Sobre el tatuaje. "Tatuajes sin ley"

Una artista realiza un tatuaje en la feria Mulafest. Ifema

Tatuajes sin ley 

Bruselas quiere regular las tintas usadas en el sector tras recibir un informe que pide vetar 4.000 sustancias 

Laura Delle Femmine

El País 

Arriba y abajo. La aguja perfora la piel como un pequeño taladro y escupe gotas de tinta en cada agujero. Puede quemar, arder. El dolor pasa, y el tatuaje se queda. Lo que pocos se preguntan es qué contienen los líquidos que acaban para siempre enquistados en sus cuerpos. El 12% de los europeos está tatuado, pero Bruselas solo ha dado tímidos pasos para regular el sector. El año que viene tendrá que pronunciarse sobre una propuesta de la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) que sugiere vetar 4.000 sustancias contenidas en las tintas para tatuajes y micropigmentación, la mayor prohibición jamás planteada por este organismo. Mientras, cada país regula (o no) de manera distinta el uso de estos productos y el caos impera.

España, uno de los nueve países de Europa que ha legislado sobre tintas para tatuajes, tiene unas reglas tan estrictas que solo una empresa ha logrado los permisos para comercializar sus productos. El problema es que muchos tatuadores no los usan, asegura Albert Grau, presidente de la Asociación de Distribuidores Nacional de Tatuaje y Piercing: “Son de mala calidad, no pintan”. La mayoría del gremio se decanta por tintas no autorizadas por el Ministerio de Sanidad español, pero que sí se encuentran homologadas en el resto de Europa, enfrentándose así a un delito contra la salud pública y penas de cárcel. “Es absurdo que se no pueda usar una tinta que en Alemania ha pasado todos los controles”, zanja Grau.

El tatuador explica que la principal traba está en el encaje normativo de las tintas, que se consideran artículos de cuidado personal, regulados por el decreto de productos cosméticos según una resolución no vinculante de 2008 del Consejo de Europa. Estos productos necesitan permiso de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para poder venderse en el país.

Luis lleva 16 años como tatuador. Tiene un estudio en el centro de Madrid. Pide usar un nombre ficticio y explica que es fácil conseguir tintas no autorizadas. “Se pueden comprar en cualquier lugar”, asegura con un par de botes en la mano con una clara advertencia en la etiqueta trasera: no homologada en España. “Las uso con algunos clientes y fuera del país; no me voy a hacer un mal nombre por hacer un trabajo chapucero”, aclara.

Los tatuadores piden poder usar material que emplean otros países de la UE

El tatuaje es tan antiguo que para encontrar los primeros ejemplos de este arte hay que remontarse al hombre prehistórico. Los marineros de James Cook los trajeron a Europa desde Tahití, y hasta personalidades de la nobleza europea del siglo XIX, como el zar ruso Nicolás II o Alfonso XIII de España se dejaron seducir por el arte de grabarse la piel.

Hoy en día, la ciencia no ha demostrado que causen cáncer, como confirma la misma ECHA. Esta agencia, a la cual Bruselas encargó un informe que evaluara los riesgos de estos productos, asegura que “hay estudios que demuestran que la exposición a algunas sustancias encontradas en las tintas pueden provocarlo”. Pero matiza: “No buscamos prohibir los tatuajes, sino limitar la exposición a productos químicos peligrosos”.

Jørgen Serup, presidente de la Sociedad Europea de Investigación de Tatuaje y Pigmento, confiesa que el estudio de la ECHA le genera dudas: “Son 4.000 sustancias. ¿Te imaginas? ¡Es imposible de gestionar!”. Se pregunta, además, cuáles de ellas causan enfermedades. “Yo soy médico, y es imposible saberlo. Todavía no hay estudios suficientes y el cáncer está en todos los lados, en la polución, en el humo... es como decir que lo tendrás por fumar un cigarro”.

El 12% de los europeos ha apostado ya por grabarse el cuerpo

Serup considera que la realidad clínica debe prevalecer sobre el enfoque toxicológico. Explica que los políticos nunca se interesaron por los tatuajes por considerarlos una práctica exclusiva de segmentos de la población de baja posición social. “Pero ya no es así, casi un 30% de los jóvenes tiene uno”, añade. Cree que la UE debería crear reglas comunes sin excederse en la prohibición: “La propuesta de la ECHA no hará desaparecer ninguna enfermedad, solamente ayudará a crear un mercado sumergido”.

Donis Muñoz tiene el mismo temor. Este dermatólogo especializado en tatuajes considera que en España hay un “exceso de legislación” que impide saber qué productos causan eventuales reacciones adversas, como alergias. El problema se encuentra en que los tatuadores no suelen admitir haber usado material no autorizado. “No vamos a ningún lado con normas casi imposibles de aplicar. Además, causan alarma social”, opina.

Las únicas tintas permitidas en España las produce la empresa Black Steel. Su dueño, Armando Francés, explica que las autoridades exigen cumplir con requisitos de composición química y etiquetado, entre otros. Él mismo comercializa en el resto de Europa tintas que aquí no puede vender y tiene interés en que las reglas se relajen. “A nivel de componentes no hay diferencia”, dice.

Estados Unidos es el principal mercado de tintas del mundo, y los productos autorizados en Europa suelen estar certificados por el laboratorio alemán Chemical Technological Laboratory (CTL). Aún así, no pueden venderse en España. “Los tatuadores no queremos vivir en la ilegalidad”, asegura Luis. “Pero no hay más opción”. 

Un paso para profesionalizar el mercado 

Pilar Navaz, secretaria general de la Federación Española del Tatuaje y distribuidora, explica que otra de las grandes luchas del gremio es el reconocimiento de la profesión de tatuador. “Hemos estado en el Congreso varias veces y, de hecho, hay una proposición no de ley que se quedó en el cajón”, explica. Considera que la regulación de las tintas en España es absurda y recuerda que sustancias certificadas en Europa, pese a estar prohibidas en España, se permitieron usar durante varias ediciones del Mulafest, una convención en Madrid a la que acuden tatuadores de todo el mundo.

“Podríamos comprar con toda seguridad en Europa, pero así nos enfrentamos al riesgo de sanciones y falsificaciones”, explica. “Hay que entender que el tatuaje no es una moda pasajera y cada día se usan en España kilos de tinta”, advierte. 

