Critican la “mala praxis” bancaria, la venta “torticera” de productos financieros y proponen transferir a los hipotecados las ayudas a la banca
JOSÉ M. IRUJO / Joseba Elola
Fuente: El País
Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)”.
Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.
El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.
¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.
Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.
Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.
Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.
El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.
Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.
Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.
El fracaso del Código de Buenas Prácticas
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).
jueves, 25 de octubre de 2012
Los jueces denuncian los abusos del sistema legal de desahucios
miércoles, 24 de octubre de 2012
Precio de la electricidad: El Gobierno suprimirá la Tarifa de Último Recurso a mas de 16 millones de usuarios que tendrán que negociar sus contratos con las eléctricas
El Gobierno intensificará la liberalización del precio del suministro eléctrico reduciendo el número de
consumidores con derecho a la Tarifa de Último Recurso (TUR) dejando sin este precio regulado entre 5 millones y 16,2 millones de usuarios dependiendo si el umbral de corte de potencia suministrada sea 5 kilovatios (kW) o 3
kW.
Estos datos han sido conocidos en un informe publicado por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en el que se desglosa el número de
clientes por cada tramo de potencia y en el que se indica el porcentaje
de consumidores acogidos a la TUR.
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha
indicado que el umbral por encima del cual los clientes deberán ir a
mercado pasará de los 10 kW actuales a un nivel aún por determinar, que
oscilará entre 3 y 5 kW.
En la actualidad hay 26,6 millones de usuarios con potencias
inferiores a 10 kW y, por ello, con derecho a TUR, si bien de esta cifra
5,5 millones, o cerca del 25%, ya contrata el suministro en el mercado
libre, mientras que 20,1 millones de usuarios tienen una tarifa
regulada.
Este recorte del umbral máximo para disfrutar de la Tarifa de Último Recurso ha alertado a las asociaciones de consumidores.
Así, UCE-Asturias denuncia que la desaparición del precio regulado de la tarifa eléctrica supondrá para la mayoría de los consumidores asturianos y españoles entre un 30% y un 35% a partir de enero del próximo año.
En la actualidad, expone UCE, tres compañías (Endesa,
Iberdrola y Gas Natural-Fenosa) se reparten prácticamente un mercado
eléctrico donde existe poca o ninguna competencia. Por eso, es
muy probable que aprovechen la desaparición del precio regulado de la
electricidad para subir el recibo de la luz a más de 19 millones de
hogares. Algo muy similar a lo que ocurrió con la gasolina, que
no ha dejado de encarecerse desde que el Gobierno dejó en manos de las
petroleras la fijación de su precio. Según han señalado las propias
compañías el fin de la tarifa regulada supondrá un incremento que podría
llegar hasta el 30%, y 35% es decir, de pagar una factura anual de
800€, una familia tendría que hacer frente a cerca de 1.100€ al año.
Las compañías eléctricas sostienen que la "apertura del mercado"
redundará en beneficio del consumidor y que los precios serán más
competitivos. Sin embargo, la UCE estima que "la desaparición del precio regulado supondrá
un duro golpe, otro más, en los bolsillos de millones de familias".
martes, 23 de octubre de 2012
El excomisario de sanidad la UE que dimitió por acusaciones de tráfico de influencias para modificar la normativa europea sobre el tabaco cobrará una pensión vitalicia
El excomisario de Sanidad John Dalli, que dimitió la semana pasada por acusaciones de tráfico de influencias
en la industria tabaquera, cobrará durante tres años una compensación
equivalente al 45% de su salario (unos 9.000 euros al mes) y después una
pensión vitalicia de alrededor de 2.300 euros.
Dalli consintió que un empresario maltés pidiera en su nombre dinero a una tabaquera sueca a cambio de influir en la reforma de las reglas de la UE sobre el tabaco, según las conclusiones de un informe de la oficina antifraude OLAF. En concreto, el empresario se ofrecía a levantar la prohibición sobre el tabaco para uso oral. «El señor Dalli es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no ha hecho nada malo por lo que se refiere a su derecho a recibir una pensión. Tiene derecho (a ella) de acuerdo con la legislación de la UE», ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, para justificar el pago.
