Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)

"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), publicada en diario.es.

“En la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente. Tendría que ser justo al revés"

"El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción" 

"En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas" 

Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.

10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?

La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.

En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto. 

¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?

En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe de click. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados. 

¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?

En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa. 

¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?

El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático.  Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés. 

La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan. 

El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo. 

¿Qué modelo propone?

Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro. 

La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.

Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables. 

El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.

En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales  lo bloquearon ellos. 

¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?

La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.  

¿Estamos saliendo de la crisis?

No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis. 

Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.

Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.

Sánchez se compromete a fortalecer los organismos reguladores y de defensa de la competencia en beneficio de consumidores y usuarios

En España se ha asistido al desmantelamiento del sistema de protección de los consumidores. Casos como el empleo masivo de cláusulas suelo, que afectaron a centenares de miles de hipotecados, se han permitido sin la actuación eficaz de los poderes públicos que debían intervenir. Sobre las cláusulas suelo  tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien enmendase la plana al Tribunal Supremo español para que rectificase su bochornosa doctrina, que permitió limitar temporalmente la devolución de lo cobrado ilícitamente por el empleo de una cláusula que el propio tribunal reconocía nula.

La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, mamotreto administrativo en el que se integraron los extintos servicios del Instituto Nacional de Consumo ha sido casi un zombi cuyo papel en la defensa eficaz de los consumidores ha sido inexistente, careciendo de competencias sancionadoras, limitándose a publicar en su web las estadísticas sobre actuaciones inspectoras y sancionadoras llevadas a cabo por las Comunidades Autónomas.

Es lamentable que en España no se posea un órgano de defensa de los consumidores con competencias en todo el territorio y que actúe de forma eficaz frente a conductas infractoras que notoriamente sobrepasan el ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas, ni tampoco una Fiscalía especializada en la materia ¿Qué visión del control eficaz del mercado se puede dar si se dejan en manos de las Comunidades Autónomas, fraudes cometidos a través de publicidad engañosa emitida en todo el territorio, cláusulas desleales o abusivas empleadas por grandes corporaciones financieras o conductas infractoras en el ámbito de consumo llevadas a cabo por compañías eléctricas o de telecomunicaciones?

La Defensa del Consumidor se ha dejado como la hermana pobre de toda acción pública. La visión corta de los gestores en este ámbito es poco ejemplificadora y,  además, errónea tanto desde un punto de vista económico como político.

Desde un punto de vista económico el menosprecio del consumidor llevado a cabo por la falta de voluntad política de instrumentalizar mecanismos eficaces de control del mercado conlleva a que se rompan las reglas de juego de la economía de libre mercado a favor de los pillos; esto es, las empresas incumplidoras se ven favorecidas en relación a las empresas que cumplan cabalmente la legislación. Con ello, se crea una enorme desconfianza que afecta a la globalidad de las empresas, del mercado y, en consecuencia, de la economía. Si de verdad se desea una economía competetitiva, donde los actores actúen con reglas de juego claras, eficaces y dentro de un marco legal, se debería exigir a rajatabla el respeto de los derechos de quienes son el principal motor del consumo: los propios consumidores.

No es cierto que la defensa del consumidor sea una rémora para la actividad económica. Todo lo contrario: el respeto de los derechos de los consumidores actúa como acicate de una economía más competitiva y más eficaz.

Pero, además, el desinterés político de defender a los consumidores es contraproducente para los propios políticos: si hay algún ámbito en el que todos los votantes estamos de acuerdo es en la defensa del consumidor. Es, además,  un potencial caladero de votos que puede impulsar una carrera política. Eso ya lo había entendido Kennedy quien el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de los Estados Unidos proclamó la celebre frase en la que universalizó el concepto de consumidor: “consumidores somos todos”, dijo.

Kennedy también recordó a los congresistas americanos en los lejanos años 60 lo que es un asunto de rabiosa actualidad en España: "El Estado tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere   a   las necesidades   de los   consumidores y   de   hacer progresar sus intereses”.

Esperamos que nuestro nuevo Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haga honor a su palabra y fortalezca los organismos reguladores y de defensa de la competencia en beneficio de consumidores y usuarios, tal y se comprometió y recogen estas dos noticias sobre su programa político publicadas en La Vanguardia y en eldiario.es.

Sobre la privatización del agua. “Las guerras del agua”, de José Luis Hernández

Las guerras del agua

Recientemente se ha aprobado en el ayuntamiento gomero de Valle Gran Rey una interesante moción por la que se ha acordado rendir tributo a las mujeres y hombres que en los años 40, en pleno régimen franquista, se alzaron contra la injusticia y protagonizaron una de las paginas más brillantes de la historia de esa isla en la conocida como “la guerra del agua” y que tuvo un tributo de muertes, torturas, cárcel y represión.

En toda la Isla tradicionalmente el agua tenía un carácter comunitario y se repartía por un sistema de dulas. La Guardia Civil, para defender los intereses de los grandes propietarios que querían apropiarse del control del agua, se enfrentó a tiros con un pueblo indefenso pero unido y alzado para defender este bien tan preciado que era fundamental para su subsistencia. 

Con el paso del tiempo y como consecuencia de la hegemonía de las ideologías neoliberales, en muchos municipios del Estado español, sin disparar un solo tiro y a otra escala, los mismos poderes que representaban a aquellos grandes propietarios, han acabado haciéndose con el control del agua de abasto por medio de la privatización de este servicio indispensable para la vida y el bienestar de las personas. 