MÁS INFORMACIÓN 

• ¿Qué contiene la tinta de los tatuajes? 
• Un tatuaje que devuelve la feminidad 
• “Nunca copiaría un tatuaje aunque un cliente me lo pida” 

LEGISLACIÓN REGULADORA

• Asociacion Española de Micropigmentación 
• Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
• Productos para maquillaje permanente (micropigmentación) y tatuaje que se encuentran autorizados  y anotados en el registro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (última actualización: 8 de febrero de 2017)

Se declara el Estado de Sitio en el Tribunal Supremo. Revisión de los criterios que benefician a los consumidores en el pago de hipotecas

El Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en insólito comunicado , ayuno de expresa motivación jurídica (no se trasluce en la nota ningún precepto jurídico que justifique la decisión), ha ordenado "manu militari" convocar al Pleno de la Sala el conocimiento de los recursos relacionados con el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados en la constitución de hipotecas, posibilitando así la revisión del criterio establecido en la reciente Sentencia nº 1505/2018 de 16 de octubre (Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo) que, establece que los sujetos pasivos, y por ello, los obligados al pago del impuesto son las entidades bancarias acreedoras de préstamos hipotecarios  y no los consumidores.

Lo grave del asunto, con ser grave, no es el fondo de la cuestión: que no sea la Ley reguladora de un tributo lo suficientemente clara para determinar quién es el obligado al pago del mismo. Lo grave son las formas empleadas. Me explico.

Sorprende la rapidez con que ha reaccionado el convocante. Apenas dictada una sentencia (la sentencia se dictó el pasado día 16) el Presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo reacciona como un resorte, avocando (esto es reservando la competencia para estudiar un asunto) al Pleno de la Sala que preside el dilucidar si el criterio jurídico de una sentencia ya dictada es, o no, adecuado a derecho.

Sorprende, además, el propio comunicado; escueto, críptico y con un estilo impregnado de aire marcial. Merece la pena reproducirlo: 

NOTA INFORMATIVA DEL PRESIDENTE DE LA SALA TERCERA

 Dado que la sentencia nº 1505/2018 de la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, relativa al sujeto pasivo del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, supone un giro radical en el criterio jurisprudencial hasta ahora sustentado y habida cuenta, asimismo, de su enorme repercusión económica y social, el Presidente de la Sala ha acordado, con carácter urgente:

Primero.- Dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recursos de casación pendientes con un objeto similar.

Segundo.- Avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

Madrid, 19 de octubre de 2018
Luis María Díez-Picazo Giménez

En tres párrafos este comunicado, en la que la expresión "giro"se repite ("giro radical", sinónimo de peligro y "giro jurisprudencial") el comunicante da una bofetada a los magistrados de la Sección 2ª que dictaron la sentencia (sobre todo, al Presidente de la Sección, Nicolás Maurandi Guillén- y al ponente de la sentencia, Jesús Cudero Blas ) y estima que la decisión de que sean los bancos quienes paguen el impuesto sobre actos jurídicos documentados y no, como hasta ahora, los consumidores, ha de ser revisada por ser un "giro radical" en el criterio jurisprudencial "hasta ahora sustantado" (como si el Tribunal Supremo no nos tuviese acostumbrados a giros radicales en sus criterios jurisprudenciales) y, además, por otra razón extrajurídica: la "enorme" (expresión indeterminada dada la carencia, hasta el momento, de aparatos capaces de medir "repercusiones") repercusión económica y social. 

Esta decisión escandalosa, ha tenido la respuesta más clara en la Asociación Juezas y Jueces por la Democracia, a la que pertenece el ponente de la sentencia puesta en solfa, Jesús Cudero, quien en su cuenta de Twiter ha  publicado . “Es intolerable que una sentencia de la sala tercera del Tribunal Supremo velando por los intereses de la ciudadanía se vaya a revisar por los intereses de la banca".

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Obsolescencia programada. A los productos fabricados para romperse se les va a acabar el cuento

A los productos fabricados para romperse se les va a acabar el cuento

Por

Guillermo Arenas

Publicado en Retina-El País

La obsolescencia programada nos obliga a entrar en un ciclo sin fin de consumo y desperdicio, pero se plantean otras vías para salir del ciclo comprar-tirar-comprar

17 OCT 2018 - 23:31 CEST

Cada historia tiene un comienzo, pero pocas veces se le puede poner una fecha exacta. La de la obsolescencia programada, por increíble que parezca, sí tiene un punto de partida exacto. El 23 de diciembre de 1924 se reunieron en Ginebra los principales fabricantes mundiales de bombillas, entre ellos compañías como Osram, Phillips o General Electric. Allí firmaron un documento por el que se comprometían a limitar la vida útil de sus productos a 1.000 horas, en lugar de las 2.500 que alcanzaban hasta entonces. El motivo, claro está, era lograr mayores beneficios económicos. Había nacido el primer pacto global para establecer de manera intencionada una fecha de caducidad a un bien de consumo.

La bombilla del parque de bomberos de Livermore (California) funciona desde 1901

Este acuerdo oficializaba una nueva era del consumo. A partir de entonces, los fabricantes incorporaron un principio en su modelo de negocio que quedó plasmado en un texto de la revista Printer’s Ink en 1928: “Un artículo que no se desgasta es una tragedia para los negocios”. En la década de los cincuenta se le puso un nombre: obsolescencia programada. En unos EE UU en plena expansión comercial, el diseñador industrial Brooks Stevens popularizó el término, que definió de manera elocuente: “Instalar en el comprador el deseo de poseer algo un poco más nuevo, un poco mejor, un poco antes de lo necesario”.

“Aquella obsolescencia era un modelo de clases medias, planteaba un bienestar general, un consumo más generalizado y no reducido a círculos burgueses”, explica Luis Enrique Alonso, catedrático de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid y autor de libros como La era del consumo. Sin embargo, a medida que la tecnología se desarrollaba y alcanzaba mayores niveles de complejidad, la obsolescencia fue separándose de esa visión naïf y positiva del consumo al alcance de todos y el crecimiento económico al que no se le adivinaba un fin. “Ahora es un fenómeno muchísimo más diseminado e integrado, se ha convertido en algo mucho más sibilino y poderoso”, apunta Alonso. El motivo ya no está en los bienes de consumo, sino en nuestra cabeza. 

