lunes, 18 de junio de 2018

Rapapolvo europeo a la banca española por las preferentes y las cláusulas abusivas


 
¿Algún día se enderezará?

El Parlamento Europeo dará a conocer informes que destacan violaciones de la regulación europea de protección al consumidor

   
La crisis financiera ha sacado lo peor del sector financiero español. El Parlamento Europeo dará a conocer la próxima semana, previsiblemente el día 19 de junio, una batería de informes que, en el caso de España, destacan una larga lista de violaciones de la regulación europea de protección al consumidor con las participaciones preferentes, las hipotecas multidivisa, las cláusulas suelo y, en general, todo tipo de cláusulas abusivas en varias áreas del negocio financiero.

La Eurocámara subraya el triste papel del Banco de España en la imposición de multas a las entidades. Propina un severo revés al Gobierno español por los continuos incumplimientos en la transposición de directivas europeas. Y destaca que España ha sido el país europeo con mayores niveles de venta fraudulenta, tanto de deuda subordinada (la de peor calidad, como las preferentes, que provocaron pérdidas millonarias para los clientes) como en el crédito hipotecario, con las cláusulas suelo (que impedían que los clientes se beneficiaran de la rebaja de los tipos de interés).

La crisis financiera se desató en Estados Unidos allá por 2007 y cruzó el Atlántico con relativa rapidez, aunque llegó a España con retraso y de la mano del pinchazo inmobiliario. Provocó un colapso en el mercado interbancario —en el que se financian las entidades financieras— que dejó a los bancos, y especialmente a las cajas españolas, muy expuestos al tsunami por el sobreendeudamiento acumulado durante la burbuja inmobiliaria. Elestallido de esa burbuja hizo un gigantesco roto en el sistema financiero, necesitado de ayudas públicas multimillonarias que acabaron provocando el rescate europeo. El crash dejó decenas de miles de desahucios. Pero sobre todo provocó una sacudida del sector bancario, que incurrió en un reguero de malas prácticas que han provocado miles de demandas judiciales, decenas de miles de quejas y han hecho mella en la reputación del sistema. “Los reiterados incumplimientos de la legislación europea están en el origen de la venta fraudulenta de muchos productos financieros en España. En el camino de la ampliación de la nueva Directiva MIDIF II el Gobierno actual debe garantizar una correcta transposición para que no vuelva a ocurrir”, señala Ernest Urtasun, de ICV, uno de los eurodiputados que reclamó que se realizaran los informes que se presentan la semana próxima.

Crédito hipotecario. La Eurocámara ha preparado durante los dos últimos años —a petición de los Verdes— cinco informes sobre las malas prácticas. El más suculento es quizá el que se centra en las hipotecas. El Europarlamento denuncia la “insuficiente” regulación, pero sobre todo pone el énfasis en la falta de protección efectiva de los consumidores.

Denuncia los miles de afectados en créditos en moneda extranjera (básicamente en países de Europa central y del Este, pero que también con centenares de víctimas en España) y sobre todo las cláusulas suelo, un “fraude masivo” en España, según ese informe, que llegó a afectar a un tercio de los créditos (en el año 2010) y miles de demandas que los afectados han ganado en los juzgados. Pero no ha provocado multas del Banco de España, que protegió a las entidades financieras y apenas ha impuesto sanciones: solo una multa de 150.000 euros a una cooperativa de crédito, según el informe. La directiva europea sobre hipotecas se revisará en marzo de 2019 y podría subrayar el papel de esas multas como desincentivo para evitar malas prácticas; España ha destacado en los últimos años por “el retraso en la transposición de directivas”.

A 30 de septiembre, el informe apunta que había más de un millón de peticiones de reembolso; los bancos han aceptado algo más de 450.000, pero quedan miles de demandas legales y quejas ante el Banco de España. Y la Eurocámara carga contra algunos aspectos de la legislación española lanzada en 2017 por el ministro Luis de Guindos: “Son los clientes quienes tienen que demostrar ante el juez que no fueron informados, a diferencia de lo que emana de la Directiva”.

