Protocolo de actuación sobre episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias

El Protocolo de actuación en episodios de contaminación del aire en el Principado de Asturias tiene por objeto establecer el marco de actuación de las Administraciones Públicas en los episodios puntuales de incremento de la contaminación del aire en situaciones de estabilidad atmosférica que dificulten la dispersión de determinados contaminantes.

ESTACIONES DE LA RED DE CONTROL DE CALIDAD DEL AIRE EN ASTURIAS

Las estaciones de la Red de Control del aires existentes actualmente en Asturias son las siguientes:

 

 MARCO NORMATIVO

La legislación en materia de calidad del aire en vigor en España trae causa de la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa.

La Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, incluye determinadas obligaciones a las administraciones autonómicas y locales, tales como disponer de redes para la evaluación de la calidad del aire, informar a la población, elaborar planes y programas para la consecución de los objetivos de calidad del aire, e integrar la protección atmosférica en la planificación de las distintas políticas sectoriales.

El Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, desarrolla la Ley 34/2007 y concreta los objetivos de calidad del aire que han de alcanzarse para los diferentes contaminantes (partículas en suspensión PM10 y PM2,5, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono, benceno, etc.) y fija los métodos y criterios comunes para realizar la evaluación de la calidad del aire.

Los valores límite de las partículas PM10 y PM2,5 y del dióxido de nitrógeno NO2 –objeto del presente Protocolo– en condiciones ambientales para la protección de la salud que establece el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, son los siguientes:

NIVELES DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

El protocolo establece 3 niveles: Nivel 0, Nivel 1 y Nivel 2. El Nivel 0 corresponde con un estadío previo de seguimiento y adopción de medidas preventivas y recomendaciones tendentes a evitar que se alcancen las condiciones de episodios de contaminación atmosférica propios de los Niveles 1 y 2.

 

Se considera que se alcanza alguno de los tres niveles cuando se den simultáneamente las siguientes circunstancias:

• Se alcancen los umbrales de concentración en la atmósfera de partículas en suspensión PM10 o PM2,5 o de dióxido de nitrógeno (NO2) en las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire que se indican, durante un determinado número de días.

• Existe previsión de fenómenos meteorológicos que dificulten la difusión de contaminantes en la atmósfera (estabilidad atmosférica, inversión térmica y ausencia de lluvias). Esta previsión se llevará a cabo diariamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en virtud del Convenio de colaboración suscrito con fecha 22 de mayo de 2015 entre el Principado de Asturias y la AEMET en materia de meteorología y clima.

La activación se realizará en la zona o zonas donde se den las condiciones señaladas. 

MEDIDAS A ADOPTAR

Las medidas a adoptar afectarán al conjunto de la zona en la que se ubique la estación que registre valores de activación del Protocolo, salvo que decida un ámbito de actuación más restringido la Comisión de valoración y seguimiento del Protocolo. 

Se consideran cuatro tipos de medidas:

(a) Medidas de INFORMACIÓN (M_INF)

Tienen por objeto informar, por una parte, a las actividades económicas y, por otra, a la ciudadanía, del estado de la calidad del aire, instando al cumplimiento de las medidas que les afectan y realizando recomendaciones en materia de salud pública.

(b) Medidas de TRÁFICO (M_TRF)

Son medidas tendentes a reducir el impacto del tráfico por carretera en la contaminación atmosférica, incidiendo en la disminución del número de desplazamientos y en mecanismos de reducción de emisiones de los vehículos.

(c) Medidas para el SECTOR INDUSTRIAL (M_IND)

Son actuaciones a llevar a cabo por las instalaciones industriales. Aplican principalmente a las industrias con mayor potencial de emisión de contaminantes a la atmósfera, incluidas las actividades de manipulación de graneles sólidos.

(d) OTRAS medidas (M_OTR)

En este apartado se incluyen otras medidas dirigidas al sector servicios y al sector institucional.

APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS SEGÚN NIVELES DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO Y ORGANISMOS RESPONSABLES

Medidas de aplicación por parte del Gobierno del Principado de Asturias

 

 

 

Medidas de aplicación por parte del Gobierno de España
 

El Gobierno de España debería activar las siguientes medidas:

Medidas de aplicación por parte de los Gobiernos municipales

Los Ayuntamientos deberían activar las siguientes medidas:
















Medidas de aplicación por parte de las empresas




 

PROCEDIMIENTO DE ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO

 La declaración de inicio de un escenario de contaminación atmosférica por partículas en alguna de las zonas definidas en el apartado 2 de este Protocolo (Aglomeración área Oviedo, Zona Avilés, Zona Cuencas y Aglomeración área Gijón) se realizará mediante una Resolución de la Dirección General con competencias en materia de control ambiental, previa valoración de:

- Datos de PM10, PM2,5 y NO2 de los días y horas anteriores en las estaciones de la Red de Control de la Calidad del Aire del Principado de Asturias
- Datos de PM10, PM2,5 y NO2 desde las 00:00 h a las 7:00 h del día en que se va a producir, en su caso, la declaración.
- Informe de la AEMET sobre la situación meteorológica para las siguientes 48 horas.
- Calendario (día de la semana, festivos).

La Resolución establecerá los niveles, el ámbito territorial, la aplicación de las medidas a aplicar por parte del Gobierno del Principado y de las industrias y las medidas recomendadas de ámbito estatal y municipal.

 Se constituirá una Comisión de valoración y seguimiento del Protocolo, presidida por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de control de la calidad del aire, y formada además por:

- Gobierno del Principado de Asturias: representantes de las direcciones generales con competencias en materia de salud pública, infraestructuras, industria y protección civil, así como un representante del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA).
- Administración General del Estado: representantes de los departamentos competentes en materia de meteorología, tráfico e infraestructuras. Cuando proceda, según la zona de activación del Protocolo, un representante de la Autoridad Portuaria de Gijón o de Avilés.
- Un representante de cada uno de los ayuntamientos de la zona objeto de activación del Protocolo.
- Como secretario/a de la Comisión actuará un/a funcionario/a del servicio con funciones relacionadas con el control de calidad del aire.

Cada uno de los miembros de la Comisión designará un suplente que le sustituirá en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
La Comisión será convocada presencialmente por la persona que la presida cuando se den las condiciones del escenario de Nivel 1 y de Nivel 2 y opcionalmente, podrá convocarse cuando se den las condiciones del Escenario de Nivel 0. En este último caso, se podrá acordar la celebración de reuniones por medios electrónicos. Los miembros de la Comisión recibirán información diaria pormenorizada sobre el estado de la calidad del aire y acordarán decisiones respecto a las medidas a adoptar.
Para la aplicación de las medidas de tráfico, la Comisión de seguimiento valorará qué estación o estaciones ha alcanzado valores altos de contaminación, para adecuar singularmente el área geográfica que estaría afectada por las restricciones.
El Protocolo permanecerá activado hasta que desaparezcan las circunstancias del nivel más bajo, con independencia de que la activación se realice en dicho nivel o en otro superior y que mientras que el Protocolo esté activado se vaya ascendiendo o descendiendo en niveles; aplicándose en cada momento las medidas del nivel que corresponda.

Ver el Protocolo completo aquí

El derecho de acceso del paciente a la historia clínica

EL DERECHO DE ACCESO DEL PACIENTE A LA HISTORIA CLÍNICA

Definición legal de historia clínica.- La historia clínica se define en el art. 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica como "el conjunto de documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre la situación y la evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial", siendo por ello un instrumento fundamental a efectos de realizar los diagnósticos más adecuados en relación al paciente cuyos datos clínicos se reflejen en ella. Sin la historia clínica, el médico o profesional sanitario que se enfrente a cualquier eventualidad  tendría que "partir de cero" indagando los antecedentes del paciente y por el contrario, una historia clínica detallada y rigurosa facilitará la evaluación, diagnóstico y tratamiento sanitario adecuado.