Estado mental: obsolescencia 

La realizadora alemana Cosima Dannoritzer empezó a trabajar a finales de la década pasada en un documental que abordaba el fenómeno de la obsolescencia programada. “Cuando comencé a interesarme por el tema pensaba encontrar algunas empresas que utilizaban esa práctica para ganar más dinero, pero me di cuenta de que se trata de algo sistémico, que toda nuestra economía depende de ella”, recuerda. Su documental, Comprar, tirar, comprar, estrenado en 2011, proporcionó una visión global sobre los peligros de este ciclo infinito del consumo, y sus consecuencias más allá de nuestros bolsillos. 

Vemos como un derecho tirar un objeto que no funciona 

“La economía del crecimiento difunde un miedo a salir de ese sistema”, afirma Dannoritzer. “Parece que si no existiese ese crecimiento nos volveríamos pobres, que no tendríamos trabajo, casi como una vuelta a la Edad Media… Pero no es verdad. Ha habido otros sistemas antes y habrá otros después”. Luis Enrique Alonso confirma este fenómeno, que varios autores han denominado obsolescencia psicológica o cognitiva. “Hay un discurso de la amenaza muy fuerte: individuos que se van a quedar fuera del sistema funcional si no tienen determinados productos. La obsolescencia ya no tiene ese sentido positivo de llamar al crecimiento y el bienestar, sino que incluye un elemento de exclusión”.

La publicidad ha jugado un papel clave en este cambio en nuestra psique que nos empuja a querer, por ejemplo, ese smartphone nuevo sin plantearnos siquiera si el que ya tenemos todavía funciona. “Si ves los anuncios de hace dos o tres generaciones, vendían que su producto era mejor, que su coche era más rápido, pero ahora a veces ni te muestran ese producto. Vinculan los objetos y la función que tienen a nuestras inseguridades”, explica Dannoritzer. “Dentro de este contexto, hemos aceptado como algo normal el hecho de tirar un objeto cuando ya no funciona. Lo vemos como un derecho: yo lo puedo tirar y alguien se tiene que ocupar de esos residuos. Y no es tan fácil si pensamos en el futuro y lo que puede pasar con nuestro planeta”. La directora alemana apunta a otra de las consecuencias de la obsolescencia, quizás la más apremiante y amenazadora. 

Montañas de basura

En 2025 se generarán 53,9 millones de toneladas de desechos procedentes de productos electrónicos, según la Oficina Internacional de Reciclaje (Bureau of International Recycling). Pero gran parte de esa chatarra no está a nuestra vista, sino en lugares como Agbogbloshie, una zona cercana a Accra (Ghana) que se ha convertido en un inmenso vertedero al que van a parar esos teléfonos, ordenadores o electrodomésticos que dejaron de funcionar y que era más sencillo reemplazar que arreglar. Otros países como Pakistán son el destino final de los 41 millones de toneladas de basura electrónica que generamos cada año, según Naciones Unidas.

El vertedero de Agbogbloshie (Ghana) es uno de los lugares más contaminados del mundo.

“La economía del crecimiento y la obsolescencia programada no funciona a largo plazo porque no podemos acelerar siempre, hay un tope de recursos, de energía”, advierte Dannoritzer. “Es un sistema que funcionaba bien en la década de 1920, en los años 30, 40… pero no es algo que se pueda mantener. O nos quedamos sin recursos y energía o llenamos el planeta de basura innecesaria”. En su documental Comprar, tirar, comprar, el economista Serge Latouche, partidario de la ideología del decrecimiento, lo expresa de manera más gráfica: “Con la sociedad del crecimiento vamos todos en un bólido que ya nadie pilota, que va a toda velocidad y cuyo destino es un muro”. 

La lucha empieza por el diseño de cosas que se puedan arreglar  

“La obsolescencia programada está íntimamente relacionada con el modelo de crecimiento, que es depredador del medio ambiente”, asegura Luis Enrique Alonso. “Da la impresión de que si se instauran medidas más restrictivas se ralentiza el crecimiento, algo que puede tener un coste político”, prosigue el catedrático de Sociología. “Cada vez tenemos más referencias y modelos posibles de convivencia, más racionales y sostenibles y, sin embargo, impera el corto plazo de la política económica, que solo toma el crecimiento del PIB como referencia. La supervivencia de las políticas económicas y de los propios gobiernos se rigen por esos indicadores”.

“La lucha empieza ya con el diseño de los productos, con conseguir que se diseñen cosas que se puedan arreglar”, defiende Cosima Dannoritzer. “Por ejemplo, es muy difícil que puedas cambiar ahora tú mismo una batería de ordenador. También deberíamos tener más información. Disponer, entre otros, de una etiqueta que te diga cuánto dura un producto, o cuánta energía se ha empleado para confeccionarlo. Deberíamos tener ese derecho”. 

Salir de la rueda 

Cuando los fabricantes de bombillas se reunieron en Ginebra en 1924, una de esas sencillas fuentes de luz llevaba ya 23 años alumbrando de forma ininterrumpida un parque de bomberos de Livermore, en California. Hoy, esa bombilla sigue encendida 117 años después, convertida en una atracción turística local, pero también en el símbolo de la posibilidad de crear productos mucho más perdurables que lo que dicta el mercado obsolescente. 

“Es necesario un nuevo pacto social en el que se incluyan unas reglas de juego más racionales, y que no parezca que el consumidor final es el que tiene que arreglar todo el desaguisado”, explica Alonso. Lo cierto es que la concienciación sobre los efectos de la obsolescencia va creciendo, no solo entre los ciudadanos. Francia es el país de la Unión Europea que se ha tomado más en serio la lucha contra la obsolescencia, estableciendo penas de hasta dos años de prisión y multas de 300.000 euros a las empresas que violen las leyes de defensa del consumidor. 

Laetitia Vasseur es la cofundadora de HOP, siglas de Halte à l’Obsolescence Programmée (Alto a la obsolescencia programada). Su organización ha trabajado como grupo de presión para que legisladores y empresas rechacen un modelo económico basado en producir objetos tremendamente perecederos. “Antes de las últimas elecciones en Francia, les preguntamos a todos los candidatos sobre su programa en materia de obsolescencia programada”, cuenta Vasseur. “Ahora trabajamos junto al Gobierno para fomentar iniciativas de economía circular”.

