La crisis financiera ha sacado lo peor del sector
financiero español. El Parlamento Europeo dará a conocer la próxima semana,
previsiblemente el día 19 de junio, una batería de informes que, en el caso de
España, destacan una larga lista de violaciones de la regulación europea de
protección al consumidor con las participaciones preferentes, las hipotecas
multidivisa, las cláusulas suelo y, en general, todo tipo de cláusulas abusivas
en varias áreas del negocio financiero.
La Eurocámara subraya el triste papel del Banco de
España en la imposición de multas a las entidades. Propina un severo revés al
Gobierno español por los continuos incumplimientos en la transposición de
directivas europeas. Y destaca que España ha sido el país europeo con mayores
niveles de venta fraudulenta, tanto de deuda subordinada (la de peor calidad,
como las preferentes, que provocaron pérdidas millonarias para los clientes)
como en el crédito hipotecario, con las cláusulas suelo (que impedían que los
clientes se beneficiaran de la rebaja de los tipos de interés).
La crisis financiera se desató en Estados Unidos
allá por 2007 y cruzó el Atlántico con relativa rapidez, aunque llegó a España
con retraso y de la mano del pinchazo inmobiliario. Provocó un colapso en el
mercado interbancario —en el que se financian las entidades financieras— que
dejó a los bancos, y especialmente a las cajas españolas, muy expuestos al
tsunami por el sobreendeudamiento acumulado durante la burbuja inmobiliaria. Elestallido de esa burbuja hizo un gigantesco roto en el sistema financiero,
necesitado de ayudas públicas multimillonarias que acabaron provocando el
rescate europeo. El crash dejó decenas de miles de desahucios. Pero sobre todo
provocó una sacudida del sector bancario, que incurrió en un reguero de malas
prácticas que han provocado miles de demandas judiciales, decenas de miles de
quejas y han hecho mella en la reputación del sistema. “Los reiterados
incumplimientos de la legislación europea están en el origen de la venta
fraudulenta de muchos productos financieros en España. En el camino de la
ampliación de la nueva Directiva MIDIF II el Gobierno actual debe garantizar
una correcta transposición para que no vuelva a ocurrir”, señala Ernest
Urtasun, de ICV, uno de los eurodiputados que reclamó que se realizaran los
informes que se presentan la semana próxima.
Crédito
hipotecario. La Eurocámara ha preparado durante los dos últimos años —a
petición de los Verdes— cinco informes sobre las malas prácticas. El más
suculento es quizá el que se centra en las hipotecas. El Europarlamento
denuncia la “insuficiente” regulación, pero sobre todo pone el énfasis en la
falta de protección efectiva de los consumidores.
Denuncia los miles de afectados en créditos en
moneda extranjera (básicamente en países de Europa central y del Este, pero que
también con centenares de víctimas en España) y sobre todo las cláusulas suelo,
un “fraude masivo” en España, según ese informe, que llegó a afectar a un
tercio de los créditos (en el año 2010) y miles de demandas que los afectados
han ganado en los juzgados. Pero no ha provocado multas del Banco de España,
que protegió a las entidades financieras y apenas ha impuesto sanciones: solo
una multa de 150.000 euros a una cooperativa de crédito, según el informe. La
directiva europea sobre hipotecas se revisará en marzo de 2019 y podría
subrayar el papel de esas multas como desincentivo para evitar malas prácticas;
España ha destacado en los últimos años por “el retraso en la transposición de
directivas”.
A 30 de septiembre, el informe apunta que había más
de un millón de peticiones de reembolso; los bancos han aceptado algo más de
450.000, pero quedan miles de demandas legales y quejas ante el Banco de
España. Y la Eurocámara carga contra algunos aspectos de la legislación
española lanzada en 2017 por el ministro Luis de Guindos: “Son los clientes
quienes tienen que demostrar ante el juez que no fueron informados, a
diferencia de lo que emana de la Directiva”.
