Un grupo de magistrados propuso
18 medidas para frenar los desahucios y critican el "extremadamente
agresivo" procedimiento español de ejecución hipotecaria, creado en 1909 para
dar gusto a los bancos.
ANDRÉS MUÑIZ
Un grupo de seis jueces,
coordinados por el vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel
Almenar ha elaborado un informe en el que propone 18 medidas para cambiar el
sistema español de desahucios y paliar el "auténtico drama" en el que
están envueltas numerosas familias que no pueden hacer frente a las cuotas de
sus prestamos hipotecarios, "que concertaron en época de bonanza económica
simplemente para adquirir una vivienda digna, y que tras el estallido de la
crisis no pueden pagar".
El documento era un anexo a un
informe más amplio encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
para conocer propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles.
Sin embargo, el Pleno del órgano del gobierno de los jueces acordó este
miércoles desmarcarse de este trabajo, que ellos mismos encargaron, y no asumir
ni debatir su contenido, sin dar mayores explicaciones oficiales.
Otras fuentes del Consejo
destacaron a Público que la función del CGPJ ante este tipo de informes no es
asumir o no su contenido, sino disponer de trabajos que, como es el caso,
abordan los problemas judiciales y apuntan posibles soluciones.
Las mismas fuentes destacaron que
el informe, que tiene la relevancia de haber sido realizado por jueces "de
a pie de calle", será remitido desde el Consejo a los grupos
parlamentarios, asociaciones de consumidores, o de usuarios de banca, que lo
soliciten.
En el documento, los seis expertos
critican a los bancos por su "mala praxis" y "ligereza" al
extender los créditos hipotecarios antes de la crisis sin valorar las
posibilidades reales del deudor, además de "la comercialización
irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos"
que llevaron a cabo, en alusión a las participaciones preferentes.
El informe destaca que en el año
2012 se ha constatado un aumento del 20,6% de ejecuciones hipotecarias respecto
al mismo periodo de 2011, y el número total de las mismas desde que empezó la
crisis ronda las 350.000.
Procedimiento extremadamente agresivo
Los expertos critican el
"procedimiento privilegiado" para el cobro de créditos hipotecarios
vigente en España, que se creó en 1909 "debido a la presión de los
bancos" para que se les satisfacieran las deudas de forma rápida. Según
estos expertos, es un "proceso judicial extremadamente agresivo frente al
deudor", que dota a la escritura de un préstamo hipotecario de mayor
eficacia incluso que una sentencia, y deja al deudor muy pocas posibilidades de
oponerse.
El grupo propone extender al
ciudadano que está sobreeendeduado una parte de los beneficios y ayudas que la
banca recibe del Estado, para evitar la ruina de esa persona y su exclusión
social, y distribuir "equitativamente las consecuencias de la crisis
económica".
Entre las 18 medidas que
proponen, destaca la regulación "imperativa" en determinadas
circunstancias de la llamada dación en pago, es decir, de la entrega de la
vivienda como modo de extinción del crédito. En ese sentido, recuerda que el
Decreto-Ley del Gobierno, de 9 de marzo de 2012, que establece un Código de
Buenas Prácticas para las entidades bancarias en relación a las ejecuciones
hipotecarias, no ha dado resultados "por las estrictas condiciones para fijar
las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que sólo un
porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a dichos
beneficios".
Dicho decreto establece la dación
en pago sólo si lo acepta el banco. La propuesta de los expertos es que no sea
voluntaria sino obligada en casos excepcionales. Y también piden, en segundo
lugar, que se eleve el denominado umbral de exclusión que fija el decreto, que
requiere, entre otros detalles, que todos los miembros de la unidad familiar
carezcan de rentas, y que la cuota hipotecaria sea superior al 60% de los
ingresos netos de la familia.
Asimismo, proponen determinar el
concepto de "deudor hipotecario de buena fe", a quienes se aplicarían
las medidas excepcionales, y que serían en cualquier caso afectados por
ejecuciones hipotecarias en vivienda habitual o en locales de negocio, donde se
establecería un régimen especial de ejecución hipotecaria más garantista. Los
expertos admiten que algunas de sus propuestas puedan considerarse "improcedentes,
inviables o descabelladas", pero cree necesario iniciar este debate
jurídico y realizar las reformas legales y procesales pertinentes para paliar
este drama social.
Los jueces que han participado en
el trabajo son Angel Galgo, Pilar López Asensio, Enrique García García, María
del Mar Hernández Rodríguez, Pablo Quevedo y Pedro Luis Viguer. El Pleno del
Consejo analiza en su reunión de este miércoles el informe.
18 medidas contra el drama de los desahucios
1. Determinar el concepto de
deudor hipotecario de buena fe, como sujeto de aplicación de medidas
excepcionales en la materia. Serían sólo afectados por ejecuciones hipotecarias
en vivienda habitual o locales de negocio.
2. Elevación del denominado
umbral de exclusión para flexibilizar los requisitos estrictos que establece el
Código de Buenas Prácticas aprobado por el Gobierno.
3. Regulación imperativa en
determinadas circunstancias de la dación en pago.
4. Establecimiento de un régimen
especial en el caso de ejecuciones hipotecarias de viviendas habituales o
locales de negocio, en el sentido postulado por el Defensor del Pueblo.
5. Limitar los intereses
moratorios, prohibiendo que sean superiores en 2,5 veces al interés legal del
dinero en caso de descubierto.
6. Modificación del procedimiento
de ejecución hipotecaria para que deje de ser un prigilegio procesal de los
bancos, reconduciéndolo a las normas geneerales de la ejecución ordinaria,
aumentando así los motivos de oposición a la ejecución (pago, nulidad o
prescripción).
7. Atribución de facultades al
juez para acordar moratorias que dejen en suspenso el pago de las cuotas
hipotecarias, si concurren circunstancias excepcionales
8. Revisión legal del concepto de
fuerza mayor y redifinición de la cláusula que permita suspender el cumplimiento
de obligaciones por el deudor cuando las circunstancias se lo impidan por
motivos ajenos a su voluntad.
9. Modificar el régimen de
tasación de viviendas, a realizar por expertos independientes.
10. Elevar el porcentaje de
adjudicación al acreedor (actualmente es del 60 por ciento del valor de
tasación), ya que la Ley hoy permite al banco adjudicarse bienes por valor
notoriamente inferior al real.
11. Establecimiento de periodos
de carencia en la amortización del capital de forma obligada y no voluntaria de
los bancos como dice el Código de Buenas Prácticas.
12. Potenciación de subastas por
Internet para mejorar las adjudicaciones y el número de interesados en pujar.
13. Regular un procedimiento
concursal específico para personas físicas que puedan paralizar ciertas
ejecuciones.
14. Ampliar los supuestos en que
el deudor puede continuar usando la vivienda habitual o local de negocio
satisfaciendo un canon mediante arrendamiento, leasing u otras fórmula
jurídicas.
15. Limitar gastos en caso de mora.
16. Ampliar la posibilidad de que
el deudor pueda poner fin a la ejecución pagando las deudas y rehabilitando el
préstamo, ya que actualmente sólo se puede usar esa posibilidad una vez cada
cinco años.
17. Mediación previa o simultánea
obligatoria en las ejecuciones hipotecarias.
18. Crear Comisiones Mixtas de
Administrción, banca y consumidores para favovecer soluciones negociadas.