30.000 personas trabajan en este vertedero de Nueva Delhi, que recibe ordenadores o móviles de toda la India

Una de las reivindicaciones de HOP pasa por que los fabricantes ofrezcan mayor información sobre sus productos al consumidor. “Sobre todo, que se ponga de manifiesto la durabilidad de esos bienes de consumo, de manera que el consumidor pueda comparar y elegir aquellos productos que duran más”, prosigue Vasseur. “Esta propuesta fue aprobada por el Gobierno y ahora estamos trabajando en su implementación”.

En otros casos, su acción es incluso más directa. A comienzos de este año, HOP demandó a distintos fabricantes tecnológicos, entre ellos Apple y Epson. A la empresa de impresoras la acusan de provocar que sus máquinas dejen de funcionar de manera intencionada por la introducción de un chip que limita su vida útil, algo que también se expresaba en el documental Comprar, tirar, comprar. “Queremos que este tipo de empresas reaccionen y cambien su política”, afirma Vasseur. “Y estamos empezando a ver un cambio de mentalidad en muchas de ellas”.

En España no se han tomado apenas medidas para combatir esta práctica 

“En España no se han tomado apenas medidas para combatir esta práctica”, explica Enrique García López, del departamento de comunicación de la OCU. La Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha una campaña informativa contra lo que llaman obsolescencia prematura, con consejos para que el usuario la evite. “Por ejemplo, que elijan productos diseñados de forma que no haya piezas de calidad deficiente, o que el precio de los consumibles no sea superior al del producto nuevo”. Otras asociaciones, como la catalana Millor que Nou [Mejor que nuevo], promueven la reparación de aparatos y el intercambio como alternativa a generar mayor número de desechos tecnológicos.

Esa economía circular es una de las iniciativas que también están siendo apoyadas por la Unión Europea. Según la Eurocámara, las marcas de tecnología deben permitir que se extraigan las piezas de sus productos para ser reemplazadas; por ejemplo, las baterías de los móviles. También se plantea la creación de una etiqueta para productos fáciles de reparar. Sin embargo, en una época en la que la vida útil de los aparatos se reduce cada año, no parece una tarea fácil.

Mientras la legislación avanza en paralelo a la concienciación pública, cada decisión importa. “Siempre digo que cada uno puede cambiar pequeñas cosas”, cuenta Cosima Dannoritzer. “Si me quedo mi móvil un año más no me va a arruinar la vida, y si todos hacemos lo mismo se tirarían menos móviles”. Ya no solo se trata de algo que afecte a nuestra economía doméstica, sino quizás a nuestra supervivencia.

Crónica de un despilfarro público. Las estaciones de trenes en Gijón, por Manuel de Cimadevilla

Ampliación del Musel, Palacio de Calatrava, Metrotren, Universidad de Mieres, Autovía Minera, Regasificadora, Depuradora del Este en Gijón...obras faraónicas cuyo común denominador es el despilfarro de dinero público y la ausencia de responsabilidades (políticas, penales y administrativas). Ese despilfarro tuvo antecedentes ya en los años 80 y un episodio desarrollado en Gijón fue la malograda "Estación Jovellanos", abandonada y posteriormene demolida. 

Manuel de Cimadevilla lo cuenta en este interesante artículo.

Demolición de la Estación Jovellanos de Gijón

EL AYUNTAMIENTO PAGÓ 1.500 MILLONES DE PESETAS PARA LAS NUEVAS ESTACIONES FÉRREAS 

Años después serían demolidas, con lo que la llegada de los trenes se alejó del centro urbano y supuso un derroche de fondos públicos

 
Manuel de Cimadevilla. Periodista

Ya en el año 1986, la Corporación Municipal se desesperaba por la tardanza en iniciar la construcción de las nuevas estaciones de cercanías y de largo recorrido, para las que tuvo que aportar mil quinientos millones de pesetas, de acuerdo con el gravoso convenio suscrito con los ministerios de Obras Públicas y Transportes –del que dependían RENFE y FEVE- debido a que seis meses después de haberse adjudicadas las obras, nada se había hecho. Las obras de construcción de la estación de largo recorrido en los terrenos que ocupara la antigua fábrica de Moreda y las del cambio del nuevo plan de vías para organizar las llegadas de los trenes habían sido adjudicadas por la Dirección General de Infraestructura de Transportes, del Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones a finales de 1985 a la empresa Agroman por 550.200.000 pesetas –aunque a la hora de la verdad, el coste final fue de unos seiscientos setenta y cinco millones de pesetas- y las del nuevo trazado de la playa de vías a la empresa Vías y Construcciones en 612.173.000 pesetas. Las dos nuevas estaciones –la de la plaza del Humedal, con seis vías y tres andenes donde llegarían todos los trenes hasta el mismo centro de la ciudad- serían inauguradas oficialmente cuatro años después, con lo que se consolidaría la histórica barrera ferroviaria dividiendo en dos la ciudad y, tras un nuevo planteamiento rupturista de nuestros desconcertantes gobernantes, contra toda lógica, las excavadoras las convertirían en escombros en el año 2010. Todo un lamentable derroche de dinero público que agravó todavía más las carencias de nuestras comunicaciones ferroviarias.

Más de tres décadas después, el grave problema de la aprobación de un plan racional para crear las nuevas estaciones de ferrocarril y la intermodal para autobuses y servicios de taxi, sorprendentemente sigue sin resolverse porque los cambios de gobierno siempre dificultan las negociaciones y, una y otra vez, desde la Administración central siempre se quiere volver a empezar de nuevo. Nadie puede poner en duda de una cruda realidad: Gijón es la única ciudad importante de España que carece de estaciones definitivas para la llegada de los trenes –la provisionalidad del incomprensible traslado desde la plaza del Humedal hasta el final de la calle de Sanz Crespo ha sido nefasta y como prueba irrefutable ahí está el descenso del número de pasajeros- y tampoco cuenta con una estación de autobuses para todas las líneas de transporte por carretera.

Las obsoletas instalaciones de la estación de ALSA –edificio catalogado que barajó su adquisición “El Corte Inglés” para ubicar allí su primer hipermercado de Asturias fue desechado por carecer de los metros cuadrados para desarrollar un gran proyecto comercial- siguen también en un alarmante estado de precariedad y no por culpa de la empresa ALSA –que, en todo momento, trató de encontrar nuevas perspectivas de ubicación idónea para una estación intermodal- sino de las tres administraciones que todavía no han logrado llegar a un acuerdo para resolver este enojoso problemas de carencia de las precisas infraestructuras de comunicaciones que padece la ciudad más populosa de Asturias.