Regulación de la historia clínica.- El Capítulo V de la Ley 41/2012 contiene la regulación básica de la historia clínica estableciendo sus requisitos en cuanto a contenido mínimo, modo de archivo y conservación, usos y derecho de acceso. El tratamiento de los datos personales contenidos en ella se regulan en la normativa en materia de protección de datos, cuya norma de cabecera es la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Derecho de acceso.-La normativa reguladora es clara respecto al derecho de acceso del paciente a su historia clínica; dicho acceso, además, conlleva la posibilidad de obtener copia de los datos contenidos en ella. La normativa únicamente contempla como límites al derecho de acceso del paciente a su historia clínica la vulneración de datos confidenciales que puedan afectar a terceras personas y el derecho de oposición de los profesionales sanitarios respecto sus anotaciones subjetivas.

Por su propia definición la historia clínica contiene datos sensibles, protegidos de un modo especial en la normativa reguladora sobre protección de datos personales. 

La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales reconoce a todos los ciudadanos el derecho de acceso a sus datos personales y a ser informados sobre el tratamiento de dichos datos, pudiendo ejercer tanto los derechos de acceso como de rectificación, supresión, etc., existiendo un régimen específico (Disposición adicional decimoséptima de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales) para el tratamiento  de datos personales en la investigación en saludy para el acceso a la historia clínica con fines judiciales, epidemiológicos, de salud pública, de investigación o de docencia,cuya regla general es la garantía del anonimato salvo consentimiento expreso del paciente, investigación judicial o prevención de un riesgo o peligro grave para la salud de la población. 

El derecho de acceso del paciente a la historia clínica puede ejercerse también por representación debidamente acreditada. En el caso de personas fallecidas, dicho acceso se posibilitará -salvo que el fallecido se hubiera opuesto expresamente- a las personas vinculadas por razones familiares o de hecho con aquéllas y respecto a menores de 14 años e incapacitados, serán sus representantes legales (quienes ejerzan la patria potestad o tutela) quienes pueden ejercer los derechos inherentes al acceso y tratamiento de los datos contenidos en la historia clínica de los mismos.

El acceso a los datos personales sin consentimiento e injustificado es un delito.- Es importante recordar que el acceso sin consentimiento e injusticiado a los datos personales contenidos en la historia clínica de un paciente es considerado un ilícito penal sancionable. Así, el 3 de febrero de 2016 la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años y tres meses de prisión más una multa de 6.000 eruos a un médico ejerciente en Menorca por delito continuado de descubrimiento de secretos, ya que sin autorización ni consentimiento accedió vía informática al historial clínico de una persona sin su consentimiento.

Ley de Crédito Hipotecario. Novedades

Ley de Crédito Hipotecario. Novedades 

El pasado jueves, 21 de febrero, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la Ley de Crédito Hipotecario.

La Ley de Crédito Hipotecario nace con el objetivo de trasponer la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de febrero de 2014 , sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial y por la que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2013/36/UE y el Reglamento (UE) n ° 1093/2010.

El artículo 42 de la Directiva 2014/2014/UE preveía que la norma comunitaria fuese transpuesta, a más tardar, el 21 de marzo de 2016 y las autoridades comunitarias ya habían anunciado la imposición de fuertes sanciones a España (105.000 euros diarios)por no cumplir esta previsión. Como se puede constatar, de nuevo, hemos sobrepasado el plazo previsto para trasponer a nuestro ordenamiento interno  una directiva comunitaria cuya finalidad es la protección de los consumidores.

La norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación. 

Entre las medidas más beneficiosas para los consumidores se encuentran:

-Se restringen los supuestos para iniciar la ejecución hipotecaria (embargo). 

