jueves, 1 de marzo de 2018

Sobre la privatización del agua. “Las guerras del agua”, de José Luis Hernández




Las guerras del agua


Recientemente se ha aprobado en el ayuntamiento gomero de Valle Gran Rey una interesante moción por la que se ha acordado rendir tributo a las mujeres y hombres que en los años 40, en pleno régimen franquista, se alzaron contra la injusticia y protagonizaron una de las paginas más brillantes de la historia de esa isla en la conocida como “la guerra del agua” y que tuvo un tributo de muertes, torturas, cárcel y represión.

En toda la Isla tradicionalmente el agua tenía un carácter comunitario y se repartía por un sistema de dulas. La Guardia Civil, para defender los intereses de los grandes propietarios que querían apropiarse del control del agua, se enfrentó a tiros con un pueblo indefenso pero unido y alzado para defender este bien tan preciado que era fundamental para su subsistencia. 

Con el paso del tiempo y como consecuencia de la hegemonía de las ideologías neoliberales, en muchos municipios del Estado español, sin disparar un solo tiro y a otra escala, los mismos poderes que representaban a aquellos grandes propietarios, han acabado haciéndose con el control del agua de abasto por medio de la privatización de este servicio indispensable para la vida y el bienestar de las personas. 

Ahora el uso de la fuerza bruta no es necesaria; fruto de la hegemonía política se ha acudido a la legislación para facilitar que empresas privadas, casi siempre grandes multinacionales, se hagan con el control de los beneficios que la gestión del agua reporta. 

En el Estado Español, desde mediados de los 90 , se viene desarrollando una auténtica batalla jurídica entre dos grandes sectores: por un lado el de quienes defendemos que el agua es un bien imprescindible para el desarrollo humano y por tanto tiene que quedar fuera de las concepciones puramente mercantilistas y por otro el de quienes ven en su gestión un ingente caladero de negocio. 

Como quiera que la ley reguladora de las haciendas locales, en su artículo 20, parecía proteger a este servicio de quienes solo piensan con la lógica de la avaricia, se desata una controversia jurídica que trata de cuestionar esa protección por la vía de las interpretaciones más o menos laxas que favorecieran la privatización. 

El campo de batalla se centraba en la naturaleza jurídica de las contraprestaciones de los servicios públicos en los casos en los que se realizan por medio de concesión y en la consideración que debería tener su cobro. Si se hacía mediante una tasa era casi imposible el lucro desmedido, puesto que esta figura tributaria se rige por los principios de equivalencia (el pago que realice por el servicio debe ser como máximo lo equivalente al coste) y por el de capacidad económica (se tendrá en cuenta y se ajustará a la capacidad económica de las personas a las que se aplica). Si se hacía mediante una tarifa o precio público, dejaría de estar bajo el paraguas del derecho público, pasando al privado y por tanto se podía cobrar tan por encima del coste real como se quisiera. 

Las hostilidades para que las multinacionales pudiesen hincar el diente a este servicio se desatan a mediados de los años noventa y se centran en la interpretación de la reserva de ley que se recoge en el artículo 31.3 de la Constitución Española (“Solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley”). El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia 185/1995 interpreta ese artículo sentenciando que “la coactividad es la nota distintiva fundamental del concepto de prestación patrimonial de carácter público”, frenando las pretensiones de las multinacionales y a sus valedores en la política. 

Posteriormente, la Ley General Tributaria de 2003 ( artículo 2) y una sentencia del Tribunal Supremo de 12 de noviembre de 2009, reafirman que el cobro mediante tasas no debe estar vinculado a la forma de gestión del servicio público, siempre que se siga manteniendo esta titularidad (“La forma de gestión del servicio no afecta a la naturaleza de la prestación, siempre que su titularidad siga siendo pública, como sucede en los supuestos de concesión”). 

La tregua pasajera la rompe el legislador en 2011 con la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. Mediante la disposición final 58ª se eliminan las salvaguardas contenidas en el artículo 2 de la Ley General Tributaria como forma de dar vía libre al cobro del servicio de agua de abasto al margen del derecho público. Una vez más el poder político se ponía al servicio de las multinacionales en detrimento de los intereses de la población. 

Sin embargo, cuatro años más tarde el poder judicial, mediante sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2015, sienta jurisprudencia y rebate el posicionamiento del legislativo ( “La forma gestora es irrelevante para delimitar el ámbito de aplicación de las tasas y lo esencial es determinar si estamos ante prestaciones coactivas por servicios de carácter obligatorio, indispensables o monopolísticos”). 

También existe acuerdo en que debe prevalecer el criterio del TS en el Informe de la Comisión de Expertos para la Revisión del Modelo de Financiación Local, presentado en julio de 2017, elaborado por diez personalidades de reconocido prestigio y que representan a todo el espectro ideológico del Estado. 

Como era previsible, los sectores políticos que están en esto para defender los intereses de las minorías y siempre al servicio del poder económico, no iban a permanecer de brazos cruzados. Así, mediante un vergonzoso informe firmado el 20 de mayo de 2017, la Secretaría de Estado de Hacienda contradice la doctrina del TS , aportando un balón de oxigeno a los ayuntamientos que han privatizado servicios y que están cómodos con el ingente negocio de las multinacionales, sobre todo de las que se han hecho con buena parte de los servicios del agua de abasto en todo el Estado. 

El último capítulo de esta guerra también lo ha protagonizado el legislativo. En la tramitación de la novedosa Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, que entrará en vigor el 9 de marzo de 2018, se permitió que Francesc Homs, diputado catalán del grupo mixto, introdujera una enmienda, plasmada en la disposición final duodécima, que vuelve a contradecir la doctrina del TS e implica la modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, añadiendo un nuevo apartado a su artículo 20 para permitir que las prestaciones de importantes servicios públicos sean consideradas como “prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario” si se ofrecen de forma directa por una sociedad privada o mediante gestión indirecta. 

