1999– datos sobre su salud y
estilo de vida que han servido para decenas de trabajos de
investigación. También ha comenzado recientemente otro proyecto,
Predimed Plus, que persigue demostrar a través del seguimiento de casi
7.000 pacientes obesos durante cuatro años que con la dieta mediterránea
mejorarán su dieta, incrementarán su actividad física y perderán peso.
Ya es un hecho científico: la dieta mediterránea es saludable. Entonces, ¿por qué hay tanto sobrepeso en España?
Mucha gente dice que conoce y sigue la dieta mediterránea. Pero la
realidad es que las generaciones jóvenes han incorporado la
norteamericana. Se come demasiada carne roja y procesada.
No quiero decir que tengamos que hacernos vegetarianos. Pero la
evidencia científica indica que, a medida que se aumenta el porcentaje
de proteínas vegetales sobre las animales, se reduce brutalmente la
mortalidad cardiovascular y por cáncer. La dieta mediterránea, sobre
todo el consumo de aceite de oliva virgen extra, frutos secos, frutas,
verduras y legumbres, es la mejor opción. Después, mejor comer pescado
que carne y, esta, preferentemente de ave o conejo. También conviene
reducir el consumo de azúcar y sal, y llevar una vida menos sedentaria.
Usar más las escaleras y menos el ascensor.
¿Por qué a la gente le cuesta tanto adelgazar?
Primero, porque hay que tener mucha fuerza de voluntad para perder kilos
y no volverlos a recuperar. Pero es que, además, cierta industria
alimentaria ejerce gran presión para poner muchos alimentos a nuestra
disposición a todas horas, a un coste muy barato y en grandes
cantidades. ¿Qué es lo que está más al alcance en las estanterías de los
supermercados? Alimentos ultraprocesados, con gran densidad energética
porque les han metido mucha grasa, azúcar y sal, a veces en contra de la
naturaleza del producto, como pasa con el kétchup. ¿Qué tendrá que ver
la salsa de tomate con él? Y se vende y consume en cantidades
industriales. Además, las raciones grandes y baratas hinchan a la gente.
Vivimos en una cultura de sobrealimentación. Deberían hacerse más
fáciles las opciones más sanas.
Vanessa Montero
Por mucho que la industria quiera tentarla, la gente sabe que todo eso muy sano no puede ser. Nadie les obliga a comerlo.
La mayor parte de las elecciones que hacemos no son muy racionales. El
economista Richard H. Thaler, un referente en la teoría de las finanzas
conductuales, y Cass R. Sunstein, otro experto en economía conductual,
lo explican muy bien en uno de mis libros favoritos, Un pequeño empujón
(Taurus). La gente suele optar por la decisión más fácil, y hay cierta
industria que le da ese pequeño empujoncito. Por eso creo que hay que
poner fácil lo saludable, dar pistas de qué se debe elegir para comer
bien. Son estrategias de salud pública para construir una sociedad más
sana. De tal manera que, por defecto, te ofrezcan pan integral. El
refresco, sin azúcar. Thaler y Sunstein lo llaman paternalismo
libertario. La gente debe ser libre para elegir, pero creo que hay que
informar y proteger contra elecciones que no se piensan mucho y que son
dañinas. Sin forzar. Esto es lo que enseño en medicina preventiva.
El Gobierno acaba de anunciar la creación de una tasa que penaliza el consumo de bebidas carbonatadas. ¿Qué le parece?
Soy partidario de que se subvencionen el aceite de oliva virgen extra,
las frutas y las verduras a base de gravar el consumo de carne roja y
procesada, comida basura y bebidas azucaradas. Así se lanza un mensaje
claro de qué es sano y qué no.
Hablaba antes del pan. ¿Es dieta mediterránea?
Hemos
debatido mucho en torno a este tema. La conclusión a la que hemos
llegado es que el pan blanco es uno de los problemas más graves que
tenemos en España. La gran mayoría lo consume y, además, se hincha.
Conviene saber que es fundamentalmente un almidón, y nuestro cuerpo es
supereficiente transformando el almidón en azúcar. Es como tomar
glucosa. Basta con poner un poco de miga en la boca, enseguida sabe
dulce. ¿Y por qué se molesta la industria en quitar el grano entero?