Dalli consintió que un empresario maltés pidiera en su nombre dinero a una tabaquera sueca a cambio de influir en la reforma de las reglas de la UE sobre el tabaco, según las conclusiones de un informe de la oficina antifraude OLAF. En concreto, el empresario se ofrecía a levantar la prohibición sobre el tabaco para uso oral. «El señor Dalli es inocente hasta que se demuestre lo contrario y no ha hecho nada malo por lo que se refiere a su derecho a recibir una pensión. Tiene derecho (a ella) de acuerdo con la legislación de la UE», ha explicado el portavoz de la Comisión, Olivier Bailly, para justificar el pago.
La excomisaria Edith Cresson, cuyas
irregularidades hicieron caer a todo el Ejecutivo comunitario en 1999,
sólo vio suspendida su pensión cuando fue condenada por los tribunales.
Pero recurrió la pérdida de la pensión, la justicia le dio la razón y
sigue cobrando, ha explicado el portavoz. «Lo podrán considerar ustedes
legítimo o no pero estas son las reglas y, en tanto que guardianes del Tratado, debemos respetarlas», ha dicho Bailly a los periodistas.
Los derechos de pensión acumulados
por Dalli durante sus dos años y medido de mandato equivalen al 11,4% de
su salario (alrededor de 20.000 euros al mes). Pero además, y antes de
percibir la pensión, el maltés se beneficiará durante tres años de una
indemnización del 45% del salario (unos 9.000 euros mensuales). Se trata
de una compensación que reciben todos los comisarios al abandonar el
cargo y cuyo objetivo es garantizar que cuentan con recursos suficientes
hasta encontrar otro trabajo o jubilarse. Aunque Dalli está a punto de
alcanzar los 65 años, cobrará los 9.000 euros durante tres años, ha
explicado el portavoz.
Ante las insinuaciones por parte del
excomisario de Sanidad de que no dimitió sino que fue destituido, el
Ejecutivo comunitario ha precisado este lunes su versión de los hechos. Y
ha admitido que fue el presidente, José Manuel Durao Barroso,
el que «ofreció dimitir» a Dalli tras presentarle las conclusiones del
informe de la OLAF. Barroso consideró «insostenible políticamente» que,
con los indicios disponibles sobre un posible tráfico de influencias,
pudiera quedarse en una «cartera sensible» como la de Sanidad, según el
portavoz.
Hay dos testigos de la dimisión de
Dalli: el director general de servicios jurídicos y el jefe de gabinete
de Barroso. El presidente del Ejecutivo comunitario se reúne este lunes
con el candidato designado por el Gobierno maltés para sustituir a
Dalli, el actual ministro de Exteriores, Tonio Borg. Bruselas todavía
espera pese al escándalo presentar sus propuestas de reforma de la
legislación del tabaco antes de fin de año.
Fuente: abc
lunes, 22 de octubre de 2012
A pesar de ser "banco malo", los siete directivos de Sareb cobrarán dos millones de euros
El Gobierno está reclutando al equipo directivo que gestionará el banco malo —cuyo nombre oficial es Sareb— cuya creación está prevista para mediado del próximo mes de noviembre. El Fondo de Reordenación Bancaria (FROB) ha presupuestado dos millones de euros para pagar los sueldos de los siete directivos que gestionarán la entidad.
El diario Expansión publicó el pasado viernes que el FROB ya ha contactado con la empresa de cazatalentos Spencer Stuart, que será la encargada de llevar a cabo la selección.
Según
el diario económico, Spencer Stuart aún no ha hecho ninguna propuesta
al ministerio de Economía. Pero se ha establecido que el consejero delegado del banco malo cobre un máximo de 500.000 euros al año. El segundo en el escalafón estarían los dos directores generales de las dos principales áreas —gestión y operaciones—, quienes cobrarían entre 300.000 y 400.000 euros.