El Colegio de Arquitectos, en contra de las ubicaciones para las estaciones

Siempre ha sido un profundo motivo de polémica la ubicación de las estaciones férreas. Durante el periodo de información pública del Plan General de Ordenación Urbana hubo opiniones para todos los gustos, al querer encontrar una solución que terminase con la división de Gijón en dos, como consecuencia de la antigua playa de vías y la autopista que incomprensiblemente llegó hasta la plaza del Humedal, en contra de las normas urbanísticas europeas. Por aquellos tiempos, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias -que estaba presidido por el ilustrado Mariano Marín Rodríguez-Rivas- ya se opuso a la propuesta hecha por el equipo de Ramón Fernández-Rañada, porque los emplazamientos escogidos eran decepcionantes. Aquella oportunidad única que se presentaba al Ayuntamiento con la elaboración de un proyecto se estaciones de mayor atractivo urbanístico no fue aprovechada, porque tampoco aquella Corporación Municipal tenía las ideas claras sobre lo que realmente convenía acometer para el bien de la ciudadanía.

No obstante, al margen de esta puntual discrepancia, el presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Mariano Marín calificó entonces al planeamiento propuesto al Ayuntamiento por el equipo de Ramón Fernández-Rañada como “estimable, sólido y serio, al menos en cuanto a sus bases técnicas. Aunque me resulta dramático que se diga basándose, en una serie de informes económicos que no cuestionamos, que Gijón no va a crecer más como ciudad y que está acabada como tal. A mi entender esto es algo totalmente desolador y afrontar un planeamiento urbanístico basándose en una conclusión de ese tipo, supone una gran responsabilidad política para quien lo apruebe La idea de que Gijón será muy pronto una ciudad desolada no coincide con nuestra mentalidad, netamente mediterránea, de una gente que le gusta salir a la calle, pasear y gozar de una ciudad viva. Resulta dramático que, en verdad, alguien crea que la ciudad será así algún día. Si son ciertos los informes económicos, que nosotros, como arquitectos, no podemos cuestionar, pues resulta muy desesperanzador. En el caso de que la evolución económica de la ciudad sea otra, que es lo que los gijoneses deseamos, la responsabilidad de barajar ese tipo de argumentos pesimistas es muy grande. Porque, claro, no se puede aceptar que se mantenga que Gijón tiene bastante con los pisos ya construidos y que actualmente están vacíos, dado que si se acepta eso implícitamente se da la razón a los que dicen que la ciudad no va a crecer más”.

Miscelánea de otros acontecimientos locales

En aquellos tiempos también ocurrían fenómenos ecológicos extraños en el arenal de la playa de San Lorenzo –los tiempos pasan, pero siempre vuelven recordándonos que la contaminación no es un tema de ahora- aunque el alcalde José Manuel Palacio quitó importancia. Las cuentas de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA) ya no cuadraban y en el año de1985 dio pérdidas que superaron los ochenta millones de pesetas, ya que la municipalización de los servicios no siempre da buenos resultados financieros para las arcas públicas dado que la gestión es fundamental. Como contrapartida ahí está la ejemplar trayectoria desarrollada por el ingeniero José Luis Díaz Caneja en la Empresa Municipal de Aguas, que en aquel mismo ejercicio tuvo unos beneficios de ciento quince millones de pesetas. Aunque haya todavía que tengan colocada una venda sobre sus ojos por aquello de la demagogia populista, las cifras de los balances son indiscutibles. En El Musel no había queja, ya que contaba con veintitrés líneas regulares, gracias en gran parte a los tráficos cautivos para ENSIDESA y HUNOSA. En mayo de 1986, la histórica emisora EAJ34, Radio Gijón “La voz de la Costa Verde” fue vendida a la COPE. En el Sporting empezarían a soplar vientos de confrontación con la presentación de tres candidaturas a su presidencia. Ramón Muñoz, José Manuel Díaz y Plácido Rodríguez Guerrero, quien ya advirtió con su encomiable sabiduría que el fútbol está muy alejado de los problemas reales de la sociedad. Una buena noticia fue la creación del ansiado Conservatorio de Música de Gijón.

Y, eso sí, el Ayuntamiento tiró la casa por la ventana con la inversión de sesenta millones para los festejos veraniegos con grandes atracciones a precios populares –desde que la contratación pasó de manos privadas a públicas, los cachés se dispararon de los suelos a los cielos- con el lema “Caliente, caliente”.

En España, poner una jarra de agua en la mesa es un problema para algunos hosteleros

Así es, mientras que en otros países ni siquiera se discute el derecho al consumo de agua del grifo a la hora de comer en un restaurante ("tap water" se oye frecuentemente en todos los restaurantes de Londres; en París, hasta en los buenos restaurantes existen jarras de agua a disposición de los comensales) , aquí algunos hosteleros sacan la "brocha gorda" a la hora de argumentar en contra de esta sensata medida que beneficiaría a los consumidores españoles (a los que todavía les da vergüenza pedir agua del grifo en restaurante) y al medio ambiente, al reducir considerablemente los envases utilizados para embotellar el agua.

Los argumentos esgrimidos son de variado pelaje: desde el reconocimiento de que poner agua "gratis" (se olvidan que el que se sienta en una mesa a comer paga inexorablemente lo consumido) les supone pérdidas hasta el grotesco razonamiento que asimila el derecho del comensal a elegir el agua que consume con la situación de ocupación de mesas por tribus de turistas que sólo exijan su vaso de agua del grifo sin que el hostelero pudiera negarse a esa exigencia. Otros argumentos más "finos" esgrimen que dar agua del grifo al cliente que lo pida....sería inconstitucional.Penoso.

Todavía me acuerdo de la cruzada contra la Ley anti-tabaco, que ha salvado miles de vidas, fundamentalmente en el sector de la hostelería en los que los trabajadores se veían constantemente expuestos al humo del tabaco,  y que  ha sido la Ley más importante en materia de Salud Pública en España.

Esta es la noticia. 