Preferentes.El relato de la colocación de participaciones preferentes, deuda subordinada yde otros instrumentos financieros híbridos básicamente por parte de las cajasde ahorros es de lo más suculento. La Eurocámara habla de más de un millón de
afectados. Da detalles suculentos como el hecho de que nacieron en paraísos
fiscales como las Islas Caimán, para no pagar a Hacienda. Subraya que las
preferentes fueron legalizadas en 2003 (con amnistía incluida a la banca) y
acabaron siendo productos esenciales para que las entidades captaran ahorro que
podía contabilizarse como capital. Ofrecían intereses de hasta el 7%. Y
acabaron mal: con quitas masivas, de hasta el 70% en algunos casos, y sin
parangón en Europa; España fue una especia de conejillo de indias. Los clientes
han recuperado parte del dinero, básicamente a través de arbitrajes
(controlados por los bancos). Para el Europarlamento, su comercialización se
hizo a costa de “violaciones constantes de las directivas europeas”, más que
por las debilidades del esquema legislativo. “Los clientes no conocían los
riesgos”, subraya el informe, que destaca el caso español aunque también
describe los problemas en Portugal e Italia. “Se impusieron pérdidas
desproporcionadas” que provocaron “un desastre social”, dice el estudio, que
aboga por las sanciones, los acuerdos judiciales y los arbitrajes para subsanar
los daños. En España, “el 80% de esos arbitrajes ha fallado a favor de los
clientes”, afirma el texto.
Trump da su primera orden ‘reaganiana’: ¡A desmantelar la regulación financiera!
La historia se empeña en mostrar su tendencia
cíclica. Como una vuelta a lo vintage, el nuevo presidente
estadounidense quiere restablecer la doctrina neoliberal de Ronald
Reagan. Con un giro emblemático: el derribo de la Ley Dodd-Frank, creada
por Obama para añadir supervisión bancaria y rigor regulatoria a la
banca y la industria financiera, infectada de activos tóxicos por
acumulación de fondos de inversión de alto riesgo.
La devoción de Trump por Reagan está
fuera de toda sospecha. De ahí que no sorprenda que una de sus primeras
órdenes haya sido encargar a su secretario del Tesoro, Stephen T.
Mnuchin -hasta su asunción del cargo de superministro de Economía y
Finanzas, gestor de fondos de inversión y ejecutivo de Goldman Sachs-
que desmantele la Dodd-Frank Act. Ley que Barack Obama incorporó
precipitadamente tras el estallido de laquiebra de Lehman Brothers para
devolver la estabilidad al sistema, reforzar sus mecanismos de control
desde la Reserva Federal -el organismo de fiscalización de la
arquitectura financiera americana- y aplicar reglas claras y
transparentes que restablecieran los niveles de liquidez y solvencia
necesarios para eludir futuras crisis (en el caso de los bancos) y
reforzaran la protección de los consumidores. Que así llama el segundo
apellido de la norma legal.
Mnuchin, presto a la petición de Trump, ya ha comentado que “matará” y “enterrará” elementos de la Dodd-Frank.
Además de determinados preceptos de la Volcker Rule, su complemento
ideal -diseñada por el que fuera presidente de la Fed, de perfil
republicano, Paul Volcker, durante los mandatos de Jimmy Carter y Ronald
Reagan- porque empezó a restringir la capacidad de autonomía de los
bancos para confeccionar productos de inversión especulativos. Unos
activos que se tornaron tóxicos durante los años previos a 2008 dentro
de los balances bancarios. Hasta alcanzar unos cálculos
multibillonarios, según admitieron entonces el FMI y la OCDE. Casi del
triple del valor del PIB español. Y cuya toxicidad tuvo mucho que ver
con la rebaja fiscal decretada por George W. Bush en 2003 por la que
concedió 350.000 millones de dólares (suma equivalente a las economías
argentina y chilena) a los bolsillos del 5% de los ciudadanos más
pudientes de EEUU. Porque gran parte de esta riqueza extra en manos de
multimillonarios se invirtió en instrumentos de alto riesgo financiero;
esencialmente, estructurados, derivados y swaps.
A juicio de Donald Trump, la “Dodd-Frank es un desastre” Pero
nada de esto parece preocupar a Trump. Porque, a su juicio, la
“Dodd-Frank es un desastre”. Aunque, entre otras exigencias, estipule la
obligación de que las entidades bancarias de EEUU se sometan a pruebas
de resistencia (stress test) y haya logrado, en sus seis años de vida,
que las firmas de inversión transformaran sus áreas de negocios,
separaran sus divisiones comerciales minoristas de su banca de inversión
y mejoraran sus protocolos de información a sus clientes. A buen seguro, Trump cederá ante las presiones de Wall Street
para desfigurar los actuales mecanismos de control. A imagen de lo que
hizo en el pasado Reagan. Sin tener en cuenta que su antecesor
republicano en la Casa Blanca, Bush hijo, tuvo que reforzar el papel de
la SEC (la CNMV estadounidense) para afrontar el escándalo Enron y los
movimientos bursátiles especulativos que condujeron al pinchazo de la
burbuja de las punto.com; amén de pasar a la historia como el único
presidente bajo cuyo doble mandato se registraron dos recesiones. Dará
mayor credibilidad a los cientos de miles de dólares que la industria
-dicen los responsables de la banca- ha tenido que desembolsar en este
último decenio para sufragar la multiplicidad de requerimientos y
exigencias que dictamina la ley, y a la necesidad de insuflar crédito al
sistema productivo; sobre todo las PYMES.