Preferentes. El relato de la colocación de participaciones preferentes, deuda subordinada yde otros instrumentos financieros híbridos básicamente por parte de las cajasde ahorros es de lo más suculento. La Eurocámara habla de más de un millón de afectados. Da detalles suculentos como el hecho de que nacieron en paraísos fiscales como las Islas Caimán, para no pagar a Hacienda. Subraya que las preferentes fueron legalizadas en 2003 (con amnistía incluida a la banca) y acabaron siendo productos esenciales para que las entidades captaran ahorro que podía contabilizarse como capital. Ofrecían intereses de hasta el 7%. Y acabaron mal: con quitas masivas, de hasta el 70% en algunos casos, y sin parangón en Europa; España fue una especia de conejillo de indias. Los clientes han recuperado parte del dinero, básicamente a través de arbitrajes (controlados por los bancos). Para el Europarlamento, su comercialización se hizo a costa de “violaciones constantes de las directivas europeas”, más que por las debilidades del esquema legislativo. “Los clientes no conocían los riesgos”, subraya el informe, que destaca el caso español aunque también describe los problemas en Portugal e Italia. “Se impusieron pérdidas desproporcionadas” que provocaron “un desastre social”, dice el estudio, que aboga por las sanciones, los acuerdos judiciales y los arbitrajes para subsanar los daños. En España, “el 80% de esos arbitrajes ha fallado a favor de los clientes”, afirma el texto.

Entradas relacionadas:


"La banca se independiza de España". Sobre la falta de control sobre las entidades financieras

La inspección del Banco de España había advertido sobre la inviabilidad de Bankia. Declaraciones ante la Audiencia de José Antonio Casaus













domingo, 17 de junio de 2018

Ascienden a 200 los afectados por el cierre de la clínica iDental de Gijón

Dacio Alonso, presidente de la UCE, antes de comparecer. / ÁLEX PIÑA
La UCE insta a los usuarios a denunciar a la empresa y conservar toda la documentación para las reclamaciones 

El presidente de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), Dacio Alonso, ha cifrado en más de 200 las personas afectadas por el cierre de la clínica iDental en Gijón. La clínica cerró sus puertas el pasado martes sin ofrecer explicaciones a los usuarios ni alternativas para continuar con sus tratamientos.

Desde la UCE están tratando de organizarse para ofrecer a los usuarios la asistencia que en cada caso sea necesaria, ante las «situaciones dramáticas» que los afectados pueden estar viviendo por tener tratamientos a medias, por mala praxis de los trabajadores e, incluso, por la utilización de materiales que no en todas las ocasiones contaban con la «mínima calidad garantizada» ni los controles oportunos.

A ello se añade el hecho de que los usuarios a los que la clínica orientaba sus servicios eran personas con bajos recursos económicos, con lo que habitualmente acudían a la financiación que la clínica ofertaba para sufragar los gastos de sus tratamientos. Para dar solución al conjunto de la problemática, la Unión de Consumidores ha instado al Colegio de Odontólogos a manifestarse frente a la «negligencia profesional» ocurrida y ofrecer a los afectados peritajes para evaluar el estado de los pacientes. Por otro lado, instan a la Fiscalía a actuar frente a los posibles delitos de fraude y estafa que se hayan cometido, según ha indicado Alonso.

La UCE aconseja, asimismo, a los clientes de Idental denunciar a la empresa, poner sus casos en manos de las autoridades sanitarias y conservar toda la documentación para realizar las oportunas reclamaciones. Dacio Alonso ha recordado que la actual legislación ampara a los usuarios en el caso de haber financiado una actuación, permitiendo que se cancele el préstamo si no se ofrece el servicio. En total la UCE calcula que puede haber en torno a 60.000 afectados por el cierre de clínicas en toda España.

La Unión de Consumidores hace una distinción entre los clientes que hayan pagado el tratamiento completo y por adelantado, sin que este haya llegado a su término, y aquellos que hayan contratado a una financiera para su pago. En el primer caso las dificultades a la hora de recuperar lo invertido aumentan «si los responsables de la empresa han desaparecido o si no inician un procedimiento concursal», explican desde UCE. En el segundo caso, la solución es sencilla: solicitar la resolución del crédito a través de la financiera.

Noticias relacionadas:
Un Juzgado de Instrucción incoa diligencias previas a Idental por delito contra la salud pública

sábado, 16 de junio de 2018

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC)


"La raíz de la crisis está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales"

Entrevista a Isabelle Bourboulon, periodista y miembro de la Asociación por la Tasación de las Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC), publicada en diario.es.

“En la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente. Tendría que ser justo al revés"

"El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción" 

"En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas" 


Isabelle Bourboulon, periodista, escritora y miembro de ATTAC Francia – grupo de presión a favor de la introducción de una tasa a las transacciones financieras internacionales, está en España para presentar el libro "10 años de crisis. Hacia un control ciudadano de las finanzas" (ATTAC). La principal denuncia es el impacto negativo que producen los mercados financieros "cortoplacistas y antidemocráticos" provocadores de la desigualdad social, la pobreza y el cambio climático.