Porque las harinas refinadas aguantan mejor. Son muy útiles
comercialmente, pero les quitan la parte más nutritiva y que permite que
se absorban los azúcares más lentamente. Le estamos dando a la gente,
con el pan blanco, un combustible de rápida absorción. Y eso,
especialmente cuando ya se tiene sobrepeso, cierta resistencia a la
insulina, es una bomba. Habría que consumir menos y, preferiblemente,
integral.
Proliferan ahora los libros sobre las diversas teorías de qué
alimentos engordan más o menos. Que si las grasas no son tan malas como
se pensaba y el azúcar es la razón de la epidemia de obesidad y
diabetes… ¿Qué es peor, el azúcar o las grasas?
El azúcar es un
gran problema. Se añade en grandes cantidades a los refrescos, zumos y
productos envasados. Los niños se acostumbran a esos sabores extradulces
y, claro, luego no quieren comerse una pera. Pero, por otra parte, está
demostrado que la grasa saturada tiene un efecto negativo sobre la
enfermedad cardiovascular. Tanto las grasas como el azúcar pueden ser
problemáticos.
La industria dice que no hay que demonizar alimentos, que hay que comer de todo.
No se ha demostrado científicamente que comer una amplia variedad de
alimentos sea mejor que restringir algunos. Pero, al productor de carne
de vacuno, ¿qué le va a interesar decir? Pues que no hay que demonizar
ningún alimento. La industria tiene muchos más recursos que las autoridades de salud
pública para lanzar estos mensajes. Ha pasado antes. Algunas empresas de
alimentación han usado tácticas similares a las que usó la industria
tabacalera. Como pagar a científicos para que dijeran que el tabaco no
perjudicaba la salud tanto como se creía. Se llegó a decir que los
cánceres de pulmón incipientes producían el deseo de fumar para calmar
el dolor. También se ha empleado dinero para desprestigiar a los
epidemiólogos que trabajamos en nutrición.
¿Comparar la industria alimentaria con la del tabaco no es un poco desproporcionado?
Hace dos años se publicó un informe en PLoS Medicine con los documentos internos
de la industria del azúcar de los años cincuenta y sesenta. Allí se
constata que se sabía perfectamente que era la causa de la caries
dental. En aquellos documentos internos se detalla cómo pagaron a
científicos para que sembraran la duda sobre todo lo que pudiera
perjudicarlos. Los expertos en marketing que aconsejaban a las
empresas azucareras fueron contratados después por las del tabaco, que
imitaron estas estrategias. Por otra parte, sí es destacable que en los
últimos años ha habido movimientos responsables dentro de la propia
industria alimentaria para retirar las grasas trans [las más dañinas] de sus productos, usar edulcorantes que no sean calóricos y reducir el contenido de sal.
Vanessa Montero
¿Usted ha aceptado dinero de la industria?
En
dos ocasiones. La primera, en un momento en que nos negaron todos los
fondos y la cohorte SUN dedicada al estudio de hábitos alimentarios
corrió peligro de desaparecer. Aceptamos una oferta de Danone para ver
los efectos metabólicos del yogur sobre la obesidad. Fueron unos 40.000
euros en 2013. Concluimos que el consumo de yogur reducía el riesgo de
obesidad, pero también dijimos que el consumo de fruta lo reducía aún
más. Después de publicar el estudio acabamos nuestra colaboración con
ellos y les pedí que no me llamaran más.
¿Si publicó lo que quiso, por qué rechazarlos?
Es
una presión muy sutil. Me invitaron a que fuera a un simposio en Boston
para hablar de nuestros descubrimientos con el yogur. No me gusta
aparecer en un congreso de la mano de una industria concreta. Considero
que es mejor para todos que los investigadores sean independientes.
¿No ha recibido dinero de los productores de aceite de oliva?
No. La segunda ocasión fue el Consejo Internacional de Frutos Secos
quien nos pagó. Participamos en una convocatoria pública competitiva
para financiar Predimed Plus porque repartíamos frutos secos entre los
participantes. Obtuvimos un proyecto de 50.000 euros para dos años,
menos del 3% del dinero que recibimos durante esa época. Ahora, la
totalidad de nuestra financiación es pública: fondos estadounidenses,
españoles y europeos.