Tampoco parece importarle al nuevo inquilino
del Despacho Oval que la presidenta de la Reserva Federal, Janet
Yellen, apoyara públicamente la “seguridad y solidez” de la regulación
financiera de EEUU que, en su opinión, “goza de buena salud”. O de que,
incluso, enfatizara que “no quería ver el reloj retrasarse de nuevo”; en
alusión a una marcha atrás hacia las normativas permisivas que
condujeron a la crisis de 2008.
Ni la respuesta que su invectiva
provocó en Europa. Mario Draghi, como su homóloga de la Fed, precisó que
“lo último que se necesita en este momento es una relajación
regulatoria”. Toda una declaración de intenciones del presidente del BCE
que, en este caso, parece convencido del peligro de la iniciativa de
Trump, en una fase en la que, en Europa, se ha tejido normas hacia la
unión bancaria y la disciplina financiera. “Francamente, no veo razón
alguna para devaluar un entramado normativo que ha reconducido la
fortaleza de los bancos y de los servicios financieros a cotas mucho más
elevadas de las que tenían antes de la crisis”, precisó Draghi.
Todavía quedan importantes asuntos por resolver, como los problemas de solvencia de los bancos de Italia y Francia
Sobre
todo, porque en esta reconversión de la banca, todavía quedan
importantes asuntos por resolver, como los serios problemas de solvencia
que acechan sobre los sistemas bancarios de Italia y Francia o la
incógnita que genera el alto riesgo sistémico que transmite el poderoso
Deutsche Bank. Sin olvidar la compleja desconexión del Brexit y la
batalla por qué ciudad se erigirá en gran centro financiero europeo, o
la tensión que supone para el Viejo Continente la combinación de varias
citas electorales, con la irrupción del nacionalismo de derecha, y
la benevolencia que este desarme regulatorio -que reducirá costes a la
banca- creará a bancos americanos y, presumiblemente británicos, que
verán elevar su ventaja competitiva en relación a la europea. En pleno
tramo final para la entrada en vigor de la MiFID II, en 2018. Tan sólo
un par de años después de que el BCE asumiera la supervisión global del
modelo bancario de la zona del euro.
Esta directiva está confeccionada para
perfeccionar, con guías y normas financieras, las fórmulas de
comercialización de los productos bancarios y ahondar en las garantías a clientes e inversores.
Y de Basilea IV, la batería regulatoria que prepara el Comité de
Supervisión Bancaria de Basilea (CSBB) del Banco Internacional de Pagos
(BIS, según sus siglas en inglés), dirigidas a reforzar la supervisión y
el control de las entidades bancarias, la industria financiera y el
sector asegurador, y que podrían tener un impacto significativo sobre
los requisitos mínimos de capital (es decir, de solvencia) de los
bancos. Pero de cuyas reuniones, paradójicamente, se van a ausentar los
delegados de EEUU hasta que conozcan los pormenores de la reforma de
Trump.
El problema reside en que las economías anglosajonas podrían seguir la estela marcada desde Washington
El
problema, según los analistas del mercado, reside en que economías
anglosajonas y, en especial, la británica, podrían seguir la estela
marcada desde Washington. Sólo la industria financiera de Reino Unido
mueve 8,6 billones en gestión de activos. El triple del PIB del país.
Y no parece que se vayan a quedar con los brazos cruzados y comprobar
cómo los mastodónticos bancos de inversión americanos, con Goldman Sachs (GS) y sus largos tentáculos con el poder político americano a la
cabeza, les quitan una parte suculenta del pastel.
Porque GS no sólo ha sido el gran vencedor de esta crisis.
Siempre se ha jactado de haber sido el catalizador de los intereses de
Wall Street. En EEUU y el resto del mundo desde su nacimiento, a
mediados del siglo XIX. Sólo así se explica que tanto altos ejecutivos
de este banco de inversión hayan recalado en el Tesoro norteamericano.