En un tercer nivel se encuentra el resto de los directivos,
los que se encargarían del área jurídica, de la financiera, de la
auditoría y del departamento de riesgos. Estos cuatro gestores
percibirán una retribución anual de entre 150.000 y 180.000 euros. Todos los directivos, según Expansión, cobrarán un 70% de su sueldo en fijo y el 30% en variable.
A pesar de que la estructura salarial está fiajda, la empresa cazatalentos tendrá cierta libertad para contratar al consejero delegado,
al que se le podría ofrecer un salario mayor, dado que en el mercado
bancario 500.000 euros es un caché bajo para un puesto de esa
responsabilidad.
Los finalmente contratados tendrán que cumplir
los requisitos que establece el real decreto del banco malo publicado la
pasada semana y tendrán que acreditar una experiencia no menor a cinco años
en "funciones de alta dirección, control o asesoramiento de entidades
financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades
públicas o privadas dedicadas a la gestión de activos inmobiliarios".
Fuente: Público
domingo, 21 de octubre de 2012
La ONU recoge las denuncias de la PAH y condena duramente la política de vivienda aplicada en España
Fuente: afectadosporlahipoteca
A través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas se ha hecho público el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas,
Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el
análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está
teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se
presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará
el próximo 29 de octubre en Nueva York.
El informe es demoledor,
y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el
acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se
han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración
sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el
informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política
fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas,
a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el
informe señala que “El paradigma que consideraba la propiedad de la
vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso,
dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha
sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España” (pág.
11).
Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad
que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más
el derecho a una vivienda digna, a la vez que “se asignan enormes
cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones
financieras” (pág. 12).
El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que “se modifique el paradigma,
pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a
un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos” (pág.
24). Para ello “los estados deben promover alternativas a la política de
vivienda basada en el crédito privado y la propiedad” a través de “viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual”, así como “promover una combinación de sistemas de tenencia,
incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los
mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada
o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social” (pág. 25). También “deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler”.
Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.
Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH’s (ver video).
Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas,
que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la
Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los
pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la
problemática.
Podéis leer el informe completo en el siguiente enlace : Informe Relatora ONU oct2012
Noticia relacionada: "La ONU alerta del daño social que han causado las hipotecas"
sábado, 20 de octubre de 2012
Sobre el incremento del precio de la electricidad. La Fundación Renovables denuncia que las subvenciones a grandes consumidores de energía eléctrica a través de los pagos por servicio de interrumpibilidad encarecerá el recibo de la luz
Fuente de la viñeta: La Nueva España |
Fuente: Fundación Renovables
La propuesta de
Modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad que el
pasado día 11 el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha remitido a la
Comisión Nacional de la Energía para su preceptivo informe es un nuevo
disparate de la errática política energética con el agravante de
que, en esta ocasión, la supeditación a los intereses electorales del PP es
flagrante.
Para la Fundación
Renovables es inadmisible que en marzo el Gobierno afirmara en el
preámbulo del RDL 13/2012 que la sobrecapacidad del sistema hacía innecesarios
los pagos por interrumpibilidad y que ahora para ayudar a las tres grandes
empresas consumidoras de energía, una de ellas con plantas en Galicia que
amenazaba con cerrar, proponga un incremento del 75% de dichos pagos
por un servicio que no va a requerirse en los próximos años.
En cualquier
caso, esta iniciativa como la decisión de no “castigar” las importaciones de
biocombustibles de Argentina en contra de lo anunciado hace meses y como tantas
otras, ponen en evidencia que la política energética se aleja cada
día más de los retos que tiene planteados nuestro país y aumenta en cada paso
la inseguridad jurídica.
En efecto, en la memoria de modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad para incrementar en un 75% los pagos a los grandes consumidores de energía se copia literalmente el mismo argumento que se puede leer en el preámbulo del RDL 13/2012 para rebajar dichos pagos en un 10%.
En efecto, en la memoria de modificación de la Orden que regula el servicio de interrumpibilidad para incrementar en un 75% los pagos a los grandes consumidores de energía se copia literalmente el mismo argumento que se puede leer en el preámbulo del RDL 13/2012 para rebajar dichos pagos en un 10%.