Hay investigadores que aceptan dinero de la industria.
Es un tema delicado. En 2013, nuestro trabajo publicado en PLoS Medicine concluía
que era cinco veces más probable que los estudios realizados con
financiación de cierta industria concluyeran a favor de esas empresas.
También es interesante contrastar cualquier estudio que haya recibido
dinero de compañías de alimentación con otros independientes y
compararlos. No se puede fiar uno solo de investigaciones financiadas
por los interesados. No se puede ser juez y parte. Otra posibilidad
sería que la industria aportara ese capital a un fondo anónimo y que no
tuviera capacidad para decidir qué proyectos se van a financiar. Por
otro lado, las agencias públicas tendrían que incrementar sus
inversiones en epidemiología nutricional. La alimentación interesa a
toda la población.
La obesidad es ya una epidemia de alcance global.
Es
la gran pandemia del siglo XXI, y va a provocar el hecho insólito de
que en las sociedades desarrolladas retrocedamos en expectativa de vida.
En Estados Unidos acabamos de saber que ya ha pasado. Un macroestudio
reciente realizado en Israel muestra que incluso la gente cuyo peso está
dentro de la normalidad, pero en la parte alta, rozando el sobrepeso,
sin ser aún obesos, tiene un mayor riesgo
de mortalidad cardiovascular. La OMS asocia la obesidad con 15 tipos de
cánceres. Eso tiene un impacto en la calidad de vida. Por eso estamos
haciendo el ensayo Predimed Plus, para ver si con dieta mediterránea no
solo se está más sano, sino también más delgado.
Solo en presencia de una dieta insana, la genética se relaciona con la obesidad. Por supuesto, el papel de los padres es clave
¿La obesidad es genética?
Es hereditaria, porque las
costumbres se pueden pasar de padres a hijos, pero el componente
genético no puede explicar la pandemia actual. En Harvard hicieron un estudio
muy interesante en 2012: tomaron 32 genes relacionados con la obesidad y
vieron qué pasaba cuando se tomaban bebidas azucaradas. Si no se
consumían refrescos azucarados, la genética no predecía nada. Es muy
llamativo. Solo en presencia de una dieta insana, la genética se
relaciona con la obesidad. Por supuesto, el papel de los padres es
clave, y el de la escuela, los profesionales sanitarios, los medios y la
cultura del entretenimiento.
¿Hasta dónde puede llegar la medicina preventiva?
Empecé a formarme como cardiólogo, pero enseguida me di cuenta de que me
gustaba actuar antes, la epidemiología, los grandes números. En los
noventa, la medicina preventiva era insignificante en España. Ha ido
ganando prestigio gracias a la medicina basada en la evidencia
científica. Antes el médico se fiaba de su inspiración, de su ojo
clínico, de su experiencia. Ahora hay investigaciones que afirman que
tras estudiar a 10.000 pacientes, esto es lo que suele pasar. Ha
cambiado el lenguaje de la medicina.
Se solía decir que un buen médico era alguien mayor, con experiencia.
Era una visión subjetiva. Ahora tiene una base más objetivada,
cuantificada, rigurosa, científica, pero nunca debe faltar el afecto
humano al paciente y la atención personalizada.
¿No podemos acabar obsesionándonos con la prevención?
La gente confunde la medicina preventiva con los tratamientos precoces o
los chequeos. Pero lo principal es el estilo de vida y la dieta. La
vida es simple, al menos en teoría: no fumar, estar delgado, tener
actividad física, comer sano y controlar la presión arterial, el
colesterol y la glucosa. Si se tienen bajo control estas cosas, se
reduce en un 76% la mortalidad cardiovascular.
Hoy en día, con un simple análisis de sangre o saliva se puede pronosticar un cáncer en una persona totalmente sana.
Esa medicina preventiva tiene aplicaciones que son habas contadas. Es
muy poca gente la que puede beneficiarse ahora mismo. No hay recursos.
En cambio, comer más lentejas y menos carne está al alcance de toda la
población desde ya mismo.
Hay un empeño en hacer que la gente viva muchos más años.
