En
España se ha asistido al desmantelamiento del sistema de protección de los
consumidores. Casos como el empleo masivo de cláusulas suelo, que afectaron a
centenares de miles de hipotecados, se han permitido sin la actuación eficaz de los poderes públicos que debían intervenir. Sobre las cláusulas suelo
tuvo que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien enmendase la
plana al Tribunal Supremo español para que rectificase su bochornosa doctrina, que
permitió limitar temporalmente la
devolución de lo cobrado ilícitamente por el empleo de una cláusula que el
propio tribunal reconocía nula.
La
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, mamotreto
administrativo en el que se integraron los extintos servicios del Instituto
Nacional de Consumo ha sido casi un zombi cuyo papel en la defensa eficaz de
los consumidores ha sido inexistente, careciendo de competencias sancionadoras, limitándose a publicar en su web las estadísticas sobre actuaciones inspectoras y sancionadoras llevadas a cabo por las Comunidades
Autónomas.
Es
lamentable que en España no se posea un órgano de defensa de los consumidores con
competencias en todo el territorio y que actúe de forma eficaz frente a
conductas infractoras que notoriamente sobrepasan el ámbito de actuación de las
Comunidades Autónomas, ni tampoco una Fiscalía especializada en la materia ¿Qué
visión del control eficaz del mercado se puede dar si se dejan en manos de las
Comunidades Autónomas, fraudes cometidos a través de publicidad engañosa emitida en todo el territorio, cláusulas desleales o abusivas empleadas por
grandes corporaciones financieras o conductas infractoras en el ámbito de
consumo llevadas a cabo por compañías eléctricas o de telecomunicaciones?
La
Defensa del Consumidor se ha dejado como la hermana pobre de toda acción
pública. La visión corta de los gestores en este ámbito es poco ejemplificadora
y, además, errónea tanto desde un punto
de vista económico como político.
Desde
un punto de vista económico el menosprecio del consumidor llevado a cabo por la
falta de voluntad política de instrumentalizar mecanismos eficaces de control
del mercado conlleva a que se rompan las reglas de juego de la economía de
libre mercado a favor de los pillos; esto es, las empresas incumplidoras se ven
favorecidas en relación a las empresas que cumplan cabalmente la legislación.
Con ello, se crea una enorme desconfianza que afecta a la globalidad de las
empresas, del mercado y, en consecuencia, de la economía. Si de verdad se desea
una economía competetitiva, donde los actores actúen con reglas de juego
claras, eficaces y dentro de un marco legal, se debería exigir a rajatabla el
respeto de los derechos de quienes son el principal motor del consumo: los
propios consumidores.
No
es cierto que la defensa del consumidor sea una rémora para la actividad
económica. Todo lo contrario: el respeto de los derechos de los consumidores
actúa como acicate de una economía más competitiva y más eficaz.
Pero,
además, el desinterés político de defender a los consumidores es
contraproducente para los propios políticos: si hay algún ámbito en el que
todos los votantes estamos de acuerdo es en la defensa del consumidor. Es, además, un potencial caladero de votos que puede impulsar una carrera política. Eso ya
lo había entendido Kennedy quien el 15 de marzo de 1962 ante el Congreso de los
Estados Unidos proclamó la celebre frase en la que universalizó el concepto de
consumidor: “consumidores somos todos”, dijo.
Kennedy también
recordó a los congresistas americanos en los lejanos años 60 lo que es un asunto de rabiosa actualidad en España: "El Estado
tiene la especial obligación de estar alerta en lo que se refiere a
las necesidades de los consumidores y de
hacer progresar sus intereses”.
Esperamos
que nuestro nuevo Presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, haga honor a su
palabra y fortalezca los organismos reguladores y de defensa de la competencia
en beneficio de consumidores y usuarios, tal y se comprometió y recogen estas
dos noticias sobre su programa político publicadas en La Vanguardia y en
eldiario.es.
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