10 años de crisis. ¿Cuál es la alternativa al mercado financiero “desregulado”?
La alternativa es difícil de poner en marcha porque los Gobiernos europeos no han tomando decisiones acertadas, ni las están tomando. Desde hace 10 años, las reformas que se han llevado a cabo –con la intención de evitar otra crisis– han sido incompletas y superficiales, por tanto, estamos en riesgo de caer en otra. No deberíamos confiar más en los Gobiernos actuales. El problema de la hegemonía de las finanzas a nivel mundial se soluciona con voluntad política y ciudadana, con el objetivo de regular y limitar el poder de los bancos. Los ciudadanos tenemos un papel clave en este sentido, podemos denunciar, protestar y actuar.
En Francia, ATTAC acaba de ganar dos juicios. Apple y el banco francés BNP nos denunciaron por realizar acciones de desobediencia cívica. En relación a Apple, ocupamos una de sus tiendas más grandes de Francia, protestamos porque muchas multinacionales no pagan impuestos donde deberían. En el caso del banco, sacamos todas sus sillas a la calle (luego las devolvimos), nos acusaron de robo. Nuestra acción era simbólica y por supuesto pacífica. El juez en ambas sentencias dictaminó que las acciones eran de interés general, por tanto, vamos a seguir realizándolas porque demuestran que tenemos legitimidad sobre los mercados. Muchos expertos y políticos llevan años diciendo que los mercados se autorregulan solos pero la crisis demostró que no es cierto. 

¿Si las empresas fueran más transparentes en materia fiscal habría menos desigualdad?
En general, las grandes empresas pagan muy pocos impuestos, en el sector financiero pasa lo mismo con los bancos. No existe armonía fiscal a nivel europeo, las grandes empresas optan por la optimización fiscal, es decir, declaran sus impuestos en países donde la tasa es muy baja, como hace Apple y eso hace daño a las pequeñas empresas locales. Reformar las finanzas es complicado, el sistema está desregulado y liberalizado, los capitales pasan de un país a otro a golpe de click. La Comisión Europea está tratando de armonizar las leyes fiscales a nivel europeo, pero hasta ahora no se ha actuado. Por eso no se puede confiar en las autoridades, en la mayoría de ocasiones, son cómplices de los mercados. 

¿Qué propone para que la ciudadanía tome el control de las finanzas?
En ATTAC trabajamos en base a dos pilares. Por un lado, trabajamos la parte teórica con expertos y economistas heterodoxos sobre cómo reducir la desigualdad, medidas relacionadas con el medio ambiente o la transparencia de las empresas, entre otros. Por otra parte, trabajamos la acción ciudadana. Cuando ocupamos Apple pintamos los cristales de la tienda con pintura blanca con la intención de protestar contra la opacidad de una empresa que no paga todos sus impuestos. Grabamos y compartimos las acciones para hacer ruido y concienciar a la sociedad. Es un trabajo a largo plazo y vamos a extenderlo a toda Europa. 

¿Qué papel deben asumir los movimientos sociales?
El rol de los movimientos sociales es denunciar, protestar y actuar. La última manifestación que ATTAC organizó en Francia en contra de la reforma del ferrocarril reunió a partidos políticos y organizaciones sociales. Salieron unas 200.000 personas a la calle. Estamos concienciando poco a poco a la ciudadanía y no solo en materia de finanzas, también en relación al problema del medio ambiente y el cambio climático.  Susan George, una de las fundadoras de ATTAC, señala que “en la cúspide de la pirámide del sistema están las finanzas, debajo las empresas, después la sociedad, las necesidades humanas y por último el medio ambiente”. Tendría que ser justo al revés. 

La Tierra nos está avisando de que las consecuencias de la actividad humana degenerativa se acercan. 
El crecimiento de la economía es limitado porque los recursos naturales se están agotando. El planeta también tiene límites, por tanto, hay que pensar en otro modelo de producción. Por otro lado, hay que tener en cuenta el cambio climático, estamos a punto de superar la temperatura límite acordada en el Acuerdo de París. Habría que pensar en otro modelo económico completamente diferente que no esté basado sobre el crecimiento ni en el neoliberalismo. 

¿Qué modelo propone?
Existen alternativas locales. Yo vivo en el norte de Marsella y muchos productores están renovando su sistema de producción y de comercialización, se agrupan para producir productos con mejor calidad, biológicos u orgánicos. Son alternativas pequeñas y territoriales. Hay que empezar a consumir y producir de manera responsable. El problema es que las alternativas no se traducen en políticas. También creo que los jóvenes están más sensibilizados con el medio ambiente y el cambio climático y están empezando a formar comunidades y cooperativas, llevan a cabo muchas iniciativas y eso es esperanza para el futuro. 