En aquel
preámbulo se decía que dada la situación de baja demanda y de sobrecapacidad
del sistema y su poca utilización nada justificaba mantener los pagos por
interrumpibilidad. Siete meses después, copiando el mismo argumento, dichos
pagos se incrementan. De marzo a octubre, según la CNE, ha seguido bajando el
consumo de electricidad y aumentado las importaciones de gas, es decir,
creciendo la sobrecapacidad del sistema.
La decisión
incongruente del Gobierno solo se explica por la supeditación de
las decisiones energéticas a intereses electorales y la consecuencia
es la pérdida de credibilidad y mayor desconfianza en la política energética.
La decisión de
cargar 700 millones al recibo de la luz significa un desprecio
absoluto a los consumidores eléctricos. La decisión
supondrá un incremento de los costes regulados que se trasladarán en futuras
subidas de la luz, más inflación y más déficit tarifario, justo todo lo
contrario de lo que propuso el Ministro Soria.
Si en el
proyecto de ley de fiscalidad energética descubríamos las exenciones fiscales
en el impuesto de hidrocarburos a la generación con gas, fuel y gasóleo,
verdaderas subvenciones a los combustibles fósiles nunca declaradas, ahora se
aprueba una nueva subvención a las grandes industrias que se cargará a los
consumidores. Ahora se puede entender mejor la insistencia en cargarse las
renovables para mantener tantas subvenciones encubiertas. La tarifa de la luz
se sigue rigiendo por un criterio político y ese es el origen de todos los
problemas energéticos.
Esta
forma de actuar acrecienta la inseguridad jurídica en todas las actividades
energéticas. Si los cambios regulatorios se hacen con ese nivel de
arbitrariedad y con tanta frecuencia en tan poco tiempo, nadie puede estar
seguro de sucesivos cambios en el futuro. Un buen ejemplo está sucediendo estos
mismos días con los biocarburantes: en el mismo periodo de tiempo el Gobierno
ha pasado de defender la industria nacional de biocarburantes a arruinarla
poniendo la protección a los consumidores como justificación.
¿Dónde quedan
las duras críticas a Argentina y la defensa de la seguridad jurídica para las
empresas españolas? O las críticas del Ministro Soria a las petroleras por sus
elevados márgenes. Pueden estar tranquilas las petroleras porque queda poco
tiempo para que pasen las elecciones gallegas y, además, el Gobierno ha
decidido suprimir los organismos reguladores, como la CNE y la CNC, que tantos
quebraderos les están dando.
Para ello se
siguen utilizando mecanismos del pasado: mantener el método de conformación de
precios de la energía, incremento injustificado de los costes regulados,
destrucción del sector renovable y anulación de todas las políticas de ahorro y
eficiencia energética para mantener el más elevado grado de importaciones de
gas y de petróleo.
La Fundación
Renovables recuerda una vez más que dentro de la crisis económica se está
gestando otra crisis energética cuyos elementos, paradójicamente, se han
descrito en el preámbulo del RDL 13/2012 y que definen los impactos que para la
economía española representa el elevado grado de dependencia de las
importaciones de combustibles fósiles.
Si se saben las
causas no hay razón para insistir en el error de mantener el actual modelo
energético, ni para mantener las subvenciones al consumo de combustibles
fósiles, ni para utilizar las renovables como cortina de humo, ni para engañar
a los consumidores reiteradamente.
Artículo relacionado:
viernes, 19 de octubre de 2012
La UE declara ilegales los premios que exigen un pago para su entrega
El Tribunal de Justicia condena a cinco empresas que pedían a los agraciados que llamaran a un número de telefóno de tarificación adicional para recibir su recompensa
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea
considera ilegal la publicidad que crea la falsa impresión en el consumidor de
que ha ganado o ganará un premio a cambio de un pago, "aun cuando el gasto
impuesto sea insignificante en relación con el valor de la recompensa o no
confiera ningún beneficio a las empresas", según una sentencia
hecha pública este jueves. Esta segunda parte del fallo es importante porque en
muchos casos las compañías no persiguen una ganancia directa con estas
prácticas, sino conseguir datos de potenciales compradores que pueden utilizar
en su propio beneficio o vender a terceros.
