Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión. TTIP, una ley para dar más poder a las corporaciones

Artículo de Paul Craig Roberts ,  antiguo secretario asistente del Tesoro de EE.UU. y editor asociado del Wall Street Journal

Traducido por Paco Muñoz de Bustillo.

La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión¹ (TTIP por sus siglas en inglés) no tiene nada que ver con el libre comercio. La expresión “libre comercio” suele utilizarse para enmascarar el poder que estos acuerdos otorgan a las corporaciones permitiéndolas demandar a los Estados para anular la legislación nacional que regula la contaminación, la seguridad alimentaria, los transgénicos y los salarios mínimos.

Lo primero que es preciso entender es que estos denominados “tratados” o “asociaciones” no son leyes aprobadas por el Congreso. La constitución de Estados Unidos atribuye al Congreso la autoridad de legislar, pero estas leyes se escriben sin la participación del mismo. Sus autores son exclusivamente las grandes empresas y su único objetivo es mantener y aumentar su poder y sus beneficios. La oficina del Representante para el Comercio estadounidense fue creada con el fin de permitir que las grandes empresas dictaran leyes que solo sirven a sus propios intereses. Este fraude a la constitución y al pueblo se encubre denominando “tratados” a las leyes comerciales. 

Más aún, el Congreso ni siquiera está autorizado a conocer el contenido de las leyes y se ve limitado a aceptar o rechazar las que llegan al Congreso para su aprobación. Por lo general suele dar el visto bueno porque “se ha trabajado mucho en ellas” y “el libre comercio nos beneficiará a todos”.

Los periodistas prostituidos ² han desviado la atención del contenido de las leyes tramitadas por “vía rápida”. Cuando se acepta dicho procedimiento, el Congreso acepta que las corporaciones redacten las leyes sobre comercio sin la participación de la cámara legislativa. Incluso las críticas a las “asociaciones” son una cortina de humo. Los países acusados de utilizar mano de obra esclava pueden ser excluidos, pero esta exclusión no llegará a producirse nunca. Los superpatriotas se quejan de que la soberanía de Estados Unidos es violada por “intereses extranjeros”, pero lo cierto es que son las propias corporaciones estadounidenses las que violan la soberanía de EE.UU. Otros afirman que con el TTIP aumentará el número de empleos deslocalizados. Pero lo cierto es que no es necesario firmar “tratados” para que aumente la pérdida de empleo en el país, ya que nada impide actualmente que las empresas deslocalicen sus puestos de trabajo.

La verdadera función de las “asociaciones o tratados” es aumentar la inmunidad de las empresas privadas frente a las leyes de los países soberanos sobre la base de que dichas leyes tienen un impacto negativo sobre los beneficios corporativos y constituyen una “restricción al comercio”.

Por ejemplo, bajo el Tratado Trasatlántico, las leyes francesas contra los transgénicos podrían ser anuladas al considerarse “restricciones al comercio” merced a las demandas judiciales iniciadas por Monsanto.

Las compañías tabacaleras pueden demandar a los estados por incluir advertencias sobre la salud en los paquetes de cigarrillos, ya que estos textos pueden disuadir de fumar y por tanto constituyen una “restricción al comercio”. 

Las iniciativas destinadas a controlar las emisiones perjudiciales para el medio ambiente también podrían ser objeto de demandas judiciales por parte de las grandes empresas. Bajo el Tratado Trasatlántico (TTIP) las corporaciones serían compensadas por los “ingresos reguladores”, que es como las corporaciones denominan a la protección medioambiental. Esto significa, evidentemente, que los contribuyentes tendrían que pagar daños a las empresas contaminantes.

Los países que exigen que se realicen pruebas a los alimentos importados, como la de la triquinosis a los productos de origen porcino o aquellas a las que se somete a las verduras para detectar residuos de fumigación también podrían ser llevados a los tribunales por las empresas, porque esta regulación incrementa el coste de las importaciones.

Los países que no ofrecen protección a las marcas farmacéuticas y productos químicos y permiten la utilización de genéricos en su lugar pueden ser demandados por daños a las empresas.

Bajo el TTIP, las únicas que pueden demandar son las empresas. Los sindicatos no pueden hacerlo si sus miembros se ven perjudicados por la deslocalización de empleos y los ciudadanos no pueden interponer demandas cuando su salud o sus suministros de agua se vean perjudicados por las emisiones contaminantes de las corporaciones.

Ni siquiera el propio Obama puede participar en el proceso. Así son las cosas: el Representante del Comercio es una marioneta de las corporaciones. Sus servicios a las grandes empresas privadas le reportan un millón de dólares anuales. Estas empresas han sobornado a los líderes políticos de todos los países para que renuncien a su soberanía y al bienestar general de sus pueblos en favor de las empresas privadas. Las corporaciones han pagado enormes sumas de dinero a los senadores estadounidenses para que les transfieran sus poderes legislativos. Cuando se aprueben estos “tratados”, ninguno de los países que los firman tendrá la más mínima autoridad para legislar o hacer cumplir cualquier ley que resulte adversa para las grandes empresas.

Sí, esta iniciativa promete traer el cambio. Está dando paso a que Europa, Asia y EE.UU sean gobernados por las grandes empresas. El primer presidente negro de Estados Unidos está demostrando ser el Tío Tom de las corporaciones. Todo para los dueños de las plantaciones y nada para los esclavos.