La nueva ministra para la Transición Ecológica en España, Teresa Ribera, ve poco futuro al carbón y pretende derogar el impuesto al sol.
Entre las promesas políticas y lo que se lleva a cabo hay una gran diferencia. En Francia también nos prometieron cerrar las centrales nucleares pero producen el 75% de la electricidad del país y no es viable. Alemania es un buen ejemplo de políticas públicas basadas en energías renovables. 

El lobby financiero tiene un papel importante en este escenario.
En el sector financiero, los lobbies son extremadamente poderosos. Son ellos los que bloquean las reformas políticas europeas en muchas ocasiones. El impuesto de transacciones financieras internacionales  lo bloquearon ellos. 

¿Cómo deben interactuar los actores económicos para lograr la prosperidad?
La convergencia de todos las organizaciones de la sociedad civil es fundamental. En primer lugar, habría que crear una alianza global y convergente para lograr esta prosperidad. Por parte de los Gobiernos no hay mucho que esperar. En España, con el cambio de Ejecutivo veremos si se cumplen las expectativas, de momento, el Presidente ha roto con la dinámica anterior nombrando mayoría de ministras y eso es significativo, esperemos que no se quede solo en una estrategia de marketing. A nivel europeo, creo que Pedro Sánchez se va a llevar bien con Emmanuelle Macron.  

¿Estamos saliendo de la crisis?
No. Seguimos inmersos en ella. Estamos en una crisis estructural, no coyuntural. La raíz está en el neoliberalismo y en las estructuras institucionales mundiales. Vamos a seguir en crisis. Los recursos naturales se agotan, las desigualdades se agravan y no creo que sea posible seguir creciendo. Los gobiernos socialistas no pueden solucionarlo, los préstamos sociales se irán reduciendo y mientras aumenta la riqueza de los fondos de inversión. Las finanzas no se han regulado adecuadamente a nivel mundial, por tanto, mañana mismo podríamos entrar en una nueva crisis. 

Pero estamos a tiempo de encontrar soluciones.
Macron dijo en Francia que implantaría más políticas sociales y protegería a los más vulnerables pero no lo ha llevado a cabo, solo ha aprobado reformas en contra de las necesidades humanas. La presión europea pesa. Vivimos en una época en la que el poder político ya no controla casi nada, el poder se concentra en las multinacionales, los mercados financieros y los grandes bancos. Es una visión pesimista y precisamente por eso queremos involucrar a los ciudadanos para que todos ejerzamos como contrapoder.

jueves, 14 de junio de 2018

El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios


El PSdeG propone que Galicia regule por ley la información "sin letra pequeña" en contratos hipotecarios
Demanda que los usuarios reciban atención "personalizada, transparente y vinculante

El PSdeG defenderá una iniciativa en el Parlamento gallego para que Galicia regule por ley la información que deben recibir los usuarios en la firma de contratos hipotecarios, para evitar la "letra pequeña" y garantizar que la atención sea "personalizada, transparente y vinculante".

Así lo ha expuesto la portavoz de Facenda del Grupo Parlamentario del PSdeG, Begoña Rodríguez Rumbo, quien ha visto "fundamental" esta propuesta para la protección y defensa de los derechos de los consumidores en la contratación de préstamos y créditos hipotecarios, para que dispongan de "toda la información obligada".

Durante la presentación de la iniciativa, una proposición de ley que ya ha sido registrada en la Cámara, la socialista ha asegurado que esta norma es "fundamental" también para garantizar la "transparencia" que debe existir "en toda actividad pública y privada".

En su opinión, así se podrían "evitar casos como los que han sucedido en estos últimos años", en referencia a los desalojos de viviendas habituales y a las cláusulas suelo.

Respecto a la normativa que ampara la proposición, Rodríguez ha explicado que "la legislación actual otorga a las comunidades autónomas la defensa de los consumidores e usuarios". En este sentido, ha recordado que el artículo 51 de la Constitución Española y el artículo 34 del Estatuto de Autonomía de Galicia "también recogen esta defensa".

Asimismo, ha apuntado también al convenio "más reciente" sobre esta materia, el decreto de 2016 por el que se creó el Instituto Galego de Consumo e da Competencia, con unos estatutos que recogen que debe "velar para que los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios incorporen la información y los niveles de seguridad legalmente exigibles".

Además, añade la garantía de "realizar campañas de control en los diferentes sectores del mercado gallego, de manera especial en las dirigidas a evitar el fraude, la publicidad engañosa y la utilización de cláusulas suelo".