Ahora el uso de la fuerza bruta no es necesaria; fruto de la hegemonía política se ha acudido a la legislación para facilitar que empresas privadas, casi siempre grandes multinacionales, se hagan con el control de los beneficios que la gestión del agua reporta. 

En el Estado Español, desde mediados de los 90 , se viene desarrollando una auténtica batalla jurídica entre dos grandes sectores: por un lado el de quienes defendemos que el agua es un bien imprescindible para el desarrollo humano y por tanto tiene que quedar fuera de las concepciones puramente mercantilistas y por otro el de quienes ven en su gestión un ingente caladero de negocio. 

Como quiera que la ley reguladora de las haciendas locales, en su artículo 20, parecía proteger a este servicio de quienes solo piensan con la lógica de la avaricia, se desata una controversia jurídica que trata de cuestionar esa protección por la vía de las interpretaciones más o menos laxas que favorecieran la privatización. 

El campo de batalla se centraba en la naturaleza jurídica de las contraprestaciones de los servicios públicos en los casos en los que se realizan por medio de concesión y en la consideración que debería tener su cobro. Si se hacía mediante una tasa era casi imposible el lucro desmedido, puesto que esta figura tributaria se rige por los principios de equivalencia (el pago que realice por el servicio debe ser como máximo lo equivalente al coste) y por el de capacidad económica (se tendrá en cuenta y se ajustará a la capacidad económica de las personas a las que se aplica). Si se hacía mediante una tarifa o precio público, dejaría de estar bajo el paraguas del derecho público, pasando al privado y por tanto se podía cobrar tan por encima del coste real como se quisiera. 

Las hostilidades para que las multinacionales pudiesen hincar el diente a este servicio se desatan a mediados de los años noventa y se centran en la interpretación de la reserva de ley que se recoge en el artículo 31.3 de la Constitución Española (“Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”). El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 185/1995 interpreta ese artículo sentenciando que “la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público”, frenando las pretensiones de las multinacionales y a sus valedores en la política. 

Posteriormente, la Ley General Tributaria de 2003 ( artículo 2) y una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2009, reafirman que el cobro mediante tasas no debe estar vinculado a la forma de gestión del servicio público, siempre que se siga manteniendo esta titularidad (“La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión”). 

La tregua pasajera la rompe el legislador en 2011 con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Mediante la disposición final 58ª se eliminan las salvaguardas contenidas en el artículo 2 de la Ley General Tributaria como forma de dar vía libre al cobro del servicio de agua de abasto al margen del derecho público. Una vez más el poder político se ponía al servicio de las multinacionales en detrimento de los intereses de la población. 

Sin embargo, cuatro años más tarde el poder judicial, mediante sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015, sienta jurisprudencia y rebate el posicionamiento del legislativo ( “La forma gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de las tasas y lo esencial es determinar si estamos ante prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos”). 

También existe acuerdo en que debe prevalecer el criterio del TS en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, presentado en julio de 2017, elaborado por diez personalidades de reconocido prestigio y que representan a todo el espectro ideológico del Estado. 

Como era previsible, los sectores políticos que están en esto para defender los intereses de las minorías y siempre al servicio del poder económico, no iban a permanecer de brazos cruzados. Así, mediante un vergonzoso informe firmado el 20 de mayo de 2017, la Secretaría de Estado de Hacienda contradice la doctrina del TS , aportando un balón de oxigeno a los ayuntamientos que han privatizado servicios y que están cómodos con el ingente negocio de las multinacionales, sobre todo de las que se han hecho con buena parte de los servicios del agua de abasto en todo el Estado. 

El último capítulo de esta guerra también lo ha protagonizado el legislativo. En la tramitación de la novedosa Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018, se permitió que Francesc Homs, diputado catalán del grupo mixto, introdujera una enmienda, plasmada en la disposición final duodécima, que vuelve a contradecir la doctrina del TS e implica la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo un nuevo apartado a su artículo 20 para permitir que las prestaciones de importantes servicios públicos sean consideradas como “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario” si se ofrecen de forma directa por una sociedad privada o mediante gestión indirecta. 

Se vuelve a legislar en favor de los intereses económicos de las multinacionales para que servicios como el del agua de abasto se puedan tarifar como precio público y no como tasa.

Este nuevo movimiento del legislativo controlado por el Partido Popular y acordado con los denostados “catalanes”, no es la batalla final, pues existen razonables dudas sobre su constitucionalidad. No hay garantías de que se respete la reserva de ley establecida en el artículo 31.3 de la Constitución y para muchos expertos también hay dudas de que este tipo de prestaciones se puedan calificar como “no tributarias”, puesto que la sentencia 102/2005 del Tribunal Constitucional, en un recurso sobre el cobro de los servicios portuarios, vino a dictaminar que “son tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta”. 

En 1947 el pueblo de Valle Gran Rey ganó “la guerra del agua” y se mantuvo el control público sobre este recurso. Ahora tampoco consideramos perdida esta nueva guerra del agua que se libra en infinidad de municipios de todo el Estado, porque los sectores mayoritarios de la sociedad no vamos a permanecer impasibles permitiendo que prevalezca sobre el interés general la imposición de los intereses del capitalismo global.

José Luis Hernández (Concejal de Unid@s se puede. La Laguna)

La Laguna, 28 de febrero de 2018

Fuente: www.eltambor.es