Se vuelve a legislar en favor de los intereses económicos de las multinacionales para que servicios como el del agua de abasto se puedan tarifar como precio público y no como tasa.

Este nuevo movimiento del legislativo controlado por el Partido Popular y acordado con los denostados “catalanes”, no es la batalla final, pues existen razonables dudas sobre su constitucionalidad. No hay garantías de que se respete la reserva de ley establecida en el artículo 31.3 de la Constitución y para muchos expertos también hay dudas de que este tipo de prestaciones se puedan calificar como “no tributarias”, puesto que la sentencia 102/2005 del Tribunal Constitucional, en un recurso sobre el cobro de los servicios portuarios, vino a dictaminar que “son tributos, con independencia de que los denominados servicios portuarios sean prestados por la Autoridad portuaria de forma directa o indirecta”. 

En 1947 el pueblo de Valle Gran Rey ganó “la guerra del agua” y se mantuvo el control público sobre este recurso. Ahora tampoco consideramos perdida esta nueva guerra del agua que se libra en infinidad de municipios de todo el Estado, porque los sectores mayoritarios de la sociedad no vamos a permanecer impasibles permitiendo que prevalezca sobre el interés general la imposición de los intereses del capitalismo global.

José Luis Hernández (Concejal de Unid@s se puede. La Laguna)

La Laguna, 28 de febrero de 2018




viernes, 23 de febrero de 2018

La conspiración del azúcar


Foto: iStock.
Foto: iStock.

 Fuente: El Confidencial

Durante el último cuarto de siglo, diversas investigaciones han revelado cómo grandes empresas del tabaco y del petróleo, se han entrometido en las investigaciones científicas para ocultar los peligros de sus productos. No es nada nuevo. Con el azúcar también. Es un hecho demostrado que investigadores prominentes respaldados por la industria en la década de 1960 restaron importancia o suprimieron evidencias que identificaban el azúcar como una de las principales causas de enfermedades cardíacas.

La conspiración del azúcar se destapa en septiembre de 2016, cuando la revista de la Asociación Médica Estadounidense publica un artículo en el que un grupo de profesores de la Universidad de San Francisco se hace eco del descubrimiento de una serie de documentos internos de la industria alimentaria, los cuales desvelan que en los años sesenta la Sugar Research Foundation (SRF, la actual Sugar Associaton) pagó 6.500 dólares de la época (aproximadamente 48.900 hoy en día) en secreto a tres científicos especializados en nutrición de Harvard para minimizar las pruebas que vinculan el azúcar con las afecciones coronarias.

Es una historia larga y compleja que se remonta al inicio de los años 40, cuando la Fundación Rockefeller remuneró con 100.000 dólares (1,6 millones actuales) a la Universidad de Harvard para la creación de una unidad científica especializada en nutrición -llamada Nutrition Foundation- ante la preocupación médica generada por el abultado porcentaje de muertes a causa de problemas cardíacos, que después de la Segunda Guerra Mundial llegaba al 40%. Los tiempos exigían una respuesta científica a estos problemas, que los funcionarios de la salud americanos vieron como una clara amenaza para la productividad económica del país y las aptitudes militares de sus habitantes.

Un nuevo artículo publicado en la revista 'Science' resuelve ahora las incógnitas de uno de los grandes complots del siglo pasado, a la vez que profundiza en cada uno de los detalles que envuelven el caso. En dicho artículo, encontramos la lucha de un científico un tanto olvidado, John Yudkin, para demostrar sus teorías sobre el azúcar de cara a la reducción de los ataques de corazón entre la población mundial. Sus investigaciones le llevaron al conflicto con las grandes asociaciones de nutrición del gobierno estadounidense y, posteriormente, al silenciamiento de sus ideas y proyectos que alertaban sobre los problemas del consumo de azúcar entre la población.

John Yudkin: la primera sospecha

En la década de los años 40, Ancel Keys, un eminente fisiólogo de Harvard, creía que la prevención de un ataque cardíaco debía comenzar con una dieta baja en grasas. Para entonces, muchos enfermos de corazón poseían altos niveles de colesterol en sangre y los datos reflejaban que las muertes coronarias entre las poblaciones europeas habían descendido al ser privadas de alimentos grasos de origen animal.

En 1950, los nutricionistas de Harvard examinaron el volumen de lípidos en sangre de 15.000 trabajadores de docenas de empresas, así como diversos estudios sobre el colesterol en las sociedades guatemalteca, costarricense y nigeriana. El gran detonante fue un hecho político de gran envergadura: la muerte del presidente Eisenhower en 1955 por un ataque al corazón. Este acontecimiento hizo que la comunidad científica adoptase la creencia de que el colesterol era el principal causante de los infartos y demás enfermedades cardiovasculares. Es así como desde las principales revistas y medios de comunicación los expertos empezaron a alertar a la población de los graves riesgos para la salud que conllevaba una dieta alta en grasas.

En 1960 se instauró un nuevo paradigma que aseguraba que los altos niveles de colesterol se podían reducir al reemplazar “grasas animales saturadas” por aceites vegetales. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), con el prestigioso médico Fred Stare a la cabeza, recomendó que los “propensos a sufrir problemas de corazón” considerasen limitar la ingesta de alimentos como "la leche entera, la mantequilla y la carne”.
Formado en bioquímica y medicina al igual que Stare, John Yudkin había sido profesor de nutrición en la Universidad de Londres desde 1946. Yudkin entró de lleno en los debates que relacionaban los problemas cardíacos con la dieta en un documento de 1957 en el que ya se atrevió a desafiar las teorías dominantes sobre que los países que consumían más grasas tenían las más altas tasas de mortalidad coronaria. Pero, ¿cómo comenzó a sospechar del azúcar?