Solo aquellos que han vendido su integridad a cambio de dinero firman estos tratados. Y, por lo que parece, Angela Merkel, vasalla de Washington, es una de ellos.

Según ciertas informaciones, los dos principales partidos políticos franceses se han vendido a las empresas, pero, curiosamente, no así el Frente Nacional de Marine Le Pen. En las últimas elecciones a la UE, los partidos disidentes como el de Le Pen o el Partido de la Independencia de Nigel Farage en Reino Unido se impusieron a los partidos tradicionales, pero los disidentes aun deben ganar en sus propios países.Marine Le Pen es la única líder europea que denuncia el secretismo de los acuerdos que establecen el gobierno de las corporaciones³: 

“Es de vital importancia que la gente conozca los contenidos y las motivaciones del TTIP para poder luchar contra dicho tratado. Porque nuestros compatriotas deben poder elegir su futuro, porque deben imponer un modelo de sociedad que se ajuste a sus necesidades y no uno impuesto por las empresas multinacionales ávidas de beneficios, los tecnócratas de Bruselas comprados por los lobbies y los políticos del UMP [de Sarkozy] al servicio de esos tecnócratas”.

También resulta de vital importancia que el público estadounidense conozca el alcance de este tratado, pero ni siquiera el Congreso está autorizado a recibir dicha información.

¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento de esta “libertad y democracia” que supuestamente tenemos los estadounidenses, cuando ni el pueblo ni sus representantes electos están autorizados a participar en la creación de leyes que permiten a la empresa privada negar las funciones legislativas de los gobiernos y colocan el beneficio empresarial por encima del bienestar general?

Notas del traductor:

1: También denominada a veces Área de Libre Comercio Trasatlántico o Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones. En ocasiones se usan sus siglas en castellano: ATCI.

2: El autor utiliza el término “presstitutes”, mezcla de “prensa” y “prostituta”.

3: El autor ignora a los representantes de la Izquierda Europea que han denunciado sistemáticamente en Bruselas y sus respectivos países el secretismo que rodea a las negociaciones del Tratado y la pérdida de soberanía que supondría para los Estados su aprobación.

Fuente original: http://www.counterpunch.org/2015/06/01/ttip-the-corporate-empowerment-act/

Sobre las comisiones por cambio de divisas aplicadas por los bancos a las empresas.“El banco disfraza como volatilidad de cambio el coste del cambio de divisa”

El español que desafía el poder de los bancos

 

 EDUARDO ORTEGA / Foto: CHRISTIAN GONZÁLEZ

 

“Las empresas estaban mintiendo a sus consejos de dirección”. Esa revelación sobresaltó un día cualquiera a Antonio Rami en su despacho de Deloitte. La revelación hizo que ese día no fuera uno más. Gracias a ella, Antonio (Palma de Mallorca, 1986) y su socio Philippe Gelis empezaron a tejer su empresa. Trabajaban como analistas en la auditora cuando cayeron en la cuenta de que en la anotación “Pérdidas por diferencias de cambio” de varias firmas que inspeccionaban había sombras, números que no cuadraban. “El banco disfraza como volatilidad de cambio el coste del cambio de divisa”, denuncia Rami. O lo que es lo mismo, los bancos clavan una grosera comisión a las compañías por darles dólares o yuanes. Y éstas, habitualmente, callan.

La forma de actuar de los bancos es bastante opaca: no están obligados a hacer pública la tasa que cobran por operaciones que superan los 3.000 euros. Ahí hallaron la oportunidad, en 2011, Antonio y Phillipe para montar Kantox, una firma dedicada al intercambio de divisas online, sin tejemanejes bancarios y con total transparencia. El mallorquín no dudó en dejar con 24 años su puesto en Deloitte, lo que para muchos podría ser un sueño. Sin embargo, él había llegado ahí tras licenciarse en ADE y sin las ideas muy claras. “No fue fácil prepararse durante nueve meses para crear la compañía mientras al mismo tiempo trabajábamos para Deloitte. Cuando llegó el momento la única decisión era embarcarse en un proyecto que podía fracasar o tener éxito. Pero estábamos preparados”.

La transparencia es muy importante para Antonio. Es la principal crítica que lanza al sistema financiero y en base a ella ha levantado su propia compañía. Gracias a este principio fundamental ha logrado ya 1.600 clientes en 18 países, ha gestionado 1.500 millones en sus cuatro años de vida y prevé gestionar otro millar más en lo que resta de 2015. Kantox no es una ONG; no trabaja por caridad ni ofrece sus servicios gratis. Cobra una comisión que va del 0,29% al 0,09%, en función del montante de la operación. Pero son tasas fijas que advierte con antelación.