Hará falta el impago de entre 12 y 15 mensualidades o entre un 3% y un 7% del valor del préstamo, de la siguiente manera:

• Si el impago se produce durante la primera mitad de la duración del contrato el importe de las cuotas impagadas ha de alcanzar al menos el 3% del principal del préstamo o la cuantía equivalente a 12 mensualidades.
• Si el impago se produce durante la segunda mitad del contrato el importe de las cuotas ha de alcanzar al menos el 7% del principal del préstamo o la cuantía equivalente a 15 mensualidades.
• En ambos casos, el prestamista ha de requerir al prestatario el pago de las cuotas fallidas, concediéndole un plazo nunca inferior a un mes para su cumplimiento. 

 -Se abarata la amortización anticipada de la hipoteca 

En los contratos de préstamo a tipo de interés variable (o en aquellos tramos variables de cualquier otro préstamo) en caso de reembolso o amortización anticipada total o parcial del préstamo, se establecen dos posibilidades:

a) Que se pacten compensaciones o comisiones a favor del prestamista para el caso de que el reembolso se produjese durante los 3 primeros años del contrato por las pérdidas financieras que ocasionasen a aquél; en este caso, el límite de la compensación o comisión será el 0,25 por ciento del capital reembolsado anticipadamente. 

b) Que se pacten compensaciones o comisiones a favor del prestamista para el caso de que el reembolso se produjese durante los 5 primeros años del contrato por las pérdidas financieras que ocasionasen a aquél; en este caso, el límite de la compensación o comisión será el 0,15 por ciento del capital reembolsado anticipadamente.

En los contratos de préstamo a tipo fijo la compensación o comisión pactada tendrá el límite del 2 por ciento del capital reembolsado anticipadamente, durante los 10 primeros años del contrato y del 1,5 por 100 de dicho capital, una vez transcurridos 10 años.

En caso de novación del tipo de interés aplicable o de subrogación de un tercero en los derechos del acreedor, cuando se sustituya un tipo de interés variable por otro fijo, la compensación o comisión por reembolso o amortización anticipada no podrá superar la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista, con el límite del 0,15 por ciento del capital reembolsado anticipadamente, durante los 3 primeros años de vigencia del contrato de préstamo, sin que pueda exigirse compensación o comisión alguna una vez transcurridos los 3 años referidos. 

-Se reducen los intereses de demora 

La anterior normativa dejaba a la voluntad de las partes los intereses de demora contemplados en los contratos, que podían alcanzar el 25%. Dichos tipos de interés fueron considerados abusivos por el Tribunal Supremo en diversas sentencias. Ahora la nueva Ley establece el límite del recargo aplicable al interés de demora del 3 por 100 sobre el tipo contratado. 

-Se reducen los gastos de formalización de las hipotecas 

 El Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, los gastos notariales, registrales y de gestoría correrán a cuenta de las entidades bancarias. Por el contrario, los consumidores asumirán los gastos correspondientes a la tasación del inmueble. Las copias de las escrituras públicas serán costeadas por parte de quien las solicite. 

-Prohibición expresa de las “cláusulas suelo” 

Así, en el texto de la Ley se recoge que “en las operaciones con tipo de interés variable no se podrá fijar un límite a la baja del tipo de interés”. 

Además, la norma establece medidas para que las entidades no retribuyan a los trabajadores cuyos servicios estén relacionados con la negociación de préstamos hipotecarios en función del número o características de los contratos de préstamos hipotecarios ofrecidos, sistema de incentivos que fue nefasto para nuestra economía al propiciar la burbuja inmobiliaria sufrida. Dicha previsión, no obstante, resulta “un canto al Sol”, toda vez que la redacción dada por la Ley es extremadamente indeterminada, no previéndose tampoco infracciones y sanciones concretas en caso de incumplimiento. 

-Proyecto de Ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/A/BOCG-12-A-12-4.PDF

Aprobado el proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

Aprobado el proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy, en su reunión del Consejo de Gobierno, el proyecto de Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que refuerza las actuaciones para proteger la salud de los madrileños. Tras esta aprobación, el proyecto de Ley se trasladará a la Asamblea de Madrid para su debate y aprobación definitiva.