La lectura de un estudio en el que se analizaban las muertes cardíacas de pacientes que hicieron una transición de una dieta basada en grasas cárnicas a otra rica en azúcar fue una de las razones que le hizo sospechar y poner el foco en los alimentos altos en glucosa. En 1964 realizó un estudio que evaluó el consumo de azúcar de 25 hombres sin cardiopatías conocidas y al encontrar una diferencia significativa, Yudkin propuso en el periódico 'The Lancet' que “las personas que tomaban mucho azúcar, por ejemplo en su café” eran “mucho más propensas a sufrir un infarto que las personas que tomaban poco”.

La publicación formó un gran revuelo entre la comunidad científica y mediática. Varias cartas al editor del medio alertaron sobre la ausencia de factores de riesgo, como el tabaquismo o el peso corporal. Pero la hipótesis formulada por Yudkin atrajo una atención especial de la prensa y los editoriales.

La batalla por el azúcar y la grasa

A pesar de no ser respaldado por la gran mayoría de sus colegas científicos, Yudkin continuó recopilando pruebas que relacionaran directamente los niveles de azúcar con las afecciones cardíacas. Con el objetivo de amplificar sus ideas, poderosas entidades comerciales se alinearon con su proyecto, y en 1966 el médico afirmó estar recibiendo 25.000 libras al año de “los grandes fabricantes de alimentos”. 

Entre las acciones que llevó a cabo, una fue legitimar científicamente la promoción de un desayuno con alto contenido proteínico, organizado en 1966 por la British Egg Marketing Board. Para el Día Internacional de la Leche, se unió al National Dairy Council con el objetivo de publicitar sus investigaciones que demostraban “la importancia de tomar leche antes de las bebidas alcohólicas”, un lema que más tarde desarrollaría la industria láctea para reducir los accidentes de tráfico. 

Las críticas no tardarían en llegar. “Considero a Yudkin una amenaza y un impedimento para una buena política sobre nutrición”, escribió Hegsted, uno de los principales científicos de Stare pagados por Harvard. La industria azucarera convocó un panel de consultores de enfermedades del corazón y el Instituto Nacional de Salud (NIH) animó a no seguir la doctrina de Yudkin ya que “aunque los científicos británicos son críticos con su teoría, la prensa está interesada en él”.

Estos estudios financiados con fondos públicos, junto con otras críticas contundentes, marcaron el comienzo del final de las ideas de Yudkin. En 1971, decidió retirarse y comenzó a escribir un libro en el que resumía su trabajo de investigación. Sus detractores, apoyados todavía en la teoría de la grasa, también salieron decepcionados porque el NIH se negó a financiar el ensayo definitivo para demostrar sus hipótesis. 

La nutrición se convirtió en un tema de acalorada discusión pública durante la década de 1970. Un informe titulado 'Dietary Goals for the United States' publicado en 1977 concluyó que la alimentación sana de los ciudadanos pasaba por el bajo consumo de sustancias grasas, mencionando la teoría de Yudkin solo de pasada. Redactado por el comité del Senado de los Estados Unidos, pero editado en su mayoría por Hagsted, el discípulo de Stare, recomendaron una reducción del 40% en el consumo de azúcar solamente para la prevención de las caries y de la diabetes.

Como hemos visto, en los años 60 la relación entre grasa en la dieta y los problemas cardíacos prevaleció sobre la teoría del azúcar, desarrollada por un pequeño número de investigadores como Yudkin. Sus afirmaciones fueron vistas como débiles y antagónicas, especialmente por la coalición de científicos vinculados a los proyectos gubernamentales del Instituto Nacional y la Asociación Estadounidense del Corazón.

sábado, 10 de febrero de 2018

"El lenguaje lo sufre todo", artículo de Álex Grijelmo

 

 

Fuente: El País
Autor: Alex Grijelmo*

Da la sensación de que ciertos partidos están señalando tanto lo que desean, que acaban concentrados en su propio dedo

La lengua española lleva mucho tiempo siendo torturada por la política, para ver si así confiesa sus culpas. La Constitución ya forzó el término “nacionalidades” en aras del consenso; pero nadie dice “este año ha nevado mucho en mi nacionalidad”. A eso se unió la bienintencionada decisión de suprimir del castellano los topónimos tradicionales de Cataluña (ojo: los tradicionales, no los inventados por el franquismo), y decimos “Girona” y “Lleida” mientras los catalanohablantes siguen mencionando, legítimamente, “Saragossa”, “Lleó”, “Conca”, “Terol”… Los eufemismos se suman a esa tortura; y a ellos se añaden, con opuesta voluntad, las duplicaciones de género o la conversión de epicenos en femeninos (ahora “portavoces y portavozas”).

La solidaridad al contemplar los problemas de la mujer lleva a muchos ciudadanos a decir “la jueza” y “las juezas”. Esa a que marca el femenino no añade información, pero denota la intención ideológica de fondo; y es comprensible.

Esta corriente, por cierto, ha mostrado gran interés en “jueza” o “concejala”, pero ninguno en otros femeninos igualmente posibles, como “corresponsala”, “estudianta” o “ujiera”; al tiempo que desdeña las duplicaciones de las que sí dispone el idioma, como “poeta” y “poetisa”, pues se pretende unificar en “poeta” las dos alternativas y usar una sola forma para los dos géneros, justo lo contrario de lo que pasa con “juez” y “jueza”.