La reacción de los más perjudicados, los bancos, es tímida por el momento. “¿Cómo pierdes más dinero: bajando a todos tus clientes el precio o luchando por unos pocos?”. Cree que la estrategia que le conviene a su start up para seguir robando clientes al sistema establecido es continuar aportando ese otro valor que considera que no es capaz de dar el sector financiero, envuelto en sucesivos escándalos como, precisamente, la manipulación del mercado de divisas. El último caso, hace unos días, se saldó con una multa de casi 6.000 millones de euros a Citigroup, RBS, J. P. Morgan, Barclays, Royal Bank of Scotland y UBS. “A mí, un negocio en el que gano 12.000 millones y me multan con 6.000 me parece redondo. En teoría de juegos, lo van a volver a hacer. Es de chiste”. ¿Su solución? Más regulación, sí, pero también que los usuarios los abandonen, dejen de usar sus servicios.

Una acción relacionada con la confianza, el otro término que está constantemente en boca de Rami. “Un banco es un negocio de confianza. Y, ¿cómo se creaba ésta antes? Poniendo un edificio grande en el centro de la ciudad. Hoy ya no funciona así. La gente ahora se fía de Google, Facebook, Amazon o Atrápalo. Todo está ya online y los bancos que son rápidos intentan adecuarse a los tiempos y a los nuevos canales”. Gigantes tecnológicos que almacenan e incluso en ocasiones venden millones de datos personales gozan hoy en día de más fiabilidad. “Es que el sistema financiero se lo ha ganado a pulso con sus prácticas de ‘como te despistes… firma aquí’. Yo he tenido en mis manos y he hecho un análisis de un envío de dos millones de euros de ONG a países en situación crítica y el banco se ha quedado 50.000 en el cambio. Por eso no me da ningún miedo cuando digo que lo hacen con nocturnidad y alevosía. Tengo las pruebas”.

Fuente: publico.es

Usted está enfermo: padece una vida normal, artículo de Anna Flotats

ANNA FLOTATS

El año que viene la Real Academia de la Lengua Española (RAE) incluirá en su diccionario la palabra medicalización: dotar algo de carácter médico. A primera vista, no tiene nada de malo. "El peligro llega cuando medicalizamos los problemas de la vida cotidiana, como la tristeza, la soledad, el desamor, la resaca o la época de exámenes". Así ejemplifica Ana Sánchez, responsable del departamento de alimentación y salud de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), los "abusos" de profesionales y empresas en la ciencia médica y la atención sanitaria.

¿Es necesario medicarse?, ¿conocemos los riesgos de los medicamentos que vamos a tomar?, ¿qué pasa si no los tomamos?, ¿cuál es el precio real del fármaco?, ¿qué alternativas tenemos?  Esas son las preguntas que la OCU recomienda que se hagan los consumidores antes de medicarse para "fomentar la autonomía del paciente", señala González. 

Entre 2000 y 2007, el consumo de antiinflamatorios aumentó un 27%, el de antiulcerantes un 310%, el de sedantes, un 57% y un 442% el de pastillas para el colesterol, según datos de la OCU. "Cuando se medicaliza la vida, aumentan las muertes. La medicina, en exceso, mata", afirma Juan Gérvas, médico perteneciente al equipo CESCA, asociación sin ánimo de lucro de investigación en atención primaria. De hecho, en Estados Unidos, la tercera causa de muerte es la actividad médica, según la revista Journal of the American Medical Association y en la Unión Europea mueren cada año 179.000 personas debido a los efectos de los medicamentos, según la revista Lancet. "A los que habría que añadir 25.000 fallecidos anuales por la resistencia bacteriana, según datos del European Centre for Desease Control (ECDC)", explica Gérvas a Público.

Los agentes de la medicalización no son sólo los médicos y la industria farmacéutica,"que promueve enfermedades, manipula los problemas de salud y genera importantes daños mediante prácticas que llevan a engañar a los profesionales y al público", dice la OCU, sino también la propia ciudadanía. Es decir, las personas sanas empiezan a comportarse como enfermas. Y no es de extrañar, teniendo en cuenta que la promoción de los medicamentos ya no se basa en informar sino en vender, y que, como dice el doctor Gérvas, los supermercados empiezan a parecer farmacias "con carteles que anuncian calcio, fibra y omega". 

Según Carlos Ponte, fundador del movimiento Nogracias en España y a nivel internacional, el 95% de los anuncios publicitarios sobre medicamentos carece de base científica. Este médico internista y jefe de servicio de cuidados intensivos coincide con el diagnóstico de Gérvas: "Cuántos más recursos tenemos, más enfermos nos sentimos. Y estar enfermo es un negocio". 

Precisamente para denunciar la prescripción "innecesaria" de los fármacos y la creación de enfermedades "inexistentes" para promover el uso de los medicamentos, la OCU ha puesto en marcha la campaña Que no medicalicen tu vida, con la que se pretende evitar la "prevención excesiva", las pruebas médicas "innecesarias" y, al mismo tiempo, fomentar la prescripción efectiva de los medicamentos y la transparencia en las relaciones entre la industria farmacéutica y los demás actores implicados en el uso de los medicamentos, explicó este martes la portavoz de la organización, Iliana Izverniceanu.

Gérvas insiste en la necesidad de "desinvertir" en todo aquello que no añada salud, "aunque lo pida la clase media-alta", para lograr la equidad en la atención sanitaria. Por ejemplo, considera que se derrocha dinero en pre-operatorios y en determinadas pruebas diagnósticas, como las citologías de cuello de útero. "En España se hacen diez millones de citologías de cuello de útero al año, pero una de cada cinco mujeres diagnosticadas con cáncer de útero no se la había hecho. Eso quiere decir que estamos desviando recursos que ciertas personas necesitan a otras que no los necesitan", asevera el también profesor visitante del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Sanidad. 