La calidad de vida es fundamental. Y mucha se pierde por las
enfermedades neurodegenerativas. Estamos investigando el efecto de la
dieta mediterránea en demencias como el alzhéimer y el párkinson y hemos
empezado a ver que también es beneficioso. Calculo que en un año se
publicarán los resultados. Creo que va a ser un bombazo.
Trump da su primera orden ‘reaganiana’: ¡A desmantelar la regulación financiera!
La historia se empeña en mostrar su tendencia
cíclica. Como una vuelta a lo vintage, el nuevo presidente
estadounidense quiere restablecer la doctrina neoliberal de Ronald
Reagan. Con un giro emblemático: el derribo de la Ley Dodd-Frank, creada
por Obama para añadir supervisión bancaria y rigor regulatoria a la
banca y la industria financiera, infectada de activos tóxicos por
acumulación de fondos de inversión de alto riesgo.
La devoción de Trump por Reagan está
fuera de toda sospecha. De ahí que no sorprenda que una de sus primeras
órdenes haya sido encargar a su secretario del Tesoro, Stephen T.
Mnuchin -hasta su asunción del cargo de superministro de Economía y
Finanzas, gestor de fondos de inversión y ejecutivo de Goldman Sachs-
que desmantele la Dodd-Frank Act. Ley que Barack Obama incorporó
precipitadamente tras el estallido de laquiebra de Lehman Brothers para
devolver la estabilidad al sistema, reforzar sus mecanismos de control
desde la Reserva Federal -el organismo de fiscalización de la
arquitectura financiera americana- y aplicar reglas claras y
transparentes que restablecieran los niveles de liquidez y solvencia
necesarios para eludir futuras crisis (en el caso de los bancos) y
reforzaran la protección de los consumidores. Que así llama el segundo
apellido de la norma legal.
Mnuchin, presto a la petición de Trump, ya ha comentado que “matará” y “enterrará” elementos de la Dodd-Frank.
Además de determinados preceptos de la Volcker Rule, su complemento
ideal -diseñada por el que fuera presidente de la Fed, de perfil
republicano, Paul Volcker, durante los mandatos de Jimmy Carter y Ronald
Reagan- porque empezó a restringir la capacidad de autonomía de los
bancos para confeccionar productos de inversión especulativos. Unos
activos que se tornaron tóxicos durante los años previos a 2008 dentro
de los balances bancarios. Hasta alcanzar unos cálculos
multibillonarios, según admitieron entonces el FMI y la OCDE. Casi del
triple del valor del PIB español. Y cuya toxicidad tuvo mucho que ver
con la rebaja fiscal decretada por George W. Bush en 2003 por la que
concedió 350.000 millones de dólares (suma equivalente a las economías
argentina y chilena) a los bolsillos del 5% de los ciudadanos más
pudientes de EEUU. Porque gran parte de esta riqueza extra en manos de
multimillonarios se invirtió en instrumentos de alto riesgo financiero;
esencialmente, estructurados, derivados y swaps.
A juicio de Donald Trump, la “Dodd-Frank es un desastre” Pero
nada de esto parece preocupar a Trump. Porque, a su juicio, la
“Dodd-Frank es un desastre”. Aunque, entre otras exigencias, estipule la
obligación de que las entidades bancarias de EEUU se sometan a pruebas
de resistencia (stress test) y haya logrado, en sus seis años de vida,
que las firmas de inversión transformaran sus áreas de negocios,
separaran sus divisiones comerciales minoristas de su banca de inversión
y mejoraran sus protocolos de información a sus clientes. A buen seguro, Trump cederá ante las presiones de Wall Street
para desfigurar los actuales mecanismos de control. A imagen de lo que
hizo en el pasado Reagan. Sin tener en cuenta que su antecesor
republicano en la Casa Blanca, Bush hijo, tuvo que reforzar el papel de
la SEC (la CNMV estadounidense) para afrontar el escándalo Enron y los
movimientos bursátiles especulativos que condujeron al pinchazo de la
burbuja de las punto.com; amén de pasar a la historia como el único
presidente bajo cuyo doble mandato se registraron dos recesiones. Dará
mayor credibilidad a los cientos de miles de dólares que la industria
-dicen los responsables de la banca- ha tenido que desembolsar en este
último decenio para sufragar la multiplicidad de requerimientos y
exigencias que dictamina la ley, y a la necesidad de insuflar crédito al
sistema productivo; sobre todo las PYMES.