A tortas por el agua gratis: los hosteleros ven "insultante" que les obliguen a poner jarras 

Unidos Podemos registró días atrás una propuesta no de ley para que bares y restaurantes estén obligados a ofrecer agua del grifo. La patronal se rebela: "Es inconstitucional" 

Los hosteleros andan a la gresca con la OCU y Facua y sobre todo con Unidos Podemos por lanzar una proposición no de ley para que bares y restaurantes ofrezcan agua gratis a quien la pida. Aseguran que nunca se ha negado un vaso de agua a nadie y creen que convertir en obligacion lo que hoy es una cortesía solo puede perjudicar sus negocios. "No conozco ninguna iniciativa, jamás, que haya pedido a una actividad productiva que regale su trabajo. Se nos puede sugerir, casi todos los bares te la dan si la pides, pero que por ley nos obliguen a regalar nuestro trabajo, diría que es hasta inconstitucional", protesta José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR). Del otro lado responden: "Ya hay que tener poca visión comercial para no saber convertir el agua gratis en una forma de captar clientes", afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La ley que obligaría al sector de la hostelería a ofrecer agua gratis es un asunto que colea desde hace más de un año, con diversos intentos a nivel autonómico que solo han cuajado en Navarra. Días atrás, Unidos Podemos dio un paso al frente y registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, es decir, instó al Gobierno a exigir a restaurantes y bares de toda España que ofrecezcan agua del grifo a quien la pida. La formación morada recoge así el guante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que a finales de agosto lanzó la campaña #PideJarraDeAgua para concienciar a la población y recoger firmas.

Los hosteleros andan a la gresca con la OCU y Facua y sobre todo con Unidos Podemos por lanzar una proposición no de ley para que bares y restaurantes ofrezcan agua gratis a quien la pida. Aseguran que nunca se ha negado un vaso de agua a nadie y creen que convertir en obligacion lo que hoy es una cortesía solo puede perjudicar sus negocios. "No conozco ninguna iniciativa, jamás, que haya pedido a una actividad productiva que regale su trabajo. Se nos puede sugerir, casi todos los bares te la dan si la pides, pero que por ley nos obliguen a regalar nuestro trabajo, diría que es hasta inconstitucional", protesta José Luis Yzuel, presidente de la Federación Española de Hostelería (FEHR). Del otro lado responden: "Ya hay que tener poca visión comercial para no saber convertir el agua gratis en una forma de captar clientes", afirma Rubén Sánchez, portavoz de la asociación de consumidores Facua.

La ley que obligaría al sector de la hostelería a ofrecer agua gratis es un asunto que colea desde hace más de un año, con diversos intentos a nivel autonómico que solo han cuajado en Navarra (ver art. 24 de la Ley Foral 14/2018 de Residuos) . Días atrás, Unidos Podemos dio un paso al frente y registró una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados, es decir, instó al Gobierno a exigir a restaurantes y bares de toda España que ofrecezcan agua del grifo a quien la pida. La formación morada recoge así el guante de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que a finales de agosto lanzó la campaña #PideJarraDeAgua para concienciar a la población y recoger firmas.

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La obsolescencia programada y el derecho de información del consumidor

La obsolescencia programada y el derecho de información del consumidor

Redacción Inicia Abogacía

  Por Carlos Hernández Guío

El macrovertedero de Agbogbloshie, en Accra, recibe a diario toneladas de ordenadores, smartphones, electrodomésticos, reproductores de música y, en definitiva, de todo tipo de equipos electrónicos cuya vida útil ya ha finalizado y que, principalmente, proceden del continente europeo.

En la presente entrada dejaré al margen el drama medioambiental que están generando los residuos de cadmio, plomo y bromo –entre otras sustancias- de estos equipos, que son transportados a países en vías de desarrollo como Ghana bajo la apariencia de productos reutilizables, cuando lo cierto es que la mayoría de estos bienes de consumo han devenido inútiles deliberadamente, fruto de lo que denominamos obsolescencia programada.

Podemos definir esta práctica como el uso de técnicas por parte de la persona responsable de colocar un producto en el mercado mediante las cuales intenta reducir deliberadamente su vida útil para aumentar la tasa de reemplazo; definición extraída del art. 441.2 del Código de Consumo francés (precepto introducido por la Ley 2015-992, de 17 de agosto, reformado por la Ordenanza núm. 2016-301, de 14 de marzo), siendo Francia el único país de nuestro entorno que prohíbe de manera expresa estas técnicas, castigándolas con dos años de prisión y multa de 300.000 euros, que puede incrementarse hasta el 5% de la facturación media anual calculada sobre el volumen de negocios de los tres últimos ejercicios (art. 454.6 del mismo texto).

La limitación de la vida útil de las bombillas a 1.000 horas por el Cártel Phoebus en 1924 –cuando técnicamente era posible una duración muy superior-, la inutilización de las baterías de afamados reproductores de música a los 18 meses de su fabricación –a principios de siglo-, o el falseamiento del nivel de carga de los cartuchos de las impresoras mediante componentes electrónicos para acelerar su reemplazo –extremos investigados en Francia en virtud de la citada norma-, son los ejemplos más conocidos de este tipo de prácticas que, si bien no gozan de una regulación uniforme, son claramente contrarias al derecho de información de los consumidores.

Los artículos 8, 17 y 18 del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, establecen como un derecho básico del consumidor –imponiendo su fomento a los poderes públicos- “la información correcta sobre los diferentes bienes o servicios y la educación y divulgación para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso, consumo o disfrute”. Dicha información, desde el etiquetado y presentación del producto, deberá comprender “las características del bien o servicio y, en particular, su naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia y modo de fabricación”. Del mismo modo, se deberá facilitar al consumidor “de forma clara y comprensible, información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, en particular (…) las instrucciones o indicaciones para su correcto uso o consumo, advertencias y riesgos previsibles”.

A mayor abundamiento, y basándonos únicamente en la vigente Ley de Consumidores y Usuarios, la obsolescencia programada podría constituir una infracción prevista en el art. 49.1.l) del mismo texto, en relación con los arts. 5, 7 y 19 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, sobre competencia desleal, toda vez que dicha norma considera desleal “la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa” cuando esta incida –entre otras cuestiones- “en los resultados que pueden esperarse de su utilización” o en “la necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación”. En este último caso, la reparación de los productos afectados por estas prácticas resulta, como norma general, muchísimo más costosa que la adquisición de uno nuevo, deviniendo ineficaces las previsiones contenidas en el art. 119 de la Ley sobre reparación y sustitución del producto.