Esta equidad debe ser, precisamente, la base de la atención médica y el gasto farmacéutico porque "el acceso universal a la salud es un derecho", subraya Ponte. Una equidad que conecta, según Gérvas, con el fundamento filosófico de la sanidad: la solidaridad. "La medicalización nos lleva a una prevención sin límites que rompe la equidad y la solidaridad porque con nuestros impuestos debemos pagar operaciones realmente necesarias, no un escáner porque me duele la cabeza ", plantea. "Lo que vale un TAC no es lo que nos gastamos en un TAC sino lo que usted deja de hacer para gastarnos dinero en un TAC", concluye. 

Este aumento de los costes lleva a situaciones prácticamente irreversibles. Por ejemplo, "un antivirus de acción directa contra la Hepatatis C cuesta 1.000 dólares diarios en un tratamiento de tres semanas", explica a Público el doctor Ponte. Para lograr la equidad en el acceso a la salud son necesarios, según Gérvas, "gestores profesionales que no estén designados por partidos políticos". Ponte insiste también en la necesidad de romper la creencia de que "todo se cura con pastillas" y recuerda, sin quitar méritos a las bondades de los medicamentos, que "lo que ha hecho aumentar la longevidad no han sido los fármacos, sino la mejora de las condiciones de vida".  

Fuente: Público

Un jubilado contra la 'gran estafa' de las eléctricas

   

• Lo despidieron hace 21 años tras negarse a participar en un reparto ilegal del mercado 

• Desde entonces denuncia que 'estafan' con el alquiler de los contadores de la luz 

• Ya van 11.224 millones de euros, alerta el ingeniero de Sevilla Antonio Moreno Alfaro 

• Estima que sus denuncias han ahorrado a los consumidores unos 600 millones de euros 

• Endesa intentó sin éxito el cierre judicial de su web, que atiende a miles de consumidores

Están los antiguos contadores electromecánicos y los modernos contadores electrónicos telegestionables, pero el más resistente contador de la luz es humano: un ingeniero industrial jubilado de 71 años de edad. Antonio Moreno Alfaro lleva desde 1994 ejerciendo en solitario desde su mesa de trabajo en el noveno de un bloque de Sevilla como guardián de los consumidores frente a los abusos, irregularidades y «estafas amparadas por la Ley» de las compañías eléctricas. 

Desde que lo despidieron cuando tenía 51 años del fabricante suizo de contadores donde trabajaba en Sevilla, Landis & Gyrs, no volvió a ejercer su oficio, pero a cambio ha dedicado decenas de miles de horas a denunciar y corregir un sector esencial. Desde su sitio, www.estafaluz.com, enseña cómo reclamar. «Paso delante del ordenador diez o doce horas diarias. El domingo es el único día en que salgo a dar un paseo con mi mujer. Estoy atado a la pata de la mesa», dice el colegiado 598 del Colegio de Ingenieros Industriales de Sevilla. 

Subraya que no habría podido sin el apoyo de su mujer, Ana Gómez, médica hematóloga que con su trabajo ayudó a mantener el hogar donde él cobraba sólo la ayuda para parados mayores de 52 años, y de sus cuatro hijos. Los dos varones, Antonio y Pablo, diseñador industrial uno e ingeniero electrónico y de telecomunicaciones el otro, le montaron la web y le enseñaron a programar con lenguaje html; Ana y Beatriz son psicóloga y estudiante de Pediatría.

Dice que la energía la saca de la indignación por su despido. Cuenta que lo echaron bajo la acusación de robar documentos, pero señala que esa carpeta que efectivamente se llevó el día que lo despidieron se la entregó al juez para denunciar que los fabricantes de contadores, reunidos en el «grupo clandestino Contact», se estaban repartiendo ilegalmente el mercado. Asevera que la causa real de su despido fue que se negó a participar en esas reuniones y lo reveló. 

Miles de denuncias de consumidores

Endesa pidió que cerraran su página por calumnias pero el juez dictaminó que le ampara la libertad de expresión. Destaca que cada denuncia que publica se basa en documentos oficiales y en los casos que le envían los consumidores. Como el de una mujer de Cádiz cuya factura pasó de 30 euros a más de mil. 

Enseña su bandeja de correo, estafaluz@gmail.com, con 6.994 mensajes recibidos desde que cambió a gmail hace cuatro años. Ha respondido a 5.400 y dice con apuro que debe contestar al resto. Las misivas han aumentado desde que hace unos días elconfidencial.com le hizo una entrevista que ha reverdecido su proyección de hace unos años. De IU son los únicos políticos que le han apoyado, antes Antonio Romero y ahora José Luis Centella.

Le enseñamos nuestra factura de la luz, con Endesa Energía XXI S.L.U. Y nos aconseja: «Es mejor, sin duda, estar en una de las cinco comercializadoras del mercado regulado, como ésta, que no en las numerosas del mercado libre», en el que aquéllas tienen sus filiales, como Endesa Energía Unipersonal S.A. «En el mercado regulado, reclamar ante la Junta es gratuito; en el mercado libre, hay que ir a los tribunales». Éstas son encima más caras, avisa.