Este el proyecto de Ley de Salud Pública se ha aprobado una vez concluida su tramitación como anteproyecto, que incluyó, entre otros, concluir los trámites de información pública y el traslado del texto a más de una treintena de organizaciones vinculadas a la normativa para recabar su opinión (colegios profesionales, entidades públicas, federaciones, etc.).

La futura Ley de Salud Pública, que desarrolla la normativa estatal, será la primera ley de ámbito regional de estas características y tiene el objetivo de proteger, mantener y elevar el nivel de salud de la población madrileña mediante actuaciones de vigilancia en la salud, de prevención de enfermedades, lesiones o discapacidades y de protección y promoción de la salud individual y colectiva.

La normativa regional, diseñada por la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, regulará, entre otros aspectos, la gratuidad de las vacunas, nuevas actuaciones en prevención, promoción y cuidado de la salud, investigación en adicciones, abordaje de la salud laboral, ambiental y alimentaria, las coordinación con las unidades asistenciales, la participación ciudadana o la gestión de las alertas de salud pública, entre otros temas.

Prevención del sobrepeso y el consumo de alcohol

La futura norma incorpora medidas de promoción de la salud orientadas a la prevención del sobrepeso, a reducir el consumo de alcohol y a la promoción del agua como bebida preferente. Como novedad se recoge la obligatoriedad de la accesibilidad sensorial –por ejemplo, el sistema de lectura Braille-, ante la información ofrecida por los servicios públicos.

Por otro lado, se reconocerá a los inspectores como agentes de la autoridad sanitaria y se regularán las medidas cautelares y gabinete de crisis para la rápida actuación y comunicación en caso de grave riesgo para la salud pública.

El proyecto de Ley incluye, además, una regulación específica de la Evaluación del Impacto en Salud en determinadas situaciones: aprobación de planes o actuaciones públicas, valoración de impacto en salud en proyectos públicos y privados y una declaración responsable para los operadores que desarrollen actividades en las que sea previsible gran afluencia de público.

De forma complementaria, se crea la Comisión de Evaluación del Impacto en Salud para conseguir el objetivo de ponderar el efecto en la salud de todas las políticas públicas establecido en la normativa básica.

La Comunidad de Madrid, con la mayor esperanza de vida de Europa

La Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid -la región con mayor esperanza de vida de Europa con una media de 85,2 años- será el marco jurídico que permita potenciar la salud y no solo prolongar la vida, al reducir la carga de enfermedad e incidir sobre procesos prevenibles y sobre las potenciales amenazas para la salud, tanto ambientales como alimentarias, así como las principales enfermedades crónicas y transmisibles, las adicciones y su prevención. 

Fuente: www.politicalocal.es

Texto (Anteproyecto) 

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

La UCO cerca a Iberdrola por inflar el precio de la luz con el cierre de embalses

• Dos informes remitidos a la Audiencia Nacional prueban que el mercado esperaba precios muy inferiores a los que se alcanzaron en 2013 por las prácticas bajo sospecha de Iberdrola 

Autor: José María del Olmo
Fuente: El Confidencial

La investigación penal contra Iberdrola por haber manipulado presuntamente el mercado eléctrico en 2013 para provocar un alza estratosférico del precio de la luz ha experimentado un enorme avance en las últimas semanas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado dos nuevos informes a petición judicial que refuerzan la acusación contra la eléctrica por un delito contra los consumidores por el supuesto cierre intencionado de sus embalses en el otoño de ese año (uno de los más lluviosos de las últimas dos décadas) para bloquear la producción de energía hidráulica, la más barata de todas, y generar así un incremento de las tarifas por la necesaria entrada en el 'pool' de otras fuentes más caras.