La insistente campaña duplicadora ha contribuido, sí, a formar una conciencia general. Pero incluso las más exitosas campañas publicitarias caducan algún día y son retiradas para no cansar al público y resultar contraproducentes. De hecho, la machacona duplicación del género (si fuera esporádica y más simbólica en un discurso se digeriría mejor) agota seguramente a muchas personas, y tal vez les hace pensar si no se atenta ya contra su inteligencia cuando alguien dice “los diputados y las diputadas de mi grupo”; porque todos los españoles saben que los grupos están formados por diputados y diputadas, y la duplicación parece decirles que no se han enterado.

Del mismo modo, la frase “fui a una boda y no dejé de gritar vivan los novios” activa de inmediato la imagen de un hombre y una mujer que se casan, pero ahí sí sería necesario advertir de que los contrayentes eran por ejemplo un novio… y un novio. No se puede pensar en la aplicación de la lengua sin reflexionar también sobre cómo los contextos compartidos (y cambiantes) influyen en los mensajes.

Ciertos partidos hacen tanto hincapié en el léxico que, a fuerza de mirar el escaparate de su lenguaje, olvidamos lo que se debería despachar en su mostrador: leyes que mejoren la vida de las mujeres y anulen la brecha salarial, dotaciones contra la desigualdad, más servicios sociales...

Ésas son las iniciativas que hacen falta. Ahora bien, requieren capacidad de pacto entre fuerzas afines que puedan formar mayorías para sacar adelante las soluciones. Pero da la sensación de que esos partidos están señalando tanto lo que desean, que acaban concentrados, ellos mismos, en su propio dedo.

*Alex Grijelmo, vocal en la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico,  es el autor del libro "Defensa apasionada del idioma español", obra amena que engancha desde la primera página y cuya lectura debería ser obligatoria en todas las escuelas.

Podéis leer un extracto del libro aquí


miércoles, 24 de enero de 2018

Ha muerto un Grande. Nicanor Parra el poeta comprometido con la Naturaleza

 

ECOPOEMAS
dice compañero léase ecompañero..
" ..compromiso ..".... ecompromiso.."
 ..constitución hay que luchar x una econstitución
Como su nombre lo indica
el Capitalismo está condenado
a la pena capital:
crímenes ecológicos imperdonables
y el socialismo burrocrático
no lo hace nada de peor tampoco
poco serio Sr. Alcalde
todavía quedan algunas palmeras en pie
en la Av. La Paz
y algo que no tiene color a nada:
veo pocas señoras prostitutas
ojo Sr. Alkalde
esto ya no parece Santiago de Chile
Qué le dijo Milton Friedman
a los pobrecitos alacalufes?
-A comprar a comprar
quel mundo se vacabar!
CONSUMISMO
derroche
despilfarro
serpiente que se traga su propia cola
dice:
proletarios
versos
burgueses
léase:
pacíficos peatones
versus
asesinos del volante

Nicanor Parra, el último antipoeta (y el primero)

El escritor, premio Cervantes de 2011, fallece a los 103 años en Santiago de Chile. Científico de formación, fue un renovador único en la creación literaria










Nicanor Parra, en 2009, en Las Cruces (Chile).
Nicanor Parra, en 2009, en Las Cruces (Chile). EL PAÍS


Todos los días muere algún poeta. Los antipoetas, sin embargo, mueren una vez por siglo. O por era geológica. La razón es sencilla: poetas siempre ha habido y habrá; antipoetas solo ha habido uno, Nicanor Parra. Así, por contraste con el resto de sus pares, suele presentar al escritor chileno el mejor de sus estudiosos: el profesor Niall Binns. Después de asistir hace tres años a su propio centenario y hace uno al de su hermana, la cantante Violeta, Nicanor Parra (San Fabián de Alico, 1914) murió ayer en su casa del municipio de La Reina, en Santiago de Chile. Se había instalado en ella poco antes de su cumpleaños, en septiembre pasado, y después de pasar los últimos tiempos en el pueblo costero de Las Cruces.

Allí se quedó en abril de 2012 mientras a 11.000 kilómetros de distancia, en Alcalá de Henares, uno de sus nietos recogía en su nombre el Premio Cervantes. El abuelo, cuya edad no era la más indicada para un viaje transatlántico, había pedido una prórroga para pergeñar un discurso “medianamente plausible”. Eso sí, ya estaba manos a lo obra: su mesa estaba llena de libros sobre el autor del Quijote con los pasajes más importantes marcados con bolsitas de té.

Aquella antisolemne mañana de abril en el paraninfo de la universidad alcalaína, mezclada entre las autoridades civiles y militares, estaba la cantante Patti Smith, que había llegado a la devoción por Nicanor Parra desde la que sentía a su vez por este el novelista Roberto Bolaño, el escritor latinoamericano más influyente de las últimas décadas. “Escribe como si al día siguiente fuera a ser electrocutado”, dijo el autor de Los detectives salvajes de su viejo compatriota. Más bien, a ser electrocutado después de electrocutar al lector: “Durante medio siglo / la poesía fue / el paraíso del tonto solemne. / Hasta que vine yo / y me instalé con mi montaña rusa. / Suban, si les parece. / Claro que yo no respondo si bajan / echando sangre por boca y narices”, escribió en un poema de 1962 incluido en Versos de salón.