¿En qué se basa para afirmar que las grandes eléctricas llevan estafados 11.224 millones de euros a sus clientes desde diciembre de 1984, y creciendo, «con la complicidad de los gobiernos del PSOE y el PP»? Indica en nuestra factura el concepto Alquiler equipos de medida y control, que con el contador telegestionable, más moderno, vale 0,85 euros al mes, y con el electromecánico, 0,54. No parece una cantidad por la que merezca la pena disgustarse: pero multiplicada por 27 millones de contadores domésticos en España -unos 9 modernos y el resto pendientes de sustituir-, representa millones al mes. Explica que desde 1984 rige una orden del Gobierno que multiplicó por 30 -desde 2,45 pesetas- el precio que las eléctricas podían cobrar por el alquiler del contador a razón de un 1,25% del coste medio del aparato, pero a cambio de que las empresas destinaran el dinero recaudado a costear la verificación de esos contadores. 

Contadores sin verificar

Denuncia que esa verificación no se hace, salvo en contados casos cuando un cliente reclama e interviene Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), organismo de la Junta; de manera que el dinero del alquiler es un beneficio más para las empresas. Teniendo en cuenta que un aparato moderno le cuesta a la empresa unos 25 o 30 euros, en tres años ha amortizado su coste.

Añade que «la estafa ha aumentado» porque la evolución del precio legal por el alquiler no se ha vinculado, como sería lógico, al del coste del aparato, sino al del precio del kilowatio/hora, que no ha dejado de subir. A ese dinero cobrado indebidamente, según sus denuncias, hay que sumar los kilovatios facturados de más por los contadores que no miden bien. Enseña un estudio de la organización de consumidores OCU en el que colaboró, que reveló en el año 2000 que el 80% de los contadores que analizaron contaban de más. OCU calculó una sobrefacturación anual de 8.500-14.800 millones de pesetas. Con el fin de mejorar la medición, desde 2010 se están sustituyendo por los telegestionables, pero Antonio Moreno advierte de que éstos tampoco están exentos de error y que sigue sin haber una verificación sistemática.

Sus denuncias han ahorrado "600 millones de euros"

Aunque la «estafa masiva» seguirá, dice, hasta que el Gobierno fije un protocolo de verificación y baje el alquiler, de momento se felicita por sus victorias. Calcula que sus denuncias le han ahorrado a los consumidores y hecho perder a las empresas, al menos en teoría, unos 600 millones de euros. Unos 300 millones son por la bajada desde 2001 del 10% del alquiler del contador y 300 más por la obligación desde 2010 de que los 11 euros con IVA del derecho de enganche por el cambio del contador lo asuma la empresa. En la práctica, sin embargo, le llegan casos en que la empresa -enseña uno con Endesa- sigue cobrando el cambio de contador y sólo devuelve el dinero tras una engorrosa reclamación. Y, se pregunta, ¿quién pierde días para recuperar once euros? Goliat va así arañando millones.

Bajamos al cuarto de contadores de su bloque, nos enseña el suyo y advierte de otro perjuicio «que pocos conocen». Hay un registro de consumo en hora valle, más barata, y otro para la hora punta, más cara. «Si hay una avería general, el contador se pone en modo punta». 

¿Dejará su lucha? «Ni con millones de millones que me dieran me callarían». Este hijo único se lo debe a sus padres -él, repartidor de giros telegráficos- por su apoyo para que fuera ingeniero; y se lo debe a los que le piden ayuda. «Es como el que es médico y ve que a alguien lo atropellan. ¿Cómo no va a ir a ayudarlo?».

Fuente: El Mundo

La economía (de algunos) por encima de la justicia: El Tribunal supremo apelando al "trastorno económico" para la entidades demandadas no obligará a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo declaradas nulas

Al final, resultará que las trapacerías empleadas por los bancos para esquilmar a sus clientes con las cláusulas suelo declaradas nulas les van a salir rentables, ya que no tendrán que devolver todas las cantidades ilícitamente obtenidas en aplicación de estas claúsulas abusivas.

Ello hay que "agradecérselo" al Tribunal Supremo quien ponderando un supuesto trastorno económico de no se sabe quién -no se referirá, desde luego, a las miles de familias que vieron ilícitamente incrementada su cuota hipotecaria por las cláusulas suelo- estima que la nulidad de las cláusulas no ha de implicar la devolución de todo lo cobrado ilegalmente. 

Es decir, en este caso no se aplica el elemental principio jurídico de que lo nulo equivale a inexistente y que una cláusula contractual nula ha de ser considerada desde el inicio como no puesta, no pudiendo en ningún caso beneficiar al infractor que predispuso unilateralmente en la relación contractual esa cláusula abusiva.

Por lo visto la economía de unos pocos, prima sobre la protección de los consumidores.

Es como lo de Robin Hood, ¡pero al revés!