Tampoco parece importarle al nuevo inquilino
del Despacho Oval que la presidenta de la Reserva Federal, Janet
Yellen, apoyara públicamente la “seguridad y solidez” de la regulación
financiera de EEUU que, en su opinión, “goza de buena salud”. O de que,
incluso, enfatizara que “no quería ver el reloj retrasarse de nuevo”; en
alusión a una marcha atrás hacia las normativas permisivas que
condujeron a la crisis de 2008.
Ni la respuesta que su invectiva
provocó en Europa. Mario Draghi, como su homóloga de la Fed, precisó que
“lo último que se necesita en este momento es una relajación
regulatoria”. Toda una declaración de intenciones del presidente del BCE
que, en este caso, parece convencido del peligro de la iniciativa de
Trump, en una fase en la que, en Europa, se ha tejido normas hacia la
unión bancaria y la disciplina financiera. “Francamente, no veo razón
alguna para devaluar un entramado normativo que ha reconducido la
fortaleza de los bancos y de los servicios financieros a cotas mucho más
elevadas de las que tenían antes de la crisis”, precisó Draghi.
Todavía quedan importantes asuntos por resolver, como los problemas de solvencia de los bancos de Italia y Francia
Sobre
todo, porque en esta reconversión de la banca, todavía quedan
importantes asuntos por resolver, como los serios problemas de solvencia
que acechan sobre los sistemas bancarios de Italia y Francia o la
incógnita que genera el alto riesgo sistémico que transmite el poderoso
Deutsche Bank. Sin olvidar la compleja desconexión del Brexit y la
batalla por qué ciudad se erigirá en gran centro financiero europeo, o
la tensión que supone para el Viejo Continente la combinación de varias
citas electorales, con la irrupción del nacionalismo de derecha, y
la benevolencia que este desarme regulatorio -que reducirá costes a la
banca- creará a bancos americanos y, presumiblemente británicos, que
verán elevar su ventaja competitiva en relación a la europea. En pleno
tramo final para la entrada en vigor de la MiFID II, en 2018. Tan sólo
un par de años después de que el BCE asumiera la supervisión global del
modelo bancario de la zona del euro.
Esta directiva está confeccionada para
perfeccionar, con guías y normas financieras, las fórmulas de
comercialización de los productos bancarios y ahondar en las garantías a clientes e inversores.
Y de Basilea IV, la batería regulatoria que prepara el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) del Banco Internacional de Pagos
(BIS, según sus siglas en inglés), dirigidas a reforzar la supervisión y
el control de las entidades bancarias, la industria financiera y el
sector asegurador, y que podrían tener un impacto significativo sobre
los requisitos mínimos de capital (es decir, de solvencia) de los
bancos. Pero de cuyas reuniones, paradójicamente, se van a ausentar los
delegados de EEUU hasta que conozcan los pormenores de la reforma de
Trump.
El problema reside en que las economías anglosajonas podrían seguir la estela marcada desde Washington
El
problema, según los analistas del mercado, reside en que economías
anglosajonas y, en especial, la británica, podrían seguir la estela
marcada desde Washington. Sólo la industria financiera de Reino Unido
mueve 8,6 billones en gestión de activos. El triple del PIB del país.
Y no parece que se vayan a quedar con los brazos cruzados y comprobar
cómo los mastodónticos bancos de inversión americanos, con Goldman Sachs (GS) y sus largos tentáculos con el poder político americano a la
cabeza, les quitan una parte suculenta del pastel.
Porque GS no sólo ha sido el gran vencedor de esta crisis.
Siempre se ha jactado de haber sido el catalizador de los intereses de
Wall Street. En EEUU y el resto del mundo desde su nacimiento, a
mediados del siglo XIX. Sólo así se explica que tanto altos ejecutivos
de este banco de inversión hayan recalado en el Tesoro norteamericano.
Desde Henry Fowler, bajo el mandato de Lyndon B. Johnson, hasta Mnuchin,
pasando por Robert Rubin, con Clinton, Henry Paulson, con Bush hijo.