Según los informes, a los que ha tenido acceso El Confidencial, los expertos en delitos económicos del Instituto Armado han acreditado que el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola —entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental. Los investigadores han comprobado que la mayoría del casi centenar de comercializadoras eléctricas con licencia para operar en España barajaba para esas fechas expectativas de precio muy inferiores, teniendo en cuenta los antecedentes del mercado y las condiciones ambientales que se registraron esos días. Es decir, que el sector considera casi unánimemente que no concurrieron elementos objetivos para que la tarifa se disparara. Solo una adulteración del sistema explicaría que la luz tocara máximos.

Los informes también revelan que el presunto fraude de Iberdrola no solo ocasionó un agujero en el bolsillo de los consumidores, como ya había acreditado la UCO en informes anteriores incorporados a la causa. Las nuevas diligencias probarían ahora que el perjuicio afectó igualmente a las empresas comercializadoras. Sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado. No obstante, todas las que iban cortas en esas tres semanas (habían comprado menos electricidad de la que demandaron sus clientes) perdieron dinero o ganaron menos de lo que esperaban.

Según los cálculos que los intermediarios han trasladado a la UCO en los últimos meses, sus pérdidas como consecuencia de las supuestas maniobras de Iberdrola superaron los 31 millones de euros. La empresa más afectada sería el gigante suizo del 'trading' eléctrico Axpo Iberia, que cosechó un perjuicio de 28 millones de euros. Ocupa la segunda posición Nexus Energía, que ha denunciado pérdidas de 1,8 millones. Por debajo de esa cantidad se situarían ya casi medio centenar de operadores. Geotlander SL, por ejemplo, comunicó un impacto negativo de 902.000 euros. Y Enercoluz Energía perdió 370.000.

La investigación, supervisada por el Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional y en la que está personada Facua como acusación popular, gira sobre el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo el día antes de la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. Esa jornada, el coste llegó a los 91,89 euros por megavatio hora (Mwh), una cifra desconocida hasta el momento que suponía una subida del 126% sobre los 40,65 euros por Mwh del 25 de noviembre previo, solo tres semanas antes. El escándalo alcanzó tal dimensión que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio. Dos años después, en noviembre de 2015, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dictaminó que Iberdrola había recortado intencionadamente la producción de energía hidráulica y que esa maniobra le había ocasionado un beneficio de 21,5 millones de euros. Por contra, los usuarios habían sufrido pérdidas por valor de 105 millones.

Sede de Iberdrola en Madrid. (Reuters)

El expediente de la CNMC discurre por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa. El juez Ismael Moreno se centra en las posibles consecuencias penales en que habrían incurrido Iberdrola y sus directivos por ese supuesto cierre intencionado de los embalses. Cuatro altos cargos de la tercera compañía del Ibex 35 por capitalización tuvieron que acudir hace dos semanas a la Audiencia Nacional para declarar en calidad de investigados, según han confirmado a este diario fuentes próximas al procedimiento. El caso apenas ha tenido trascendencia en los medios, pero sigue avanzando a paso firme, en gran medida, por la abundante información que encontró la UCO durante el registro de las oficinas de Iberdrola Generación en Madrid y Bilbao en mayo de 2017.

Como ya adelantó este diario, los agentes localizaron correos electrónicos, comunicaciones internas y archivos de Excel que demostraban que la compañía había planificado para diciembre de 2013 más producción de energía hidráulica que en el mes anterior. Sin embargo, sus embalses produjeron en diciembre mucha menos energía que en noviembre. Esa documentación interna demostró que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes, a pesar de que en 2013 sus cálculos internos y los factores ambientales arrojaban cifras muy superiores a las de otros ejercicios.

La UCO pidió a Iberdrola que aclarara estas incongruencias, que habrían sido suficientes para forzar la entrada en funcionamiento de sus centrales de ciclo combinado con la misión de suplir la escasez de energía hidráulica. Ante las preguntas de los agentes, los directivos de la eléctrica admitieron que las tarifas se fijaban utilizando un método tan rudimentario y poco transparente como el de las órdenes verbales. La Guardia Civil ni siquiera encontró las actas de las reuniones en las que supuestamente se habían fijado los precios. Asimismo, según los informes incorporados a la causa, Iberdrola tampoco disponía en ese momento de un protocolo interno que aclarara qué nivel jerárquico de su estructura debía participar exactamente en el proceso de formación de las tarifas, ni qué parámetros eran los que tenían en cuenta sus responsables para calcularlas. 