Esta es la noticia que se publicó el El País

El Supremo no obligará a devolver todo lo cobrado por las cláusulas suelo

El Tribunal apela al "trastorno económico" de la medida para las entidades financieras

El Tribunal Supremo ha apelado al "trastorno económico" que supondría para la banca devolver todo lo cobrado de más por las cláusulas suelo de hipotecas declaradas abusivas y ha zanjado de forma definitiva la discrepancia entre los jueces sobre el asunto, al concluir que no restituirá aquellas anteriores al 9 de mayo de 2013. Ese día, el Supremo dictó una sentencia en la que declaraba nulas todas las cláusulas suelo que no cumplieran con los criterios de transparencia, incluso si el cliente se benefició "durante un tiempo" de caídas en el euríbor y declaraba la irretroactividad de su decisión.

Sin embargo, desde esa fecha muchos tribunales españoles han fallado a favor de la devolución de las cuantías cobradas de más desde el inicio del contrato, al entender que el Supremo falló sobre una acción colectiva de cesación -lo que suponía eliminarla de las condiciones generales del contrato y no aplicarla en lo sucesivo-, y no se debían aplicar a casos individuales.

Ahora, el alto tribunal, estimando un recurso del BBVA contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que, siguiendo este criterio, condenó a la entidad a restituir las cantidades desde el principio, aclara que el "conflicto jurídico" entre una acción colectiva y una individual es el mismo. En este sentido, insiste en que su sentencia de 9 de mayo de 2013 ya fijó doctrina "para todos aquellos supuestos en que resulte, tras su examen, el carácter abusivo de una cláusula suelo".Los tribunales favorables a la devolución de las cantidades también se aferraban a que los casos individuales no suponían "el trastorno grave para el orden económico" que invocó hace dos años el Supremo para declarar la irretroactividad de su sentencia. A ello, el Supremo responde que "la afectación al orden público económico no nace de la suma a devolver en un singular procedimiento, que puede resultar ridícula en términos macroeconómicos, sino por la suma de los muchos miles de procedimientos tramitados y en tramitación con análogo objeto".

Con todo, los magistrados dejan claro que "la limitación de la retroactividad no es algo anómalo, novedoso o extravagante".

La nueva sentencia del Supremo cuenta, no obstante, con el voto particular del magistrado Francisco Javier Orduña, partidario de haber distinguido la acción individual de la colectiva y de devolver las cantidades íntegras cuando se haya anulado una de estas cláusulas. Considera que hace dos años sus compañeros condenaron a las entidades de crédito a cesar en la aplicación de las cláusulas suelo y abstenerse de utilizarlas en el futuro, pero "en ningún caso" se pronunciaron "en relación a la restitución de las cantidades indebidamente cobradas".

Orduña opina que es necesario examinar cada caso individual y, de declararse la nulidad, deberá tener un "efecto devolutivo" de las cantidades percibidas por la aplicación de la cláusula. "Todo ello, sin contar que el verdadero motivo de la limitación del denunciado efecto retroactivo de la nulidad de la cláusula, en su momento, no fue otro que el posible riesgo de transtornos graves o sistémico en las entidades financieras; riesgo que en la actualidad ha desaparecido merced al saneamiento financiero efectuado", concluye.

Lo que no se ha dicho sobre el desastre del avión en Los Alpes por Vicenç Navarro

Lo que no se ha dicho sobre el desastre del avión en Los Alpes

Vicenç Navarro
  Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

Artículo publicado en Público

La gran concentración de las noticias en los mayores medios de comunicación españoles ha sido sobre la salud mental del copiloto del avión que estrelló el vehículo que pilotaba, causando la muerte de las ciento cincuenta personas que viajaban en él. Pero no se ha dicho nada sobre las condiciones contractuales de tal piloto, ni sobre las circunstancias que determinaron que un piloto con tan escasa experiencia en manejar tal vehículo tuviera esa responsabilidad: tripular un avión de tal complejidad y desarrollo tecnológico como el Airbus A230 que estrelló. Según un reportaje publicado en el New York Times del pasado 2 de abril, el copiloto Andres Lubitz (un nombre hoy internacionalmente conocido) acumulaba solo 630 horas de vuelo, una cifra considerada muy limitada e insuficiente para pilotar tal aparato. ¿Cómo puede ser que a una persona con tan poca experiencia de vuelo, solo 630 horas, se le permitiera tripular un A320? Esto se preguntaba en este reportaje una ex comandante de la Armada de EEUU y ex piloto de la compañía estadounidense United Airlines, la Sra. Amy Fraher. La respuesta de tal piloto, que hoy es profesora de la Universidad de Birmingham en Gran Bretaña, es que por el interés de reducir costos, la formación y la experiencia de los pilotos se ha reducido excesivamente, saltándose las exigencias y requisitos que solían pedirse de siete u ocho años de experiencia en tiempos anteriores. Tal exigencia está particularmente acentuada en las compañías aéreas de bajo coste (las conocidas como “low cost”). Estas son las conclusiones de una persona experta en aviación civil y militar, representando una opinión que está bastante generalizada. Ni que decir tiene, las compañías de “low cost” han promocionado la opinión opuesta, como también lo han hecho las asociaciones profesionales de los pilotos de avión. Y estas han sido las voces que han tenido mayor visibilidad en los medios. Debería haber –y hoy no los hay- estudios internacionales objetivos, rigurosos e independientes, que analizaran la seguridad en la aviación civil en términos comparativos, incluyendo datos sobre la calidad de formación y experiencia de los pilotos por tipo de compañía aérea. Los hay por tipo de avión, pero no los hay por tipo de piloto. 