Según adelantaba, no existe una regulación armonizada sobre esta materia –y, ni mucho menos, tan específica como la desarrollada por Francia- a pesar de su evidente necesidad. A nivel comunitario, el Parlamento Europeo aprobó la Resolución de 4 de abril de 2.017 sobre “una vida útil más larga para los productos: ventajas para los consumidores y las empresas” (2016/2272-INI), por la que se solicitaba a la Comisión Europea que garantizase una mejor información a los consumidores sobre la durabilidad de los productos, mediante:

• El examen de una etiqueta europea voluntaria que incluya, en particular: la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.
• Experimentos voluntarios con empresas y otras partes a escala de la Unión con vistas al diseño de una vida útil del producto basada en criterios normalizados que pudieran utilizar todos los Estados miembros.
• La creación de un contador de uso en los productos de consumo más pertinentes, en particular los grandes electrodomésticos.
• Un estudio del impacto de la armonización de la vida útil con la duración de la garantía legal (planteándose ampliar ésta en función de la durabilidad del bien de consumo).
• La normalización de las informaciones incluidas en los manuales relativas a la durabilidad, la capacidad de evolución y las posibilidades de reparación de un producto (incluyéndose en la Resolución una serie de medidas para el fomento de la reparación y aumento de la vida útil de determinados productos entre las que se encuentra la obligatoriedad de establecer durante cuánto tiempo habrán de estar disponibles las piezas y componentes necesarios para la reparación).
• Información basada en criterios normalizados, en caso de que se indique la vida útil prevista de los productos.

A pesar de tales previsiones, lo cierto es que el pasado 28 de marzo de 2018 la Comisión Europea respondió a una pregunta escrita sobre el desarrollo de la anterior Resolución y la posibilidad de considerar delictiva la obsolescencia programada a nivel comunitario en los siguientes términos:

“Actualmente no hay planes para definir un ciclo de vida del producto en toda la UE (…). No existe legislación de la UE que declare en general que la obsolescencia programada sea un delito. Conforme al derecho actual de la CE (…) puede considerarse, en determinadas condiciones, como un incumplimiento de la Directiva sobre prácticas comerciales desleales, o como una falta e conformidad con el contrato que otorga a los consumidores los derechos de la garantía legal”.

Según analizábamos antes, la falta de una regulación comunitaria sobre este fenómeno deberá suplirse por la normativa propia de cada estado miembro. En España, la obsolescencia programada se trató en la sesión de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados de 5 de abril de 2017, poniéndose de relevancia el retroceso en materia de sostenibilidad de la economía verde y circular, así como las dificultades en la regulación de esta materia –que goza de defensores, aduciendo el impulso del desarrollo, la generación de I+D y la innovación-, sin que existan más avances en nuestro país al día de la fecha. Todo ello, exceptuando la recentísima proposición de Ley sobre Cambio Climático y Transición Energética (BOCG núm. 302-1, de 7 de septiembre de 2.018) que, en su art. 49.1 prevé un sistema de etiquetado –en la línea de lo propuesto por el Parlamento Europeo- que permita al consumidor identificar los “productos fácilmente reparables” y, en su art. 49.3, la aprobación por el Gobierno de “un Plan de Incremento de la Vida Útil con la finalidad de fomentar el segundo uso, la reutilización, la reparación y el reciclaje de los productos, de forma que se consiga un mejor equilibrio entre protección del medio ambiente y creación de empleo”, lo que se revela totalmente insuficiente, atendida la magnitud del problema.

Artículos de interés sobre la obsolescencia programada: 

-"La historia de las cosas". Un documental imprescindible.
- La lucha contra una estafa generalizada a los consumidores. ¿Por qué no imitamos a los franceses?
- Contra la obsolescencia programada, una buena iniciativa de Ingeniería Sin Fronteras. Repair Café Asturias. 
- Contra la obsolescencia. Alargascencia vs obsolescencia

El PP propone un censo y un peritaje gratuito a afectados de Idental en Asturias

 

Protesta de afectados por el fraude de Idental en Gijón

En Asturias son centenares los ciudadanos que se han visto afectados por el cierre de la clínica que IDental tenía en Tremañes, Gijón.

El diputado del PP, Carlos Suárez, ha anunciado que el próximo viernes defenderán en la Cámara una «importante proposición no de Ley para facilitar la resolución del problema a los afectados de las clínicas IDental y para analizar y poder responder a la pregunta de cómo hemos podido llegar a esta situación».

Entre las medidas que recoge la iniciativa que el PP defenderá en el Pleno se propone ofrecer a los afectados por el cierre de la clínica peritaje gratuito de sus casos mediante un convenio a firmar con el Colegio de Odontólogos. 

Y es que desde el PP, Carlos Suárez ha recordado que previamente al cierre de la clínica había ya 81 reclamaciones en la Oficina de información al consumidor en Gijón. También había varias denuncias presentadas ante la Agencia de Sanidad y Consumo o el Colegio de Odontólogos. Seis de esas denuncias ante el Colegio se presentaron por mala praxis. 

«Nos parece que recabar toda la información es muy importante porque además resulta muy difícil hacerlo y hay que dirigirse a numerosos ámbitos», ha dicho Suárez, que ha manifestado que no obstante lo importante ahora es facilitar la vida a los afectados.

En Asturias son centenares los ciudadanos que se han visto afectados por el cierre de la clínica que IDental tenía en Tremañes, Gijón.

En la propuesta del PP se exige la creación de un grupo único y centralizado del estudio y tratamiento de los casos que evite la dispersión actual que ha supuesto un proceso muy farragoso para los afectados.

«Hay que conocer el tamaño real y preciso de la estafa», ha manifestado Suárez que ha indicado que por ello se solicita un censo real de los afectados.

Así mismo se solicita un peritaje de cada uno de los casos toda vez que se conocen las historias clínicas, para ello se hace necesario la participación del Colegio de Odontólogos a través de «un protocolo o convenio» que no suponga coste alguno para los afectados.

Además desde el PP se considera que la propia Administración debe sopesar presentarse judicialmente como parte afectada y así se recoge en la iniciativa a presentar y defender el próximo pleno ordinario.

Ofrecer asistencia jurídica a los afectados y mediar con las entidades financiaras son otras de las propuestas de los 'populares' para ayudar a las numerosas personas que se han visto afectadas por las clínicas. 

