Los jueces decanos reclaman una Ley de Segunda Oportunidad para las personas insolventes
Presentan un informe que dice que la legislación actual no funciona y provoca la ‘muerte civil' de los ciudadanos que más han sufrido la crisis. Reclaman un sistema de quitas para que los afectados puedan reanudar sus vidas, a semejanza de otros países
JULIA PÉREZ / GUILLERMO GUZMÁN
Fuente: publico.es
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La Ley de Segunda Oportunidad pretende ofrecer un punto y aparte para los deudores particulares.
Los 47 jueces decanos de España se han reunido en Valencia y han aprobado un documento en el que reclaman una Ley de Segunda Oportunidad
para las personas que se han visto abocadas a una situación de
insolvencia a causa de la crisis por las ejecuciones hipotecarias y los
embargos que no han podido hacer frente.
Los jueces decanos (los únicos elegidos directamente por sus compañeros),
que recogen el sentir de la carrera judicial y las experiencias
adquiridas en miles de causas que se juzgan en estos momentos, han
concluido que el sistema de insolvencia que rige en España para las
personas particulares no funciona y provoca su "muerte civil" ya que los requisitos son "inalcanzables".
Las
medidas que se proponen van en la línea de igualar a España con
legislaciones como las de Alemania, Francia o Estados Unidos. Este tipo
de legislaciones (denominadas fresh start
o de rehabilitación) permiten al deudor cumplir con la deuda hasta
donde le sea posible, y extinguir el resto de la deuda para permitir al
ciudadano empezar de nuevo. "Eso sí, siempre que se trata de deudores
honestos, que cumplan determinadas condiciones y bajo el control
judicial", apuntan.
De esta manera, aconsejan que España elabore una Ley de Segunda Oportunidad para las personas físicas insolventes con el fin de que puedan reanudar sus vidas, una vez satisfecha sus deudas hasta donde ha sido posible.
En su XXIV reunión anual, los jueces decanos han recalcado la
necesidad de "introducir en nuestro país un adecuado tratamiento de la
insolvencia y el sobreendeudamiento personal y familiar". Se lamentan de
lo costoso de los procesos actuales que, dicen, suponen un agravio
comparativo cuando se trata de personas jurídicas y de personas físicas.
Mientras
que una persona jurídica, una empresa, acude a un proceso concursal y
tiene la oportunidad de empezar de nuevo, una persona física, cualquier
ciudadano, "queda siempre condenada al ostracismo civil y mercantil
para toda su vida". Esta ley tiene como objetivo, por tanto,
proporcionar un "punto y aparte" en la vida del deudor para permitirle
incorporarse a la sociedad con plenas capacidades.
Los decanos
proponen una reflexión acerca de lo que debe ser un "deudor honesto" o
"de buena fe", señalando que hay deudores que lo son por causas externas
a ellos (fallecimiento familiar, desempleo, divorcio o la insolvencia
de un cliente, por ejemplo), o que directamente son víctimas de "las
consecuencias de una crisis económica despiadada". "Tenemos ante
nosotros una normativa concursal inadecuada para los pequeños deudores
que es necesario mejorar", sentencian.
Con la ley actual se hace
prácticamente imposible recurrir a este proceso si se es una persona
física. En España se dieron sólo 900 concursos de personas físicas en
2011, mientras que en Francia se dieron 173.000 y en Alemania 105.000,
durante el mismo año.
Los jueces piden que prescriban más tarde los delitos de corrupción
Los jueces decanos aseguran que sería una herramienta para
luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en los
últimos años
GUILLERMO GUZMÁN / AGENCIAS
Fuente publico.es
Los jueces decanos han reclamado hoy, para luchar contra los casos corrupción, que "se han multiplicado" en
los últimos años, la ampliación del plazo de prescripción de los
delitos, así como una agravación de las penas y la introducción de
nuevos tipos de delitos relacionados con estas conductas. Se trata de
algunas de las propuestas incluidas en el documento "Reflexiones para la
reforma del proceso penal y la lucha contra la corrupción" presentado
hoy en Valencia por los jueces decanos de España, y enmarcado en un "contexto de indiscutible desconfianza y alarma" ciudadana sobre el funcionamiento de las instituciones.
Ante la "sospecha generalizada sobre la gestión de lo público"
y los casos de corrupción, los decanos han planteado una batería de
medidas en el ámbito judicial español para luchar contra esta "lacra" y
abordar una "regeneración democrática necesaria" en la que no tenga
cabida. Además de la ampliación del plazo de prescripción de los delitos
de corrupción, los jueces decanos proponen la agravación de las penas
de delitos como el tráfico de influencias, la prevaricación y las
negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Otra de las medidas
propuestas es la introducción de nuevas figuras delictivas, entre las
que destaca la financiación ilegal de partidos políticos y el
enriquecimiento ilícito o injustificado de cargos públicos durante su
mandato.