Esos informes demostraron que la compañía generó en las tres semanas clave menos energía hidráulica que en el mismo periodo de los años precedentes 

Iberdrola ha restado valor a las pérdidas declaradas por los intermediarios. “En el proceso de instrucción, se ha solicitado información a las comercializadoras en posición compradora en las fechas objeto de investigación, pero de momento no hay ninguna personada ni hay nada que acredite que el posible perjuicio a las compañías comercializadoras se pueda atribuir a Iberdrola”, ha asegurado a este diario a través de una portavoz.

“Iberdrola ha mantenido siempre que en ningún momento realizó una manipulación fraudulenta de los precios en las ofertas de producción hidroeléctrica en este periodo. Iberdrola Generación no obtuvo ningún beneficio con esta supuesta actuación, ya que tenía una posición neta compradora en el periodo analizado. Es decir, no solo no tenía capacidad para hacerlo, sino que además el incremento del precio del mercado le perjudicaba, como así fue”, sostiene la compañía. “El precio del mercado en aquellas fechas subió por la confluencia de circunstancias ajenas a la compañía, entre ellas, una alta demanda, una producción eólica baja, la indisponibilidad de centrales nucleares y los precios altos de gas en los mercados internacionales. Iberdrola Generación actuó como un gestor prudente, ofertando la totalidad de la producción y reflejando en sus ofertas de producción hidroeléctrica el incremento de valor que tenía el agua en ese escenario de escasez, como ha quedado probado por varios informes de expertos cualificados independientes”

Herbicidas y Salud Pública. Los herbicidas más utilizados aumentan un 41% las posibilidades de sufrir cáncer

Los herbicidas con glifosato más utilizados aumentan un 41% las posibilidades de sufrir cáncer

• Un nuevo estudio científico entre los pesticidas con glifosato y el linfoma no Hodgkin
• "Sumando todos los análisis de estudios pasados, incluyendo el nuestro, se demuestra de forma consistente que la exposición a herbicidas basados en glifosato está relacionada con un riesgo mayor de contraer cáncer", señalan los autores
• Tres de sus autores fueron seleccionados en 2016 por la Agencia de Protección Ambiental de EEUU como miembros de la junta del panel científico de asesoramiento en glifosato

 

Carey Gillam

El herbicida RoundUp, un producto de Monsanto, es uno de los más vendidos del mundo / Mike Mozart

Los herbicidas con glifosato aumentan el riesgo de contraer un tipo específico de cáncer. Según un reciente y exhaustivo estudio científico, la probabilidad de enfermar con el linfoma no Hodgkin es un 41% mayor para las personas con mucha exposición a estos extendidos pesticidas. Las pruebas sugieren una "relación concluyente" entre la exposición a herbicidas con glifosato y el mayor riesgo de contraer linfoma no Hodgkin (LNH), señalan los autores del estudio, que piden prudencia en la interpretación de las cifras de riesgo estimado.

Firmado por cinco científicos estadounidenses, el informe contradice a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), que había declarado seguro al herbicida. El estudio coincide a su vez con los planes de las autoridades de varios países de limitar el uso de productos de uso agrícola con glifosato.

En Estados Unidos, Monsanto y su propietaria alemana, Bayer AG, se enfrentan a más de 9.000 demandas presentadas por personas con LNH que culpan de su enfermedad a los herbicidas de la empresa con glifosato. En agosto llegó el primer fallo de un jurado estadounidense, con un veredicto unánime en contra de Monsanto. La compañía ha presentado un recurso de apelación. El próximo juicio, presentado por otro afectado, comenzará el 25 de febrero. Para el resto del año hay programados nuevos juicios, en un calendario de pleitos que se extiende hasta 2020.