Sin mencionar una larga decena de jerarcas de GS que han ocupado otros
puestos de relevancia en el área económica de los últimos gabinetes
presidenciales. Como Jay Clayton, abogado de la firma, al que Trump ha
colocado al frente de la SEC. Ni los que fueron llamados a resolver la
crisis en Europa. Entre ellos, el propio Draghi o los primeros ministros
italiano, Mario Monti, y griego, Lucas Papademos -éste en medio de la
guerra con sus socios europeos por el excesivo endeudamiento del país-
después de gobernar el Banco de Grecia. Incluso el titular de Economía
español, Luis de Guindos, regentó Lehman Brothers en España antes
de su quiebra, banco cuyas cenizas fueron a parar a GS. O los que
acaban de aterrizar, como el ex presidente de la Comisión Europea, Jose
Manuel Barroso. Una puerta giratoria que no ha llevado implícita sanción
alguna por las autoridades de la UE.
Esta lectura soterrada de cómo se ejerce la
influencia financiera desde la gran banca es, en el fondo, un dolor de
cabeza para las autoridades monetarias. Además de una fórmula de presión
para que otras economías sigan las pautas previstas por EEUU. No por
casualidad, Trump quiso enviar otros mensajes subrepticios a Europa.
Entre otros, la depreciación del euro, que achaca al interés
alemán por mantener su superávit comercial pero que, en el fondo, trunca
su decisión de devolver al dólar la hegemonía perdida en el último
decenio. Un billete verde fuerte resulta de sumo interés no sólo para su
estrategia de proteccionismo comercial. También para forzar a que la Fed acelere las subidas de tipos de interés que emprendió el pasado año.
El esperado dinamismo inmediato que sus medidas de mayor gasto en infraestructuras y rebajas de impuestos
espoleará a medio plazo la inflación favorecen inicialmente su idea de
encarecer el precio del dinero. Pero, a medio plazo, si los
desequilibrios económicos de mayor déficit y descompensación de la
balanza de pagos por el riesgo de recesión en un ciclo que ya supera la
media de ocho años de crecimiento -y sobre el que pesan malos augurios
como la caída de beneficios empresariales-, se tornan en realidad, el
descenso de los tipos hasta un punto de equilibrio bajo será demasiado
drástica. De ahí las apelaciones a la prudencia de Yellen, con las que
ha saludado la agenda económica de Trump, tienen demasiado sentido.
Draghi debe dar por finalizada su estrategia de compra de deuda
Igual
que en la órbita europea. Draghi es consciente de que debe dar por
finalizada su estrategia de compra de deuda de socios del euro. Con
presiones cambiarias y unas economías, las europeas, que no acaban de
entrar en velocidad de crucero desde la recesión post-crisis. Y que
conoce a la perfección los sobreesfuerzos de acomodar con retardo el
precio del dinero a los niveles que marca la Reserva Federal. Sobre
todo, porque los estatutos de la Fed, a diferencia de los del BCE, no
tienen el mandato exclusivo de combatir la inflación bajo una
cota rigurosa, la del 2%. Sino que designa los tipos de interés en
función, también, del dinamismo económico y de la creación de empleo.
Para más inri, con leyes tributarias y laborales homogéneas. En este
sentido, cualquier movimiento precipitado de más carestía del dinero en
Europa redundará de manera negativa en el ritmo de crecimiento a medio
plazo.
Sumarios:
Mnuchin ya admite que “matará” reglas de la Dodd-Frank,
ley de Obama que exigió mayores ratios de solvencia y transparencia a
la industria financiera, y de la Volcker Rule, que restringió el uso de
productos de inversión especulativos.
La desregulación financiera de Trump cuenta con el visto bueno de Wall Street,
que pretende suprimir buena parte de los costes que la banca ha tenido
que asumir para cumplir con los requerimientos legales para ganar
competitividad.
La intención de la Casa Blanca también lleva implícita la tarea de diluir los actuales controles de supervisión de los bancos y, para ello, dispone de talentos procedentes de Goldman Sachs, como el propio secretario del Tesoro.
Las reticencias a este fervor desregulador
proceden de las dos máximas autoridades monetarias; Yellen no quiere que
“el reloj vuelva atrás”, a los años previos a la crisis, y Draghi no ve
“razón alguna” para desproteger al sector.