‘Epitafio’, escrito por el autor


“De estatura mediana,
Con una voz ni delgada ni gruesa,
Hijo mayor de profesor primario
Y de una modista de trastienda;
Flaco de nacimiento
Aunque devoto de la buena mesa;
De mejillas escuálidas
Y de más bien abundantes orejas;
Con un rostro cuadrado
En que los ojos se abren apenas
Y una nariz de boxeador mulato
Baja a la boca de ídolo azteca
-Todo esto bañado
Por una luz entre irónica y pérfida-
Ni muy listo ni tonto de remate
Fui lo que fui: una mezcla
De vinagre y aceite de comer
¡Un embutido de ángel y bestia!”

Este poema pertenece al libro De la cueva larga (1958)

Años antes, en 1954, había publicado un libro para el que barajó varios títulos —Material de Lectura, Oxford 1950, Veinte años y un día— pero cuya denominación final marcaría el resto de su obra: Poemas y antipoemas. En él, como avisaba su autor, no aparecían palabras como arcoíris, dolor o Torcuato. Sillas y mesas, sí. También había prosaísmo, humor, ironía, quiebros, chistes (buenos y malos), poesía que no quería serlo.

Después de estrenarse en 1937 como poeta con un Cancionero sin nombre de aires lorquianos, el Parra antipoeta era una piedra seca de prosaísmo anglosajón en el verboso estanque afrancesado de la poesía hispana. No en vano, entre 1949 y 1951 había estudiado cosmología en Oxford después de especializarse en Mecánica Avanzada en la Universidad de Brown.

Licenciado en Física y Exactas, durante 30 años fue profesor de Física en la escuela de ingenieros de la Universidad de Chile y en 1973, año del golpe de Pinochet, engrosó el mítico Departamento de Estudios Humanísticos de la Facultad de Matemáticas. Allí coincidió con el también poeta Enrique Lihn, con el que dos décadas antes, y junto a Alejandro Jodorowsky, había fundado el periódico mural El quebrantahuesos. Aquel departamento se convirtió durante la dictadura en un reducto de pensamiento libre. Libros como Sermones y Prédicas del Cristo de Elqui (1977) o Chistes para desorientar a la policía/poesía (1983) fueron la respuesta a un tiempo, el de pinochetismo duro, que Parra sobrellevó confundiendo su voz con la de un supuesto loco: Domingo Zárate Vega, llamado el Cristo de Elqui, un famoso predicador callejero de los años treinta.

Disfrazado de loco

Científico disfrazado de poeta, poeta disfrazado de loco, Nicanor Parra fue también un escritor disfrazado de artista plástico desde que en 1972 publicó Artefactos, una chispeante colección de poemas visuales que lo emparentan con autores como el escocés Ian Hamilton Finlay, el belga Marcel Mariën o el catalán Joan Brossa. En la muestra que el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) dedica estos días a la producción de este último pueden verse varios de los artefactos y “trabajos prácticos” del chileno.

Desde aquel estreno de los setenta, Parra alternó la imagen y la escritura, que en los años siguientes dio como fruto títulos como Hojas de Parra (1985) o Discursos de sobremesa (1997), siempre recurriendo a una ortografía que, con su particular uso de signos como “&”, “x” o “+” (en lugar de “y”, “por” o “más”), se adelantó a los mensajes de texto de los teléfonos móviles. Y, por supuesto, desde una irreductible idea de la poesía: “Vida en palabras / Un enigma que se niega a ser descifrado x los profesores / Un poco de verdad y una aspirina / Antipoesía eres tú”.


domingo, 21 de enero de 2018

Sobre el "impuesto al Sol". Así será la batalla qeu se va a librar en Europa este año

Así será la batalla por el 'impuesto al sol' que se va a librar en Europa este año

Los partidarios de poner impuestos al autoconsumo y los que no ya han puesto sus cartas sobre la mesa. A partir de ahora, viene una negociación a tres bandas sin un claro vencedor

Foto: Todas las fuerzas políticas menos PP y UPN se han puesto de acuerdo para impulsar el autoconsumo.
Todas las fuerzas políticas menos PP y UPN se han puesto de acuerdo para impulsar el autoconsumo.
La opinión del Parlamento Europeo conocida esta semana en Estrasburgo era la tercera pata de un banco al que se tendrán que sentar también la Comisión Europea y el Consejo Europeo para que antes de que finalice 2018 todos los ciudadanos del Viejo Continente gocen de unas pautas en materia energética. De esta manera, tendrán la guía que les marque el camino a seguir hacia el objetivo comprometido por todos en 2015: cumplir con el Acuerdo de París de descarbonización total en 2050 que revierta el cambio climático.

Sin embargo, el camino elegido para lograr ese histórico y elevado objetivo común ha sumido a Europa en una batalla política en la que cada país demuestra sus intereses particulares. España, por su parte, también. Pero además, las últimas cumbres comunitarias están aflorando las diferencias internas de España, cuya polémica más evidente es el 'impuesto al sol'. Este gravamen, denominado de forma oficial como 'peaje de respaldo', fue alumbrado en la primera legislatura de Mariano Rajoy. El exministro de Industria, José Manuel Soria, y el entonces secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, trazaron esta normativa que añade un recargo a aquellos usuarios que realicen autoconsumo siempre y cuando estén conectados a la red y tengan una potencia instalada de más de 10 KW.