El valor de los accidentados por nacionalidad 

Otra información que tampoco ha tenido demasiada visibilidad es la compensación que los tribunales otorgarán a los familiares de los muertos en accidentes de aviación. Los lectores podrán ver en las compensaciones de la compañía propietaria del avión estrellado, Germanwings Co., que esta pagará mucho menos a los familiares de las víctimas españolas que a los de las víctimas estadounidenses. Esta ha sido una práctica generalizada desde hace tiempo. El valor de una vida española cotiza en los tribunales mucho menos que el valor de una vida estadounidense. Según otro artículo publicado el pasado 30 de marzo en The New York Times (“Germanwings Crash Settlements are Likely to Vary by Passenger Nationality”), según James Healy-Pratt, director de despacho de accidentes de aviación civil del famoso bufete de abogados británico Stewards Law, el promedio de compensación de un ciudadano estadounidense en una muerte por accidente aéreo es de 4.5 millones de dólares, más de tres veces superior a la compensación del ciudadano español (una diferencia muchas veces mayor que la diferencia del estándar de vida entre los dos países). La causa de que ello sea así se debe a que, en la mayoría de los casos, los familiares de las víctimas llevan a las compañías aéreas a los tribunales de los países donde residen, y son las compañías de seguros de tales compañías las que pagan las compensaciones dictadas o negociadas por los tribunales de cada uno de esos países. En el caso del avión estrellado en los Alpes había 16 países involucrados dada la gran variedad de nacionalidades representadas entre las víctimas. 

Los tribunales y la legislación estadounidense son mucho más protectores del consumidor y del usuario que los tribunales españoles y su legislación. 

Y ahí está el quid de la cuestión. Los tribunales y la legislación estadounidense son mucho más protectores del consumidor y del usuario que los tribunales españoles y su legislación. Esta es la conclusión del artículo del New York Times. Y esta es también mi experiencia, pues he vivido en España y en EEUU por muchos años, y lo he podido comprobar. En general, en temas de protección del usuario, el legislador y el juez estadounidense son más favorables a la ciudadanía que los españoles y los europeos (la compensación para los ciudadanos británicos y alemanes es también mucho más baja que la de los estadounidenses, 1.6 y 1.3 millones de dólares respectivamente).

Las razones de que ello sea así son muy variadas. Pero una razón importante, y casi nunca citada en los medios españoles, es que los cargos judiciales son elegidos directamente por la ciudadanía estadounidense. El día de las elecciones, en la papeleta de los candidatos, verán que se eligen no solo a los políticos, sino también a los jueces, una situación impensable en España (donde el enorme conservadurismo de la judicatura es bien conocido internacionalmente) y en Europa. No estaría mal que algunos de los partidos progresistas hicieran tales propuestas aquí también.

Naomi Klein: "La naturaleza intenta decirnos que necesitamos un modelo económico radicalmente diferente"

 

La periodista presenta en España su último libro 'Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima' en un llamamiento para que los movimientos sociales y ecologista se unan para un "cambio radical" del actual sistema económico y político. 

"La naturaleza intenta decirnos que necesitamos un modelo económico radicalmente diferente". La periodista Naomi Klein venía avisando desde hace tiempo de los peligros del capitalismo salvaje y despiadado, pero ahora su fin parece precipitarse: el cambio climático, su consecuencia más amenazante, ha puesto fecha de caducidad a la maquinaria neoliberal.

"Hemos aplazado esta cuestión por tanto tiempo que nos encontramos en una situación en la que ya no existen soluciones que no sean radicales. No es demasiado tarde para impedirlo, pero es necesario un cambio radical de nuestro sistema económico y político y esto desafía la lógica del crecimiento, que está en el corazón de nuestro modelo económico", ha dicho la autora canadiense frente a una abarrotada sala del Círculo de Bellas Artes de Madrid durante una conferencia con motivo de su último libro.

'Esto lo cambia todo. El capitalismo contra el clima' (Paidós, 2015) se ha gestado -según reconoce Klein- para dar respuesta a su anterior obra, 'La doctrina del Shock' (2007), que trataba de evidenciar cómo muchas de las políticas del libre mercado fueron introducidas aprovechando momentos de intensa transformación social, desastres y confusión. "Menos de un año después pudimos comprobar esta teoría con el hundimiento de Wall Street que serviría para lanzar políticas que de otro modo hubieran encontrado resistencia", ha afirmado la periodista.

Conscientes ahora de la capacidad de adoctrinamiento del sistema, toca buscar soluciones. "¿Cómo podemos crear una estrategia para responder, una doctrina del shock de la gente, que conteste a la crisis potenciando la democracia y construyendo un mundo más igualitario?", se preguntaba. La respuesta es el cambio climático o, en palabras de la autora, "la justicia del cambio climático", una crisis que "debe ser declarada desde abajo" para asegurar su efectividad. "El cambio climático es la contranarrativa más poderosa que tenemos frente al capitalismo".

Por eso, y ante todo, Naomi Klein hace un llamamiento para que los movimientos sociales y antiausteridad, "centrados en la lucha por la recuperación de las políticas sociales", no olviden la cuestión climática. 