De este modo, la diputada ha señalado que, "si Galicia se ciñe simplemente a este mandato, se puede ver que la Comunidad gallega debe dar un paso más" y "regular a través de una ley los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la contratación de préstamos hipotecarios".

Además, ha asegurado que el objetivo de la iniciativa "es doble", debido a que, por un lado, pretende "garantizar la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias"; y, por otro, "regular la transparencia y acceso a la información que se le debe garantizar a todas las personas en la suscripción de préstamos hipotecarios".

CÓMO OTORGAR INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES

La portavoz de Facenda del PSdeG ha apuntado que se trata de una proposición de ley "pequeña", que cuenta con 20 artículos, cinco disposiciones adicionales --una de ellas transitoria-- y cinco disposiciones finales.

Así, ha incidido en que, pese a tener varios apartados y estar compuesto por cuatro títulos, lo "fundamental" es que incluye "la información detallada" y "el cómo se debe otorgar esta información a los usuarios y consumidores".

Al respecto, Rodríguez ha explicado que uno de sus "principios fundamentales" habla de explicaciones "adecuadas, sencillas y comprensibles".

En esta línea, ha destacado que debe haber una "información precontractual genérica para cualquier persona que entre en una entidad prestamista"; seguida de "una atención personalizada cuando el usuario demande información"; y, finalmente, "una vinculante que ya debe estar redactada, fechada y firmada, tanto por la parte que facilita la documentación como por la de quién la recibe".

Asimismo, ha indicado que es "importante" que la información sea "verbal y siempre por escrito, las dos". Además, ha subrayado que esta aclaración "no solo debe darse en las oficinas abiertas al público de manera clara y visible para todo el mundo", sino también "en la web y en un apartado visible que pueda ser consultado por toda persona que se acerque a través de este medio a la búsqueda de información".

PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN COMERCIAL

Por otra parte, la portavoz de Facenda ha asegurado que la proposición dispone "varios retos fundamentales" para la difusión comercial y la publicidad de los prestamistas, como el "no generar falsas expectativas" y "facilitar una serie de información básica fundamental".

Sobre esta "información básica fundamental", ha apuntado al conocimiento del tipo de interés --variable o fijo--, de las cláusulas limitativas de su variación --como las techo y suelo--, del importe total, la duración e importe de las cuotas y las condiciones en las que se ofertan los préstamos --vinculados a productos accesorios, como seguros de vida o tarjetas de crédito--.
En este sentido, ha explicado que el consumidor debe "saber si estos productos accesorios conforman un paquete integral o si se puede diferenciar", es decir, "si la persona que contrate el servicio puede contratar de forma independiente los seguros de vida y las tarjetas en una entidad diferente de la prestamista". En este caso, saber "cómo aumenta el tipo de interés" con la entidad.

COMISIONES Y EJEMPLOS

Además, Begoña Rodríguez ha señalado la necesidad de que la persona que contrate este tipo de productos sepa cuáles son sus comisiones y gastos derivados del contrato.

Al respecto, ha apuntado que el consumidor debe saber qué sucedería en caso de que "no pudiese atender al pago del préstamo hipotecario que contrata", para saber si este hecho puede conllevar la "pérdida de la vivienda habitual, la dación en pago o el riesgo de perder patrimonio".

Frente a la falta de comprensión de los consumidores, esta proposición socialista, tal y como ha indicado Rodríguez, "exige un ejemplo representativo que facilite la comprensión en función de los datos oficiales o de estadísticas hipotecarias de Galicia".

Asimismo, ha asegurado que es "importante" que la información complementaria ofrecida "no tenga una letra más pequeña respecto al resto de la información" facilitada por parte de las entidades bancarias.

COPIA DE LA ESCRITURA PÚBLICA

También en este proyecto de ley, la portavoz de Facenda ha destacado el derecho de la persona que va a contratar un préstamo hipotecario a "recibir una copia de la escritura pública en el despacho de la notaría en la que se va a efectuar la firma del contrato, por lo menos tres días hábiles antes de la rúbrica, para poder examinarlo".

Por otro lado, Rodríguez ha señalado el "deber" de la persona titular de la notaría de "examinar el contenido de la oferta vinculante e informar sobre la posible discrepancia, si la hubiese, entre la oferta vinculante y el documento que ambas partes van a firmar".

En esta línea, ha explicado que la proposición pretende "garantizar el derecho a que las personas titulares de la notaría aconsejen, asesoren e informen de forma gratuita e imparcial" a los consumidores.

Fuente: La Vanguardia