La medida fue duramente criticada desde algunos sectores de la sociedad mientras que las grandes eléctricas y el operador del sistema se mostraron satisfechos. Una normativa que hoy se sostiene gracias al veto de Ciudadanos con el PP en el Congreso de los Diputados a la proposición de ley que pretendía tumbarlo. El revuelo acabó con denuncias que el Tribunal Supremo ha zanjado desestimando los recursos contra la normativa. La única victoria que lograron los beligerantes del 'impuesto al sol' fue el pasado 2017, cuando el Tribunal Constitucional tumbó el artículo que prohíbe el autoconsumo compartido, después de que la Generalitat de Cataluña hiciera un recurso contra esta normativa, que también obliga a Industria a que el registro de autoconsumidores sea potestad de las Comunidades Autónomas y no del Ministerio de Energía.
Con este panorama nacional, la batalla se ha elevado a Europa. Ambos bandos, los partidarios del tributo y los que no lo son, centran ahora sus fuerzas en lo que suceda en Bruselas, donde este año tendrá que alumbrarse una directiva sobre energías renovables que también tendrá que discutir este punto. Se trata de la madre de todas las batallas por este asunto, ya que lo que salga adelante deberá ser transpuesto a las legislaciones nacionales, con lo que lo que está en juego tendrá mayor rango legal que todo lo aprobado en el ámbito nacional en España hasta ahora.

A mediados de enero, ya están fijadas las posiciones por parte de los actores que deberán negociar. En primer lugar, está el Consejo Europeo. Se trata del organismo que reúne a los máximos responsables políticos de cada país. En este asunto en concreto, a los 28 ministros de Energía de la Unión Europea. El representante de España, Álvaro Nadal, volvió a finales de diciembre contento de la cumbre comunitaria. Según señaló entonces su ministerio: "Es muy positivo el tratamiento del autoconsumo. España comparte la orientación que ha propuesto el Consejo, que refleja claramente que no debe haber discriminación ni subsidios cruzados entre consumidores y que estos deben sufragar los costes del sistema de forma equitativa, independientemente de que autoconsuman o no".

La posición del Consejo es muy importante. Los Estados son quienes financian las iniciativas por lo que su voz se tiene muy en cuenta. Algunas fuentes explican que la posición que fijó en diciembre esta institución estuvo marcada por la urgencia de Estonia, el presidente semestral quería cerrar su etapa al frente del Consejo y algunos estados aprovecharon para apurar sus opciones. También Nadal con el impuesto al sol.

El eurodiputado socialista, José Blanco.
El eurodiputado socialista, José Blanco.
Sin embargo, no todo lo decide el Consejo, ahora tendrá que vérselas con el Parlamento en los trílogos, que son las negociaciones a tres bandas entre Eurocámara, Consejo y Comisión. Aquí ha jugado un papel determinante José Blanco, exministro socialista y eurodiputado encargado de fijar la posición del Parlamento en materia de renovables. Una de las líneas rojas marcadas por el gallego tenía que ver precisamente con el 'impuesto al sol'. Su proposición "blinda el autoconsumo como un derecho. Los Estados miembros no podrán gravar el autoconsumo de energía si esta permanece fuera de la red y no podrán establecer ningún tipo de recargo como el llamado 'impuesto al sol'. Esta propuesta es opuesta a la del Consejo.

La votación de las dos enmiendas relativas al autoconsumo dio un resultado contundente: 594 votos a favor, 67 en contra y 20 abstenciones. Además la votación dejó algunos titulares. El Partido Popular Europeo votó a favor de la medida propuesta por el miembro del socialismo europeo José Blanco. Todos excepto los populares españoles y húngaros, que votaron en contra. El tema del 'impuesto al sol' es ignorado más allá de los Pirineos. Los más de cincuenta eurodiputados que intervinieron en el debate previo a la votación de la propuesta de renovables no hicieron ni una sola mención a este asunto.
Pese a que el Consejo optó por la tesis de Nadal respecto al autoconsumo, su victoria no está clara. La voz del Consejo suele tener mayor fuerza que la del Parlamento, pero la amplia mayoría que recibió esta propuesta le pondrá las cosas difíciles. El propio José Blanco ha afirmado en reiteradas ocasiones que él no se levantará de la negociación sin resolver este asunto. Otro hándicap para el consejo, explican algunos expertos, es que estará liderado por Bulgaria, quien tiene la presidencia rotatoria los próximos seis meses. Muchos opinan que se trata de un país con poco peso dentro de la Unión y que no tendrá la fuerza que podría ejercer Francia o Alemania.

Con este panorama, cobra especial relevancia el papel que juegue la tercera pata del banco negociador: la Comisión Europea. Y además, tendrá un marcado acento español porque el responsable en la materia es el comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático Miguel Arias Cañete. La actitud que adoptará en los trílogos puede ser determinante y es una incógnita dados los conflictos internos a los que va a tener que enfrentarse.

Blanco le lanzó esta semana un mensaje directo: "Espero que me ayude a sacar adelante el mandato del Parlamento Europeo, que se ha visto reforzado con una amplia mayoría a favor". Sin embargo, a nadie se le escapa que Arias Cañete es miembro del Partido Popular. Que viene del Gobierno de Rajoy y que fue el presidente quien apoyó su candidatura al Ejecutivo comunitario. Sin embargo, procede del ramo de Agricultura y Medioambiente, que está impulsando todo lo que tiene que ver con la lucha con el cambio climático. No obstante, en Moncloa la ascendencia de Álvaro Nadal, quien fue director de la oficina económica y al frente de la cual está ahora su cuñada Eva Valle (mujer de Alberto Nadal), es muy superior a la de sus compañeros del ministerio de Isabel Tejerina.

Miguel Arias Cañete, saluda a la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina. (EFE)
Miguel Arias Cañete, saluda a la ministra de Agricultura y Pesca, Isabel García Tejerina. (EFE)
Fuentes conocedoras de la casuística aseguran que Arias Cañete quiere dejar cerrada la directiva de renovables antes del verano, ya que después se arriesga a que quede en manos de otro. Desde alguna compañía ven a Cañete, dado el puesto que ocupa, como un referente contra el cambio climático tras la abdicación de Barack Obama. Sin embargo, el nuevo presidente francés, Emmanuel Macron, está haciendo todo lo posible por liderar esa causa.