"Europa era un ejemplo líder en la lucha contra el cambio climático y esto se ha sacrificado en aras de la recuperación económica. Si queremos combatir el cambio climático tenemos que desarrollar toda la esfera pública. Para reducir las emisiones es necesario que la gente recupere el control del sistema energético y regular a las multinacionales. Por eso cuando analizas los conflictos entre la lucha antiausteridad y los movimientos de justicia climática te das cuenta de que tienen que unirse. No tiene sentido que sigan caminos separados, porque cuando entramos en esa división asumimos la lógica de las élites de que el clima es un lujo".

Fuente: Público

Gijón será una de las ciudades europeas más contaminadas en 2030 según el Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) de Austria

 Lo achaca al puerto y la industria, y advierte de la necesidad de aplicar la tecnología más moderna posible para evitarlo

 

 

El Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) de Austria ha elaborado un estudio en el que proyecta la evolución de la contaminación en Europa en 2030 y sorprendentemente coloca a Gijón entre las ciudades más polucionadas de todo el continente, después de haber analizado 1.850 estaciones de control de calidad del aire, incluidas el 80% de las que excedieron en 2009 los valores máximos establecidos. Se trata de una contaminación muy superior a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que, según el estudio elaborado por el investigador Gregor Kiesewetter, se superarán ampliamente los 35 microgramos por metro cúbico de partículas en suspensión de 10 micras. Hay que recordar que el límite anual para la protección de la salud humana está situado en solo 20 microgramos por metro cúbico.

Gijón comparte el dudoso honor de proyectarse como una de las localidades europeas más contaminadas junto a grandes ciudades como Estocolmo (Suecia), Cracovia (Polonia), Stuttgart (Alemania), Milán y Turín (Italia), y París (Francia). Pero para entender un poco más qué afectará a la calidad del aire dentro de quince años, el estudio advierte de que en 2030 la introducción de filtros de partículas para vehículos diesel habrá permitido que disminuya considerablemente el impacto del tráfico en la contaminación, aunque, sin duda, seguirá siendo uno de los principales factores debido al volumen del tránsito. Es decir, no serán solo los coches.

«Controles más fuertes»

Por tanto, ¿qué es determinante para que Gijón esté en esta lista negra? Según el estudio 'Modelización de concentraciones a nivel de calle de PM10 en toda Europa: distribución de las fuentes y los futuros posibles', dos son los elementos fundamentales: el puerto y la industria asociada a él. Gregor Kiesewetter explica en el documento que «mostramos el potencial y la necesidad de controles más fuertes de las emisiones para lograr niveles saludables en la calidad del aire, ya que la actual legislación no lo logra». Y es que apunta que «la contaminación del aire tiene el mayor impacto en la salud humana, contribuyendo a la aparición de enfermedades pulmonares y cardiacas». Gijón está calificada por los investigadores austriacos como un «área crítica», debido a la conjunción de la contaminación por productos químicos y por el transporte, y apuntan que es necesaria «la completa aplicación de la más moderna tecnología existente para la reducción de emisiones, lo que permitiría dar la vuelta a la situación de forma drástica».

Pero este estudio ha tenido gran repercusión internacional e, incluso el 'The Washington Post' habla de la situación que se espera en el municipio en 2030, apuntando que «en Europa occidental y del norte, las ciudades más afectadas incluirán al puerto español industrial de Gijón...».

Análisis del investigador austriaco Gregor Kiesewetter. / E. C.

Y no es una buena propaganda para la ciudad cuando en el mismo artículo se recuerda que la contaminación es culpable de la muerte de al menos 100.000 europeos cada año y, según otras estimaciones, podría llegar a los 400.000.

Segundo aviso

Pero los resultados de este estudio elaborado por investigadores austriacos no es más que un nuevo aviso sobre la mala calidad del aire en Gijón. A finales del año pasado la Comisión Europea ya exigía a España y a Grecia que protegieran a sus ciudadanos de la contaminación por partículas finas y urgía a ambos países a tomar las medidas oportunas. En el caso español, las autoridades europeas hacían referencia a Gijón, el área catalana del Vallés y el Bajo Llobregat y algunas zonas rurales de Andalucía. Al igual que en el documento elaborado por Gregor Kiesewetter, la comisión europea advertía de que las PM10 pueden provocar asma, problemas cardiovasculares, cáncer de pulmón y muerte prematura.

La Consejería de Fomento del Principado reaccionó a ese aviso de la Comunidad Europea y prometió reforzar las inspecciones y el control ambiental en torno a la factoría de ArcelorMittal, para lo que solicitó la colaboración del Ayuntamiento de Gijón, en virtud de lo establecido en el Plan de Mejora de la Calidad del Aire de Gijón y Carreño.

El Ayuntamiento de Gijón también trabaja en una serie de medidas que pondrá en marcha cuando se den situaciones meteorológicas adversas que dificulten la dispersión de partículas en el aire, en particular en la zona oeste de la ciudad. La más llamativa es que se podrán aprobar restricciones al tráfico, según los datos que refleje la estación de medición de la calidad del aire de la avenida de la Argentina.

También la Autoridad Portuaria de Gijón y la Delegación del Gobierno participarán en el control de emisiones.

Fuente: El Comercio