Desde Henry Fowler, bajo el mandato de Lyndon B. Johnson, hasta Mnuchin,
pasando por Robert Rubin, con Clinton, Henry Paulson, con Bush hijo.
Sin mencionar una larga decena de jerarcas de GS que han ocupado otros
puestos de relevancia en el área económica de los últimos gabinetes
presidenciales. Como Jay Clayton, abogado de la firma, al que Trump ha
colocado al frente de la SEC. Ni los que fueron llamados a resolver la
crisis en Europa. Entre ellos, el propio Draghi o los primeros ministros
italiano, Mario Monti, y griego, Lucas Papademos -éste en medio de la
guerra con sus socios europeos por el excesivo endeudamiento del país-
después de gobernar el Banco de Grecia. Incluso el titular de Economía
español, Luis de Guindos, regentó Lehman Brothers en España antes
de su quiebra, banco cuyas cenizas fueron a parar a GS. O los que
acaban de aterrizar, como el ex presidente de la Comisión Europea, Jose
Manuel Barroso. Una puerta giratoria que no ha llevado implícita sanción
alguna por las autoridades de la UE.
Esta lectura soterrada de cómo se ejerce la
influencia financiera desde la gran banca es, en el fondo, un dolor de
cabeza para las autoridades monetarias. Además de una fórmula de presión
para que otras economías sigan las pautas previstas por EEUU. No por
casualidad, Trump quiso enviar otros mensajes subrepticios a Europa.
Entre otros, la depreciación del euro, que achaca al interés
alemán por mantener su superávit comercial pero que, en el fondo, trunca
su decisión de devolver al dólar la hegemonía perdida en el último
decenio. Un billete verde fuerte resulta de sumo interés no sólo para su
estrategia de proteccionismo comercial. También para forzar a que la Fed acelere las subidas de tipos de interés que emprendió el pasado año.
El esperado dinamismo inmediato que sus medidas de mayor gasto en infraestructuras y rebajas de impuestos
espoleará a medio plazo la inflación favorecen inicialmente su idea de
encarecer el precio del dinero. Pero, a medio plazo, si los
desequilibrios económicos de mayor déficit y descompensación de la
balanza de pagos por el riesgo de recesión en un ciclo que ya supera la
media de ocho años de crecimiento -y sobre el que pesan malos augurios
como la caída de beneficios empresariales-, se tornan en realidad, el
descenso de los tipos hasta un punto de equilibrio bajo será demasiado
drástica. De ahí las apelaciones a la prudencia de Yellen, con las que
ha saludado la agenda económica de Trump, tienen demasiado sentido.
Draghi debe dar por finalizada su estrategia de compra de deuda
Igual
que en la órbita europea. Draghi es consciente de que debe dar por
finalizada su estrategia de compra de deuda de socios del euro. Con
presiones cambiarias y unas economías, las europeas, que no acaban de
entrar en velocidad de crucero desde la recesión post-crisis. Y que
conoce a la perfección los sobreesfuerzos de acomodar con retardo el
precio del dinero a los niveles que marca la Reserva Federal. Sobre
todo, porque los estatutos de la Fed, a diferencia de los del BCE, no
tienen el mandato exclusivo de combatir la inflación bajo una
cota rigurosa, la del 2%. Sino que designa los tipos de interés en
función, también, del dinamismo económico y de la creación de empleo.
Para más inri, con leyes tributarias y laborales homogéneas. En este
sentido, cualquier movimiento precipitado de más carestía del dinero en
Europa redundará de manera negativa en el ritmo de crecimiento a medio
plazo.
Sumarios:
Mnuchin ya admite que “matará” reglas de la Dodd-Frank,
ley de Obama que exigió mayores ratios de solvencia y transparencia a
la industria financiera, y de la Volcker Rule, que restringió el uso de
productos de inversión especulativos.
La desregulación financiera de Trump cuenta con el visto bueno de Wall Street,
que pretende suprimir buena parte de los costes que la banca ha tenido
que asumir para cumplir con los requerimientos legales para ganar
competitividad.
La intención de la Casa Blanca también lleva implícita la tarea de diluir los actuales controles de supervisión de los bancos y, para ello, dispone de talentos procedentes de Goldman Sachs, como el propio secretario del Tesoro.
Las reticencias a este fervor desregulador
proceden de las dos máximas autoridades monetarias; Yellen no quiere que
“el reloj vuelva atrás”, a los años previos a la crisis, y Draghi no ve
“razón alguna” para desproteger al sector.