Con el Consejo Europeo a favor del 'impuesto al sol' y el Parlamento comunitario claramente en contra, la clave puede estar en manos de Arias Cañete, que tendrá que lidiar entre las presiones que le lleguen de Madrid y la posibilidad de estampar su firma para la posteridad como el comisario que cerró la directiva más ambiciosa en la lucha contra el Cambio Climático, el gran reto mundial que se dieron los estados en el Acuerdo de París. Y entre medias decidir cómo queda el polémico 'impuesto al sol'.

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miércoles, 17 de enero de 2018

Sobre una economía centrada en el bien común. Entrevista a Christian Felber, profesor universitario y activista

Christian Felber: “No hay que ganar menos dinero, sino consumir menos”
El País
 
A Christian Felber (Salzburgo, 1972) le gusta hacer el pino. En mitad de una conferencia, se pone con los pies en alto para deleitar al público. Ventajas de ser bailarín, además de escritor y divulgador. Tiene estudios de filología hispánica, sociología y políticas, y da clase en la Universidad de Economía y Negocios de Viena. Felber defiende un cambio radical en el modelo económico, la llamada “economía del bien común”. Entre otros postulados, este austriaco defiende la sustitución del Producto Interior Bruto (PIB) como unidad de medida de la riqueza por otro indicador, el Balance del Bien Común, que prima valores como la justicia social, la dignidad humana o la sostenibilidad medioambiental. Otras propuestas de Felber consisten en limitar los ingresos de los individuos y poner límites a la propiedad privada (que un individuo no pueda acumular posesiones por encima de 10-30 millones de euros). En cuanto a la banca, es partidario de limitar el tamaño de las entidades para que, llegado el caso de una crisis, puedan quebrar sin necesidad de ser rescatadas. Y regular sus créditos, para garantizar que vayan a inversiones reales y beneficiosas.

Sus postulados no están exentos de críticas: ¿cómo se mide el bien común? ¿tiene legitimidad un Estado democrático para limitar la capacidad de la gente de ganar dinero? Se le acusa de promover el estatismo y el intervencionismo, y se compara su modelo con una especie de comunismo disfrazado, a lo que Felber responde que su propuesta incluye ideas tanto del comunismo como del capitalismo, pero con límites, y siempre en una “democracia soberana en la que el pueblo marque las pautas”.

Miembro de Greenpeace y confundador de la organización antiglobalización Attac en Austria, es autor de libros como Economía del bien común (Deusto, 2012) o Salvemos el euro (Anaya, 2013). A mediados de octubre participó en un congreso organizado por el Consejo General de Trabajo Social en Mérida, donde tuvo lugar esta entrevista. 

PREGUNTA. Aboga por medir el éxito ético en lugar del éxito económico en las empresas. ¿Cómo?

RESPUESTA. El éxito suele medirse de acuerdo con el alcance de los fines y no con la disponibilidad de los medios. Aristóteles diferenciaba dos formas de entender y practicar la economía. En la oikonomía el fin es el bien común, la buena vida para todos, para lo que el dinero solo es un medio. Si el dinero se convierte en el fin, por definición no es economía sino crematística: el arte de enriquecerse. En ese caso el éxito se mide de acuerdo con indicadores financieros y monetarios, como los beneficios y el PIB. En una economía de verdad, donde el objetivo es el bien común, el éxito se mide según el alcance del fin: producto del bien común, balance del bien común (para empresas) y examen del bien común (para inversiones). La ciencia económica está completamente equivocada y se ha deslizado hacia el capitalismo. 

P. Hace seis años que se puso en marcha su modelo, ¿qué resultados palpables ofrece?
 
R. Hay 500 empresas que ya aplican el balance del bien común. Pertenecen a todas las ramas y tienen todo tipo de formas legales: entidades privadas, sin ánimo de lucro o públicas de distintos tamaños. Desde la unipersonal a las de varios miles de empleados. Se han implicado 50 municipios en Europa, algunos más en Chile; unas 200 universidades están elaborando proyectos de investigación y enseñanza. Ya se ha creado la primera cátedra en la Universidad de Valencia; y hay tres escuelas técnicas superiores en Austria y Alemania que han realizado el balance del bien común, al igual que la Universidad de Barcelona. En España hay varias empresas que siguen el modelo, como Can Cet, la Fundación Guttman y la Agencia de la Juventud, en Barcelona. Además de cuatro regiones europeas: la Comunidad Valenciana, Salzburgo (Austria), Baden-Wüttemberg (Alemania) y Tirol del Sur (Italia). 
 
P. ¿Qué resultados ofrecen las empresas que lo han puesto en marcha? 
 
R. Hay hoteles que empiezan a reducir la oferta de carne en el menú, muchas empresas reemplazan coches de gasolina por eléctricos. Hubo un bufete de abogados que aumentó el salario de la secretaria al darse cuenta de la diferencia que había con respecto al del director. En varias empresas se ha aumentado la participación de la plantilla en las decisiones estratégicas e introducido un mayor grado de democracia interna. Hay otras en las que se han duplicado las solicitudes de empleo, por ejemplo en Alemania, porque los trabajadores quieren trabajar en este tipo de empresas a pesar de que no tengan bonificaciones económicas.

P. ¿Por qué prefieren ganar menos? 

R. Porque la remuneración que más cuenta para los trabajadores es la ética. Encontrar un sentido a lo que hacen, no causar daños medioambientales, primar las relaciones dentro de la empresa y con el entorno. Esto contribuye a la felicidad. Los trabajadores se sienten más apreciados porque pueden participar en las decisiones. 