Fuente: El Comercio

Una Proposición de Ley indecente: maniobran para convertir la Inspección General de Servicios del Principado en una policía política

Una Proposición de Ley indecente: maniobran para convertir la Inspección General de Servicios del Principado en una policía política

Fuente: CONCEYU POR OTRA FUNCIÓN PÚBLICA N´ASTURIES

La Proposición de Ley de Inspección General de Servicios del Principado que tramita la Junta General y que se pretende aprobar en los próximos meses, coloca a un Director General elegido a dedo por el Consejo de Gobierno al frente de este Organismo, a modo de comisario político que filtrará las propuestas técnicas de los funcionarios inspectores y decidirá conforme a las directrices partidistas del Gobierno de turno.

La Proposición de Ley se carga de un plumazo el puesto de Jefe/a de Servicio de la Inspección General, previsto en el artículo 12 del vigente Decreto 46/88, por el que regula el funcionamientode este Organismo, puesto de Jefatura que, desde la entrada en vigor de la Ley 7/2014, de 7 de julio de medidas en materia de función pública, debe cubrirse obligatoriamente por concurso de méritos. Con esta supresión del puesto de Jefe/a de Servicio, se sitúa a los inspectores bajo la dependencia directa de un cargo político jerárquicamente sometido a las instrucciones del Gobierno. La regresión en cuanto a la independencia e imparcialidad de la Inspección General  difícilmente podría ser más dura.

Lo sorprendente del caso es que la Proposición de Ley que ahora se tramita, que fue presentada por el grupo parlamentario de Ciudadanos en el año 2016, establecía en su redacción original - artículo 22- que el Director de dicho Organismo sería seleccionado por concurso. ¿ Qué ha cambiado para que en el documento que ahora pretende aprobar la Junta General se abandone la exigencia de convocatoria pública y valoración de los méritos de los candidatos y se opte por el dedazo del Consejo de Gobierno como mecanismo de designación?, ¿ qué cromos se han intercambiado durante la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley para introducir una modificación  tan regresiva?

A este respecto, llama poderosamente la atención que la Proposición de Ley permita que los inspectores dependientes de la Inspección General puedan provenir de cualquier Administración Pública – Estado, otras Comunidades Autónomas, Ayuntamientos -, cuando la regla general en la Administración del Principado de Asturias es que los puestos de trabajo deben ser ocupados por funcionarios públicos de esta Administración. Así, por ejemplo, en la recién aprobada Ley de Transparencia del Principado se establece (artículo 63.2) que los funcionarios adscritos a la Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción serán funcionarios de la Administración del Principado de Asturias.

Además, la apertura  de unos puestos que deben inspeccionar el funcionamiento de la Administración del Principado a funcionarios/as de otras Administraciones, carece totalmente de sentido. Parece evidente que el adecuado desempeño de las funciones propias de un inspector requiere el conocimiento previo de la propia Administración que se inspecciona y una experiencia contrastada dentro de la misma, cualidades que no poseen funcionarios que procedan de otras Administraciones Públicas. Si la Inspección General del Estado y las Inspecciones de las Comunidades Autónomas reservan sus puestos a los funcionarios propios, ¿por qué se pretende ahora  abrir los puestos de inspectores de la Inspección General del Principado a funcionarios/as de otras Administraciones?

La única explicación coherente que encontramos es que, mediante esta maniobra, algún partido político estaría pensando en colocar en el Principado a funcionarios/as de su confianza interesados en recalar en esta Comunidad Autónoma, mediante el expeditivo procedimiento del nombramiento digital en “comisión de servicios”.

Algo huele a podrido en la tramitación de esta Proposición de Ley y en la prisa que algunos tienen en aprobarla. Los diferentes grupos parlamentarios de la Junta General deberían explicar bien su posición al respecto. Por higiene democrática.

PROPOSICIÓN DE LEY ORIGINAL

PROPOSICIÓN DE LEY ACTUAL

Altos niveles de azúcar en yogures. Los yogures infantiles y orgánicos son las variedades con más porcentaje de azucar

Alerta sobre los elevados niveles de azúcar en yogures

Los yogures infantiles y los orgánicos suelen ser las variedades con más porcentaje de azúcar

Los yogures pueden ser una fuente "elevada" y "no reconocida" de azúcar, según reveló un estudio publicado en la revista científica británica BMJ.

La investigación, conducida por expertos de las universidades de Leeds y Surrey, alertó de los elevados niveles de azúcar que contienen muchos de los yogures disponibles en el mercado, especialmente aquellos etiquetados como "infantiles" y los orgánicos. 

Para llevar a cabo este estudio se analizaron 921 yogures disponibles en cinco cadenas de supermercados británicos, los cuales fueron divididos en ocho categorías: infantiles, alternativas a los lácteos, postres, bebidas, de sabores, de fruta, naturales y griegos, y orgánicos. 

Asimismo, la clasificación de bajo en azúcar se hizo de acuerdo con la regulación europea, que indica que los yogures deben tener un máximo de 5 gramos de este producto por cada 100 gramos para poder ser considerados "bajos en azúcares".

"Si bien existen evidencias de que los yogures pueden ser beneficiosos para la salud, nuestros resultados destacan que el contenido total de azúcar en estos productos es relativamente alto en todas las categorías, con la excepción de los yogures naturales y griegos", destacó el informe.

Menos del 9% de los yogures y derivados analizados y solo un 2% de los productos destinados a niños pudieron calificarse como bajos en azúcares.

Según los investigadores, los resultados son "especialmente preocupantes" en el caso de los yogures infantiles y orgánicos, que registraron, respectivamente, 10,8 y 13,1 gramos de azúcares por cada 100 gramos. 

"Si bien la etiqueta orgánica se refiere a la producción, los consumidores subestiman a menudo el contenido calórico y perciben los contenidos nutricionales de los productos orgánicos, incluidos los yogures, de manera más favorable", explicaron en el estudio.

No obstante, los académicos advirtieron de que se trata de una investigación de carácter observacional y que solo abarca productos vendidos en cinco cadenas de supermercados.

A pesar de esto, sentenciaron, "no todos los yogures son tan saludables como quizás los consumidores los perciben, por lo que es necesaria una reformulación para la reducción de los azúcares en estos productos".