Según Monsanto, ninguna investigación científica fiable demuestra una vinculación concluyente entre el glifosato y el LNH o cualquier otro tipo de cáncer. La empresa alega que cuando la EPA encuentra que "no es probable" que el glifosato provoque cáncer lo hace respaldada por cientos de estudios en los que no se detecta dicha relación.

La compañía acusa de comportamiento deshonesto a los científicos del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer [IARC, por sus siglas en inglés] que en 2015 clasificaron el glifosato como probable producto cancerígeno para los seres humanos. Según Monsanto, no sopesaron de forma adecuada los hallazgos de otros estudios importantes.

Pero el nuevo estudio podría complicar la defensa del herbicida más vendido de Monsanto. Tres de sus autores fueron seleccionados en 2016 por la EPA como miembros de la junta del panel científico de asesoramiento en glifosato. La revista que lo publica, Mutation Research / Reviews in Mutation Research, tiene como redactor jefe al científico David DeMarini, también miembro de la EPA.

Los autores del informe argumentan que su análisis no es comparable a las evaluaciones hechas hasta ahora. Según Lianne Sheppard, coautora del estudio y profesora en el departamento de Ciencias de la Salud Ambiental y Laboral de la Universidad de Washington, "la evidencia de un mayor riesgo de LNH por exposición al glifosato tiene más fundamentos en este artículo que en los análisis previos". "Desde el punto de vista de la salud de la población, hay preocupaciones reales".

Sheppard fue una de las asesoras científicas de la EPA sobre glifosato y formó parte del grupo de consejeros que se quejaron ante la agencia medioambiental por no seguir los protocolos científicos debidos al dictaminar que no era probable que el glifosato causara cáncer. "Eso estuvo mal", dice Sheppard. "Estuvo bastante claro que no siguieron sus propias reglas, ¿hay pruebas de que es cancerígeno? La respuesta es sí".

"Estamos revisando el estudio", afirma un portavoz de la EPA. Bayer, dueña de Monsanto desde el verano de 2018, no ha querido hacer declaraciones. En un comunicado de diciembre, la empresa químico-farmaceútica citaba la valoración de la EPA y sostenía que los herbicidas con glifosato habían sido "extensamente examinados", demostrando ser una "herramienta segura y eficaz para el control de malezas".

Los autores del estudio dicen que en su análisis han examinado todos los informes ya publicados sobre efectos en la salud de las personas, incluyendo el Estudio de Sanidad Agropecuaria, un informe con datos de 2018 financiado por el gobierno [AHS, por sus siglas en inglés].

Para Monsanto, el AHS es una prueba de la falta de vínculos entre el glifosato y el LNH, pero los autores del nuevo informe dicen que al revisar las investigaciones anteriores se concentraron en la población más expuesta al glifosato. Si es cierto que los herbicidas con glifosato causan LNH, los miembros de ese grupo deberían tener un riesgo elevado. Tomar como muestra solo a individuos con mucha exposición al pesticida hace menos probable que otros factores introduzcan ruido en el sistema quitando validez a los resultados, explican. En resumen: si de verdad no hubiera conexión entre el químico y el cáncer, ni siquiera los individuos con mucha exposición deberían registrar tasas anormales en el desarrollo del cáncer.

Además de revisar los informes sobre personas, los investigadores examinaron otros estudios con glifosato, incluyendo muchos realizados sobre animales. "Sumando todos los análisis de estudios realizados hasta la fecha, incluyendo el nuestro, se demuestra de forma consistente el mismo hallazgo clave: la exposición a herbicidas basados en glifosato está relacionada con un riesgo mayor de contraer LNH", concluyen los autores.

Según David Savitz, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, el nuevo estudio está "bien llevado", pero carece de "información nueva en lo esencial". "Yo diría que refuerza la idea de que el tema siga siendo preocupante y que necesita una evaluación, pero no termina de dar una respuesta definitiva a la pregunta".

Artículo publicado en The Guardian y traducido por Francisco de Zárate

Fuente: eldiario.es