Menos indultos y aforados
El documento presentado por los decanos incluye entre sus medidas para luchar contra la corrupción la cuestión de los indultos y del aforamiento.
Sobre los indultos, los jueces proponen que sea obligatorio el informe
favorable del tribunal para su concesión. Actualmente no es vinculante, y
la decisión reside en el poder político.
Además, reclaman que se regule la suspensión de las penas en caso de
solicitud de indulto, "de la que se hace un uso excesivo y a veces
abusivo", denuncian.
Respecto a los aforamientos, los jueces piden
la revisión de todos ellos, especialmente en los casos en los que no es
"ninguna garantía sino un mero privilegio procesal hoy carente de
justificación". Además, solicitan que el aforamiento sólo tenga efecto
sobre delitos cometidos en el ejercicio del cargo que lo proporciona.
Otra
medida importante que reclaman es la eliminación del proceso de
suplicatorio a las Cámaras parlamentarias, "que dificultan la
instrucción de las causas contra aforados especialmente en el inicio de
la fase de investigación y en caso de secreto sumarial". Las siete
medidas concretas presentadas para la cuestión de los aforados están
encaminadas a evitar que la figura del aforamiento sea un privilegio que
entorpezca la justicia y que se extienda más allá de las labores
propias del puesto que lo concede.
Preocupante situación de los juzgados de lo social en España
Los
decanos, a partir del informe del Servicio de Inspección del Consejo
General del Poder Judicial (CGPJ), denuncian que casi el 100% de los
juzgados de lo social están por encima del 150% de capacidad según los
indicadores del propio CGPJ. "Dicha noticia viene a ratificar lo que
desde hace años viene advirtiéndose por los magistatrados de lo social,
que es la inaceptable situación en la que se encuentra esta
jurisdicción", se lamentan.
Los decanos señalan que los jueces se encuentran "absolutamente
superados por la situación". Ponen de manifiesto que un problema en los
juzgados de lo social se traslada inmediatamente a la ciudadanía. Estos
juzgados se encargan de resolver la gran mayoría de los casos derivados
de la crisis económica. Los decanos califican de "insostenible" la
situación y reclaman al CGPJ que se creen las plazas judiciales
necesarias a la vista de los datos que ellos mismos ofrecen en sus
informes.
"Más medios"
Los jueces decanos han reclamado este miércoles más medios humanos y materiales, la "dotación ágil de refuerzos a juzgados que lleven asuntos de especial complejidad, especialmente de corrupción",
para que sus titulares se dediquen "en exclusiva a este asunto las 24
horas del día", así como la "revisión y, en su caso, supresión de
aforamientos", al considerar que "entorpecen y ralentizan de forma
evidente y clara la instrucción de los procedimientos".
Esas
son algunas de las medidas incluidas en las conclusiones del XXIV
Jornadas Nacionales de Jueces Decanos, que han congregado en Valencia a
cerca de 50 profesionales, en representación de cerca de 2.000 jueces
españoles, "en un momento clave para la justicia española, en el que
está en juego el prestigio del sistema judicial" y en el que afirman
estar "preparados" para afrontar los retos actuales, pero advierten de
que "solos" no pueden por su dependencia "en lo económico y en cuanto a
leyes e instrumentos procesales".
"El poder judicial será lo eficiente que quiera que sea el poder ejecutivo y legislativo",
ha indicado el juez decano de Valencia, Pedro Viguer, en la
presentación del documento, en la que su homólogo de Málaga, José María
Páez, ha urgido a "sacar la justicia del debate político" y ha reclamado
"un gran pacto entre partidos para definir, de una vez, el modelo de
justicia que se quiere tener". "Tardaremos, pero vamos a llegar, y la
ciudadanía puede estar absolutamente tranquila porque la justicia se
aplica en España y la justicia funciona, lenta pero funciona", ha
recalcado Páez.
Los jueces también han pedido una "ley de segunda oportunidad"
para "pequeños deudores" abocados a concursos y han abogado por limitar
los indultos y, sobre todo, la suspensión de la pena durante la
tramitación del proceso, tras el "abuso" registrado, así como por contar
con tribunales y juzgados especializados en asuntos de materia
económica a nivel autonómico e incluso provincial, por potenciar la
cooperación jurídica internacional para eliminar paraísos fiscales y por
crear "una policía judicial auténtica", la figura de "juez asesor" y un
cuerpo de peritos contables que asesoren a los jueces.
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