Las asociaciones de consumidores han recibido con
satisfacción el fallo. "Supone un avance espectacular en la clarificación
de los derechos de los consumidores ante las continuas prácticas de publicidad
engañosa a las que se ven sometidos a diario", celebra Ileana
Izverniceanu, portavoz de la OCU. "Hay un vacío legal en el terreno de la
publicidad engañosa porque, por mucho que avance la legislación, nunca va tan
rápido como el ingenio de quienes se dedican a inventar nuevas fórmulas para
sortear las leyes y hacer negocio", subraya. "Además, en estos casos
de premios gancho, el consumidor no suele denunciar por pura vergüenza.
No deja de ser el problema del timador timado", añade Izverniceanu.
La sentencia
de Tribunal Europeo se refiere a un litigio entre cinco empresas británicas
especializadas en publicidad directa y la Office of Fair Trading (OFT), el
organismo encargado de velar por la aplicación de la normativa sobre protección
de los consumidores en Reino Unido. Estas compañías enviaban cartas, cupones y
otros encartes publicitarios incluidos en periódicos y revistas en las que se
informaba de la entrega de un premio, que podía tener un valor considerable o
simplemente simbólico, que sería entregado a cambio de que el agraciado llamara
a un número de teléfono de tarificación adicional, enviara un SMS también son
sobrecoste o mandara una carta por vía postal (este último método figuraba en
un lugar menos destacado). En las misivas se informaba al consumidor del precio
por minuto de llamada, pero no de que el anunciante percibía una cantidad de
ese coste.
Otra práctica de estas empresas consistía en
ofrecer cruceros por el Mediterráneo "gratis" a cambio de que el
consumidor pagara el seguro y un suplemento para que se le asignara un camarote
de una o dos camas y sufragar los gastos de manutención durante el viaje,
además de las tasas portuarias. En total, el "premio" costaba 399
libras por persona (491 euros).
En su defensa ante el Tribunal Europeo, las
compañías reconocieron que para ellas es importante disponer de bases de datos
actualizadas de los consumidores que responden a las acciones publicitarias en
las que se reparten premios, ya que estos datos pueden utilizarse para
ofrecerles otros productos o incluso pueden cederse a otras empresas.
La OCU advierte además de que este tipo de
empresas se aprovechan muchas veces de la vulnerabilidad de personas mayores.
Un ejemplo reciente denunciado por un socio de esta organización es el de una
mujer de 75 años que fue informada por teléfono de que su marido, fallecido un
año atrás, había sido premiado con varios electrodomésticos, artículos de hogar
y siete noches de hotel solo por el hecho de poseer las tarjetas de El Corte
Inglés y Carrefour. Únicamente se le exigía el pago de 23 euros al
transportista que le llevara sus regalos y, ¡atención!, dar su número de
cuenta. La mujer aceptó el coste de 23 euros pero se negó a la segunda
condición, por lo que al día siguente volvieron a llamarla. Ante esta
insistencia, su hijo decidió tomar cartas en el asunto, telefoneó a la empresa
que realizaba las llamadas, que resultó ser una compañía dedicada a la venta
directa de menaje, y envió una alerta a la OCU.
Los jueces alegan en su sentencia que el derecho
de la Unión Europea "prohíbe las prácticas agresivas mediante las que se
crea la impresión de que el consumidor ha ganado un premio cuando este debe
efectuar un pago o incurrir en cualquier gasto para informarse de la clase de
premio obtenido o para proceder a su recogida". El fallo considera además
que los tribunales nacionales "deben apreciar la información facilitada a
los consumidores a los que se dirigen tales prácticas teniendo en cuenta la
claridad de tal información y si es comprensible o no".
Fuente: El País
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