P. ¿Hay ejemplos en España? 

R. En la Comunidad Valenciana se preparan dos leyes que buscan crear un registro con las empresas que sigan estas reglas más éticas, fomentar inversiones que primen la transformación ética, dar incentivos legales a quienes sigan estos criterios. Por ejemplo, dándoles prioridad en la contratación pública o reduciendo los impuestos que gravan sus productos para que sean más competitivas. En Cataluña, son entidades y organizaciones tan diferentes como una empresa de inserción laboral y el distrito de Horta-Guinardó en Barcelona. 

P. Defiende que las empresas que no sigan el modelo sean penalizadas. 

R. El objetivo es que se invierta la tendencia actual y que los productos éticos sean más económicos, conseguir un mercado inteligente y ético en lugar de uno capitalista. Que se prime a estas empresas para la contratación pública, con condiciones crediticias en los bancos del bien común, libre comercio para las empresas más justas y prioridad en proyectos de investigación científica. Es el sueño de Adam Smith. El éxito de la empresa es el éxito de la sociedad, y no hay que medirlo con criterios financieros sino en términos de dignidad, de solidaridad, de justicia, de democracia. Es decir, sólo cuando una empresa contribuye al éxito de la sociedad puede ser exitosa, lo que significa que no puede duplicar beneficios a costa de recortar plantilla, discriminar a las mujeres, destrozar el medioambiente o corromper la política. 

P. Si se hiciera un reparto más equitativo de la riqueza, probablemente europeos como usted deberían ganar menos. 

R. No sé si todas las culturas quieren ganar más. En Bután, según las estadísticas del Banco Mundial, viven en pobreza extrema pero les va bien. Cuando se les pregunta ‘¿Quién te va a ayudar si necesitas algo’, la respuesta es: ‘Todo el mundo’. Eso es una seguridad social total. Lo que sí está claro es que los europeos tenemos que reducir nuestro consumo medioambiental. Si tú o yo consumimos cinco veces más recursos medioambientales de los que el planeta aporta por persona, vivimos a costa de la libertad de los butaneses. No tendríamos que ganar menos, sino consumir menos.


 

martes, 19 de diciembre de 2017

Préstamos hipotecarios multidivisas. El Tribunal Supremo declara la nulidad de un préstamo hipotecario en divisas



El Tribunal Supremo en su Sentencia nº 608/2017 (Rec. 2678/2015),  de 15 Noviembre 2017,  ha declarado la nulidad parcial de un préstamo hipotecario eliminando las referencias a la denominación en divisas del préstamo y quedando como un préstamo concedido y amortizado en euros.

Los motivos de nulidad es el carácter abusivo, por falta de transparencia, de las cláusulas contenidas en contrato y la falta de información adecuada a los prestatarios sobre los riesgos asociados a las cláusulas. 

El Tribunal estima que aunque, en aplicación de la normativa comunitaria que obligó a adaptar la normativa nacional a aquélla, el préstamo hipotecario denominado en divisas no sea un instrumento financiero regulado por la Ley del Mercado de Valores -no teniendo las entidades financieras que conceden estos préstamos que estar obligadas a realizar las actividades de evaluación del cliente y de información prevista en la normativa de dicho Mercado- ello no excluye que estas entidades, cuando ofertan y conceden estos préstamos denominados, representados o vinculados a divisas, estén sujetas a las obligaciones que resultan del resto de normas aplicables, como son las de transparencia bancaria.

Además, cuando el prestatario tenga la consideración legal de consumidor, la operación estará sujeta a la normativa de protección de consumidores y usuarios, y, en concreto, a la Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (Directiva sobre cláusulas abusivas) como entendió el TJUE en los apartados 47 y 48 de la sentencia del caso Banif Plus Bank. 

La posibilidad de cambio de divisa, aunque pueda suponer un cierto mecanismo de limitación del riesgo de fluctuación en los casos de previsible apreciación de la divisa en un futuro no elimina los riesgos asociados a la posibilidad de depreciación del euro frente a la divisa elegida, ni –en aplicación de la normativa protectora a los consumidores- dispensa al predisponente de sus obligaciones de transparencia en la información precontractual que facilite a sus potenciales clientes y en la redacción de las cláusulas del préstamo hipotecario.

Por ello, concluye el Tribunal, el banco debe informar con antelación, de modo claro y comprensible, sobre las consecuencias de hacer uso de esa cláusula y ofrecer al consumidor no experto una información adecuada durante la ejecución del contrato. 

En aplicación también de la jurisprudencia comunitaria (sentencia del TJUE de 30 de abril de 2014 caso Kásler y Káslerné Rábai, asunto C-26/13, apartados 83 y 84), el Tribunal Supremo no opta por declarar la nulidad total del contrato de prestamo, ya que ello supondría un serio perjuicio para el consumidor, que se vería obligado a devolver de una sola vez la totalidad del capital pendiente de amortizar, de modo que el ejercicio de la acción de nulidad por abusividad de la cláusula no negociada puede perjudicarle más que al predisponente. El Tribunal opta por la nulidad parcial del mismo al anular la cláusula abusiva de denominación en divisas del préstamo sustituyendo la misma por un régimen contractual previsto en el contrato que establecía la posibilidad de que el capital en vez de en divisas esté denominado en euros, cumpliendo así las obligaciones contenidas en los arts. 1170 del Código Civil y 312 del Código de Comercio, que exigen la denominación en una determinada unidad monetaria de las cantidades estipuladas en las obligaciones pecuniarias, lo cual es un requisito inherente a las obligaciones dinerarias.

Ver Sentencia aquí: